Señora
Carolina Tohá
Ministra Secretaria General de Gobierno
PRESENTE
De nuestra consideración:
En la solicitud de audiencia que las organizaciones firmantes le hicimos el 19 de mayo, le indicamos que representamos a más del noventa por ciento de los ex presos políticos organizados dentro y fuera del país, por lo que no nos sentimos representados por otros referentes cuyas opiniones aparecen comprometiendo al conjunto de nuestro movimiento.
En carta dirigida a su Excelencia la Presidenta de la República, el 14 de mayo, expresamos que las ex Prisioneras y ex Prisioneros políticos hemos planteado al gobierno con claridad nuestras demandas:
· Ampliar el Programa de DDHH del Ministerio del Interior para apoyar nuestras querellas por tortura contra los agentes del Estado responsables de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
· Modificar el marco jurídico para que nuestras demandas al Estado por indemnización del daño moral sean acogidas por los Tribunales de Justicia con un procedimiento abreviado y rápido.
· Presentar al Parlamento un proyecto de ley que corrija los vacíos, discriminaciones e injusticias en que incurrió la ley Valech, es decir, una verdadera ley de reparación.
· Corregir la aberración jurídica y administrativa cometida por el Ministerio de Educación en 2008, con el mal llamado “traspaso” de nuestro beneficio educacional a un heredero, que viola gravemente la reparación consagrada en la ley 19.992, poniendo el Decreto 407 por sobre ella.
· Adecuar la legislación chilena a los estándares internacionales en materia de DDHH anulando la amnistía de 1978, el secreto de 50 años, ratificando todos los tratados y convenciones sobre el tema, incluida la Corte Penal Internacional, eliminando los recursos legales que permiten al Estado reprimir las demandas del movimiento social, como las del pueblo Mapuche, estableciendo castigo ejemplar al delito de Tortura y a toda violación de los DDHH.
En relación con las querellas contra los victimarios reiteramos nuestra voluntad de impulsarlas con la misma convicción con que fuimos testigos en los juicios por desapariciones y ejecuciones políticas. Sin embargo, es nuestro deber representar a las autoridades del Estado que la obligación de éste, ante el Derecho Humanitario Internacional, es perseguir las responsabilidades materiales e intelectuales en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, asegurando así verdad y justicia, pero también cerrando los caminos a la impunidad. Ningún gobierno post dictadura ha abordado esta obligación.
Nos parece llegado el momento para que Chile cumpla el compromiso de uno de los ejes expuestos por el Gobierno en el Informe anual presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a comienzos de mayo, que en el ítem II, letra b) dice “la búsqueda de la verdad, justicia y reparación respecto de las pasadas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos”.
En la propuesta de doce puntos, que los ex presos políticos presentamos al Gobierno y al Parlamento el año pasado, se contempla la exigencia de una indemnización por tortura y prisión política. Consideramos que ésta es un rubro esencial de la reparación, que no puede seguir siendo eludido por el Estado, ya que se fundamenta en el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura que obliga a Chile a garantizar en nuestra legislación a toda víctima de tortura el derecho a una indemnización justa y adecuada. Tal indemnización por su adecuado monto debe tener la virtud de permitir a la víctima rehacer un proyecto de vida digno para sí o su familia; además debe procurarse que su monto sea proporcional al daño. Lamentablemente, el modelo de reparación adoptado por nuestro país ha omitido reconocer y pagar ese derecho. Tal exclusión genera odiosas desigualdades en la reparación a víctimas y familiares. Por eso, se requiere iniciativa presidencial de un proyecto de ley de reparación, al que se asigne discusión inmediata, que además enmiende las falencias e inequidades de la ley 19.992 como el exiguo monto de la pensión, su incompatibilidad con el beneficio a exonerados políticos, o la discriminación a viudas y deudos de nuestros compañeros fallecidos.
En su mensaje del 21 de mayo la Presidenta reconoce que ha recibido la inquietud internacional por el retraso en crear un órgano que defienda y promueva los derechos humanos, a raíz de lo cual anunció que insistirá en el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Al respecto queremos ser enfáticos en afirmar que estamos dispuestos a apoyar un INDH que se ajuste a los principios de París, que sea políticamente autónomo del Estado, que tenga atribuciones y competencias para ejercerlas, que no coopte al movimiento de DD HH y que sea el resultado de una discusión nacional democrática y no de una negociación enclaustrada con la derecha política de este país.
Por otro lado, creemos que mantener las tres normas transitorias, referidas a parte de las demandas de los ex PP, no se justifica. Ello sólo tiene sentido, como resultado de la presión política de la Derecha, para desnaturalizar el INDH en su carácter de herramienta real de resguardo a los DD HH. El camino correcto es el de un nuevo proyecto de reparación independiente y que contemple las demandas específicas de nuestro sector.
En lo que se refiere al beneficio educacional de la ley 19.992, los ex PP valoramos el criterio reparador implícito y lo considera un derecho adquirido por las personas calificadas por la Comisión Valech. No es aceptable que, so pretexto de que un sector etáreo no hará uso del beneficio, todos quedemos en la necesidad de renunciar a él en favor de un heredero. Agrava la situación el hecho de que el “traspaso” ideado por el Ministerio de Educación, con la anuencia del Comando Unitario, transforme la gratuidad total en una beca de régimen que no cubre el arancel completo de ninguna carrera en Chile, ni permite estudiar en cualquier institución reconocida por el Estado, ni permite seguir post grados.
Al respecto los ex PP hemos planteado desde el principio la demanda de extender el beneficio educacional a todos los hijos, en atención a que el Derecho Humanitario Internacional considera afectado directo, de las violaciones a los DD HH, a todo el entorno familiar de las víctimas. Esta reivindicación ha sido considerada demasiado onerosa por varios funcionarios ministeriales, no obstante estar enmarcada en la demanda social de gratuidad de estudio para todos los chilenos de escasos recursos.
La reparación integral debe incluir, además, los medios para una rehabilitación lo más completa posible en salud, vivienda, previsión, moral, jurídica, garantías de no repetición y otros. En salud, contrasta la calidad indigna y magros recursos del PRAIS frente a la atención de privilegio a que acceden nuestros victimarios. Si se aspira a la reconciliación y reencuentro se debe estar consciente de la imposibilidad de aproximarse a ella sin una reparación justa y adecuada.
Finalmente adherimos a las recomendaciones planteadas por el Comité contra la Tortura de la ONU, como resultado del V examen periódico de Chile realizado en Ginebra los días 4 y 5 de mayo de 2009. En particular las que se refieren a crear la figura jurídica de tortura con la máxima penalidad, eliminar la prescripción y la amnistía de los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, y “que incremente los esfuerzos en materia de reparación, indemnización y rehabilitación de manera que se garantice una reparación justa y adecuada a todas las víctimas de tortura”.
Esperando buena recepción de la presente, saludan muy atte. a Ud.
Héctor Cataldo - Nelly Cárcamo
ANEXPPCHILE - UNExPP de Chile
Santiago, 4 de junio de 2009.
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