Saturday, December 26, 2015

MINISTRO MARIO CARROZA PARTICIPA EN CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE LOS 40 AÑOS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR

21/12/2015
El ministro Mario Carroza Espinosa participó en conversatorio del seminario internacional: "A 40 años de la Operación Cóndor: Justicia sin fronteras", actividad académica realizada en la Universidad Miguel de Cervantes, el pasado jueves 17 de diciembre, y organizada por la Universidad de Oxford.
El encuentro –moderado por la investigadora de la Universidad de Oxford, doctora Francesca Lessa– tuvo como objetivo generar propuestas y estrategias a nivel regional con el fin de facilitar la investigación de los crímenes perpetrados al amparo del plan implementado por los regímenes dictatoriales de América del Sur a mediados de la década de los '70, con el objetivo de coordinación de acciones y mutuo apoyo para combatir clandestinamente a la oposición a dichos regímenes.
Entre los temas abordados en el encuentro académico, los participantes debatieron sobre los desafíos legales y obstáculos prácticos que afrontan actualmente la tramitación de causas relacionadas con la Operación Cóndor. Asimismo, se discutió la posibilidad de contar con equipos multidisciplinarios para realizar dichas investigaciones y, especialmente, buscar la forma de agilizar el intercambio de información y pruebas documentales entre tribunales chilenos y argentinos.
Las propuestas generadas por los paneles de expertos serán recopiladas por la doctora Lessa e incluidas en la investigación que realiza sobre los enjuiciamientos seguidos sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la denominada Operación Cóndor, además de su entregada directa a instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la tramitación de causas de violaciones a los derechos humanos.
Encuentro forma parte del seminario internacional: “A 40 años de la Operación Cóndor: Justicia sin fronteras”, actividad académica realizada en la Universidad Miguel de Cervantes, el pasado jueves 17 de diciembre, y organizada por la Universidad de Oxford.
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“OPERACIÓN CÓNDOR”: MINISTRO MARIO CARROZA DICTA PROCESAMIENTO DE RAÚL ITURRIAGA NEUMANN

22/12/2015
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el procesamiento del general en retiro del Ejército Raúl Iturriaga Neumann por su responsabilidad en 12 casos de secuestro y homicidio calificado de víctimas de la denominada "Operación Cóndor".
En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro de fuero procesó al ex director del departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional –DINA– como autor de los secuestros calificados de Héctor Heraldo Velásquez Mardones, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Luis Muñoz Velásquez, Juan Humberto Hernández Zaspe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Julio del Tránsito Valladares Caroca; y de los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Ruiter Enrique Correa Arce, Matilde Pessa Mois, Jacobo Stoulman Bortnik y Hernán Soto Gálvez.
En la etapa de investigación, el ministro Carroza estableció la participación de Iturriaga Neumann en operaciones para traer al país a ciudadanos chilenos detenidos por los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia y Paraguay, entre 1975 y 1977, quienes fueron ingresados a centros de detención clandestinos en Chile, desde donde se pierde su rastro.

CORTE SUPREMA REMITE INFORME SOBRE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA CÓDIGO PENAL EN LO TOCANTE AL DELITO DE TORTURA

24/12/2015
Prensa Poder Judicial
La Corte Suprema envió a la Cámara de Diputados informe sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo al delito de tortura, moción ingresada por los diputados Claudio Arriagada y Sergio Ojeda.
El proyecto fue analizado por el tribunal pleno –el viernes 18 de diciembre pasado– y enviado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, el lunes 21 de diciembre.
"Que según aparece del oficio con que el señor presidente de la Comisión remite su solicitud a este Tribunal, la consulta recae específicamente sobre la indicación presentada por los diputados señores Claudio Arriagada y Sergio Ojeda, que incorpora el siguiente artículo 161 sexies al Código Penal:
Los delitos a los que se refiere este párrafo quedarán excluidos de la competencia de los tribunales militares, de conformidad con el artículo 1° de la ley 20.477, ya sea que los civiles y menores de edad revistan la calidad de víctimas o de imputados en el proceso respectivo", sostiene el informe evacuado por la Corte Suprema.
En el oficio, el máximo tribunal agrega que "(…) por de pronto, y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, no parece adecuado incorporar un precepto adjetivo sobre competencia al ordenamiento penal sustantivo, encargado, en términos generales, de desarrollar el Derecho Penal objetivo o material, cuyos fines y medios para lograrlos son suficientemente conocidos. En consecuencia, de estimarse indispensable incorporar esta regla, ella debería serlo en la legislación adjetiva/orgánica, donde se contienen las disposiciones sobre competencia".
"Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando esta Corte Suprema ha manifestado en varios pronunciamientos anteriores su aquiescencia frente a propuestas legales dirigidas a extraer de la competencia de los tribunales militares el conocimiento de los delitos en que hayan intervenido menores de edad o civiles –ya sea como imputados o como víctimas– no parece necesaria la específica incorporación del precepto en cuestión, desde que el artículo 1º de la ley 20.477, correctamente interpretado conforme a su ratio legis –como lo ha destacado esta Corte– deja claramente al margen de la jurisdicción de esos tribunales especiales a los civiles y los menores de edad, cualquiera sea su rol procesal. No cabe duda que la restricción de ese artículo 1º de la ley 20.477 abarca a cualquier delito que pudiera ser de competencia de un tribunal militar de acuerdo a sus normas propias, sin efectuar ninguna clase de diferenciaciones. Por ende, si alguna de las figuras de tortura contenidas en el Tít. III del Libro II del código punitivo, pudiera eventualmente configurar un delito propio de la judicatura castrense, el conocimiento de los hechos, en cuanto concierne a civiles y menores de edad, quedará radicado en la justicia civil", expone.
En consecuencia, concluye el pleno, "de lo razonado aparece como innecesaria la modificación propuesta, en la forma que se utiliza para ello. Si se quisiera tener de todos modos una regla especial de competencia para estos graves delitos, ella habría de ser introducida o a la ley 20.477 o al Código de Justicia Militar".

El proyecto fue analizado por el tribunal pleno –el viernes 18 de diciembre pasado– y enviado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, el lunes 21 de diciembre.
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CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A HERMANOS DE EJECUTADO EN FUERTE BORGOÑO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 1973

24/12/2015
Prensa poder Judicial
CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A HERMANOS DE EJECUTADO EN FUERTE BORGOÑO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 1973
La Corte Suprema acogió demanda de indemnización de perjuicios y ordena al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) a hermanos de dirigente sindical ejecutado en Talcahuano en 1973.
En fallo unánime (causa rol 9652-2015), la Segunda Sala del máximo –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Manuel Antonio Valderrama– acogió la acción judicial y ordena indemnizar a los demandantes Haydee del Carmen, Rosa Emilia, José Manuel, Hans Alberto y Nancy Margot Candia Núñez, hermanos del dirigente sindical de la empresa Sigdo Koppers, detenido el 11 de octubre de 1973, y ejecutado ese mismo día en el Fuerte Borgoño de Talcahuano.
La sentencia de la Corte Suprema analizó sólo el aspecto civil de una causa tramitada en materia penal, por el ministro en visita Carlos Aldana.
"En esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario", sostiene el fallo.
 
"Por consiguiente –continúa–, cualquier pretendida diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.
Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes como el de la especie, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4° que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código, lo que es pertinente a las nuevas realidades y situaciones emergentes, como sucede en este caso, al tratarse de una materia con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, pues se trata de una rama emergente, representativa de la supremacía de su finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, por lo que se aparta de los postulados que son propios del derecho privado".
 
VER FALLOS (PDF)
Corte Suprema
ICA Concepción
Primera instancia




En fallo unánime, Segunda Sala ordena pagar 250 millones de pesos a hermanos de dirigente sindical de la empresa Sigdo Koppers ejecutado en el Fuerte Borgoño de Talcahuano.
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Saturday, October 24, 2015

Francisco Ugás: “Hay obligaciones en DD.HH. que el Estado no cumple”

ugas
Claudio Medrano  16:04 hrs.
El ex secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, conversó en exclusiva con Radio Universidad de Chile luego que abandonara el cargo el 30 de septiembre pasado. “Hay muchos asuntos pendientes por parte del Estado para que podamos adecuarnos a los convenios internacionales firmados por nuestro país”, asegura.

Para muchos causó sorpresa cuando a fines del mes de julio Francisco Ugás comunicó su decisión de abandonar la secretaría ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Es que su labor al mando de este estamento había sido calificada por agrupaciones de víctimas de la Dictadura como fundamental para el avance de muchas de las causas que permanecieron entrampadas por años o, que por diversas razones, no habían sido investigadas por la justicia.
También por la gran cantidad de pendientes que habían sido enumerados por el propio Ugas y de las cuales ya había expresado, en más de una ocasión, su voluntad de poder avanzar. Pero, finalmente el 30 de septiembre abandonó el cargo aduciendo su intención de perfeccionar sus estudios en el extranjero, específicamente en España.
Precisamente desde ese país pudimos conversar con él y si bien no quiso conversar respecto de los motivos específicos de su salida, sí accedió a realizar una evaluación de su trabajo en el Programa y de los desafíos pendientes del Estado chileno en materia de reparación y justicia para las víctimas de la dictadura.
¿Qué balance hace de su trabajo en el Programa de Derechos Humanos?
Hubo aspectos positivos y otros preocupantes, por ejemplo, todavía nuestro Estado no da las respuestas que exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por las violaciones cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet y, cuando hablamos de derecho internacional, me refiero a cuatro aspectos principales que son: investigar estos hechos; sancionar a los responsables con penas adecuadas, proporcionales y justas, atendida a la gravedad de los crímenes cometidos; la obligación de reparar a las víctimas; y la obligación de garantizar la no reiteración de los hechos.
¿Hubo de su parte un interés especial por agilizar las causas pendientes que existían en la justicia?
En una primera etapa, cuando todavía me desempeñaba como jefe del Área Jurídica y a propósito de una modificación de la Ley Nº 20.405, que creó el INDH, se nos facultó para interponer querellas por los casos de las víctimas desaparecidas y ejecutadas, puesto que antes el Programa de Derechos Humanos no tenía tal facultad de querellarse, y sólo intervenía como parte coadyuvante en casos de víctimas desaparecidas. Estas se sumaron a las que ya había presentado la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, nos fuimos coordinando, trabajo que también desarrollamos con el Poder Judicial que, a través de la Fiscal Beatriz Pedrals, también presentó acciones. Ese era nuestro marco normativo en un gobierno de derecha donde era bien complejo poder avanzar.
Durante su periodo, las agrupaciones de ex prisioneros políticos encabezaron diversas movilizaciones, ¿cómo sobrellevó ese conflicto?
Era consciente que respecto de la víctimas de prisión política no estábamos haciendo nada, por eso cuando me designan secretario ejecutivo comenzamos a trabajar con el Comando Unitario de Presos Políticos para hacer propuestas a las autoridades. Evacuamos tres informes, uno de ellos relativo a la obligación de investigar y sancionar estos crímenes. Por medio de ese informe dimos cuenta de por qué el Estado tenía que intervenir en la promoción de la investigación y sanción de estos hechos. La propuesta era que se ampliaran las facultades del Programa, a propósito de las huelgas de hambre, fue un aspecto que estuvo viendo la mesa que encabeza Monseñor Alejandro Goic, y que tendrá que ser revisado, además, por la nueva subsecretaría.
Respecto de los puntos que presentan retrasos, ¿qué fue lo que se buscó relevar?
A nosotros nos interesaba que respecto de la reparación, nuestro país se adaptara a los estándares internacionales, que hubiese una reparación integral a las víctimas, porque hay diversas falencias: las pensiones son exiguas y existen incompatibilidades que tratar. Además, nos interesaba, por ejemplo, que para el real cumplimiento del compromiso de no reiterar estos hechos, los antecedentes que fueron recopilados en las diversas comisiones de verdad, que tienen distinto tratamiento jurídico, por ejemplo el de la Comisión Rettig son antecedentes que son confidenciales y solo pueden acceder los Tribunales de Justicia, los antecedentes de la Valech tu sabes que son secretos por 50 años dado lo establecido en la Ley 19.992, finalmente tu tienes los antecedentes de la última Comisión Asesora Presidencial que son de carácter reservado y ahí  la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito de un requerimiento que formula a Contraloría, provocó un pronunciamiento que han interpretado en términos de que pueden entregar esta información a los Tribunales de Justicia, no así de los antecedentes de la Valech 1 entonces tenemos la gran labor de que estos antecedentes sean dados a conocer, porque es parte de esta obligación de garantizar la no reiteración de estos hechos.
¿Cómo fue la relación con las agrupaciones de víctimas de la dictadura?
Creo que fue positivo que se haya podido instar a las distintas agrupaciones, no solamente de víctimas desaparecidas o ejecutadas, con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de hecho, con ellos tuve la relación más dificultosa. Ellos fueron convocados y nunca quisieron venir porque consideraban un error político mi designación como Secretario Ejecutivo debido a que llegué al Programa en un gobierno de derecha, pero no así con las otras agrupaciones, como la AFEP. Con ellos  desarrollamos un trabajo coordinado, formidable, y así con otras a nivel nacional, con agrupaciones de víctimas sobrevivientes. La labor con el Comando Unitario también fue notable y esperamos que pronto podamos ver los frutos de ese trabajo.
¿Hubo voluntad por parte de las Fuerzas Armadas y de sectores políticos como la derecha para colaborar con su trabajo?
Es un tema complejo, pero desde el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hubo un respaldo para desarrollar actuaciones en ese sentido. En el gobierno anterior era más complejo y eso subyace porque la anterior Secretaria Ejecutiva dificultaba mucho el trabajo, pero ahora yo sentí apoyo en sentido de avanzar en las causas, por ejemplo, si necesitábamos hacer una investigación y no había recursos, se nos hacía llegar y eso es un mensaje bien potente que se plasmaba en actuaciones concretas.
Respecto de las Fuerzas Armadas ha habido dificultades que han salido a la palestra. Sé que no son las mismas personas que hoy están a cargo con las que violentaron los Derechos Humanos, pero creo que aquí la colaboración debe ser concreta, decidida, mucho más firme y eso no lo vi de parte de las FF.AA. Yo hubiese esperado mayor proactividad.
Usted mencionó que hay más de un millar de causas abiertas hoy en la justicia relativas a crímenes de la dictadura, ¿cómo se puede agilizar dichos procesos tomando en cuenta algunas limitaciones como la falta de jueces?
Las decisiones jurisdiccionales son propias del Poder Judicial, el tema de la disposición de jueces es una decisión que debe ser evaluada por dicho poder. Sí creo que es importante atender las demandas propiamente de las víctimas y de los familiares, porque muchos de ellos piden una verdad que les ha sido esquiva, porque es escasa la información que entregan las FF.AA. y los agentes de la dictadura que aún están vivos, hay también muchos familiares que quieren mayor verdad, particularmente de víctimas desaparecidas que se investigue su destino final y eso no se está haciendo. Si tú revisas nuestra normativa interna, en el artículo sexto de la Ley 19.123 que es la que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la segunda comisión de verdad que existió en nuestro país, puedes encontrar que un derecho fundamental que asiste no solamente a las víctimas sino a la sociedad chilena en su conjunto, en cuanto a la búsqueda de los cuerpos de las víctimas desaparecidas, eso tiene que plasmarse en una obligación que tiene que cumplir el Estado y no se está investigando.
Otro asunto, ante crímenes de lesa humanidad se dice que tienen que ser impuestas penas que sean eficaces, proporcionales y justas, adecuadas considerando la gravedad de los delitos que se han cometido, no se pueden poner penas menores de cinco años de presidio a un sujeto que ha cometido un homicidio de este tipo, porque tiene que ser una señal para la ciudadanía de que estos hechos no pueden volver a ocurrir. Hay múltiples elementos que considerar, pero creo que es importante que el Estado se ponga las pilas para que realmente cumplamos, ya no oportunamente porque han pasado muchos años, pero tenemos que hacer un esfuerzo máximo para cumplir con esas obligaciones y decir que nuestro Estado cumple con los derechos fundamentales de las personas.
Este año hubo hechos como la reapertura del Caso Quemados y la muerte de Manuel Contreras que reflotaron el tema de los pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su experiencia, ¿existe este pacto al interior de las ramas castrenses?
Yo te puedo decir que sí existen esos pactos y, precisamente, el caso quemados es paradigmático en ese sentido, u otros, como el de Littré Quiroga y Víctor Jara, ¿Sabes cuánto nos costó saber cuáles fueron los regimientos que estuvieron a cargo de custodiar y reprimir a los prisioneros del Estadio Chile? fue muy difícil y ahí la colaboración entre el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones fue relevante, porque los involucrados no entregaban ninguna información, es más, hasta el día de hoy que el proceso está en etapa de plenario, porque se dictó acusación de oficio, ninguno de los sujetos que se encuentran acusados reconoce haber cometido un crimen y son todos tenientes que tenían poder de mando en el recinto. Otro caso, el de la calle Conferencia, el 2007 queda claro con la declaración de Jorge Pino Vergara de la existencia del cuartel Simón Bolívar, a propósito del Caso Cóndor hace poco se pudo establecer que Jaccard Siegler estuvo ahí, en el cuartel Simón Bolívar y esto gracias a la declaración de un ex conscripto que estuvo guardado esa información todo este tiempo, entonces esos pactos existen. Los encargados de las Fuerzas Armadas deben dar una señal de que ya no son las mismas instituciones que vulneraron los Derechos Humanos como en el pasado y, (por ello) deben instar a que se entregue la información, porque esto afirma una sociedad democrática, solo con verdad y justicia podremos promover la reconciliación.
¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar el Programa ahora que se incorporará a la subsecretaría de Derechos Humanos?
Creo que los desafíos importantes, y a propósito de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, primero en justicia transicional, ahondar en esos pasos decisivos que apuntan al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Tenemos una brecha importante respecto de la investigación de casos de prisión política y tortura que no se están desarrollando; tenemos brechas en el establecimiento de sanciones que sean adecuadas, proporcionales y justas a quienes cometieron estos crímenes considerando su gravedad… A  mi juicio se debe establecer un criterio firme y uniforme respecto que la media prescripción no pueda ser aplicada en este tipo de crímenes. En temas de reparación creo que también tenemos una brecha importante y a propósito del trabajo de la mesa de alto nivel que dirige Monseñor Goic creo que van a salir propuestas muy interesantes que tendrán que ser acogidas por nuestro Estado.
Es importante en el ámbito de garantizar la no reiteración de estos hechos que los antecedentes de las comisiones de verdad sean de público conocimiento para la ciudadanía, respetando, evidentemente, la dignidad y la honra de las víctimas porque ciertamente hay hechos que son abominables, aborrecibles, imagínate, por ejemplo, una violación por parte de un animal a una mujer, ahí yo entiendo que a lo mejor la víctima o sus familiares no quieren que esto sea público pero se pueden establecer mecanismos y la propuesta del Programa iba en ese sentido en términos de poder suprimir esos antecedentes de carácter esencial y sensibles con objeto de resguardar esa intimidad y honra pero sí es importante que el hecho represivo sea conocido por nuestra sociedad.
En materia de reparación simbólica se deben concretar temas que tiene que ver con el financiamiento de los sitios de memoria, un tratamiento especial a los archivos documentales. Hay mucho por hacer, pero lo importante es que se den los pasos decisivos y ese es el principal desafío que tiene el Programa ahora que pasará a formar parte de la subsecretaría de Derechos Humanos, del ministerio de Justicia y DD.HH.
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Saturday, October 17, 2015

Caravana de la Muerte en Copiapó 2015, 42 años de impunidad




 En una fecha cómo hoy, hace 42 años atrás, la Caravana de la Muerte pasó por Copiapó, asesinó a mi hermano y 15 compañeros más. 
Son 42 años que ha durado la impunidad, con una justicia que es imposible que llegue con todos los obstáculos puestos en su camino, no obstante todos los esfuerzos hechos por quienes hemos interpuesto querellas criminales en contra de los asesinos, iniciativas personales sin el compromiso esperado del Estado que se ha mantenido al margen, con un Programa de DD. HH., que se ha hecho parte de nuestras querellas, pero, sólo desde una posición burocrática y neutral que no puede hacer nada más que tratar de balearse los pies, acusándose a sí mismo, en un acto imposible de lograr eficacia cuando lo correcto es que el Estado debió haber juzgado a todos los criminales, debió haberlos condenado y debió haber establecido el Nunca Más desde una posición verdaderamente democrática y garantizadora de la defensa y protección de los derechos humanos.
La salida de la dictadura que se pactó con el neoliberalismo incluyó la impunidad, incluyó la prolongación de la Comandancia en Jefe del ejército en manos del dictador hasta el año 1998, fecha en que él quiso retirarse, un caño vitalicio en el senado para el dictador, del que también se retiró, y la impunidad para todos los crímenes cometidos. Por esta razón el ejército jamás hizo juicios de guerra a quienes los habían cometido, porque desde el 12 de septiembre de 1973 fue decretada la guerra en el país y todas los crímenes de lesa humanidad que se cometieron fueron también crímenes de guerra y debieron haber sido juzgados y castigados, por esto es que hoy día, cuando estamos ad portas de hacer una nueva Constitución, democrática, confeccionada por nosotros para abolir la Constitución ilegal creada por la dictadura, también es lícito exigir que el Ejército de Chile se haga cargo de sus criminales, que los juzgue y los castigue y los degrade, siendo esta una deuda judicial, moral y patriótica que las Fuerzas Armadas tienen con la Nación, al margen de los acuerdos que a veinticinco años de haberse realizado nos tienen en medio de una descomposición política y corrupción propia de una historia de acuerdos sobre la sangre y el dolor de un pueblo.
Actualmente el Ejército no puede seguir asumiendo cómo propia la doctrina impuesta al interior del ejército por una Caravana de la Muerte que un día los dejó sin mando y al servicio absoluto de unos criminales que hicieron el trabajo sucio para que la dictadura no durara seis meses, sino, diecisiete años, con una doctrina que no se justifica que siga instalada, amparando y encubriendo a personas que no tienen otro calificativo que no sea criminales.
En este momento, cuando estamos conmemorando estos 42 años del crimen cometido en Copiapó por la Caravana de la Muerte, es necesario destacar que si en el Juzgado Militar de Antofagasta se perdieron los informes de exhumación de la fosa común clandestina, desde donde los sacamos en el Cementerio municipal de Copiapó, es porque eran y son la evidencia de que los mataron sólo con corvos y cuchillos, lo que no estaba permitido en su decreto de guerra y amerita un juicio militar, por esta razón un militar del regimiento local se adjudica haberlos fusilado a todos y con ello se cubre y los cubre a todos, porque pueden estar quince años en prisión, pero no serán degradados y seguirán recibiendo los beneficios y honras militares de un ejército que actúa cómo encubridor o cómo un ejército vencido.
La Reparación en nuestro país comenzará cuando podamos mirar de frente el futuro, sin la carga moral y económica que significa la impunidad en los asesinatos y robos cometidos en contra de nosotros, cómo pueblo y Nación, que a pesar de tantos años seguimos luchando, atados de pies y manos con los pactos convenidos entre canallas.
En este año, cuando las Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos hemos levantado una Plataforma común a nivel nacional que exige: El fin del Pacto de Encubrimiento. El fin de la Red de Protección a todos los condenados en Crímenes de Lesa Humanidad. El cierre del Penal de Punta Peuco y la Degradación Póstuma, saludo con profundo respeto y admiración a nuestros ejecutados políticos, víctimas de la Caravana de la Muerte en Copiapó, por quienes no cabe más que seguir adelante exigiendo Verdad y Justicia.
Adolfo Palleras – Winston Cabello – Agapito Carvajal – Fernando Carvajal – Manuel Cortázar – Alfonso Gamboa – Raúl Guardia – Leopoldo Larravide – Edwin Mancilla – Jaime Sierra – Atilio Ugarte. Leonello Vincenti – Pedro Pérez – Benito Tapia – Ricardo García y Maguindo Castillo. Presentes. Ahora y Siempre.
Angélica Palleras N.
17 de octubre de 2015

Friday, July 03, 2015

Justicia determina que Pinochet le robó más de 6 millones de dólares al Estado

Caso Riggs:
El ministro Manuel Valderrama decidió no perseguir la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni dar relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.

Pinochet-Riggs
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, dictó sentencia de primera instancia en el caso Riggs y condenó a seis oficiales del Ejército en retiro por malversación de caudales públicos y estafa en beneficio directo de la familia del general Augusto Pinochet.
Se trata de Jorge Juan Ballerino SandfordRamón Castro IvanovicGabriel Mario Vergara CifuentesSergio Marcelo Moreno SaraviaJuan Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, quienes gozarán de libertad vigilada.
El magistrado estableció que los involucrados, “en su calidad de funcionarios públicos, substrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos Jefes de la Casa Militar, Edecán y Secretarios Privados”.
La nota de prensa del Poder Judicial señala que los dineros detectados en las cuentas del Banco Riggs, “carentes de justificación de ingreso y egreso, no pueden sino provenir de gastos reservados”. La malversación asciende a US$ 6.466.406.
Dando un cierre definitivo a la causa, el ministro Valderrama ordenó el decomiso de 24 inmuebles distribuidos en Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, San José de Maipo, Vitacura y Lago Ranco, pertenecientes a la familia Pinochet. Lo mismo hizo con tres vehículos y siete documentos bancarios que pasarán a manos del Fisco.
Cabe mencionar que en este caso no se persiguió la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni tampoco se dio relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.
Según escribió el periodista Benedicto Castillo en su libro “Pinochet, el gran comisionista”, el 14 de octubre de 2005, un grupo integrado por el subcomisario Patricio Bascuñán, el inspector René Sagardia y el subinspector Axel Muñoz, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregó una minuta a tribunales que abordó este punto.
El documento informó sobre la producción y comercialización de precursores químicos de cocaína en instalaciones del Ejército, antecedentes relacionados con el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, el ex piloto de la CIA Iván Baramdyka, y vínculos entre narcos chilenos y colombianos que se extendieron hasta después de terminada la dictadura, amparados por el Estado.
Matías RojasEl Ciudadano

El Ejército chileno deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI

No más secretos: se estima que el Ejército deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI


02/07/2015 |
Por Equipo Cambio21: El Ejército chileno se verá en la obligación de tener que entregar información considerada confidencial para transparentar las investigaciones de abusos de derechos humanos y de las desapariciones en dictadura.


La vía a la verdadera reconciliación nacional no ha llegado a puerto, ni siquiera con la vuelta a la democracia, pues aún quedan muchos cabos por atar en materia de derechos humanos.

Este mismo razonamiento fue refrendado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia que ordenó al Ejército entregar información sobre integrantes del organismo represor de la dictadura la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se mantengan en activo en la institución armada.

El fallo fue unánime, y los ministros de la Novena Sala, Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado Óscar Torres, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la resolución que ordenó la entrega de una copia del listado de los funcionarios del Ejército, relacionado con el personal activo, y que fueron integrantes de la agencia de la dictadura de Pinochet.

El Ejército sostenía la imposibilidad de entregar dicha información dado que no existirían registros acordes con los solicitados. Además de considerarse tal información de carácter reservado, personal y por un tema de inteligencia del Ejército.

La instancia judicial

"En relación al primer argumento invocado en el recurso de reclamación presentado por el Ejército, esto es, que no tiene registro o archivo con los nombres de los funcionarios del Ejército de Chile, correspondiente al personal activo de la institución, que integraron la Central Nacional de Informaciones (CNI), cabe precisar, que si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida", detalla el fallo.

"Máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado", complementa la resolución.

Más aún, la resolución de la Corte añade que "la causal de secreto o reserva no resulta aplicable al caso en análisis, ya que la excepción a la obligación de entregar información por un órgano del Estado, se basa en la hipótesis de: "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", atendido a que el requerimiento de entrega de información no tiene un carácter genérico, sino que especifico, ni se han aportado antecedentes que puedan justificar que la labor requerida implique procesar un elevado número de actos administrativos, ya que la propia recurrente ha señalado en su reclamo que estima el número de funcionarios que estaría comprendido en la citada entrega de información corresponde a un universo de 7.436 funcionarios, lo que además implica que ya ha cuantificado la información atingente".

La mirada de los involucrados

Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto para saber cuáles eran sus apreciaciones frente a esta situación. El abogado dijo: "me parece que la Corte ha actuado bien pues esa es una información que se necesita en los procesos que se están investigando actualmente".

"Es una información que debe ser pública por lo demás, por lo tanto me parece bien que la Corte obligue al Ejército a masificar esta información. Para el futuro es elemental, además de demostrar que no se trata de información confidencial y secreta del Ejército, luego, abre la posibilidad para que los jueces puedan realizar sus investigaciones con mucha más libertad y rapidez", explica el abogado.

"Las causas se entorpecen sin la información, y el que estos nombres se liberen generará una mayor transparencia, optimismo y destacar los avances de los Tribunales que aportan y apoyan las causas de los Derechos Humanos. No debe haber tantos secretos al interior de la administración pública", finaliza el abogado Caucoto.

La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, en conversación con Cambio21, se refirió también a la situación. "El Ejército tiene la obligación interna y nacional de entregar toda la información que sea requerida por las instituciones de investigación, y sobre todo los que tienen que ver con los listados de funcionarios de la DINE y de la CNI. Aquí no se realizan cosas con una finalidad de riesgo para el país, todo lo contrario", explica.

"Que la Corte de Apelaciones pida esto es a raíz de que el Ejército tiene la obligación de proporcionar toda la información requerida. Hasta el momento ellos siempre evitaron entregar la información, a lo más proporcionaban los alias pero muy raramente los nombres", afirma la abogada.

Finaliza sus comentarios refiriéndose a la responsabilidad del Ejército: "es inadmisible la forma de obrar de ellos. Los nombres reales de quiénes participaron es una obligación y si no la entregan se ponen al margen de la Constitución y de las obligaciones internacionales que obligan al Estado nacional en materia de Derechos Humanos internacionales", concluye.

Tuesday, June 23, 2015

“El Estado fue incapaz de establecer la verdadera fortuna de Pinochet”

por Matías Rojas (Chile)
Publicado el 22 junio, 2015 , en Análisis
Periodista Benedicto Castillo por caso Riggs:  Tráfico de drogas, contrabando de armas y fraude tributario son las aristas que quedaron a medio camino en las pesquisas orientadas a dilucidar el origen del patrimonio abultado en dictadura por la familia del general Augusto Pinochet.