Viernes 12 de junio de 2009
EDITORIAL
El mecanismo, que el Ejecutivo considera sólo una materia de procedimiento, operaría sin afectar el desarrollo de los juicios por violaciones de derechos humanos.
Debido a falta de quórum para la aprobación, el Senado rechazó la tarde del miércoles el proyecto de ley de origen gubernamental que establecía la figura legal de la "declaración de ausencia por desaparición forzada de personas". Se trata de un texto que había pasado por la Cámara de Diputados y que apunta a resolver problemas de derecho civil, familiares y patrimoniales, de los parientes de los detenidos desaparecidos.
El mecanismo, que el Ejecutivo considera sólo una materia de procedimiento, operaría sin afectar el desarrollo de los juicios por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y pese a que una comisión mixta encargada de superar diferencias entre las dos corporaciones alcanzó un acuerdo, nueve senadores de derecha -seis de la UDI y tres de RN- votaron contra el cuerpo legal. Los parlamentarios que lo apoyaron -grupo que sumó a cinco de la Alianza- subrayaron que detrás del mensaje de la Presidenta sólo había una razón humanitaria, que no es otra cosa que facilitarles normalización jurídica a los parientes de las víctimas del régimen militar. A través del mecanismo se superaría el problema de la muerte presunta, figura que la AFDD se opone a aceptar, ya que implicaría saltarse el problema -no menor- de la verdad sobre los desaparecidos y podría tener un impacto delicado en la aplicación de la amnistía.
La decisión de la cámara alta fue lamentada por el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, que ha puesto las cosas en su perspectiva correcta: la persistencia de un núcleo "duro" de legisladores "insensibles" -en expresión ministerial- al tema de los DDHH. De acuerdo con Viera-Gallo, este sector no tiene capacidad de comprender el drama de las víctimas de la dictadura y sus familiares. El secretario de Estado insistió en que el proyecto no tiene arista penal y que su único propósito es la resolución de acuciantes problemas prácticos.
En este contexto llama la atención la incoherencia de relevantes dirigentes gremialistas, que hace algunos años intentaron incluso dividir a la AFDD ofreciendo soluciones a las demandas de los desaparecidos con un objetivo puramente electoral, según lo ha revelado la votación de hace dos días. La contradicción se hace más evidente luego de que en la misma jornada, 28 parlamentarios -con las excepciones de Jorge Arancibia y Juan Antonio Coloma- aprobaran el Estatuto de Roma que creó en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI). Esto se produjo, sin embargo, luego que se validara una reforma constitucional que ha permitido incorporar la CPI al ordenamiento jurídico nacional, pero admitiendo el principio de irretroactividad que demandó la Alianza. La señal es clara: para el futuro, la derecha "dura" -que hoy requiere de apoyo popular- aparece favorable a legislaciones de DDHH, pero respecto del pasado, se blinda en una posición intransigente que carece del valor de la compasión.
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