No importa el Indulto
porque nadie se atreverá a aplicarlo. Lo que no podemos aceptar son los
indultos encubiertos o beneficios truculentos.
Desde hace 44 años los familiares
de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Chile hemos estado
buscando la justicia, de una u otra forma, en los tribunales, en las calles, en
los cerros y en los cementerios, donde a veces hemos hallado a nuestros
familiares asesinados. Desde esta larga travesía en busca de la justicia que
lleve a la cárcel a los criminales, cumpliendo
con una condena y castigo efectivo que al menos nos asegure que Nunca
Más las Fuerzas Armadas serán usadas
para asesinar al pueblo chileno, estamos pidiendo al Estado y a sus tres
poderes que se cierre el Penal Punta Peuco, donde estos criminales de lesa
humanidad tienen condiciones privilegiadas de hospedaje.
De la misma forma, o desde el
cansancio de esta travesía del dolor y la injusticia estamos pidiendo que el Estado chileno no deje
en libertad a los criminales de nuestros familiares por ser ancianos y padecer
enfermedades terminales propias de la edad. Pedimos esto desde el derecho que
tenemos judicialmente luego de haber perseverado por tantos años y haber
logrado unas pequeñas condenas comparadas con los horrorosos crímenes que ellos
cometieron.
Por esta razón es que no podemos
aceptar que el Gobierno nos diga que se pondrán condiciones y exigencias para
que los criminales de lesa humanidad tengan posibilidades de beneficios
carcelarios y puedan cumplir las condenas en sus casas. Por esta razón no
podemos aceptar que un beneficio que ya existía desde hace dos años atrás,
hecho y diseñado por el Gobierno de Michelle Bachelet, para ser aplicado a
nivel penitenciario, hoy sea presentado al Congreso para transformarlo en una Ley y Decreto
Presidencial con todo el peso que ello significa al transformarse en una
herramienta que los jueces podrán usar según sus criterios para dejar en
libertad a los delincuentes criminales de lesa humanidad asesinos de nuestros
familiares, de la misma forma como usaron hasta que les fue posible la Ley de
Amnistía que aún existe y si no la usan es porque un fallo de la Corte
Interamericana de Justicia determinó que esta clase de delitos no puede
amnistiarse ni prescribir y que el Estado chileno debe anular el Decreto Ley de
Amnistía e impedir legalmente la prescripción de estos crímenes.
¿Cómo se las arregló entonces el
Estado y sus poderes para aplicar la impunidad?...Con un salvavidas para los
criminales, llamado “media prescripción”, la que al permitir la condena,
configura un acto de “justicia” y admitiendo la rebaja que implica esta media
prescripción, configura el “perdón”. Pero esta media prescripción no siempre
dio los resultados esperados por lo que
se ha diseñado y se está terminando con la confección de este nuevo salvavidas
para los criminales, una nueva fórmula, un Proyecto de Ley que es sin dudas un indulto
disfrazado, así lo dijeron los abogados de derechos humanos cuando este
contenido se plasmó en un Decreto Penitenciario y no tiene por qué ser distinto
ahora que es Presidencial.
Este Proyecto de Ley que con todo
su contenido ya ha sido aplicado como Decreto Penitenciario y no se les
concedió beneficio alguno ni se les reinsertó en la sociedad por no ser aptos
para ello al no haber reconocido la culpa ni haberse arrepentido públicamente
del crimen cometido, ahora lo usarán las Cortes, las que tendrán una ley de la
que podrán hacer uso independientemente ante los reconocimientos de culpa,
arrepentimientos y peticiones de perdón que serán muy fáciles de redactar por
los abogados de los criminales, cumpliendo de esta forma con los requisitos técnicamente
solicitados para aplicar los beneficios de acceso al arresto domiciliario, la
libertad condicional y permisos de salida bajo ciertos requisitos. En otras
palabras, libertad para genocidas y criminales de guerra y de lesa humanidad.
Por otra parte, este Proyecto hace referencia a
una Ley que tipifica los denominados
crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en Chile, con el
objeto de regularlos y sancionarlos, pero no dice que esta ley fue
confeccionada durante estos últimos dos años por parlamentarios defensores de los criminales de lesa
humanidad, considerando que en Chile no existió
una guerra o conflicto armado no internacional para aplicar los Convenios de Ginebra,
desconociendo que el 12 de septiembre de 1973 se decretó en Chile un Estado o
Tiempo de Guerra, en el Decreto ley N°5. Todo esto para tener al alcance recursos
técnicos legales para la defensa y obtención de libertad de sus protegidos.
Esto constituye para nosotros la
respuesta que la Presidenta está dando a nuestra petición de cerrar Punta
Peuco, lo que probablemente se hará luego que todos sus moradores sean
beneficiados con arresto domiciliario y libertad condicional.
Más que una burla, esto es una
deshonra para nuestros familiares ejecutados y detenidos desaparecidos, por no
tener derecho a que sus asesinos sean castigados y para nosotros, es un acto
infraganti de privación del derecho a la justicia, al crear mecanismos y
herramientas jurídicas desconocidas en
el mundo para dejar en libertad a criminales de lesa humanidad, para los cuales
hemos conseguido con gran esfuerzo tan pequeñas condenas en tan largos años de
búsqueda de la justicia.
Desde mediados de diciembre de
2015, cuando el Gobierno de Michelle Bachelet tuvo en las puertas del
Penal Punta Peuco a los criminales de
lesa humanidad para ser trasladados a Colina Uno, recinto carcelario de alta
seguridad y no los trasladó por una misteriosa razón de la que nunca nada se
supo, se ha desarrollado una maratónica acción política-estatal para librarlos
del presidio, con un Lobby parlamentario escandaloso que ha generado una serie de leyes que permiten la excarcelación de estos
criminales, poniendo condiciones que hoy día el gobierno dice establecer porque
ya existen los beneficios y hay que ratificarlos sin entenderse porqué ni para
qué. Siendo la única razón lógica para todo esto el hecho de que los Tribunales
se complican al ir en contra de un Decreto Penitenciario que siendo igual a
este Proyecto de Ley, ha sido aplicado y no ha beneficiado a los criminales
porque las autoridades penitenciarias han considerado que los reclusos no
cumplen los requisitos y los jueces, muchas veces han necesitado de una Ley de
Estado que les permita a ellos decidir si el criminal tiene o no tiene
“derecho” a los beneficios que solicita, la que ahora tendrán y podrán
manipular para cumplir con sus objetivos de beneficiar a estos criminales.
¿En qué terreno estamos realmente
los querellantes cuando todos estos poderes se unen para levantar el castigo
que la Corte les ha dado a los querellados y finalmente culpables de los
crímenes que fueron acusados? ¿Por qué
el Estado chileno se enfrenta a nosotros
y se pone de parte de ellos con excusas irrisorias y fundamentos absurdos que luego
de legalizarlos los aplican y nos dejan en la orfandad más absoluta de justicia
y honor? ¿Por qué hemos tenido que llegar a la vejez las víctimas y los
victimarios sin dar termino a esta contienda moral donde ellos están siendo
premiados con el “derecho” a vivir en
paz sus últimos días y a morir en paz, siendo que a nosotros aún nos duele la forma como ellos mataron a
nuestros familiares y nunca nos dijeron dónde estaban ni dónde están?
La única respuesta que se me
ocurre en este momento es que están actuando en terceras personas y están
negociando la sangre de nuestros muertos. Este es el resultado de dos años de
lucha de la ofensiva de la impunidad, lo hicieron bajo nuestras propias narices
o por debajo de la mesa, así como se negocia todo lo que es irregular, oscuro y
corrupto. Y si pienso por qué la Presidenta está en esto, siendo hija de un
ejecutado político, la respuesta es… Por la misma razón. O sea, ella ve esto en
tercera persona. Ella tiene otra visión de lo que significa la búsqueda de la
justicia al respecto, una visión muy diferente a la nuestra, probablemente
porque ella ha hecho las gestiones a otro nivel y en otro tiempo. Ella no
estuvo en Chile golpeando puertas de regimientos en busca de nuestros muertos,
ella no anduvo en las calles con carteles con los rostros de nuestros muertos,
ella no anduvo en los cementerios ni en los campos y desiertos buscando a
nuestros familiares asesinados, ella tiene otro nivel, ella no es tan pobre
como nosotros, ella tiene una altura social y política que probablemente le
hace ver distinta la situación. Ella pertenece a un medio social-militar donde
es muy bienvenida la falta de rencor y la comprensión que un familiar de
ejecutado pueda tener con ellos, los que dejaron pasar todo esto y construyeron
sobre la descomposición social que produce el crimen y la impunidad.
Pero nosotros somos distintos, de
tal forma que si un hijo mío mata a su hermano, yo personalmente lo llevaría a
la cárcel, por su bien, por el de nuestra familia y por la vida y memoria de mi
hijo muerto…en justicia. Pero ni a la Presidenta, ni al Parlamento le importan
estas cuestiones morales, menos a los Tribunales que tendrán en sus manos una
nueva herramienta para liberar a los criminales, una herramienta elaborada durante
estos últimos dos años, desde que la
Presidenta se quedó con los genocidas en la puerta del penal de lujo y tuvo que
regresarlos porque manos siniestras le impidieron esa noche que los enviara a
un penal de presos comunes. Las mismas
manos y acciones siniestras que hoy están tras este Proyecto y lo usaran como
llave maestra en los Tribunales para lograr la libertad de los asesinos, yendo
más allá de la justicia que los condenó y más allá de la honra y dignidad de
nuestros familiares ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
Aquí lo que menos importa es
quien da el Indulto a estos criminales, porque nadie se atreve ni puede
indultarlos, pero si se les puede entregar beneficios como estos que son
indultos encubiertos. Con este Proyecto, los familiares de las víctimas que
durante tantos años hemos buscado la justicia, tendremos que quedarnos sin la
reparación del daño sufrido, sin el castigo efectivo para los culpables, muy
por el contrario, nos quedamos nuevamente, como otros familiares de esta
historia llena de masacres que ha tenido nuestro país, en la desolación, el
abandono y el descrédito de nuestra defensa por nuestros familiares asesinados
y la mofa de las personas que protegen a los asesinos, los que una vez más y a propósito
de este Proyecto nos han dicho a través de las redes sociales que dejemos de
defender a quienes se metieron en cuestiones que les costaría la vida y que si
vamos a seguir buscando huesos ellos nos pueden enviar muchos huesos de perros.
Con este Proyecto nos quitan el
derecho al Juicio y Castigo que demandamos o pedimos a los Tribunales y nos fue
concedido. Con este Proyecto nos obligan
a seguir batallando en los Tribunales, alegando lo injusto e improcedente en el
otorgamiento de estos beneficios y viendo la forma de impedirlos.
JUICIO Y CASTIGO SIN BENEFICIOS. PARA QUE NUNCA MÁS EN CHILE
JUSTICIA Y VERDAD. LA SANGRE DE NUESTROS MUERTOS NO SE PUEDE
NEGOCIAR
Angélica Palleras
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena
Asesinado en tortura por la Caravana de la Muerte en Copiapó.
Octubre de 1973.
Chile, enero de 2018.
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