Monday, January 22, 2018

El Indulto en Chile se pretende aplicar a través de beneficios o indultos encubiertos.



No importa el Indulto porque nadie se atreverá a aplicarlo. Lo que no podemos aceptar son los indultos encubiertos o beneficios truculentos.




Desde hace 44 años los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Chile hemos estado buscando la justicia, de una u otra forma, en los tribunales, en las calles, en los cerros y en los cementerios, donde a veces hemos hallado a nuestros familiares asesinados. Desde esta larga travesía en busca de la justicia que lleve a la cárcel a los criminales, cumpliendo  con una condena y castigo efectivo que al menos nos asegure que Nunca Más las Fuerzas Armadas  serán usadas para asesinar al pueblo chileno, estamos pidiendo al Estado y a sus tres poderes que se cierre el Penal Punta Peuco, donde estos criminales de lesa humanidad tienen condiciones privilegiadas de hospedaje.

De la misma forma, o desde el cansancio de esta travesía del dolor y la injusticia  estamos pidiendo que el Estado chileno no deje en libertad a los criminales de nuestros familiares por ser ancianos y padecer enfermedades terminales propias de la edad. Pedimos esto desde el derecho que tenemos judicialmente luego de haber perseverado por tantos años y haber logrado unas pequeñas condenas comparadas con los horrorosos crímenes que ellos cometieron.

Por esta razón es que no podemos aceptar que el Gobierno nos diga que se pondrán condiciones y exigencias para que los criminales de lesa humanidad tengan posibilidades de beneficios carcelarios y puedan cumplir las condenas en sus casas. Por esta razón no podemos aceptar que un beneficio que ya existía desde hace dos años atrás, hecho y diseñado por el Gobierno de Michelle Bachelet, para ser aplicado a nivel penitenciario, hoy sea presentado al Congreso  para transformarlo en una Ley y Decreto Presidencial con todo el peso que ello significa al transformarse en una herramienta que los jueces podrán usar según sus criterios para dejar en libertad a los delincuentes criminales de lesa humanidad asesinos de nuestros familiares, de la misma forma como usaron hasta que les fue posible la Ley de Amnistía que aún existe y si no la usan es porque un fallo de la Corte Interamericana de Justicia determinó que esta clase de delitos no puede amnistiarse ni prescribir y que el Estado chileno debe anular el Decreto Ley de Amnistía e impedir legalmente la prescripción de estos crímenes.

¿Cómo se las arregló entonces el Estado y sus poderes para aplicar la impunidad?...Con un salvavidas para los criminales, llamado “media prescripción”, la que al permitir la condena, configura un acto de “justicia” y admitiendo la rebaja que implica esta media prescripción, configura el “perdón”. Pero esta media prescripción no siempre dio los resultados esperados  por lo que se ha diseñado y se está terminando con la confección de este nuevo salvavidas para los criminales, una nueva fórmula, un  Proyecto de Ley que es sin dudas un indulto disfrazado, así lo dijeron los abogados de derechos humanos cuando este contenido se plasmó en un Decreto Penitenciario y no tiene por qué ser distinto ahora que es Presidencial.
Este Proyecto de Ley que con todo su contenido ya ha sido aplicado como Decreto Penitenciario y no se les concedió beneficio alguno ni se les reinsertó en la sociedad por no ser aptos para ello al no haber reconocido la culpa ni haberse arrepentido públicamente del crimen cometido, ahora lo usarán las Cortes, las que tendrán una ley de la que podrán hacer uso independientemente ante los reconocimientos de culpa, arrepentimientos y peticiones de perdón que serán muy fáciles de redactar por los abogados de los criminales, cumpliendo de esta forma con los requisitos técnicamente solicitados para aplicar los beneficios de acceso al arresto domiciliario, la libertad condicional y permisos de salida bajo ciertos requisitos. En otras palabras, libertad para genocidas y criminales de guerra y de lesa humanidad.

 Por otra parte, este Proyecto hace referencia a una Ley  que tipifica los denominados crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en Chile, con el objeto de regularlos y sancionarlos, pero no dice que esta ley fue confeccionada durante estos últimos dos años por parlamentarios  defensores de los criminales de lesa humanidad,  considerando que en Chile no existió una guerra o conflicto armado no internacional  para aplicar los Convenios de Ginebra, desconociendo que el 12 de septiembre de 1973 se decretó en Chile un Estado o Tiempo de Guerra, en el Decreto ley N°5. Todo esto para tener al alcance recursos técnicos legales para la defensa y obtención de libertad de sus protegidos.

Esto constituye para nosotros la respuesta que la Presidenta está dando a nuestra petición de cerrar Punta Peuco, lo que probablemente se hará luego que todos sus moradores sean beneficiados con arresto domiciliario y libertad condicional.

Más que una burla, esto es una deshonra para nuestros familiares ejecutados y detenidos desaparecidos, por no tener derecho a que sus asesinos sean castigados y para nosotros, es un acto infraganti de privación del derecho a la justicia, al crear mecanismos y herramientas jurídicas  desconocidas en el mundo para dejar en libertad a criminales de lesa humanidad, para los cuales hemos conseguido con gran esfuerzo tan pequeñas condenas en tan largos años de búsqueda de la justicia.

Desde mediados de diciembre de 2015, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet tuvo en las puertas del Penal  Punta Peuco a los criminales de lesa humanidad para ser trasladados a Colina Uno, recinto carcelario de alta seguridad y no los trasladó por una misteriosa razón de la que nunca nada se supo, se ha desarrollado una maratónica acción política-estatal para librarlos del presidio, con un Lobby parlamentario escandaloso que ha generado una  serie de  leyes que permiten la excarcelación de estos criminales, poniendo condiciones que hoy día el gobierno dice establecer porque ya existen los beneficios y hay que ratificarlos sin entenderse porqué ni para qué. Siendo la única razón lógica para todo esto el hecho de que los Tribunales se complican al ir en contra de un Decreto Penitenciario que siendo igual a este Proyecto de Ley, ha sido aplicado y no ha beneficiado a los criminales porque las autoridades penitenciarias han considerado que los reclusos no cumplen los requisitos y los jueces, muchas veces han necesitado de una Ley de Estado que les permita a ellos decidir si el criminal tiene o no tiene “derecho” a los beneficios que solicita, la que ahora tendrán y podrán manipular para cumplir con sus objetivos de beneficiar a estos  criminales.

¿En qué terreno estamos realmente los querellantes cuando todos estos poderes se unen para levantar el castigo que la Corte les ha dado a los querellados y finalmente culpables de los crímenes que fueron acusados?  ¿Por qué el Estado chileno se enfrenta  a nosotros y se pone de parte de ellos con excusas irrisorias y fundamentos absurdos que luego de legalizarlos los aplican y nos dejan en la orfandad más absoluta de justicia y honor? ¿Por qué hemos tenido que llegar a la vejez las víctimas y los victimarios sin dar termino a esta contienda moral donde ellos están siendo premiados con el “derecho”  a vivir en paz sus últimos días y a morir en paz, siendo que a nosotros  aún nos duele la forma como ellos mataron a nuestros familiares y nunca nos dijeron dónde estaban ni dónde están?
La única respuesta que se me ocurre en este momento es que están actuando en terceras personas y están negociando la sangre de nuestros muertos. Este es el resultado de dos años de lucha de la ofensiva de la impunidad, lo hicieron bajo nuestras propias narices o por debajo de la mesa, así como se negocia todo lo que es irregular, oscuro y corrupto. Y si pienso por qué la Presidenta está en esto, siendo hija de un ejecutado político, la respuesta es… Por la misma razón. O sea, ella ve esto en tercera persona. Ella tiene otra visión de lo que significa la búsqueda de la justicia al respecto, una visión muy diferente a la nuestra, probablemente porque ella ha hecho las gestiones a otro nivel y en otro tiempo. Ella no estuvo en Chile golpeando puertas de regimientos en busca de nuestros muertos, ella no anduvo en las calles con carteles con los rostros de nuestros muertos, ella no anduvo en los cementerios ni en los campos y desiertos buscando a nuestros familiares asesinados, ella tiene otro nivel, ella no es tan pobre como nosotros, ella tiene una altura social y política que probablemente le hace ver distinta la situación. Ella pertenece a un medio social-militar donde es muy bienvenida la falta de rencor y la comprensión que un familiar de ejecutado pueda tener con ellos, los que dejaron pasar todo esto y construyeron sobre la descomposición social que produce el crimen y la impunidad.

Pero nosotros somos distintos, de tal forma que si un hijo mío mata a su hermano, yo personalmente lo llevaría a la cárcel, por su bien, por el de nuestra familia y por la vida y memoria de mi hijo muerto…en justicia. Pero ni a la Presidenta, ni al Parlamento le importan estas cuestiones morales, menos a los Tribunales que tendrán en sus manos una nueva herramienta para liberar a los criminales, una herramienta elaborada durante estos  últimos dos años, desde que la Presidenta se quedó con los genocidas en la puerta del penal de lujo y tuvo que regresarlos porque manos siniestras le impidieron esa noche que los enviara a un penal de presos comunes.  Las mismas manos y acciones siniestras que hoy están tras este Proyecto y lo usaran como llave maestra en los Tribunales para lograr la libertad de los asesinos, yendo más allá de la justicia que los condenó y más allá de la honra y dignidad de nuestros familiares ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.

Aquí lo que menos importa es quien da el Indulto a estos criminales, porque nadie se atreve ni   puede indultarlos, pero si se les puede entregar beneficios como estos que son indultos encubiertos. Con este Proyecto, los familiares de las víctimas que durante tantos años hemos buscado la justicia, tendremos que quedarnos sin la reparación del daño sufrido, sin el castigo efectivo para los culpables, muy por el contrario, nos quedamos nuevamente, como otros familiares de esta historia llena de masacres que ha tenido nuestro país, en la desolación, el abandono y el descrédito de nuestra defensa por nuestros familiares asesinados y la mofa de las personas que protegen a los asesinos, los que una vez más y a propósito de este Proyecto nos han dicho a través de las redes sociales que dejemos de defender a quienes se metieron en cuestiones que les costaría la vida y que si vamos a seguir buscando huesos ellos nos pueden enviar  muchos huesos de perros.

Con este Proyecto nos quitan el derecho al Juicio y Castigo que demandamos o pedimos a los Tribunales y nos fue concedido.  Con este Proyecto nos obligan a seguir batallando en los Tribunales, alegando lo injusto e improcedente en el otorgamiento de estos beneficios y viendo la forma de impedirlos.

JUICIO Y CASTIGO SIN BENEFICIOS. PARA QUE NUNCA MÁS EN CHILE
JUSTICIA Y VERDAD. LA SANGRE DE NUESTROS MUERTOS NO SE PUEDE NEGOCIAR

Angélica Palleras
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena
Asesinado en tortura por la Caravana de la Muerte en Copiapó. Octubre de 1973.

Chile, enero de 2018.