El 21 de diciembre de 2015, el
director regional metropolitano de Gendarmería de Chile, envió al Subdirector
operativo del penal Punta Peuco el Oficio Reservado N° 13.00.00. Oficio que detalla
la logística del traslado e instalación de los reos del penal de Punta Peuco en
su nueva residencia de reclusión, penal de Colina I. Considerando el personal de apoyo para el momento del
traslado, la revisión de las instalaciones a la llegada de los internos,
empadronamiento con inventario de enseres. Para el traslado operativo se
solicita disponibilidad de vehículos, ambulancias y médicos y para las acciones
post traslado e instalación, comunicación a los familiares, chequeo de
antecedentes administrativos y el envío de los respectivos oficios a las
autoridades correspondientes
informándoles de las nuevas instalaciones de estos reos.
Este traslado nunca se
realizó y nunca se supo lo que sucedió,
todo quedó en el más absoluto secreto y ocultismo de todos los sectores que
podemos suponer participaron en los
resultados y en el impulso de un nuevo movimiento tendiente al indulto, al
perdonazo o a la ley de punto final. Así fue, que en medio del quehacer de las
fiestas navideñas del año 2015, donde ni la prensa se percató de este hecho, el
28 de diciembre, la Presidenta de la República, a través de su Ministra de Justicia, decretó un permiso de salida a reos que los miembros del Consejo
Técnico se pronuncien positivamente acerca de la postulación, considerando que el
informe respectivo deberá dar cuenta, además, del “arrepentimiento del interno
por los hechos cometidos.” Entendiendo, que el informe es favorable, cuando la
unanimidad de los miembros del Consejo Técnico se pronuncie positivamente
acerca de la postulación del interno al permiso de que se trate. Y deberán acreditar por cualquier medio idóneo
que han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por
delitos de la misma naturaleza. Para estos efectos se considerará la
colaboración realizada en las causas en que actualmente se investigue, se
juzgue o se haya juzgado al condenado, incluso cuando aquélla se hubiere
prestado con posterioridad a la dictación de la respectiva sentencia
condenatoria.
Este beneficio o Decreto 924, que
Modifica el decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que
aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y le concede la posibilidad de acceder
gradualmente a mayores espacios de libertad a través de los permisos de salida
con el objetivo de lograr la reinserción del condenado, incluye a delitos
graves que se entenderán que son: “Especialmente
graves los delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves
gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual,
secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación
ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que
dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren
perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes
del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.”.
En estas condiciones quedamos el
28 de diciembre, día de los santos inocentes, que conmemora la masacre de niños
ordenada por Herodes, en la intención de matar al mesías o liberador que nacía
en esos días.
Pasaron las fiestas de fin de año
y llegó el año 2016 con el silencio público de lo sucedido, hasta que el 22 de
febrero el Decreto se publicó en el
Diario Oficial y el 06 de marzo el sacerdote Fernando Montes, cercano a la
Presidenta de la República da una entrevista en el Diario El Mercurio señalando
que en Punta Peuco (penal especialmente acondicionado para alojar a violadores
de derechos humanos), "no se aplica el régimen de beneficios y salidas que
existe en otras cárceles, lo cual es bastante duro".
En la entrevista el sacerdote
describió la experiencia que ha vivido visitando a estos reclusos, “Para una
persona que sabe que Jesús se identifica también con los que están detenidos,
me di cuenta de que con esa gente nadie quería ensuciarse las manos: ni en el
Ejército, ni los políticos, ni la derecha, y, obviamente, los que habían sido
víctimas tenían una terrible razón para rechazarlos (…) Como sacerdote, sin que
eso signifique aprobar lo que hicieron, tengo que ser capaz de ser una
instancia humana donde ellos puedan hablar, y no puedo dejar de reconocer que
ellos, por bárbaros que hayan sido, tienen familia, tienen hijos”, mencionó.
“No quiero que eso se juzgue como que estoy perdonando, porque no me
corresponde a mí, sino a las víctimas. Estoy claramente diciendo que esas
personas tienen también que ser tratadas como seres humanos, que también tienen
derechos. Y es en ese contexto donde hay un dato fundamental: una sociedad y un
juez que castiga no pueden incurrir en acciones que se alejan de la
civilización. Si tengo en la cárcel a una persona que está con Alzheimer, con
una enfermedad terminal, que ni siquiera sabe dónde está preso, es una muestra
de civilización tener en cuenta esa situación", argumentó al matutino. El
religioso terminó añadiendo que “hay que ver las situaciones caso a caso,
revisar a quien ha cumplido la mitad de la pena, y si se producen situaciones
de enfermedad, de muerte de parientes, es razonable que haya excepciones que
muchas de ellas están previstas por la ley ".
Transcurridos tres meses del
momento en que se produjo el fallido traslado de los presos de Punta Peuco al
Recinto Penal de Alta Seguridad Colina 1, oscuro y secreto momento del que
nadie se percató y nadie se da por enterado de lo que realmente sucedió aquella
noche, el cura Montes aparece en escena dando el puntapié inicial a una
discusión que tendrá que darse a nivel nacional y en todas las esferas que
favorezcan el plan de liberación de los criminales de lesa humanidad condenados
por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990.
Este sacerdote en su piadoso
discurso se refiere a los presos que han cumplido la mitad de su pena, a los
mayores de edad, a los enfermos y a los que tienen que visitar a sus familiares,
separándolos por mayor a menor prioridad al indicar que hay que verlo caso a
caso y que sin duda el piensa en el sufrimiento de las víctimas quienes son las
que deben perdonar, pero, los criminales son personas que tienen que ser
tratados como seres humanos porque también tienen familias y que además se
ensuciaron las manos por quienes hoy los olvidaron y quienes fueron los que los
mandaron a matar, refiriéndose a la derecha política y al ejército.
El primero en responder a este
llamado piadoso y tendencioso, fue el Presidente de la Corte Suprema Hugo
Dolmestch, quien declaró – “Yo soy un convencido de que la misericordia es para
todos”. “Yo creo que las sociedades,
para poder evolucionar, tienen que saber cuál es la verdad, cómo ocurrieron las
cosas, y tienen que saber perdonar”, “Esta actitud de exigir ni perdón ni
olvido, no sé, tiene mucho de slogan. Lo que puede servir es que se vea en los
procesos cómo fueron las cosas y cómo están establecidas. Y si hay o no verdad
por parte de los autores. Y hay. En los casos que he visto, ahí están
confesos”, “Me duele mucho lo que han sufrido los familiares de las víctimas,
pero yo creo que las cosas tienen que tener su término. Ya tuvieron su término
la gente ha sido condenada. Entonces no puede haber castigo permanente”.
Fueron sorprendentes las opiniones de estos dos personajes y algo se vio venir cuando en la misma fecha, 23
de marzo, el Mercurio anuncia que el sacerdote jesuita Fernando Montes ha sido
invitado por el senado a exponer sobre beneficios humanitarios para presos por
DD HH.
Habiendo dejado atrás la navidad,
fiesta en que los criminales esperaban pasar en Colina 1, pasado el verano y de
vuelta al año laboral y de estudios, se sintieron las voces de un sacerdote que
faltaba al evangelio y de un juez que faltaba a la justicia. Todos sabemos que el sacerdote debe asistir
al reo, debe visitarlo, visitar a su familia, enseñarles la palabra de Dios,
guiarlos hacia el buen camino buscando el arrepentimiento y la solicitud del
perdón de ese pecador que ha matado sin piedad a gente inocente y ufana de
haberlo hecho. La postura de Cristo y los cristianos ante la justicia penal ha
sido históricamente cariñosa y atenta, ya lo dice el evangelista San Mateo, que
el día del juicio final, nos dirán, “Venid venditos de mi Padre porque estaba
preso y me visitasteis”, o podemos citar a Pedro de León, jesuita que en 1616
entraba todos los día a la cárcel para atender a los internos y que asistió a
más de trecientos condenados a muerte, mientras muy por el contrario este
jesuita chileno nos está obligando a dejar en libertad a los criminales
anteponiendo una necesidad de civilización que más bien es una imposición de
impunidad, por sobre la necesidad de un castigo ejemplar para ejecutores de
múltiples pecados mortales.
La otra voz llegó desde la altura
de la Suprema Justicia, imponiéndonos desde su alta posición la misericordia, indicándonos
equívocamente que quien imparte justicia también imparte misericordia, facultad
o cualidad que sólo es propia de Dios y de personas que tienen la virtud de compadecerse
de las miserias ajenas. Pero, todos también sabemos que la petición de
misericordia debe ser hecha por quien ha ofendido o ha faltado a la justicia, del hombre o de Dios, y que para
obtenerla esta debe ser fundamentada en la justicia, en términos teológicos la
armonía entre la justicia y la misericordia de Dios dice “La Justicia y el
derecho son el asiento de su trono; la Misericordia y la fidelidad, van delante
de Ti”, dicho en palabras de Santo Tomás
de Aquino, “La Justicia de Dios es el orden en las cosas, adecuado a su
Sabiduría” y “La Misericordia no anula
la Justicia, sino que es como la plenitud de la Justicia”.
Entendiendo todo esto respecto a
la misericordia, lo que desde siempre hemos percibido en nuestra cultura como
algo muy superior, quedamos con la sensación de haber recibido un veredicto
supremo de Hugo Dolmestch, en el que además se nos ordena enterarnos o hacernos
cargo de la verdad que está establecida en los procesos judiciales donde ellos
están confesos, con lo que basta y no hay nada más que hacer, nos dice que a
pesar de que damos pena (porque a él le duele mucho nuestro sufrimiento), tenemos que poner término a las cosas y
aprender a perdonar.
En la actualidad y ante estos
hechos, la pregunta que cabía y cabe hacerse es: ¿Qué pasó desde la oscuridad
de esa noche que no se realizó el traslado hasta los días de estas disidentes
palabras de credos y principios?
Lo cierto es que no alcanzábamos
a reponernos del asombro y la sospecha que nos producían estas dos inesperadas opiniones públicas, cuando
el Senado y El Mercurio anunciaron que
la Comisión de DD.HH. conocería la propuesta del padre Montes ya que sus dichos
habían despertado el interés de los legisladores y había que profundizar en
estas, difundidas en el matutino, la senadora Lily Pérez San Martín aseguró que
“junto a los senadores Manuel Antonio Matta y Manuel José Osandón decidimos
invitar al padre Montes porque queremos conocer más detalles de su punto de
vista”. Y respecto a la posibilidad de aplicar arresto domiciliario, particularmente
en el caso de condenas a los derechos humanos, la legisladora reconoció que
“existen muchas visiones con diversos matices que generan pasiones, por eso
mismo queremos abrir el debate y entender su concepto de castigo civilizado”.
Con estas palabras la senadora
derechista y sus correligionarios pavimentaron el camino de esta cruzada de
liberación de criminales de la dictadura y desde esa fecha, 19 de marzo, al 9
de mayo, fecha en que se reunieron en el Congreso, transcurrieron 51 días,
durante los cuales tampoco sabemos que sucedió ni que lobby hubo de por medio
para que dicho día estuvieran presentes los Senadores Alejandro Navarro, Juan
Pablo Letelier, Manuel Ossandón, Alejandro
García Huidobro, Baldo Prokurica y la Senadora Lily Pérez. Junto a los invitados de la Multigremial del
Personal en Retiro de las FF.AA, Carabineros e Investigaciones de Chile, su
Secretario General, Hernán Pedreros y el
Director Jurídico, Eduardo Catalán. De la ONG CREN (Cruzada por la
Reconciliación Nacional y Derechos Humanos, organización de ayuda y apoyo humanitario de ex miembros de
las FFAA”), el Abogado y Asesor Legal, Raúl Meza. Del Ministerio de Justicia,
Unidad de Derechos Humanos, la Abogada Nadia Silhi. De la Biblioteca del
Congreso Nacional, el Analista, Matías Meza-Lopehandia. De la Corporación
Maternitas, la Asesora Patricia Gonnelle. Los Asesores del Senador Manuel José
Ossandón, Alberto Jara y José Huerta. La
Asesora del Senador Manuel Antonio Matta, Francesca Andreani. Los Asesores del
Senador Alejandro Navarro, Fabián Luengo y Guillermo Rioseco. El Asesor de la Senadora
Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Pablo Morales. La Asesora del Senador Baldo
Prokurica, la Abogada Carmen Castañaza. El Asesor de la Senadora Lily Pérez,
Eduardo Faúndez y el Asesor de Prensa del Senador Juan Pablo Letelier, José Fuentes.
Todos allí reunidos, ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía del Senado, atentos al Sacerdote Fernando Montes quien dio a
conocer su propuesta para que reos condenados, mayores de edad o
enfermos terminales, cumplan presidio domiciliario. Se escuchó la presentación
del cura y se intercambiaron opiniones. Se acordó oficiar a los Ministerios del
Interior, de Justicia y de Salud, a la Corte Suprema y a Gendarmería, solicitando
antecedentes.
No se supo más de esta reunión ni
de porqué hubo tanto auditorio, sin que estuviésemos nosotros, los
querellantes, o representantes nuestros, lo que si se supo a través del cura
Montes en El Mercurio, el 16 de mayo,
siete días después, fue que los senadores habían decidido visitar Punta peuco y
otras cárceles, lo que él valoró y ante lo cual indicó en la prensa que "El país se sana si tiene
humanidad". "A mí me parece
muy bueno que la autoridad conozca la situación de nuestros detenidos, no sólo
en Punta Peuco, para evitar que haya situaciones en extremo inhumanas",
manifestó, "O sea, el castigo
merecido hay que cumplirlo, pero hay situaciones donde la civilización y la
humanidad nos pide que tengamos cuidado", todo esto bajo el concepto que
básicamente ocupa el sacerdote, "aunque esté preso y haya cometido los
crímenes, es un ser humano y tiene que ser tratado como tal". Las cárceles
a visitar, según habrían indicado los parlamentarios miembros de la comisión,
serían la ex Penitenciaría, la cárcel de Copiapó y la polémica Punta Peuco.
Pero, ni el cura Montes ni El
Mercurio, dijeron en esa ocasión que en ese intermedio de días ya se habían
presentado en el senado dos proyectos de Leyes de Libertad Condicional,
complementados los dos con el fin de lograr el objetivo de liberar a los
genocidas. El 11 de mayo los Senadores Francisco Chahuán, Andrés Allamand y José
García, todos del derechista partido Renovación Nacional, presentaron el Proyecto
10671-07, sin urgencia, que modifica el artículo 4° del decreto ley N° 321, de
1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para
los penados, a fin de que la Fiscalía Judicial respectiva sea oída en los casos
que indica. Y el mismo día, el 11 de mayo los Senadores Pedro Araya-
independiente, Alfonso De Urresti-Partido Socialista, Alberto Espina-Renovación
Nacional, Felipe Harboe-PPD y el Senador Hernán Larraín-UDI, presentaron el
Proyecto de Ley Boletín 10665-07, con suma urgencia, que Modifica la ley
N°20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y
delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los
crímenes de guerra a conflictos no internacionales.
Tampoco se mencionó en El
Mercurio, ni el cura lo dijo, ya que debería haber estado informado, que la Comisión
de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado ese mismo día
dieciséis tenía una audiencia concedida por el Excmo. Presidente de la Corte
Suprema, Ministro Hugo Dolmetsch, audiencia en la que se trató dos temas, el Sename y el respeto de los derechos
humanos en las cárceles con enfermos terminales que cumplen condenas en
recintos penitenciarios. Asistieron los Senadores Alejandro Navarro-Partido Movimiento
Amplio Social MAS, Juan Pablo Letelier-Partido Socialista, Senador Manuel Antonio Matta-Demócrata Cristiano y el
Senador Baldo Prokurica-Renovación Nacional. Como invitada estuvo la Ministra Encargada de la Unidad de Apoyo a los
Tribunales de Familia, Rosa María Maggi.
A estas alturas de las acciones
de esta ofensiva de la impunidad en Chile, ya no estaban solos los partidos de
derecha y las organizaciones de militares en retiro que luchan por sus llamados
“presos políticos” o “héroes que salvaron al país de ser una nueva Cuba”. A
estas alturas de la tramitación de una serie de Proyectos de Leyes que saldrían
del Senado estaban involucrados algunos senadores de partidos de izquierda,
incluyendo entre ellos al hijo de Orlando Letelier, asesinado en un atentado en
Estados Unidos, crimen ordenado por Augusto Pinochet.
En medio de esta frenética
reacción del Senado a la propuesta del cura, cabe preguntarse qué gesto o
acción concreta ha realizado el Congreso en contra de la impunidad en estos
años, y nos encontramos con que el 17 de junio de 2014, dos años antes de esta
serie de coordinadas acciones para liberar a los genocidas, un Proyecto de
Acuerdo de la Cámara de Diputados fue
presentado a la Presidenta de la República, solicitándole que instruyera a su
Ministro de Justicia para que procediera a realizar las gestiones para cerrar
el centro de Prisión Preventiva y cumplimiento Penitenciario Especial Punta
Peuco y, por tanto, despojara a éstos reos de su rango y sueldo, retirando además sus
fotografías e imágenes de los cuarteles militares y de todos esos lugares donde
puedan encontrarse y en donde el estado incumba dar estricto cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 19 N°2 de la
Constitución política de la República, esto es, el principio de Igualdad
Ante la Ley. Este Proyecto de ley fue presentado por los Diputados Felipe
Letelier Norambuena – Partido por la Democracia, Alejandra Sepúlveda - Independiente, José Pérez – Radical Social Demócrata, Fernando Meza –
Radical Social Demócrata, Manuel Monsalve – Socialista, Claudio Arriagada –
Democracia Cristiana, Giorgio Jackson – Revolución Democrática, Marco Antonio
Núñez – Partido por la Democracia, Gabriel Boric – Independiente e Iván Fuentes
– Independiente. Adhirieron los Diputados Juan Luis Castro – Socialista, Denise
Pascal Allende – Socialista y Rodrigo González – Partido por la Democracia.
Este Proyecto fue aprobado por
mayoría en la Cámara de Diputados y el 5 agosto de 2014 el Diputado Letelier
Norambuena, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, quien se
reunió con José Antonio Gómez, Ministro de Justicia de entonces, se manifestó satisfecho con la conversación, y
dijo que “ha quedado claro que en este tema tenemos un lenguaje y un ánimo muy
parecido con el Ejecutivo”. “Esta decisión es algo que debe tomarse porque
miles de chilenos esperan que estos reos cumplan sus condenas como lo hace el
resto de los compatriotas, es decir, sin privilegios, aunque salvaguardando siempre
sus derechos y seguridad”. Por último, el diputado Letelier adelantó que estaba
elaborando una nueva propuesta que
apuntaba a terminar con que se llame a estos reos por el rango que tenían cuando
estaban en servicio activo. “No se puede seguir llamando, coronel, general o el
grado que sea a un criminal que está detenido por violación a los derechos
humanos, ya que ese derecho, a nuestro juicio, lo han perdido”, concluyó.
Todos estos antecedentes están en
la Cámara y en la prensa nacional, y nos hace pensar en la posibilidad que esto
haya sido un factor que influyó en la determinación de cerrar Punta Peuco esa
noche del 21 de diciembre de 2015, y de nuevo caemos en la incógnita de por qué
“el pan se quemó en la puerta del horno” o estando absolutamente todo dispuesto
para el traslado, no se realizó y se suspendió justo en el momento en que este
comenzaba, el 21 de diciembre, fecha en que conmemoramos la gran masacre obrera
de la Escuela Santa María de Iquique, lo que también nos recuerda la mala
costumbre que tiene el Estado chileno de
masacrar al pueblo trabajador y velar por la impunidad del crimen cometido.
Quizás que fuerzas se ejercieron
para anular este atisbo de justicia y cumplimiento de promesas de candidatura
del gobierno de turno, que pudo haber significado que siete días más tarde este
gobierno emitiera el Decreto 924 del
Ministerio de Justicia, con beneficios de salidas para los genocidas de Punta
Peuco.
En este recuento cronológico de
los hechos que van y vienen en la acción de la impunidad en Chile, habíamos
quedado en el 16 de mayo de 2016, en la aparición del cura Montes en El Mercurio,
alegrándose de la respuesta que el Senado
estaba haciendo a su llamado, y enfatizando
que "Hay delitos comunes que pueden prescribir, que se pueden amnistiar,
pero finalmente el castigo no puede ser fuera de la civilización. No podemos
volver a la ley de la selva y la inhumanidad, aunque esté preso en Punta
Peuco", y no dijo que ese mismo día se estaban presentando Proyectos de
Leyes en favor de la libertad condicional orientada a los criminales de lesa
humanidad, siendo ese momento y ese día el comienzo de la ofensiva legislativa
que desde el Congreso buscaría el avance sistemático hacia la libertad de los
condenados por violaciones a los derechos humanos y el punto final a la justicia, impidiendo el castigo a los
culpables.
Antes que pasara un mes de esto, el
8 de junio fueron presentados tres nuevos proyectos, el 10740-07, que permite
la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a
favor de personas condenadas gravemente enfermas, de los Senadores Lily Pérez-Amplitud, Manuel Ossandón-RN
y Eugenio Tuma-Partido por la Democracia PPD. El Proyecto de Acuerdo 1888-12, que solicitan a la Presidenta de la
República que adopte las medidas administrativas necesarias para dar
cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas
de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables, sin
discriminación de ningún de tipo. De los
Senadores Jacqueline Van Rysselberghe-UDI, Ena Von Baer-UDI, Andrés Allamand-RN,
Juan Coloma-UDI, Francisco Chahuán-RN, Alberto Espina-RN, José García-RN, Alejandro
García Huidobro-UDI, Alejandro Guillier-Independiente, Antonio Horvath-Independiente,
Hernán Larraín-UDI, Manuel Matta-PDC, Iván Moreira-UDI, Manuel Ossandón-RN, Víctor Pérez Varela-UDI, Jorge
Pizarro-PDC, Baldo Prokurica-RN, Eugenio Tuma-PDC, y Andrés Zaldívar-PDC. Y el
Proyecto 1886-12, con suma urgencia, que solicita a la Presidenta que, envíe al Congreso Nacional, para su aprobación
y ratificación, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. De los Senadores Pedro Araya-Independiente, Carlos Bianchi-Independiente, Francisco
Chahuán-RN, Juan Coloma-UDI, Alberto Espina-RN, José García-RN, Alejandro García
Huidobro-UDI, Alejandro Guillier-Independiente, Antonio Horvath-Independiente,
Hernán Larraín-UDI, Iván Moreira-UDI, Manuel Ossandón-RN, Víctor Pérez-UDI,
Baldo Prokurica-RN, Rabindranath Quinteros-PS, Fulvio Rossi-PS, Jacqueline Van
Rysselberghe-UDI, Ena Von Baer-UDI y Patricio Walker-PDC.
En estos tres Proyectos se
abordaron aspectos muy sensibles del sentimiento humano hacia los ancianos
condenados a prisión que estén gravemente enfermos, luego se apela al derecho
penal humanitario a condenados que sin ser ancianos específicamente, estén
aquejados de enfermedades graves e incurables, detallando que es sin distinción
alguna del tipo de reo, detalle que va dirigido especialmente a los reos de
Punta Peuco, y se concluye con la
petición a la Presidencia de la República, del envío con suma urgencia del Convenio de la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para su
aprobación y ratificación, todo esto sin considerar, obviamente, los derechos de los miles de ancianos que sin
ser delincuentes ni criminales han trabajado toda su vida y desde hace años
están protestando en las calles del país para obtener mejores condiciones de
vida, que sólo conseguirán con una jubilación justa, dejando de pagar la salud
con el descuento que se les hace desde sus pensiones y consiguiendo la
gratuidad en el transporte público.
En ese momento ya eran cinco
Proyectos de Ley destinados a la protección de ancianos delincuentes y
criminales, que si se van a sus casas, los que tienen casas y familias,
refiriéndonos a esos reos ancianos que son de extracción popular y de familias
de alta vulnerabilidad, lo más probable es que sus cuidadores no tengan
recursos ni siquiera para comprarles pañales ya que son de alto costo y como
tiene que haber gente destinada al cuidado de estos ancianos moribundos lo
coherente desde el punto de vista de la justicia y los derechos humanitarios de
estos reos sería habilitar un espacio penitenciario como asilo de ancianos para
toda la población penal del país inhabilitada por razones de edad avanzada y enfermedades
terminales, algo así podría ser lo más lógico y humano si estuviesen verdaderamente
preocupados de los reos ancianos que están muy enfermos y tienen condenas
perpetuas o les quedan muchos años por cumplir. Pero nadie pensó en ellos,
porque el cura Montes visita sólo a los reos de Punta Peuco y sólo tiene
relaciones sociales con los “camaradas” asociados en organizaciones de estos
reos criminales de lesa humanidad, no así, conoce ni se relaciona con las
organizaciones delictuales que pueden haber detrás de los reos pobres, tampoco
estos reos pobres le importan al Presidente de la Corte Suprema cuando proclama
la misericordia como un veredicto que
va acompañado de la obligación del perdón de los familiares de ejecutados políticos y
detenidos desaparecidos, por lo antiguo del crimen y la falta de bondad de
nuestra parte al habernos encerrado en posiciones que han pasado a ser
eslóganes irreales, tales como “ni perdón ni olvido”, “justicia y verdad, no a
la impunidad”. Claro está que al Presidente de la Suprema se le olvidó
mencionar una de nuestras más antiguas consignas, “Corte Suprema, vergüenza
nacional, está comprometida con el criminal”.
Pasaron seis días y se presentaron dos nuevos proyectos, el
10.745-07, sin urgencia, que “Modifica el artículo 87 del Código Penal para
establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores”,
de los senadores Chahuán (RN), Moreira (UDI)
y Prokurica (RN). Y el Proyecto Boletín 10746-07, sin urgencia, que “Modifica
el artículo 86 del Código Penal, con el objeto de establecer el cumplimiento
alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave,
invalidante o terminal”.
Con esto ya se terminó de
redondear el concepto y la idea, abarcando la libertad condicional de reos adultos mayores, condición de edad que
tienen todos los criminales de lesa humanidad que hemos logrado llevar a la
cárcel después de largos años e interminables procesos judiciales en los que
hemos tenido grandes obstáculos para avanzar, que han ido desde la mentira
infraganti de los acusados a la falta de convicción de la justicia, pasando por
el hecho trascendental de que el estado nunca ha tenido un rol protagónico en
la demanda de justicia al no haber sido el querellante oficial en los juicios
que debieron haberse entablado en contra de los agentes que cometieron estos
graves crímenes en contra de la humanidad. Crímenes que no tan solo nos afectan
a nosotros como familiares, sino, son una ofensa para la justicia universal, y
si hay algo que pueda remediar de alguna forma esta falta, es el castigo
efectivo, aun cuando los ofensores sean ancianos, puesto que, por razones de
impunidad y encubrimiento pudieron gozar de premios y grandes privilegios durante todos los años
posteriores al crimen cometido, y si la justicia llega a estas alturas de la
vida podemos elegir entre dos reflexiones lógicas que surgen de esta situación:
“La justicia tarda, pero llega” o “Cuando la justicia tarda demasiado en
llegar, ya no es justicia”.
Si no fuera por las querellas
puestas por los familiares de las víctimas Pinochet no hubiese sido detenido y juzgado
en Londres y si no fuese por las querellas interpuestas por familiares de las
víctimas Pinochet no hubiese sido desaforado de su cargo vitalicio de Senador,
momentos en los cuales el estado chileno y el gobierno de turno hizo todo lo
que estuvo a su alcance para proteger al dictador genocida, por el solo hecho
de tener acuerdos en la transición a la democracia que pasaban por la
impunidad, lo que fue denominado como “Justicia en la medida de lo posible”,
medida que siempre la ha puesto el Estado y los gobiernos de turno de esta
transición que es eterna, ya que no puede haber democracia sobre una base tan
sólida de impunidad y encubrimiento, dos ingredientes que han sido el caldo de
cultivo de la corrupción que hoy día corroe a la sociedad chilena.
Esta corrupción es la que permite
hacer un lobby en el Congreso para que se elaboren tal cantidad de proyectos en
tan poco tiempo, con la participación de sectores políticos antagónicos a tal punto que unos,
los precursores de la libertad de los criminales, son el sector político e
ideológico de la dictadura, quienes elaboraron los planes económicos, el
desmantelamiento de los bienes del Estado y fueron partícipes intelectuales y
encubridores de los crímenes masivos. El otro sector antagónico que participa
de estos proyectos de liberación de los genocidas son militantes del partido
político del Presidente Allende, sector del que sólo podemos esperar una
acción activa en la discusión de estos
proyectos, y que velen honestamente por los intereses de los reos ancianos
procurando lograr para ellos una atención adecuada según lo exigen los
principios elementales de humanidad que se debe existir en los penales,
respetando las normas internacionales y las normas mínimas de ética y moral para
el trato de reclusos que están
desvalidos, sin posibilidad alguna de valerse por sí mismos y deben cumplir con
sus condenas. Y si como opción única se acuerda darles la libertad condicional
a todos, por las razones que exponen los proyectos, entonces que se excluya de
dicho beneficio a los genocidas y
criminales de lesa humanidad. Es lo que esperamos de quienes fueron elegidos
para legislar por la Verdad y la Justicia.
El viernes 24 de Junio, a las 13
horas, los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, junto
a sus respectivas agrupaciones se reunieron frente a la Moneda protestar por
esta situación y a exigir al gobierno de Michelle Bachelet respuesta a las
peticiones hechas por las dos agrupaciones por el cierre de Punta Peuco,
peticiones que no tan solo se hicieron durante el año 2015, sino es que vienen
desde el mismo momento en que ella asumió en marzo de 2014 como presidenta, ya
que fue una promesa de campaña.
Desde ese viernes de junio en
adelante, todos los viernes los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos de Chile, se reúnen a las 13 horas, en Morandé con Alameda, con
lienzos y consignas que piden el cierre de Punta Peuco y el término de
beneficios para los criminales de lesa humanidad. En septiembre, la presidenta
de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira,
junto a otros familiares de la organización, llegó al Palacio de La Moneda para
dejar una carta a la Mandataria Michelle Bachelet para exigirle el cumplimiento
de sus promesas en materia de DD.HH. declarando a la prensa que la jefa de
Estado “no ha estado a la altura y le ha hecho un irrespeto a la agrupación a
nivel nacional, porque aquí a Santiago vinieron las agrupaciones del sur y del
norte de Chile y en presencia de ellas se comprometió el 14 de julio de 2014 a
entregarle una respuesta a todas las demandas que tenemos”. "Sin embargo,
hasta la fecha, nunca nos respondió ni la agenda corta ni la agenda larga”,
añadió, mencionando entre sus peticiones el cierre del penal de Punta Peuco, la
derogación de la ley de amnistía, la creación de una ley de degradación a los
miembros de FF.AA. condenados por delitos de lesa humanidad, entre otras
medidas. "Es hora de que su gobierno cumpla con el programa de DD.HH. y
asuma las demandas legítimas de los familiares de las víctimas que usted
comprometió al país y responda a la sociedad en su conjunto con verdad,
justicia y memoria", concluye la misiva que la agrupación dejó en la sede
de Gobierno.
Por su parte, Lorena Pizarro,
Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó
que "no hay voluntad política para avanzar en la clausura del penal”,
enfatizando que "los criminales deben ir a una cárcel común" y que los
familiares vemos con preocupación el hecho de que "los tribunales de
justicia acogen recursos que buscan entregar la libertad a violadores de derechos
humanos". Esto, refiriéndose a que en este periodo de tramitación de los
proyectos de libertad condicional que se están viendo en el Congreso, los
criminales han presentado solicitudes de libertad a los Tribunales y estos
recursos han sido acogidos.
Las dos dirigentes interpretan a
todas las agrupaciones y familiares del país, que tenemos muy claro que el
Penal Punta Peuco es en sí y en su origen un acto de complicidad y
encubrimiento de parte del Estado con los criminales, ya que cuando la Corte
Suprema, en el año 1995 condenó a los generales de ejército Manuel Contreras y Pedro
Espinoza, como autores del homicidio cometido en Washington, en contra del ex canciller Orlando
Letelier, Ministro de Defensa de Salvador Allende, exiliado en EE.UU., y de su ayudante estadounidense,
Ronni Moffitt, El 21 de septiembre de 1976, estos se negaron a ir a la cárcel,
determinación que fue apoyada por el dictador Augusto Pinochet y su ejército, del
que aún era Comandante en Jefe y en el que albergaba a gran cantidad de
violadores de los derechos humanos, entonces el Presidente de la República de
la época, Eduardo Frei, hijo del Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado
por la dictadura, mandó a construir esta cárcel, de la misma forma que en
Colombia se le construyó una cárcel especial al narco traficante Pablo Escobar por
la debilidad del Estado ante él. Violentando el principio de la igualdad ante
la ley, el gobierno de Frei puso de manifiesto su debilidad ante la dictadura
que seguía funcionando bajo el mando militar de Pinochet y los acuerdos de impunidad
que se habían contraído, disminuyendo de esta forma la pena al transformarla en
una simple limitación de libertad con comodidades tales como quinchos de
asados, piscina, canchas de tenis, micro ondas, televisores, computadores,
refrigeradores, baños particulares en cada habitación y visitas ilimitadas.
Siendo este el origen de este
recinto penal especial, y habiéndose construido un segundo recinto de estas
mismas características y para los mismos fines, durante el gobierno del PPD,
Ricardo Lagos, llamado Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, más
conocido como Penal Cordillera , resulta incomprensible que sean obra de
gobiernos opositores a la dictadura y que durante su periodo presidencial, el
militante de Renovación Nacional Sebastián Piñera, político de derecha que fue parte del
círculo cercano y beneficiado económicamente por Pinochet, haya decretado el cierre de este segundo penal y haya
trasladado a los diez reclusos que allí estaban al Penal Punta Peuco.
Estas acciones de proteccionismo e
impunidad hacia los criminales, ejercidas de parte de los gobiernos de la concertación o nueva mayoría, son agraviantes e inmorales, tanto para los
ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, como para sus familiares y para
toda la comunidad nacional que nos vemos inhabilitados para actuar, sometidos a esta impunidad instalada
institucionalmente. Esta es la realidad que estamos viviendo en Chile respecto
al Penal Punta Peuco, la impunidad y el último espaldarazo que el Estado
intenta darles a los criminales de lesa humanidad, absolviéndolos del castigo
que por la insistencia y perseverancia de los familiares ha llegado. Demasiado
tarde, ya han muerto una gran cantidad de madres y padres, ya no están muchas
viudas, han muerto hijos y hermanos de las víctimas, todas personas que
esperaban la justicia y la recuperación de la honra de sus familiares
asesinados en circunstancias tan cobardes.
Pero quedamos nosotros, los
familiares que exigimos el cierre de Punta Peuco, el término de la impunidad y
el término del apoyo que el Estado y el Ejército le siguen dando a los
genocidas y criminales, exigimos como familiares y como ciudadanos, porque resulta vergonzoso vivir y ser parte de un
país que protege a sus propios asesinos o a quienes cometieron delitos
especialmente graves, como son, “delitos de homicidio, castraciones,
mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos
graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o
apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones,
cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al
momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a
los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de
personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del
Estado”, especificación que extensamente indica el Decreto Penitenciario de la
Presidenta Bachelet, que muy por el contrario de excluirlos de beneficios, les
otorga permisos de salidas a partir de la publicación de este Decreto en el
Diario Oficial del día 22 de febrero de 2016.
Esta es la verdad de los derechos
humanos en Chile, esta es la verdad sobre el encubrimiento, la injusticia, la
mentira y el olvido del honor y la dignidad de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que finalmente es
la dignidad y honra de un pueblo que luchó por un ideal y fue aplastado por un
opositor que a falta de la razón ocupó la fuerza y el crimen, y hoy ocupa las
vías institucionales para cerrarnos el camino, cerrarnos este último tramo de este
camino en busca de la justicia, poniéndonos obstáculos que son barricadas de leyes, decretos y peticiones religiosas- jurídicas
que vienen de verdaderos encapuchados que se tapan tras togas y estolas para
detener la justicia y la verdad.
Por esto nos reunimos todos los
viernes para exigir el cierre de Punta Peuco y el fin de beneficios para los
criminales de lesa humanidad, y digo nos reunimos porque detrás de ese grupo de
familiares estamos todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados
políticos de Chile, todos los que hemos presentado querellas judiciales y los
que no lo han hecho, y desde un rincón del
dolor vemos que en Chile la Verdad y la Justicia se transan y se negocian,
por unos pesos más, por unos puestos o quizás por qué chantaje, y que si no
está el dictador, están los otros representantes de toda esta barbarie, con
quienes hay negocios de por medio, irregularidades, estafas y cohechos.
Esta es la realidad de los
procesos judiciales en contra de los crímenes cometidos en dictadura en Chile, querellas
que son de absoluta responsabilidad de nosotros los familiares y no de los
gobiernos que nos sentenciaron desde un comienzo de este periodo de democracia
continuista de la estructura dictatorial, a soportar los obstáculos que significan la “justicia en
la medida de lo posible”, y que en la práctica a significado, en la medida que
no afectemos en nada a los criminales.
Por esta razón, por estos
obstáculos y medidas es que hemos llegado tan tarde a cerrar las causas, cuando
ellos y nosotros estamos ancianos, cuando ellos y nosotros hemos muerto o
cuando ellos y nosotros tenemos enfermedades terminales de vejez. Pero hay
diferencias entre ellos y nosotros: Ellos se olvidaron de lo que hicieron,
ellos niegan lo que hicieron, ellos fueron premiados por lo que hicieron y
luego, cuando proclaman sus actos ante el mundo por intermedio de sus medios de
publicación y organizaciones ilícitas de camaradas de armas, dicen que lo
hicieron para salvar a Chile del marxismo y para no ser una nueva Cuba, que son
héroes por haber matado y que lo volverían a hacer.
Nosotros no nos olvidamos de lo
sucedido ni de nuestros muertos, nosotros tenemos evidencias que los inculpan
ante la justicia y el mundo. Nosotros hemos vivido largos años de desigualdad
ante la ley y sin derecho a la justicia a pesar de haber convicción de que
tenemos la razón en nuestras acusaciones, lo que ha significado un castigo
permanente de parte de ellos los criminales, y de parte del Estado hacia
nosotros, los familiares y querellantes de los detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos de Chile. Nosotros queremos castigo, porque en justicia
corresponde y para que nunca más en Chile vuelva a suceder tal atrocidad.
En conclusión, sólo nos queda
esperar que el gobierno rompa su silencio, cierre el Penal de Punta Peuco y los
criminales sean llevados a la Cárcel de Alta Seguridad Colina 1, donde haya
cupo para los condenados que irán ingresando en la medida en que vayamos
cerrando los procesos pendientes relacionados con los crímenes cometidos
durante la dictadura cívico-militar 1973-1990. De lo contrario, tendremos que
ir a la Corte Penal Internacional por esta ofensa y agravio que se comete en
contra de nosotros en nuestro país, lo que de hecho, ofende y agravia a toda la
humanidad al aplicarse una amnistía o indulto vedado al darle beneficios
especiales a criminales de lesa humanidad. Sin dejar de considerar que Chile no
ha procesado, no ha investigado ni ha condenado estos crímenes, faltando a su
obligación y que por el contrario, sólo lo hemos hecho los familiares de las
víctimas y hemos tenido obstáculos puestos por el Estado que ha tomado como
opción la impunidad.
Angélica Palleras N.
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena.
Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte –
Copiapó.
