Corte Suprema pretende cerrar causas de DD.HH. en sólo dos años

Para agilizar los casos, el vocero de La Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, señaló que se nombraron tres magistrados más.
 12 de enero 2012


A la fecha se contabilizan más de 700 querellas por temas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile.
Ayer el vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, anunció que se autoimpuso un plazo de dos años para cerrar todas las causas pendientes en este tipo de casos, que están en alrededor de 250 tomos.
La medida se tomó luego de reportar la redistribución de causas que se ha realizado tras el fallecimiento del juez Víctor Montiglio, según consignó radio Agricultura.
"Hemos designado nuevos ministros, precisamente, porque ojalá, deseamos ponerle término dentro de un lapso de unos dos años aproximadamente (a las causas)", señaló Rodríguez.
En ese marco, a los cuatro ya existentes (Alejandro Madrid, Alejandro Solís, Jorge Zepeda y Joaquín Billard) se suman los magistrados Patricia González, Miguel Vásquez y Adriana Sottovía.
La ministra González estará a cargo de las investigaciones del caso Caravana de la Muerte y las operaciones Cóndor y Colombo, mientras que el ministro Vásquez investigará la muerte del cantautor Víctor Jara, entre otras causas que estaban a cargo de los ministros Jorge Joaquín Billard y Jorge Zepeda.
La ministra Soto, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, seguirá los procesos que tramitaban los magistrados Héctor Solís, Sylvia Pizarro y Ana María Arratia.
Al mismo tiempo, Rodríguez Espoz agregó que no se cerrarán a la posibilidad "de que se sigan recibiendo nuevas demandas".
Casos emblemáticos
La jueza Patricia González estuvo encargada de reabrir, en el 2004, el caso de Rodrigo Anfruns Papi (el niño de seis años que desapareció en junio de 1979).
En el 2003 dejó en libertad por falta de mérito al tenista Marcelo Ríos, luego de que protagonizara una riña a la salida del bar Liguria, ubicado en Providencia.
Fue destacada en su momento por participar en el voto de mayoría que permitió la primera condena en contra de Manuel Contreras, en 2004, por el secuestro del sastre mirista Miguel Sandoval Rodríguez.
En el 2007 y 2008 reemplazó al ministro Carlos Cerda en la investigación del caso Riggs (dineros del general Pinochet en el extranjero).
Inició la investigación del caso MOP-Gate cuando quedaron al descubierto las irregularidades en los contratos que tenían ambas entidades.
El juez Miguel Vásquez fue uno de los magistrados que decidió la prisión preventiva del ex gerente de La Polar, Julián Moreno.
La ministra Adriana Sottovía cumplió funciones como ministra suplente en el caso Caravana de la Muerte y fue quien sentenció a ocho años de prisión al ex jefe de la DINE, general (R) Héctor Orozco, como autor del secuestro y desaparición en 1978 del suboficial y agente de la DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez.

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