Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

Aquí puedes enviar tu comentario acerca de la noticia que estas leyendo Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587. Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro. También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro. Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar. De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete. OFICIALES Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista). A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia. La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen. En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén.

Lista de oficiales (R) 1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército) 2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros) 3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.) 4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.) 5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.) 6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.) 7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.) 8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.) 9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.) 10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.) 11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.) 12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería) 13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.) 14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.) 15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.) 16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.) 17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.) 18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.) 19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.) 20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.) 21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)

 

Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial de Lanacion.cl 04/09/2009 - 14:56:31 tanto que se habla de estas personas,si igual van a salir libre ya sea por intermedio del senor frei,pinera o el caballo de troya.si no acuerdense del salvataje que hicieron con el pinochet. alberto santiago 04/09/2009 - 14:54:02 Por favor Sres. de La Nación no sigan publicando éstas "mentiras" o si es cierto es cosa del pasado. Que triste és vivir y seguir conociendo éstos cobardes sucesos indenmentibles. Verdaderos usos que algunos niegan u olvidan o no tienen voluntad para dar justicia a tantos familiares que van por la vida arrastrando la cadena de la indiferencia.HASTA CUANDO. La falsa de la guerra, quedó demostrado.El pensar diferente fué la cuestión del ensañamiento en Chile.Se creo todo para justificación.BASTA MELQUIADES OLAVE CHILE 04/09/2009 - 14:25:18 Estos indignos ciudadanos con uniforme militar son una deshonra para la Nación chilena. Cuando el general prusiano Körner,a comienzos del siglo XX, viajó a Chile a modernizar nuestras FF.AA,jamás pensó que el espíritu nazi en ellas las llevaría a las deshonrosas situaciones actuales. La ideología nazi infiltrada en las filas de las FF.AA desde 1933 aún no ha sido erradicada de nuestras Fuerzas Armadas. Todos estos hechos de lesa humanidad son sólo un producto de esa ideología nazi y no chilena. Jaime Potsdam-Berlín, Alemania Ingrese a continuación sus datos y su comentario: Nombre: Procedencia (ciudad, país): Email: Caracteres restantes: 500 Lanacion.cl sólo publicará los comentarios relacionados con la noticia y

El giro del juez que dictó el mayor procesamiento en derechos humanos

Pese a cuestionamientos por aplicar amnistía a Arellano Stark, el ministro Montiglio sorprendió con avance logrado en los casos.

La Tercera

por Andrés López - 03/09/2009 - 07:09 

 

Como todas las tardes, el ministro en visita Víctor Montiglio (65 años) salió del Palacio de Tribunales a almorzar a algún restaurante del centro de Santiago. Mientras, su equipo se desplazaba para notificar el procesamiento a 129 ex uniformados encausados por los casos Caravana, Cóndor, Colombo y Conferencia. Con esto, el juez obtenía el récord de dictar el mayor procesamiento registrado en causas de derechos humanos.
Un escenario que hace cinco años era impensable para las agrupaciones y los abogados de DD.HH. que fueron los principales detractores de que Montiglio heredara las causas que investigó el retirado juez Juan Guzmán Tapia, ya que tenía fama de ser cercano a la derecha y era abierto partidario de la aplicación de la Ley de Amnistía.
En junio de 2005 absolvió a la cúpula de la Dina por el crimen de la militante MIR Diana Aron, desechando la tesis del secuestro permanente.
El PC y el PPD  amenazaron con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sacarlo de los casos. Pero la molestia fue mayor cuando el 2006 resolvió absolver al general (R) Sergio Arellano Stark en uno de los episodios del caso Caravana de la Muerte.
Sin embargo, con el avance de las investigaciones las organizaciones de DD.HH. comenzaron a observar con otros ojos la labor del magistrado.
Reconocido como un juez discreto y acucioso, fue avanzando rápidamente en las causas que estaban trabadas desde hace años en las manos de Guzmán. Montiglio comenzó a dictar procesamientos y realizar diligencias inéditas, como carear a Augusto Pinochet con el jefe de la Dina, Manuel Contreras.
Pero su mayor golpe lo dio al descubrir el 2007 el cuartel que el organismo represor tenía en la calle Simón Bolívar. Según sus cercanos, este episodio lo marcó en lo personal y significó un punto de inflexión en su carrera.
Su trabajo lo ha convertido en uno de los ministros mejor evaluados de la corte. Es de los primeros que llegan al palacio y suele trabajarhasta después de las 18.00 y algunos sábados en sus dos oficinas, donde tiene un registro personal escrito a mano de todas sus investigaciones.
En julio fue designado inte-grante de la quina para reemplazar al juez Ricardo Gálvez en la Corte Suprema.
Según el abogado de DD.HH Hugo Gutiérrez, "es un juez que investiga muy bien y ha tenido la agudeza para identificar a los culpables. Pienso que sería un buen ministro de la Suprema". Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, "es un excelente juez, pero aún tenemos que esperar que dicte las condenas".

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Vicaría digitaliza sus archivos

Jueves 3 de septiembre de 2009
La Nación

Con el apoyo de la embajada de Alemania, todos los documentos de la Vicaría de la Solidaridad y del Comité Pro Paz reunidos desde 1973 serán archivados digitalmente antes de fines de año.
Así lo informó ayer María Paz Vergara, secretaria ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría durante la visita a la entidad que realizó Wilfried Krug, encargado de negocios de representación diplomática germana.
El proyecto en marcha busca preservar la totalidad de la documentación archivada relativa a personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas y conformar una gran biblioteca digital que estará disponible para actividades de educación, promoción y defensa de los derechos humanos.


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El sello investigador del juez de los masivos golpes a la DINA

ueves 3 de septiembre de 2009
Por Jorge Escalante / La Nación
Víctor Montiglio terminó asestando la más honda estocada con 150 procesados En el cuartel clandestino de Avenida Simón Bolívar fueron exterminados todos los integrantes de las dos direcciones clandestinas del Partido Comunista. No acepta el principio de la obediencia debida, y le “echa el guante” a todos quienes tuvieron que ver con el destino fatal de las víctimas. Construye mapas, esquemas y minuciosos archivos para que no lo engañen. La doctrina del juez Víctor Montiglio es tajante: todo el que tuvo algo que ver con el trágico destino final de las víctimas de la dictadura, debe ser procesado y responder judicialmente, según sea el nivel de responsabilidad que le quepa de acuerdo a la pena que deba recibir, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Para el juez no es válido el principio de la obediencia debida, esgrimido con frecuencia frente a él por quienes al tiempo del golpe militar tenían 21 años o poco más. Aunque éstos hayan sido soldados o cabos que en su tiempo cumplieron funciones de custodia de los prisioneros en los centros clandestinos de la DINA. Menos lo es respecto de oficiales que a comienzos de los años setenta tenían la misma corta edad. Y cuando más claro quedó demostrado este criterio del magistrado, fue en la histórica resolución que dictó el martes pasado, por la cual procesó a poco más de 150 ex agentes por los casos Operación Colombo, Operación Cóndor y el episodio de Calle Conferencia 1587. Sólo en Colombo el magistrado encausó a 105 ex agentes, mientras que en los episodios de Calle Conferencia I y II, según los crímenes por la primera o la segunda dirección del Partido Comunista exterminadas en 1976, procesó a otros 70 ex agentes. En la Operación Cóndor los procesados suman unos 20 nombres, lo que en una cifra "en bruto", vale decir, sin descontar aún los nombres que se repiten, se llega al total de 195. 150 ENCAUSADOS Sin embargo, La Nación puede afirmar que sólo entre Colombo y Conferencia I y II, y hecha la operación de descontar los nombres que se repiten, se llega a la cifra "limpia" de exactamente 150. Hasta ahora el juez no ha autorizado dar publicidad a la cifra exacta de encausados por los tres casos mencionados, ni tampoco a las identidades de los ex agentes. Por lo tanto, la cifra exacta, final y "limpia" considerando también los procesados por Cóndor, superará la cantidad de 150 encausados y podría ascender a unos 165. Mañana viernes deberían quedar cumplidas todas las detenciones ordenadas por el juez, y también deberían finalizarse las notificaciones correspondientes. El "estilo" Montiglio es de película. El juez consigna cada detalle de las declaraciones de los ex agentes, y se arma mapas con cada una de sus investigaciones. Y su información y archivo llega a ser tan profunda y detallada, que le resulta fácil detectar la más mínima contradicción entre una, dos o diez declaraciones prestadas por la misma persona. Entonces vuelve a interrogar o a carear a uno con otro, hasta que logra derribar las grandes mentiras o leves engaños. Su forma de investigar puede a veces demorar el proceso más tiempo de lo normal, pero el magistrado sabe que lo que logró establecer tiene tan alto porcentaje de certeza, que podrá resistir cualquier examen luego en la Cortes de Apelaciones o la Sala Penal de la Corte Suprema. Salvo que finalmente esta Sala Penal, aplicando criterios "equilibristas" y de "compensación" y dependiendo de la composición de la sala, esgrima rebuscados subterfugios jurídicos, como lo ha venido haciendo desde hace unos tres años, para terminar beneficiando sistemáticamente a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, con bajas penas por debajo de los cinco años y un día, lo que les permite cumplirlas en libertad. Por la amnistía Pero el juez Montiglio es partidario de aplicar la amnistía, como lo ha expresado más de una vez y ya lo demostró en una sentencia dictada. Su criterio para ello es “estrictamente” jurídico. Dice que él “respeta la ley” y afirma que la Ley de Amnistía “es una ley vigente”. Él y otros magistrados más de una vez han expresado en privado que, respecto de esta legislación, es a los “políticos y parlamentarios” a quienes corresponde derogarla o anularla, pero que éstos no han sido capaces de hacerlo en los 20 años desde el fin de la dictadura.

Escalona dispara contra el gobierno tras fracaso de comisión investigadora de sueldos a ex DINA

03 de Septiembre de 2009
El Mostrador

Acusa mal manejo de los ministros Vidal y Viera-Gallo

"A mí me da pena toda esta situación y creo no es del caso que los ministros puedan interferir en decisiones que son propias del Parlamento", dijo el timonel del PS, poniendo también en tela de juicio la institución de las comisiones investigadoras. "La derecha ha usado de la peor manera el expediente de las comisiones investigadores y ahora cuando se trata de un tema de derechos humanos vota en contra", se quejó.
Por El Mostrador
El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, arremetió este miércoles contra el gobierno por el a su juicio mal manejo de la situación que dejó al descubierto el fin de semana un matutino, respecto a los sueldos que sigue pagando el Ejército a ex miembros de la DINA acusados de violaciones a los derechos humanos.
El timonel de la tienda oficialista apuntó sus dardos contra los ministros de Defensa y secretario general de la Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo luego que la Cámara de Diputados, luego de no alcanzar el quórum necesario de 48 votos, rechazara la petición que habían formulado 54 parlamentarios para que una comisión investigadora indafara las denuncias respecto a la contratación a honorarios de los otrora integrantes de los organismos represivos durante la dictadura.
"A mí me da pena toda esta situación y creo no es del caso que los ministros puedan interferir en decisiones que son propias del Parlamento", dijo molesto el timonel del PS, agregando que "toda esta situación ha sido mal manejada de todo punto de vista por el gobierno. Desde el punto de vista comunicacional las afirmaciones del ministro Vidal han ido mucho más allá de lo que le corresponde como autoridad civil, ya que la participación de estas personas en violaciones graves a los derechos humanos es una cuestión que no se puede cuestionar".
Agregó que "lamentablemente acá se ha asumido una postura que viene en el fondo a poner en duda el informe Rettig y la comisión Valech y por lo tanto la reconstrucción de una memoria histórica sana en este país. Todas estas declaraciones me parecen inapropiadas, decir que nosotros hubiésemos propuesto que los fusiláramos en la plaza pública como señaló Vidal, me parecen no solo declaraciones equivocadas sino que lisa y llanamente un exabrupto hacia las personas de la Concertación que exigimos que haya verdad y justicia en materia de derechos humanos".
Y en relación a la decisión de la Cámara de Diputados dijo que lamentaba "que no existieran los votos suficientes como para formar una comisión investigadora respecto de que ex agentes de la DINA y CNI estén contratados por el Ejército".
"Lamento la decisión que se ha producido, pero no solamente a lo que se refiere a la desafortunada  acción del ministro Viera-Gallo, sino al uso y abuso que ha hecho la derecha de las comisiones investigadoras. Hay momentos en que las comisiones se han constituido para hechos que no lo ameritan; hay comisiones que ni siquiera han terminado su trabajo y que han demorado no solo el plazo constitucional sino que han debido pedir aplazamiento para terminar su investigación. La derecha ha usado de la peor manera el expediente de las comisiones investigadores y ahora cuando se trata de un tema de derechos humanos vota en contra", manifestó.
Consultado respecto a que fueron 55 diputados de la Concertación los que pidieron la creación de la comisión  y solo 38 votaron a favor , Escalona dijo que "a mi me da pena toda esta situación, porque creo que la construcción de una memoria histórica sana pasa por dilucidar los hechos y creo que la confianza que tenemos que darle a la sociedad es una confianza que incluye el hecho de que en las fuerzas armadas no tengan cabida estas personas involucradas en graves violaciones a los derechos humanos".
Discrepancia con Izurieta
Escalona dijo además que discrepa profundamente del argumento dado por el comandante  en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta  en cuanto "a que todas las personas tienen derecho al trabajo. Pero acá estamos hablando de oficiales en retiro del Ejército que reciben jugosas jubilaciones mensuales, por lo tanto no estamos hablando de personas que se encuentran en una situación de cesantía o son cesantes y no veo por ello ninguna razón que avale el hecho que estos ex agentes continuén formando parte del ejército de Chile".
Respecto a las discrepancias con el gobierno sobre esta materia, Escalona enfatizó que "no es la primera vez ni creo que sea la última que el PS haya discrepado o discrepe de acciones del gobierno en materia  de derechos humanos porque en este tema mantenemos una línea inalterable que creo que afortunadamente la historia nos ha dado la razón. Si nosotros hubiésemos agachado el moño en estas materias del año 90 en adelante, la sociedad chilena no hubiese avanzado en los grados de verdad y justicia que logró avanzar. Lamento que no hayamos aprendido la lección porque la verdad y justicia ha exigido mantener siempre una actitud de coherencia y firmeza en estas materias".
Requerido si la presidenta Bachelet debiera dar una señal para aclarar la actuación de los ministros, Escalona indicó que "nunca a ninguna autoridad de gobierno le hago recomendaciones públicas, solamente emito los juicios políticos que me merece este tema y en materia de derechos humanos el PS tiene una política invariable. Todos aquellos que estuvieron en organismos comprobados que fueron verdaderas maquinas del terror y que ejecutaron el terrorismo de Estado  y violaron los derechos humanos, no debiesen tener lugar en el Chile de hoy".
Votación en la Cámara
La solicitud de la comisión recibió 38 votos a favor y dos en contra, no alcanzando el quórum necesario de aprobación, que de acuerdo al Reglamento de la Cámara, corresponde a los 2/5 de los diputados en ejercicio, es decir, 48 votos.

Revise la votación

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Las gestiones de Viera-Gallo para frenar comisión investigadora

El Mercurio
Santiago de Chile
jueves 3 de septiembre de 2009
Actualizado a las 5:43 hrs.

  En la noche del martes, tres jefes de bancada de la Concertación recibieron una llamada telefónica del ministro José Antonio Viera-Gallo. Marcelo Díaz (PS), Ramón Farías (PPD) y Eduardo Saffirio (DC) escucharon cómo el ministro les manifestaba la "inconveniencia" de crear una comisión investigadora para abordar la contratación a honorarios de ex miembros de la DINA por parte del Ejército.
Cuando ayer en la mañana llegó la hora de votar, no se lograron los 48 votos requeridos. El resultado fue 38 a favor y 2 en contra. "Se me olvidó" o "no alcancé a llegar" fue la explicación de algunos parlamentarios que no se presentaron en la sala. Consultado Viera-Gallo por sus gestiones, señaló: "Las decisiones de la Cámara son privativas de ella", y frente a los llamados realizados, dijo: "Si son conversaciones telefónicas, no soy yo quien las revela".
El presidente del PS, Camilo Escalona, criticó el actuar del Gobierno. "No es del caso que los ministros puedan interferir en decisiones propias del Parlamento", dijo.


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Comienza arresto de ex agentes procesados por juez Montiglio

02 de Septiembre de 2009
El Mostrador

Las diligencias no incluyen redadas, sino citaciones para que los imputados se presenten en dependencias de la institución a la que pertenecían, trámite que se prolongará hasta el viernes.
Unos 120 antiguos represores comenzaron a ser detenidos este miércoles tras haber sido procesados el martes por el juez Víctor Montiglio, en el marco de tres casos emblemáticos de desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Las diligencias no incluyen redadas, sino citaciones para que los imputados se presenten en dependencias de la institución a la que pertenecían, trámite que se prolongará hasta el viernes, dijeron fuentes vinculadas a estos procedimientos.

En ese contexto, se espera que hoy queden confinados en un cuartel de la Marina, en Santiago, once ex miembros de esa institución, situación que se repetirá con catorce efectivos retirados de la Fuerza Aérea.

Para el jueves está previsto que ocurra lo mismo con 32 miembros de Carabineros, seis ex integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y dos antiguos funcionarios de Gendarmería.

El viernes, por último, deberán presentarse en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, más de medio centenar de agentes pertenecientes al Ejército.

Las fuentes confirmaron que el juez Montiglio dictó órdenes de arresto contra todos los imputados, independientemente de otras situaciones procesales que los afecten.

El procesamiento más masivo dictaminado por la Justicia chilena en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1990) se ha producido a raíz de la investigación de las llamadas Operación Cóndor, Operación Colombo y el caso Calle Conferencia, más una derivación de este último conocido como Caso de los Trece.

La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur americano para eliminar opositores en los años 70 y comienzo de los 80.

La Operación Colombo fue un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, que fueron mostrados en medios de comunicación extranjeros ficticios como muertos en pugnas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

El caso Calle Conferencia consistió en el exterminio, a mediados de 1976, de toda la directiva del Partido Comunista, que actuaba en la clandestinidad, y el referido a "los 13" fue una derivación en la que fueron hechos desaparecer trece dirigentes medios de esa agrupación.
EFE

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“Vidal debiera presentar su renuncia”

02 de Septiembre de 2009
El Mostrador

Lorena Pizarro y el caso de ex agentes Dina contratados por el Ejército

Este martes la Presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señaló que el ministro "insulta" a los familiares de las víctimas de la dictadura al decir que "hay presunción de inocencia para ex agentes represivos". "Me gustaría saber si puede mirarnos a la cara y decirnos eso", agregó, indicando que solicitó audiencia con el titular de Defensa y que aún no hay respuesta.
Por Miguel Paz
La noticia de la existencia de ex agentes de la DINA y la CNI contratados por el Ejército en distintas labores fue recibida como un nuevo duelo por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Su presidenta, Lorena Pizarro, solicitó este martes "una audiencia urgente" con el ministro de Defensa Francisco Vidal para solicitarle explicaciones por esta situación, que se suma a otros episodios similares dados a conocer durante las administraciones Bachelet, Lagos y Frei.
La información fue dada a conocer el domingo pasado por el diario La Nación indicando que entre los ex uniformados "hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo" de la DINA, así como un ex fiscal militar "que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile".

"Palabras inaceptables"

Lorena Pizarro señaló a El Mostrador que hasta anoche en la AFDD aún no recibían ninguna comunicación formal o informal proveniente del gabinete de Vidal y se manifestó contrariada por el silencio del ministro para con los familiares de las víctimas.

"La situación amerita que él nos reciba de manera inmediata", expresó y fustigó a Vidal por insistir en la presunción de inocencia de los ex agentes que trabajan con contratos a honorarios para el Ejército.

"Me gustaría saber si el ministro puede mirarnos a la cara y decirnos que hay presunción de inocencia para ex agentes represivos de la dictadura. El ministro Vidal debiera presentar su renuncia porque sus palabras son inaceptables", agregó, recordando que entre los ex uniformados se encuentran oficiales que tuvieron alto protagonismo en las actividades represivas como el coronel (R) Hugo Acevedo Godoy, ayudante del director de la DINA Manuel Contreras; o el médico y coronel en retiro Guido Díaz Paci, sindicado como torturador de prisioneros en el regimiento Arica de La Serena, donde la Caravana de la Muerte ejecutó a 15 prisioneros en octubre de 1973.
Complicidad de ministros de Defensa
La dirigente de la AFDD también dijo que le gustaría saber si los ministros del gabinete de la Presidenta Bachelet "ven estas situaciones como inaceptables". "Porque después de escuchar la respuesta insultante de Vidal a los familiares de las víctimas del terrorismo del Estado queda la duda. Además está el hecho que el propio ministro Vidal señaló que hace un mes habló con Ricardo Izurieta. La conclusión es que esto siempre se ha sabido. Lo único que queda es entender que hay una complicidad de los ministros de Defensa de los gobiernos de la transición".
-La Presidenta Bachelet fue ministra de Defensa y víctima también...
-Mas grave que si la Presidenta fue victima de la dictadura, tiene que ver con como el Estado y un gobierno se comprometen con la verdad, la justicia y el "Nunca más". Parece que el gobierno y los últimos gobiernos de la Concertación han hecho bastante más por comprometerse con la impunidad que con un convencimiento ético con los Derechos Humanos. Aquí se están amparando violadores de derechos humanos.

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Procesados por Montiglio son casi 150

Miércoles 2 de septiembre de 2009  | 14:32

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl

A los más de 130 arrestos de ex agentes DINA que comenzaron a ejecutarse este miércoles, se suma una veintena que ya está encarcelado por otros casos.

Ciento treinta y una son las órdenes de arresto en contra de ex agentes de la DINA que decretó el juez Víctor Montiglio, en relación a los procesamientos que dictó este martes en los casos Operación Colombo, Operación Cóndor y Calle Conferencia, lo que deja en cerca de 150 la lista de procesados considerando a los que ya están en prisión
Las detenciones están siendo cumplidas por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, aunque al menos los arrestos de los 50 procesados del Ejército están siendo coordinados por funcionarios del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército.
La cantidad total de procesados llegaría a los 150 ex agentes, puesto que hay que sumar, por un lado, a los ex represores encausados por el juez que aún permanecen detenidos en forma preventiva por anteriores procesamientos que les afectaron, y por otro, a aquellos procesados por Montiglio ayer que están presos cumpliendo condenas por otros delitos, como es por ejemplo el caso de la cúpula de la DINA encabezada por el general (R) Manuel Contreras.
Hasta ahora, el juez no ha entregado a la prensa la cifra exacta de encausados, ni tampoco la lista completa de los afectados, a la espera de que hasta el viernes se cumpla la totalidad de notificaciones a los encausados.

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Catorce encausados siguen a sueldo en el Ejército

Miércoles 2 de septiembre de 2009

Por J. Escalante / La Nación

Catorce resultaron ser los miembros del Ejército en situación de retiro procesados que, recontratados ahora como empleados civiles, aún siguen recibiendo sueldos de la institución, sea en las planillas de funcionarios a honorarios o a contrata. De ellos, el coronel (R) Pedro Teyssedre Cartagena es el único que ya tiene una condena dictada en primera instancia, por el secuestro y desaparición de Juan Llanca Rodas. Teyssedre cumple funciones en el área de salud del Ejército en Iquique, aunque según dijo ayer el ministro de Defensa, Francisco Vidal, el oficial retirado "fue cortado" de inmediato. En la lista que recibió el lunes en la noche el titular de Defensa figuran también oficiales (R) que fueron encausados en el caso Riggs por las cuentas ocultas del dictador Augusto Pinochet. Entre quienes aún permanecen procesados por este caso, está el coronel (R) Juan MacLean Vergara, quien fue secretario de Pinochet. El resto de los "beneficiados" son todos ex agentes encartados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En la lista que no fue hecha pública ayer por el ministro Vidal, según dijo, esperando para entregarla antes en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, aparece igualmente un oficial (R) de la Armada, que permanece procesado por el secuestro y desaparición en 1973 en Valparaíso del sacerdote Miguel Woodward. Se espera que la lista sea oficialmente entregada hoy en la referida comisión de la cámara baja, a la cual está citado para las 11 horas el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta. El presidente de esa comisión, diputado socialista Iván Paredes, dijo a La Nación que "el general Izurieta confirmó su asistencia para mañana (hoy)", sin embargo el ministro Vidal no asistiría por tener "otros compromisos", dijo Paredes. Ayer el ministro Vidal manifestó que una vez que reciba también la información oficial de las policías de Investigaciones y Carabineros, lo que habría ocurrido ayer tarde, se resolverá en el gobierno acerca de la permanencia o no de los ex agentes en las planillas a sueldo del Ejército y las entidades militares. Sin embargo, dirigentes políticos, sociales, sindicales y familiares de las víctimas de la opresión militar, consideran que el gobierno debe ordenar de inmediato la "baja" de todos los ex agentes que aparezcan recontratados, estén procesados o no.

Miércoles 2 de septiembre de 2009
Por J. Escalante / J. Rebolledo / La Nación
Juez Montiglio encausó por crímenes de Colombo, Cóndor y Conferencia
120 ex DINA procesados en histórica resolución El ministro Víctor Montiglio es el magistrado que más procesados por violaciones de los DDHH tiene a su haber.       Entre los encartados hay al menos 60 nuevos ex agentes que hasta ahora no habían caído en las redes de la justicia por delitos de lesa humanidad. Del total de procesados, todos en retiro, 50 son del Ejército y el resto de la FACh, Armada, Investigaciones y Carabineros.    El más masivo procesamiento en la historia de los juicios por violaciones de los derechos humanos, dictó ayer el juez Víctor Montiglio en contra de 120 ex agentes, todos de la DINA. Entre los encausados hay cerca de 60 nuevos ex represores que hasta ahora no habían sido procesados en algún juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El magistrado resolvió los nuevos encartamientos por los crímenes cometidos en las llamadas operaciones Colombo, Cóndor y los episodios conocidos como Calle Conferencia I y II. En estos dos últimos, en 1976, la DINA secuestró e hizo desaparecer a dos direcciones clandestinas completas del entonces encubierto Partido Comunista. Aunque el juez Montiglio mantuvo la información lejos de la prensa, se conoció que de los 120 procesados, hay al menos 50 que pertenecen al Ejército y el resto a la Fuerza Aérea, Armada, Investigaciones y Carabineros. Entre los oficiales procesados y ya retirados del Ejército que cumplieron misiones operativas en la DINA, al menos están César Manríquez Bravo, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Sovino Novoa, Humberto Chaigneau Sepúlveda y Sergio Castillo González. Este último es uno de los ex agentes represores que continúan recibiendo un sueldo mensual del Ejército, recontratado como empleado civil, según el reportaje "La DINA a honorarios" publicado en la última edición de La Nación Domingo. Esta vez el ministro Montiglio incluyó entre los procesados a varios ex agentes que montaron guardia en los recintos clandestinos de detención, pero que también fueron agentes operativos en el traslado de prisioneros para su exterminio y desaparición. Incluso, no pocos de ellos integraron las brigadas operativas de la DINA deteniendo opositores y participando en las torturas o en golpizas. El juez Montiglio explicó ayer este masivo encausamiento, manifestando que ello se debe a que "aquí estamos investigando a todos quienes han tenido participación en los cuarteles (de la DINA)". El magistrado ordenó además el arresto preventivo de una gran parte de los procesados, y aquellos respecto de los cuales no lo decretó, se explica porque ya se encuentran encausados por otros casos y en situación de libertad provisional, esperando condena. La Operación Cóndor, o Plan Cóndor, fue una coordinación de los servicios de inteligencia del cono sur para reprimir y eliminar a militantes de izquierda, y nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975. A esa reunión, en la que se formó el acta de constitución, asistieron por Chile el jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras; por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor de Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel de Ejército Jorge A. Pons, y por Paraguay el coronel de Ejército Benito Güanes Serrano. La Operación Colombo fue un montaje preparado por la dictadura entre fines de 1974 y 1975, para hacer creer a la sociedad chilena y los países extranjeros que ya reclamaban por la represión tras el golpe militar de 1973, que los detenidos desaparecidos eran una mentira del "marxismo internacional". Para ello, inventaron que 119 chilenos que se reclamaban como desaparecidos, habían muerto en Argentina y Brasil, enfrentados entre ellos por rencillas políticas o en intercambio de disparos con las policías o fuerzas militares de esos países. EL CASO CONFERENCIA Se conoció como Calle Conferencia, según el nombre de la calle de Santiago con el número 1587 donde se produjeron las primeras detenciones, al episodio por el cual la DINA secuestró e hizo desaparecer en mayo de 1976 a la primera dirección clandestina del Partido Comunista. Entre ellos cayeron Víctor Díaz López, secretario general del PC en la clandestinidad, además de Jorge Muñoz Poutays, Mario Zamorano Donoso, Uldarico Donaire Cortez, y Jaime Donato Avendaño. El capítulo conocido como Conferencia II se le llama también "El caso de los 13", por el secuestro y desaparición de 11 integrantes de la segunda dirección clandestina del PC junto a dos militantes del MIR, ocurrido entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976. La investigación judicial estableció que tanto los miembros de la primera, como la segunda dirección del PC, fueron detenidos por integrantes de la Brigada Lautaro de la DINA, comandada por el capitán de Ejército Juan Morales Salgado, y por los integrantes de dos grupos operativos liderados por Ricardo Lawrence y Germán Barriga, capitán de Carabineros y Ejército, respectivamente. Santiago Araya Cabrera (MIR) fue detenido el 29 de noviembre de 1976. El 13 de diciembre fue arrestado el dirigente PC Luis Lazo San Martín. Dos días más tarde fueron secuestrados Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molina. El 9 de diciembre fue detenido Armando Portilla, finalizando la operación el 18 de diciembre con Lisandro Cruz Díaz y Carlos Durán González (MIR), y el 20 de ese mes, con el secuestro de Edras Pinto Arroyo. Sólo en 2007 se conoció judicialmente el infierno que vivieron los detenidos, porque ningún prisionero salió con vida desde el cuartel Simón Bolívar de la Brigada Lautaro. Respecto del destino de los dirigentes, el testimonio del suboficial de Carabineros (R) Raúl Valdebenito Araya fue decisivo para abrir la causa. Según él, por esos días, "tres o cuatro" detenidos, todos miembros del PC, fueron llevados hasta el gimnasio del cuartel, para ser interrogados. No recuerda si fue ese día o al siguiente que vio a las personas "ya ensacadas", aludiendo a que habían sido eliminadas y puestas dentro de sacos paperos. El mismo Valdebenito se encargó de conducir a la comitiva de automóviles hasta la cuesta Barriga, al poniente Santiago. "Al llegar nos detuvimos y recuerdo que los vehículos que venían custodiándonos sacaron de sus maleteras unos tres o cuatro bultos, los que fueron trasladados hasta el interior de una cueva", declaró en el sumario. Según recuerda, "pocos días después", llegaron cinco detenidos más al cuartel Simón Bolívar, también miembros de la dirección del PC, quienes habían sido detenidos por los equipos operativos de Lawrence y Barriga. Otro agente entregó antecedentes trascendentales para probar la estadía en ese cuartel del profesor Fernando Ortiz, Reinalda Pereira y Lincoyán Berríos. En el ojo del huracán Justo cuando el reportaje publicado por La Nación Domingo sobre los ex agentes de la DINA y la CNI, algunos procesados por derechos humanos, que estando en situación de retiro del Ejército, siguen recibiendo sueldos mensuales provocara gran impacto en el mundo político, el juez Víctor Montiglio, uno de los principales candidatos para ascender a la Corte Suprema, dio a conocer ayer este masivo procesamiento a ex agentes de la DINA. A los autos de procesamientos dictados en 2007 y 2008 por los casos Calle Conferencia I, consistente en la aniquilación de la primera dirección del PC, y el montaje criminal denominado Operación Colombo -ambos hechos ocurridos en 1975 y 1976-, el magistrado procesó ahora a 120 ex agentes de la DINA. Esta vez se trata del exterminio de los miembros de la segunda dirección del PC. Si bien hasta el cierre de la edición aún no se conocían los nombres de los agentes encausados que serán notificados hoy, se presume que muchos de ellos ya se encuentran procesados por los crímenes cometidos en los casos Calle Conferencia I y Colombo. Los otros casos del juez En mayo de 2007, el ministro Víctor Montiglio procesó a 74 ex agentes de la DINA, la mayor parte de ellos hasta ese momento desconocidos, en lo que se conoció como el procesamiento más grande de la historia. De esta forma se daba a conocer la existencia del cuartel Simón Bolívar y de la mortal Brigada Lautaro. Un año después de ocurridos los crímenes relativos a la primera dirección del PC, se llevó a cabo la Operación Colombo o “Caso de los 119”. La acción perpetrada por la DINA en 1975 en contra de dirigentes del MIR, también fue investigada por Montiglio. Luego de un concienzudo trabajo, el ministro determinó algunos de los puntos por donde pasaron varios de los detenidos desaparecidos víctimas del montaje, entre los que se encontraba la Brigada Lautaro. Nuevamente dio un golpe. En mayo, pero esta vez de 2008, sometió a proceso a 98 agentes de la DINA. La brigada de la muerte Asentados en Simón Bolívar 8800, en la comuna de La Reina, en 2007 la Brigada Lautaro se reveló como el último y más brutal hallazgo respecto de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Originalmente este grupo de agentes tuvo como tarea fundamental la seguridad del director de la DINA, el entonces coronel Manuel Contreras. Sin embargo, en 1975, cuando el PC se rearticuló, formando una dirección clandestina, esta mortal brigada cambió de rubro dedicándose por completo a la caza de los dirigentes partidistas. Hasta el lugar llegaron los entonces capitanes Ricardo Lawrence Mires y Germán Barriga. En el lugar también se experimentó con gas sarín sobre los detenidos, estando a la cabeza de este proceso Michael Townley. Además de darse las torturas más cruentas, nadie salió con vida de Simón Bolívar. La auxiliar de enfermería Gladys Calderón se encargaba de inyectarles una dosis mortal de veneno. Luego se quemaban los rostros y partes distintivas de los detenidos, se les quitaban las tapaduras de oro, se ensacaban para luego ser trasladados a las minas de cal de Lonquén o lanzados al mar.

Juez procesó a 129 ex agentes de la Dina como coautores de secuestro calificado

Se trata de personas que habrían conocido los hechos, pero nunca los denunciaron. 

CINTHYA CARVAJAL 

El Mercurio

Santiago de Chile
miércoles 2 de septiembre de 2009
Actualizado a las 5:38 hrs.

El ministro Víctor Montiglio dictó ayer un masivo procesamiento en contra de 129 ex agentes de la Dina, ligados a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, como coautores de secuestro calificado en los llamados casos Operación Colombo, Calle Conferencia y Operación Cóndor.
El magistrado dictó además 50 órdenes de detención. Cinco de ellas para los oficiales (r) del Ejército César Manríquez, Manuel Karavich, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino, y 45 para suboficiales (r) de esa institución.
En medio de las notificaciones que se realizarán durante toda esta semana, el ministro Montiglio planteó estar cerca "del final" de las investigaciones por los casos de derechos humanos que heredó del ex juez Juan Guzmán Tapia.
El ministro explicó que "en general, nosotros estamos investigando a todos los que han tenido participación en los cuarteles, en la medida que hayan intervenido o afirmado la situación de prohibición de libertad de las víctimas".
Respecto de cuándo podrían cerrar los casos que tiene a su cargo, fue enfático: "Estamos mucho más cerca del final".
La resolución de Montiglio sorprendió al Ejército, donde es interpretada como un posible precedente porque se refiere al personal de menor rango.
Además del personal retirado del Ejército (64), el encausamiento afecta a otros 65 efectivos en la misma condición: 32 de Carabineros, 14 de la Fuerza Aérea, 11 de la Armada, seis de Investigaciones y dos de Gendarmería. El general (r) Manuel Contreras, ex director de la Dina, también fue procesado como autor del delito de secuestro calificado en el denominado Caso de los 13 o Conferencia II.
Tras conocer la decisión, uno de los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Boris Paredes, afirmó que "se ha avanzado mucho, cada vez más, en esclarecer la responsabilidad criminal de los delincuentes". Paredes destacó que por primera vez se encausa a personas que conocieron los hechos, pero que jamás los denunciaron.

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Noticia N°2 Dia del Detenido Desaparecido 2009

Lunes 31 de agosto de 2009
Por L. Ayala / R. Ahumada / La Nación
Día del Detenido Desaparecido estuvo inundado de reflexión y emotividad
“Justicia y verdad” exigieron familiares de detenidos desaparecidos, quienes aún esperan condenas a los violadores de derechos humanos.

El Parque por la Paz de Villa Grimaldi fue uno de los epicentros en los que se rindió homenaje ayer a las víctimas de la dictadura en medio de la cuarta conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Fecha de reflexión a nivel mundial desde 1981, y que fue instaurada en el país el 30 de agosto de 2006 por la Presidenta Bachelet.
Hasta ese lugar llegó la madre de la Mandataria, Ángela Jeria, quien participó del reconocimiento a las víctimas de desaparición forzosa y ejecutados políticos que pasaron por ese recinto de detención utilizado por la DINA y en el cual estuvo presa ella misma junto a la actual Presidenta. Al término de la ceremonia, con un clavel rojo en su mano y muy emocionada, destacó la relevancia de rememorar este día. "Es muy importante, porque la memoria tiende a ser frágil y creo que es necesario que la gente aprenda que esto nunca más debe suceder", dijo.
En la misma línea, el grupo Sol y Lluvia se hizo presente cantando temas como "Para que nunca más en Chile", "Quiero la verdad" y "En un largo tour", encendiendo el ánimo de los presentes, quienes tras repetir la consigna "justicia, verdad, no a la impunidad" exigieron ejemplificadoras condenas a los violadores de derechos humanos y reiteraron que hasta que "el último criminal pague no habrá perdón ni olvido". El acto contó con la presencia de ministros, representantes diplomáticos y luchadoras incansables por los derechos humanos como Joan Jara, Ana González y Viviana Díaz.
La ceremonia culminó cuando los familiares acudieron a dejar claveles rojos a los piel del memorial de víctimas. Previo al acto central, el senador Camilo Escalona recordó a los caídos del PS. Asimismo, lamentó las palabras del presidente de RN, Carlos Larraín, quien señaló en un foro que el golpe de Estado fue necesario y no tuvo palabras de arrepentimiento. "Ese horror vivido no es rechazado por la derecha política en Chile. La democracia será imperfecta hasta que ellos no sean capaces de asumir las consecuencias del terrorismo de Estado", señaló Escalona.
Romería en el cementerio
En paralelo, junto al Memorial de Detenidos Desaparecidos del Cementerio General, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) hizo lo propio recordando a las víctimas de la dictadura ante unos 200 asistentes. Guillermo Teillier, Isabel Allende, Raúl de la Puente y representantes de la CUT, el PS, la fundación Víctor Jara y el grupo Illapu, entre otros, resaltaron la labor que por más de 30 años vienen realizando los familiares de desaparecidos.
Mireya García, vicepresidenta de la agrupación, culminó el acto con un discurso plagado de simbolismos y llamando a no bajar los brazos hasta que se sepa el paradero de todos los desaparecidos. "Hay acá una silla de ruedas de una compañera y verán muchas más en el tiempo, porque no desistiremos hasta que se haga justicia y se sepa toda la verdad", aseguró la dirigenta.


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Noticia N° 1 del Día del Detenido Desaparecido 2009

Domingo 30 de agosto de 2009 Por Jorge Escalante / La Nación Domingo

Ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército

 

 

La DINA a honorarios

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército. En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal. "Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton. Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico. Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena". El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena. Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C. "Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003. En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984. Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad. Jefe de "Leopardo" El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional". Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis. Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974. El fiscal Cea Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información. Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación. Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito. Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái. Un Iturriaga en Mulchén Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén. "Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA". Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid. Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre". Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército. El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay. En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez. Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza". Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas. //LND investigacion@lanacion.cl

Familiares: “Vergüenza nacional" Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”. Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”. Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”. Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala. Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.