Tuesday, December 30, 2008

La CECT rechaza postura de la derecha frente a errores en los listados de detenidos desaparecidos

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), ante las diversas informaciones que dan cuenta de errores en los listados de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura pinochetista que gobernó nuestro país, señala su rechazo ante los partidos políticos de derecha que enjuician la validez de los espacios de verdad logrados a la fecha. Así también, la CECT reitera su condena al silencio de los Tribunales de Justicia que, por años, no se han hecho cargo de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en Chile y que le costaron la vida a miles de personas, desde la más humilde hasta Presidentes de la República y troncharon el futuro de otros cientos de miles al someter por la fuerza a todo un país.

Los partidos de derecha fueron la base de apoyo de Pinochet y, por tanto, carecen de autoridad moral para referirse a temas que obviaron cuando tenían todo el poder.

En estas circunstancias, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) afirma lo siguiente:

1. La desaparición forzada de personas, la ejecución sumaria de prisioneros y la práctica sistemática de la tortura fueron crímenes de lesa humanidad que se planificaron y ejecutaron directamente desde el Estado, con equipos especializados, entrenados y formados para su realización. Todas estas violaciones contaron con el silencio cómplice de la derecha política y sus medios de comunicación, así como también de los magistrados que integraban los tribunales de justicia. Estos crímenes dejaron una secuela de horror y muerte que aún pesan sobre la sociedad chilena.

2. Los espacios de verdad logrados hoy, dan cuenta de las operaciones realizadas por los equipos de la policía política, las FFAA y la policía que nos gobernó por más de 17 años. Las operaciones Colombo, Albania, Caravana de la Muerte, Cóndor; las fosas de Pisagua, los Hornos de Lonquén, del Fuerte Arteaga entre otros; los montajes comunicacionales, los falsos enfrentamientos para cubrir ejecuciones de prisioneros, el ocultamiento de los cuerpos, la inhumación ilegal, la tortura sistemática y masiva practicada en nuestro país, los más de 1000 centros de tortura y exterminio que funcionaron a los largo del territorio nacional, son parte del historial represivo que sustentó a una dictadura que gobernó con la actual derecha política, la apatía del poder judicial y la concomitancia de los medios de comunicación que ellos controlan.

3. La verdad que se ha logrado construir en estos años post dictadura, la debemos a la lucha de los familiares, a los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y a los sobrevivientes de tortura; todos ellos que siguen clamando por VERDAD, JUSTICIA y DIGNIDAD.

4. Los Gobiernos de la Concertación han constituido Comisiones de Verdad, como una forma de asumir la responsabilidad política ante el terrorismo de Estado. Por ello, se han constituido la Comisión Rettig, la Mesa de Diálogo y la Comisión Valech. En ese sentido, los errores recientemente habidos, tienen su origen en la llamada "política de los consensos", y de justicia parcial, en la "medida de lo posible" como la llamara el Presidente Aylwin a comienzos de los años 90 y que hoy sólo muestra su agotamiento.

6. Llegó el momento de exigir al Poder Judicial que asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile; que asuma su silencio ante los miles de recursos de amparo que no investigó y los más de 500 recursos de protección que negó; que asuma el rol que le cabe ante la comunidad internacional de investigación de los crímenes; de llevar a cabo juicios y procesos a los responsables intelectuales y materiales de los atropellos a los derechos humanos en nuestro país, según estipula la legislación nacional e internacional, garantizando para las futuras generaciones, el NUNCA MAS tan anhelado.

7. El principio de oficialidad significa que los tribunales, sin necesidad de requerimiento alguno, cuando toman conocimiento de hechos que puedan revestir caracteres de delito, deben instruir el sumario correspondiente. El Poder Judicial chileno carga, además, con esta irregularidad. Hoy desea hacerse parte ante los "casos falsos", pero le sería más propio que se hiciese parte, de una buena vez, de todos los casos que son ciertos de desaparición forzada de personas, de ejecución sumaria y de torturas, rompiendo con los 50 años de silencio que pesa sobre el nombre de los torturadores.

8. No es posible que las autoridades continúen soslayando la Verdad y la Justicia, porque nada justifica los delitos que el mundo entero conoce y que repugnan a toda conciencia digna.

COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA

Santiago 29 de diciembre 2008




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wednesday, December 03, 2008

Los "exonerados" que hundieron la democracia.


Los “exonerados” que hundieron la democracia . La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos

La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros....


Puesta online a las 9:37, el 30 de Noviembre del 2008


por Jorge Escalante / La Nación Domingo

La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos
Los “exonerados” que hundieron la democracia

La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros.





Cualquiera sea el análisis que se haga del Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, al final se llega a lo mismo: la violencia destruyó el sistema democrático y sus instituciones en septiembre de 1973.

Una de aquellas consecuencias fue la clausura del Congreso Nacional y el cese de las funciones de todos los diputados y senadores. Y aunque algunos lloraron e incluso pagaron con sus vidas, otros lo celebraron.

Inevitablemente, con la reciente aparición del engañoso "detenido desaparecido" Germán Cofré Martínez, reaparecido desde el otro lado de la cordillera, resurgió el espectro de los calificados como exonerados políticos.

Más allá de cuántos pudieron entrar por la ventana la secretaria ejecutiva de este programa, Marta Joignant, sostiene que es "muy difícil" violar el sistema y que hasta ahora nadie aporta pruebas irrefutables surge la controversia de aquellos que, siendo parlamentarios al 11 de septiembre de 1973, calificaron como exonerados por haber cesado en sus funciones cuando la dictadura cerró en Congreso. Todos. Los que padecieron el golpe, pero también quienes ayudaron a gestar el alzamiento militar.

Y otros que, habiendo sido agentes activos en la represión o formado parte de quienes asaltaron La Moneda el día del golpe, también obtuvieron tal calificación cuya idea madre tuvo, sin embargo, directa relación con las víctimas de la opresión militar.

Entre aquellos parlamentarios calificados con ese rango destacan figuras que apoyaron el golpe, como el entonces senador del Partido Nacional (PN), Sergio Onofre Jarpa Reyes; o el hasta hoy defensor de los fundamentos que sustentaron el régimen militar de Augusto Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, quien entonces era un joven diputado del PN.

A la lista se suman otros jóvenes diputados del PN: Mario Arnello Romo, Gustavo Lorca Rojas, Víctor Carmine Zúñiga y Luciano Vásquez Muruaga. O el entonces senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que después se hizo fiel seguidor del dictador integrando el "Consejo de Estado".

Todos aportaron su cuota para apurar el alzamiento castrense. Unos más, otros menos.

Tienen derecho estos hombres a recibir tal calificación y además percibir algunos de ellos [no todos] pensiones del Estado o apoyos provisionales, se preguntan en el mundo de los derechos humanos.

Los "exonerados" participaron activamente en acciones que concluyeron con el naufragio de las libertades individuales, ayudando a gestar un modelo que derivó en el fusil y el corvo que dio paso a la tragedia que marcó a Chile para siempre.

La ley creada y luego ampliada para obtener el grado de exonerado político los favoreció. "Y la ley pareja no es dura", afirman en el programa de exonerados del Ministerio de Interior, porque también hay comunistas, socialistas y miembros de otros partidos que FOTO_02 W:200 H:222 16 kbintegraron la UP, que obtuvieron tal categoría.

Para la "Fundación"

"Por supuesto que tengo derecho, me lo permite la ley y yo decidí calificarme como exonerado porque el beneficio que podría obtener del Estado lo iba a donar a la Fundación Pinochet. Pero la fundación no lo quiso para evitar problemas de impuestos, y yo finalmente tampoco obtuve nada", expresa Hermógenes Pérez de Arce (foto izquierda).

La ecuación para sólo calificar como exonerado político, o a ello agregar una pensión, o percibir sólo dinero como abono para obtener una previsión que son las tres categorías del sistema es compleja. Pérez de Arce sólo calificó para la primera. No obtuvo pensión ni abono de tiempo.

"Pero creo que hay que revisar todo esto porque con toda seguridad se ha prestado para abusos, y pienso que hay muchos casos así", afirma el apasionado columnista de "El Mercurio".

No opina lo mismo el abogado comunista Eduardo Contreras Mella, diputado del PC para el golpe militar y quien por ello también calificó como exonerado político.

"La ley debió dejar afuera de estos beneficios a aquellos parlamentarios que ayudaron a destruir la democracia y que luego celebraron la clausura del Congreso. Esa es una contradicción que debieron advertir aquellos que hicieron esta ley. No es justo que quienes colaboraron activamente con el golpe militar, aunque hayan sido parlamentarios, reciban esta categoría y sus beneficios", afirma Contreras.

El abogado recuerda que "no hay que olvidar que lo que ellos ayudaron a gestar terminó con la vida incluso de algunos parlamentarios como Carlos Lorca y Vicente Atencio, ambos detenidos desaparecidos".

Pero Contreras va más allá. "Tanto el problema del aparecido en Argentina como las irregularidades que puedan existir en el proceso de calificación para los exonerados políticos, pasa principalmente porque el Estado chileno

hablo del Gobierno y el Parlamento no tiene una política pública para abordar los derechos humanos y la reparación de las víctimas. No existe un Ombudsman o un Defensor del Pueblo, ni un Instituto de Derechos Humanos. Y eso ocurre porque no hay voluntad política para hacerlo".

Entre bombas y "disidentes"

La calificación como exonerados políticos de algunos ex agentes del régimen o de militares que de distintas formas tuvieron relación con los crímenes cometidos bajo este período, aportan igualmente otro capítulo conflictivo a esta historia.

A los ya mencionados por La Nación el viernes último Enrique Cruz Laugier, Rafael González Berdugo, y Edwin Dimter Bianchi, el supuesto "Príncipe" del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara se agregan ahora los de Patricio Kellet Oyarzún y Patricio Lapostol Amo.FOTO_03 W:200 H:264 17 kb

El día del golpe, Cruz sacó las piezas de artillería del Regimiento Tacna para bombardear La Moneda desde tierra, mientras Allende resistía. Reflorecida la democracia, se fue a instalar como jefe de seguridad del Senado. Desde allí lo echaron en 2004, cuando LND publicó esta información que él mismo confirmó en sus declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda. Fue admitido como exonerado el 20 de enero de 2000.

González Berdugo (en la foto de la derecha), un eterno agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile con grado de coronel, aunque es un civil, es hasta hoy el único procesado por el asesinato del estadounidense Charles Horman, detenido días después del alzamiento militar. Un frío espía que en 1980 tuvo la cara para ir a tomar el té con el padre de Horman a Estados Unidos, cuando se presentó como "un disidente" de Pinochet y la DINA.

Posando en 2003 junto a los verdaderos oficiales y suboficiales de la FACh que fueron víctimas de la tiranía, este personaje obtuvo de manos de la entonces ministra de Defensa y actual Presidenta Michelle Bachelet, la tifa para reintegrarse a la "familia aérea".

Dimter, a su vez, fue calificado el 20 de enero de 2000, pero en 2006 fue cancelada su condición de exonerado por sus antecedentes: fue uno de los hombres que sacó los tanques a la calle el 29 de julio de 1973 en un frustrado alzamiento contra Allende, y además permaneció como oficial en el Estado Chile cuando el recinto se convirtió en un centro de detención.

Un "inteligente" agricultor

Patricio Kellet era el jefe de la sección de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, que para el golpe militar comandaba el ex miembro de la Junta Militar Santiago Sinclair. Ejerciendo ese cargo participó en el arresto de decenas de personas en esa ciudad, según él mismo lo admite en sus declaraciones judiciales en la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, que el 3 de octubre de 1973 asesinó en Valdivia a 12 prisioneros. Fue desde Cazadores donde, días más tarde, también salieron fuerzas militares para acribillar en la precordillera de Chihuío a 17 campesinos, esconder sus cuerpos, y después desenterrarlos para lanzarlos al mar.

Lo curioso es que Kellet, actualmente mayor de Ejército en retiro, alegó ante la comisión calificadora causales de exoneración por parte de su institución ajenas a su voluntad, mientras en su testimonio judicial del 9 de mayo de 2003 un año después de que ya había sido calificado como exonerado el 6 de marzo de 2002 dijo que "en 1985 me acogí a retiro por razones personales y ahora me dedico a la agricultura" en Linares. Como exonerado, Kellet recibe una pensión del Estado chileno.

Patricio Lapostol Amo fue careado hace unas semanas por el ministro Víctor Montiglio con el general activo Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la causa Caravana de la Muerte, episodio de los 26 crímenes de Calama cometidos el 19 de octubre de 1973.

Lapostol admite judicialmente que "monté guardia en el lugar del fusilamiento junto al teniente Gustavo Mandiola". De acuerdo al expediente, el "fusilamiento" fue una masacre a corvo y bala y luego escondieron los cuerpos en el desierto que después exhumaron y arrojaron al mar. El juez indaga si Fuentealba también montó la misma guardia aquel día.

Los 145 mil 286 calificados como exonerados políticos, del total de 258 mil 767 que han pretendido esta categoría, abren un escenario que vuelve a agitar pasiones y controversias, bajo la llovizna de un período dramático de la historia de Chile que se resiste al olvido.




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Hoy se debate revocar calidad de exonerados a ex agentes

Miércoles 3 de diciembre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación

A la reunión están citados el ministro de Interior, Edmundo Pérez, y las distintas autoridades de las instituciones responsables de los servicios e instancias que tienen relación con ambos asuntos.

En sesión de la Comisión de DDHH de la Cámara también se verá caso del “aparecido”






Marta Joignant, secretaria ejecutiva del Programa de exonerados políticos, defenderá hoy la “infalibilidad” del sistema.

La posibilidad de que el Gobierno cancele la calidad de exonerados políticos a ex agentes del Estado o a militares (R) que tomaron parte en el golpe militar de 1973, será una de las materias a debatirse hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La sesión tratará los casos de Germán Cofré, supuesto detenido desaparecido que regresó desde Argentina, y las denuncias de irregularidades que se han presentado en el proceso de calificación de exonerados políticos por parte del programa del Ministerio de Interior.

A la reunión que se iniciará a las 15 horas están invitados el ministro de Interior, Edmundo Pérez, la secretaria ejecutiva del Programa de Reconocimiento del Exonerado Político de esa cartera, Marta Joignant, la delegada para materias de derechos humanos de la Presidencia de la República, María Luisa Sepúlveda; el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos; el director del Registro Civil, Luis Fuentes; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y Raúl Cerpa, quien denunció supuestas malas calificaciones de exonerados.

Una arista del episodio exonerados la conforman aquellos ex agentes o militares hoy retirados que, amparados en la legislación que norma como obtener esta calidad y manifestando en algunos casos haber sido dados de baja de sus instituciones por discrepar con la dictadura y sus métodos represivos, llegaron a calificar como tal obteniendo beneficios económicos.

Sin embargo, no todos los que tienen la calidad de exonerado reciben apoyo financiero del Estado.

La presidenta de la Comisión de DDHH, Karla Rubilar, dijo a La Nación que "solicitar al Programa de Exonerados que revoque esta calidad a algunas personas que participaron en violaciones de los derechos humanos, es una cuestión que estará presente en la discusión de mañana (hoy), pero si eso se formaliza será por acuerdo de la comisión".

En tanto, el diputado integrante de esa instancia Tucapel Jiménez expresó que "yo plantearé ese punto porque nos parece que estas personas no pueden tener la calidad de exonerados ni menos seguir recibiendo beneficios económicos del Estado".

Respecto de la situación de Cofré, la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Rose Marie Bornard, quien también asiste hoy al encuentro, ya entregó a esa cartera el informe que le fue pedido por la situación de este sujeto, que estuvo 34 años en calidad de detenido desaparecido o ejecutado luego que sus supuestos restos fueran erróneamente identificados en 1995.

Con la misma vara

De acuerdo a lo manifestado a La Nación en el Programa de Exonerados, la atribución para revocar tal calidad a una persona es exclusiva de la Presidencia de la República.

Fue lo que sucedió con Edwin Dimter Bianchi el supuesto “Príncipe” del Estadio Chile donde asesinaron a Víctor Jara.

Habiendo Dimter calificado como exonerado el 20 de enero de 2000 alegando su baja del Ejército por discrepancias con la institución, su reconocimiento fue revocado cuando el Programa de Exonerados se enteró “de sus antecedentes personales”.

Entre éstos se cuenta el haber sacado tanques a la calle en julio de 1973 para derrocar a Allende.

Los otros ex agentes calificados son Rafael González Berdugo, procesado por el crimen de Charles Horman, y Patricio Kellet Oyarzún, ex jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia y autor de decenas de detenciones.

También tienen esa calidad el mayor (R) Enrique Cruz Laugier, que sacó la artillería del Tacna el día del golpe militar para bombardear La Moneda desde tierra y después fue jefe de seguridad del Senado, y el teniente (R) Patricio Lapostol Amo, custodio de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama.

Agrupaciones de derechos humanos sostienen que éstos deben seguir el destino de Dimter.



¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨