El sello investigador del juez de los masivos golpes a la DINA

ueves 3 de septiembre de 2009
Por Jorge Escalante / La Nación
Víctor Montiglio terminó asestando la más honda estocada con 150 procesados En el cuartel clandestino de Avenida Simón Bolívar fueron exterminados todos los integrantes de las dos direcciones clandestinas del Partido Comunista. No acepta el principio de la obediencia debida, y le “echa el guante” a todos quienes tuvieron que ver con el destino fatal de las víctimas. Construye mapas, esquemas y minuciosos archivos para que no lo engañen. La doctrina del juez Víctor Montiglio es tajante: todo el que tuvo algo que ver con el trágico destino final de las víctimas de la dictadura, debe ser procesado y responder judicialmente, según sea el nivel de responsabilidad que le quepa de acuerdo a la pena que deba recibir, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Para el juez no es válido el principio de la obediencia debida, esgrimido con frecuencia frente a él por quienes al tiempo del golpe militar tenían 21 años o poco más. Aunque éstos hayan sido soldados o cabos que en su tiempo cumplieron funciones de custodia de los prisioneros en los centros clandestinos de la DINA. Menos lo es respecto de oficiales que a comienzos de los años setenta tenían la misma corta edad. Y cuando más claro quedó demostrado este criterio del magistrado, fue en la histórica resolución que dictó el martes pasado, por la cual procesó a poco más de 150 ex agentes por los casos Operación Colombo, Operación Cóndor y el episodio de Calle Conferencia 1587. Sólo en Colombo el magistrado encausó a 105 ex agentes, mientras que en los episodios de Calle Conferencia I y II, según los crímenes por la primera o la segunda dirección del Partido Comunista exterminadas en 1976, procesó a otros 70 ex agentes. En la Operación Cóndor los procesados suman unos 20 nombres, lo que en una cifra "en bruto", vale decir, sin descontar aún los nombres que se repiten, se llega al total de 195. 150 ENCAUSADOS Sin embargo, La Nación puede afirmar que sólo entre Colombo y Conferencia I y II, y hecha la operación de descontar los nombres que se repiten, se llega a la cifra "limpia" de exactamente 150. Hasta ahora el juez no ha autorizado dar publicidad a la cifra exacta de encausados por los tres casos mencionados, ni tampoco a las identidades de los ex agentes. Por lo tanto, la cifra exacta, final y "limpia" considerando también los procesados por Cóndor, superará la cantidad de 150 encausados y podría ascender a unos 165. Mañana viernes deberían quedar cumplidas todas las detenciones ordenadas por el juez, y también deberían finalizarse las notificaciones correspondientes. El "estilo" Montiglio es de película. El juez consigna cada detalle de las declaraciones de los ex agentes, y se arma mapas con cada una de sus investigaciones. Y su información y archivo llega a ser tan profunda y detallada, que le resulta fácil detectar la más mínima contradicción entre una, dos o diez declaraciones prestadas por la misma persona. Entonces vuelve a interrogar o a carear a uno con otro, hasta que logra derribar las grandes mentiras o leves engaños. Su forma de investigar puede a veces demorar el proceso más tiempo de lo normal, pero el magistrado sabe que lo que logró establecer tiene tan alto porcentaje de certeza, que podrá resistir cualquier examen luego en la Cortes de Apelaciones o la Sala Penal de la Corte Suprema. Salvo que finalmente esta Sala Penal, aplicando criterios "equilibristas" y de "compensación" y dependiendo de la composición de la sala, esgrima rebuscados subterfugios jurídicos, como lo ha venido haciendo desde hace unos tres años, para terminar beneficiando sistemáticamente a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, con bajas penas por debajo de los cinco años y un día, lo que les permite cumplirlas en libertad. Por la amnistía Pero el juez Montiglio es partidario de aplicar la amnistía, como lo ha expresado más de una vez y ya lo demostró en una sentencia dictada. Su criterio para ello es “estrictamente” jurídico. Dice que él “respeta la ley” y afirma que la Ley de Amnistía “es una ley vigente”. Él y otros magistrados más de una vez han expresado en privado que, respecto de esta legislación, es a los “políticos y parlamentarios” a quienes corresponde derogarla o anularla, pero que éstos no han sido capaces de hacerlo en los 20 años desde el fin de la dictadura.