Familiares de Víctimas de la Represión en Perú buscan Solidaridad en Chile

Familiares de víctimas de la violencia buscan solidaridad en Chile
CNR
Publicado por Ave Crítica 10-04-2007

Una delegación compuesta por siete familiares de igual número de víctimas de violaciones a los derechos humanos viajará esta noche a Chile con la finalidad de generar en la sociedad del vecino país una corriente favorable respecto a la extradición del prófugo ex presidente Alberto Fujimori. Así lo anunció el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) Francisco Soberón, quien detalló que nuestros compatriotas permanecerán en Chile hasta el 17 de abril con la meta de unir esfuerzos entre la sociedad peruana y chilena a fin de lograr que Fujimori sea extraditado.

“En esa semana, se harán plantones y pronunciamientos ante las embajadas de Chile y del mundo, para demostrar la solidaridad de la sociedad con los familiares frente a estos graves casos de violaciones a los derechos humanos en los que está involucrado Fujimori”, manifestó Soberón.

Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz (estudiante asesinado por el Grupo Colina en la Universidad La Cantuta), informó que pedirán una audiencia con la presidenta chilena Michelle Bachelet, a fin de exponerle los casos sufridos por sus familiares durante el régimen fujimorista. “Estamos pidiendo una audiencia (a la presidenta Bachelet) para poder explicarle cada uno de los casos en los cuales hemos sido afectados como ciudadanos peruanos. Esperamos que en esta última etapa del proceso de extradición haya un compromiso conciente de las autoridades chilenas y, mas allá de las presiones, se pueda resolver este proceso”, declaró.

Como se sabe, la fiscal general de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, deberá presentar el informe sobre la extradición de Fujimori el próximo 23 de abril, para que el juez de dicha Corte, Orlando Álvarez, emita su sentencia.

Fujimori arribó a Chile en noviembre del 2005, tras permanecer casi cinco años en Japón a raíz de los escándalos de corrupción en las altas esferas de su gobierno que lo obligaron a renunciar. Un día después de llegar a Chile fue detenido y permaneció en prisión por casi seis meses, luego de los cuales fue liberado provisionalmente a la espera del desarrollo del juicio de extradición por 12 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos y otros ilícitos.

Desde su arribo, el gobierno chileno dispuso una guardia especial de Carabineros que lo vigila día y noche. El tema no es sólo por seguridad, sino también para evitar una posible fuga del ex mandatario, pese a que cuenta con arraigo nacional lo que le impide abandonar el vecino país.

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Memoria Histórica del Pueblo Peruano

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Testigos de masacre peruana abren su memoria en Miami

Gerardo Reyes

El Nuevo Herald - Miami

Publicado en Ave Crítica - 09-04-2007

Teófila Ochoa dice que lo vio todo desde su choza, al lado de un hermano menor. Tenía 12 años. Distorsionadas por sus lágrimas vio las imágenes de los militares del ejército peruano abusando sexualmente de las mujeres y llevando a empellones a los viejos de la comunidad para que hicieran fila hacia la muerte y a los hijos que arrancaban de las faldas de sus madres.

Ahí, en esa tremolina, estaban su mamá Silvestra y sus tres hermanos. Oía gritos, muchos gritos, recuerda, y sobre todo las órdenes de los soldados que nadie entendía. En un diálogo de sordos, los militares vociferaban en español y las víctimas imploraban en quechua.

Cuando llegaron temprano en la mañana por su mamá a la chacra, ella le dijo orgullosa a quienes la sacaron que tenía un hijo mayor que había sido soldado de la patria. Pero los cabos que la llevaban con sus hijos a la explanada de Hatumpampa, con la excusa de una reunión comunitaria, no entendían quechua.

''Los gritos se fueron parando cuando le pusieron candela a la casa donde los metieron a todos'', recuerda Ochoa en una entrevista telefónica con El Nuevo Herald desde Lima. "¡Qué terrible debía ser lo que estaba pasando ahí adentro!''

Un total de 69 pobladores de Accomarca, un caserío indígena de la sierra, al sur del Perú, murieron esa tarde del 14 de agosto de 1985. Fueron masacrados por las patrullas Lince 6 y Lince 7 del ejército peruano que tenían órdenes de ''capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayoc'', según los documentos de tribunales del Perú. Esa dramática historia, que en América Latina de ordinario pasa a engrosar voluminosos documentos de derechos humanos que acumulan más polvo que lectores, revivió la semana pasada en forma de aliento para quienes durante los últimos 21 años han luchado porque no se olvide.

El jefe de Lince 7, entonces subteniente Telmo Hurtado Hurtado, durmió tranquilo en un apartamento del norte de Miami Beach hasta el viernes antepasado. A las 4:45 de la madrugada, un grupo de asalto de la policía de esa ciudad le dio apoyo a agentes federales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que lo arrestaron bajo cargos de fraude de documentos de inmigración. Se llevaron a su madre y a su hermano Samuel que también fue militar.

El mismo día, el jefe de Lince 6, Juan Manuel Rivera Rondón fue arrestado en su casa de un barrio de clase alta del condado de Montgomery, Maryland. Rivera, de 47 años, propietario de dos casas en las afueras de Washington, una de ellas evaluada en $820,000, llevaba una vida muy tranquila y holgada junto a su novia de ciudadanía estadounidense. Se dedicaba al negocio de hipotecas. En los registros catastrales figura como propietario de dos casas en las afueras de Washington. Su historial judicial en Estados Unidos también está manchada, según el diario The Baltimore Sun. En el 2003 fue acusado de múltiples conductas de abuso sexual a raíz de una denuncia presentada por un pariente joven.

La mayor parte de los cargos fueron revocados pero la fiscalía de Montgomery lo encausó por una ofensa sexual en cuarto grado. Fue condenado a un año de prisión y se le concedió libertad bajo fianza. Esta situación lo forzó a pedir permisos para salir del país, una vez a visitar a su madre enferma a Perú y otra para viajar con su novia a las Islas Caimán, donde ella se reunió con parientes cubanos.

En el Perú, las sobrevivientes de la masacre no se explican cómo el ex militar entraba y salía al país sin problemas a pesar de su deudas con la justicia.

El oficial inmediatamente superior a Hurtado y Rivera durante la masacre era el entonces capitán y hoy general retirado José Williams Zapata. Williams representa en la actualidad al Perú ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. La junta es una organización internacional de defensa y seguridad que sirve de órgano consultivo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene, entre sus programas principales, el de la "educación para la paz''.

En Perú, Williams, quien posó como héroe nacional por ser uno de los militares que participaron en la liberación de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima en 1997, afronta el caso judicial por la masacre de Accomarca así como una acusación por la presunta ejecución extrajudicial de guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que tomaron la embajada y también alegatos de enriquecimiento ilícito. El Nuevo Herald dejó mensajes a Williams en la sede de la junta en Washington que no fueron respondidos.

Aparentemente Estados Unidos también fue escogido como refugio por David Eduardo Castañeda Castillo, jefe de la Patrulla Tigre, quien participó igualmente en la masacre de Accomarca, según informó Karim Virginia Ninaquispe Gil, abogada de las víctimas. Se sospecha que vive en California.

Samuel Hurtado, hermano de Telmo, quien no aparece involucrado en la masacre, fue arrestado por la policía durante el allanamiento al apartamento de Miami Beach y luego liberado. Su madre, quien también fue detenida, podría ser deportada.

Samuel asegura que todas las víctimas de Accomarca eran guerrilleros del izquierdista movimiento rebelde Sendero Luminoso y que aquello no fue una masacre sino un enfrentamiento "arma con arma''. De ser esto cierto, la familia de Teófila era un pelotón de niños combatientes de uno a seis años, al mando de una señora de 35.

Ernestina, Víctor, Celestino y Viduen Ochoa, los supuestos guerrilleros armados de Sendero Luminoso en la mente del subteniente Hurtado, murieron calcinados en una fogata siniestra prendida por su patrulla.

''Es que ustedes los periodistas no entienden cómo es la guerra'', dijo Samuel. "Para que su familia duerma tranquila en su casa, para que el presidente duerma tranquilo y los senadores y los diputados, ¿quiénes estamos combatiendo en la calle? Los militares''.

Ninaquispe sostuvo que el argumento del hermano de Hurtado en el sentido de que aquello fue un enfrentamiento es "absurdo''. ''No se ha demostrado, durante todos estos años, que las personas hayan sido colaboradores o miembros de Sendero Luminoso. Tampoco hubo bajas, tampoco se llegó a confiscar material subversivo, nada'', explicó la abogada a El Nuevo Herald. Según las investigaciones, la orden de ''limpiar'' la zona fue impartida por el jefe político militar del departamento de Ayacucho, Wilfredo Mori Orzo, bajo el argumento de que la población apoyaba y formaba parte de Sendero Luminoso.

Teófila se salvó de la masacre porque escapó de su casa con su hermano Gerardo. Cada uno tomó direcciones opuestas. Gerardo fue alcanzado por las balas de soldados que lo persiguieron y murió. En su fuga, Teófila se encontró frente a frente con un grupo de militares que llevaba a unas 10 niñas prisioneras. Un derrumbe que había en el camino, un huayco como se le llama en el Perú, la separaba de la muerte. Al otro lado los militares, mientras le apuntaban, le gritaban que atravesara el guaico y se entregara.

Ella se negó y salió corriendo entre los tiros que picaban en la tierra. Se escondió en un piedra grande, recuerda, y desde allí fue testigo de un segundo espectáculo macabro. Los soldados tomaban a cada niña, entraban con ellas a las chozas abandonadas, las violaban, les daban un tiro y le prendían fuego a la vivienda. ''Una por una, así, hasta matarlas a todas'', agregó. Al mismo costado del huayco, su prima Cirila Pulido, contenía la respiración junto a sus hermanos, Alfredo y Elva, para que los soldados no los descubrieran. Desde la loma donde estaba su choza, Pulido vio cómo llevaban a su mamá, a una hermanita de ocho meses, varios tíos y sus abuelos a la casa de un comunero para luego acribillarlos a bala.

''¿Qué culpa tenían para que hagan eso?'', dijo Cirila a El Nuevo Herald. "Nos quitaron la familia, seguir viviendo es muy duro''. Al anochecer Pulido se dirigió al pueblo con su hermano y se salvó. Teófila caminó tres días y tres noches hasta que su abuelo la encontró, y sin medir las consecuencias del trauma, la llevó de regreso al lugar de la masacre para que le ayudara a reconocer los cuerpos de su madre y sus hermanitos en la casa incendiada. "Regresamos para buscar los restos, yo sin zapatos, sin sombrero, triste, destrozada, cuando llegamos, ay Dios mío, era un lugar horrible, ardía todavía, en eso vi parte de mi madre, la cintura, un pedazo de manta, ella agarrando a uno de mis hermanitos'' .

Telmo Hurtado no ocultó su responsabilidad en los hechos. Durante una declaración que él pensaba que quedaría bajo secreto militar, explicó orgulloso sus acciones ante un inspector del ejército de la Segunda División de Infantería del departamento de Ayacucho: "He dado la orden de disparar contra los pobladores así como haber lanzado una granada en el interior de la habitación del centro, que es lo que tenía el mayor número de gentes, con la intención de eliminar a los posibles heridos que podían haber quedado, y la otra con la finalidad de destruir la casa''.

Hurtado había ordenado a los hombres hacer fila en un lado y a las mujeres a otro. Entre ellas había 10 embarazadas. La mayoría de los hombres eran ancianos porque los jóvenes habían salido de madrugada a trabajar en las plantaciones.

Al promediar las 8:30 de la mañana, los militares habían reunido a más de 60 personas en la zona de Lloccllapampa, según el relato de la asociación de las víctimas. A los hombres los encerraron en la casa del campesino Cipriano Gamboa, no sin antes golpearlos, y a las mujeres y niños en la casa del comunero César Gamboa. ''Previamente las mujeres fueron llevadas a unos arbustos donde fueron ultrajadas sexualmente' ', agrega el informe. Una vez en las viviendas, los militares acusaron de terroristas a los campesinos y procedieron a disparar contra todos. Teófila recuerda que las ráfagas empezaron tan pronto puso el pie, en una de las casas, el último de la fila de los hombres.

Las noticias de la masacre sacudieron el recién inaugurado primer gobierno del presidente Alan García. Los militares buscaban afanosamente proteger a los altos mandos y sacrificar a Hurtado.

El 16 de septiembre de 1985, cuando Hurtado se encontraba declarando, él mismo relató que el coronel inspector de la Segunda División del Ejército le dijo que su declaración "no tenía ningún valor para el Fuero Militar ni para el Fuero Común, que la investigación que estaba realizando era un procedimiento interno para salvar la responsabilidad del general Mori. Por eso'', agregó Hurtado, "me sugirió que me haga el loco y que aparente eso para que de esa manera no caiga el comando de la Segunda División y no tenga ninguna repercusión para el general [...] inclusive el coronel de Infantería Gonzáles Feria Nelson sugirió que me hiciera el loco o llorara delante de los parlamentarios' '.

Hurtado fue absuelto de los delitos de homicidio, negligencia y desobediencia, y sólo fue condenado por la justicia militar, por abuso de autoridad, a seis años de prisión y al pago de 500 soles (unos $250) por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas.

Cuando se esperaba que el militar ya estuviera en uso de buen retiro, una denuncia periodística de la televisión peruana, en mayo de 1999, reveló que Hurtado no fue dado de baja. Se había acogido a las leyes de amnistía y continuaba su carrera castrense en la Sexta Región Militar, ahora bajo el grado de mayor. Su hermano sostuvo a El Nuevo Herald que Telmo estaba bajo arresto dentro del cuartel como sanción disciplinaria pero no penal.

En un principio, la denuncia original por la masacre, radicada por la Fiscalía de Derechos Humanos en febrero del 2005, incluyó, además de los altos mandos militares, al presidente Alan García. Pero el nombre del ex mandatario fue removido por presiones políticas, según la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq. Excluido García, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió el proceso penal en contra de 29 personas.

Posiblemente, para esa época, Hurtado ya estaba aclimatándose en Miami Beach. Según documentos de una corte federal de Miami, en diciembre del 2002, llenó un formulario para solicitar un visado a Estados Unidos. El formulario contenía una pregunta mandada a hacer para él: "¿Ha sido usted arrestado o condenado alguna vez por cualquier contravención o delito, aunque haya sido objeto de amnistía o cualquier acción legal similar?'' Hurtado respondió que no. Con esa negativa presuntamente falsa, las autoridades de Estados Unidos hallaron pretexto para arrestarlo cinco años después en su apartamento de Harding y la calle 77. Fue acusado de falsedad.

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Noticias sobre el tema

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Familiares de víctimas peruanas se manifestaron frente a casa de Fujimori
La Tercera
Fecha edición: 14/04/2007 17:01

Un grupo de peruanos, familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori, se manifestó hoy frente al domicilio del ex mandatario, para exigir su extradición.
El grupo, que se encuentra en Santiago desde hace varios días para participar en diversas actividades a favor de la extradición, organizadas por la sección chilena de Aministía Internacional, llegó con pancartas hasta un edificio de la calle Luz, en el municipio de Las Condes, en el que Fujimori vive desde el pasado enero.
Se trata de familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1992) y de la Universidad La Cantuta (1992), dos de los casos por los que el Estado peruano pidió la extradición del ex mandatario (1990-2000) a la Justicia chilena.
También Fujimori, que llegó a Chile en noviembre de 2005 desde Japón, está requerido por diez delitos de corrupción. El ex mandatario peruano estuvo seis meses en detención preventiva y desde mayo del año pasado está en libertad provisional, aunque con una orden de arraigo que le impide abandonar el territorio chileno.
Los familiares reiteraron su preocupación de que, ante un fallo adverso, Fujimori se fugue de Chile o se refugie en la embajada de Japón, para escapar a la acción de la Justicia. El juicio de extradición está a cargo del juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, al que los familiares le manifestaron esta semana sus aprensiones.
"Le expresamos nuestra preocupación sobre la posible fuga de Fujimori o que pida asilo en la embajada," dijo Gisela Ortiz, portavoz del grupo y hermana de una víctima del caso de la Universidad La Cantuta.
El juez Álvarez está cerca de emitir el fallo de primera instancia en el proceso, para lo cual debe recibir antes un informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, quien anunció que lo entregará probablemente el 23 de abril.
El informe de la fiscal no es vinculante y puede ser acogido o desestimado por el juez, según las normas del antiguo sistema procesal chileno, bajo el cual se lleva a cabo el juicio.
Las partes del proceso han coincidido en que sea cual sea el fallo del juez Álvarez, será recurrido ante la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, que deberá resolver en definitiva, nunca antes de dos o tres meses más.
EFE

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