En entrevista con La Tercera, la senadora del PS se refiere a los nuevos antecedentes que revelan que la fortuna del fallecido general Pinochet ascienden a US$ 21 millones de dólares. Así como también a las próximas elecciones internas de su partido y al proyecto de ley de financiamiento.
por Nicolás Violani - 06/06/2010 - 13:06
Se acaba de estimar, por parte del juez Manuel Valderrama, que la fortuna de Pinochet asciende a US$ 21 millones. ¿Qué le pareció esta noticia?
Pinochet no escapó a la regla de oro de los dictadores, que no sólo son capaces de violar los derechos humanos y romper las institucionalidades democráticas de un país, sino que también terminan enriquecidos de manera ilegítima. Es indignante que llevemos años sin poder decir con claridad de dónde proviene esta fortuna. Lo que tengo claro es que ha habido mucha impunidad. A la Alianza, mientras fue oposición, nunca la oí pidiendo una comisión investigadora, siempre se hicieron los lesos. Espero que de una vez por todas la justicia cierre este proceso y sancione a los cómplices de Pinochet.
Por otro lado, a fin de mes se presentan las elecciones internas del PS, ¿en qué escenario se presentan éstas?
Venimos de una gestión que fue bastante excluyente. Creo que ahora tenemos la oportunidad de cambiar eso. Están apareciendo candidaturas de nuevas generaciones y lo que uno espera de esto es que hagan prácticas distintas y asuman un compromiso partidario. No digo terminar con las tendencias, pero que éstas no reemplacen al partido. Nosotros hemos hecho este acuerdo (con Marcelo Díaz y Álvaro Elizalde) no en función de un acuerdo electoral, sino por compartir una visión crítica y un diagnóstico común, queremos cambios.
Esta semana se debate el proyecto de ley de financiamiento en el Congreso, ¿se pagará el costo político, como pretende un sector de la Alianza?
No hay que aceptar estos emplazamientos públicos que pretenden mostrarnos como unos parlamentarios irracionales que nos negamos a todo. Queremos que hayan más recursos, pero también queremos que estos provengan de aquéllos que tienen más y no de los que tienen menos y la "señora Juanita" lo sabe. El gobierno ha sido incapaz de demostrar que en el mediano y largo plazo va a tener más recursos y no menos. Por lo demás, hemos dicho hasta el cansancio que nuestro país tiene reservas y una capacidad de endeudamiento muy grande. Y también somos partidarios de utilizar recursos de la ley reservada del cobre, que perfectamente se pueden usar para la reconstrucción y no solamente para la compra de armas, que ya se han hecho más que suficientes.
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Monday, June 07, 2010
Miguel Otero: “La mayor parte de Chile no sintió la dictadura”
Por La Nación
“Yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional; creo que, como en todo el mundo, hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”, dijo el embajador en torno al golpe de Estado de 1973.
Lunes 7 de junio de 2010
Política
En entrevista con el diario Clarín de Buenos Aires, el embajador chileno en Argentina, Miguel Otero, manifestó que no tiene cuestionamientos para las Fuerzas Armadas en materia de abusos de los derechos humanos tras el golpe de Estado de 1973.
“Yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional; creo que, como en todo el mundo, hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”, señaló el diplomático.
Agregó que “si no hubiera existido el pronunciamiento militar, Chile hoy sería Cuba. Una cosa es la conducta económica, que cambió a Chile de país mendicante a un país con dignidad, que permitió la libertad de empresa y que nos llevó a ser lo que ha sido la línea económica continuada por todos los gobiernos de la Concertación”.
Otero señaló, además, que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura. Al contrario, se sintió aliviada. Porque antes usted no podía comprar nada importado, tenía que pagar lo que se producía en Chile, caro y malo. De la noche a la mañana usted empezó a encontrar lo que no había. Ganó el pueblo. Entonces las calles se limpiaron, empezó a haber trabajo. La represión la conocimos mucho más tarde. Se juzga sin conocer la realidad de lo que vivió Chile”.
Al ser consultado sobre los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar el gobierno de Salvador Allende, el diplomático dijo desconocer el tema. “No tengo idea. No le puedo decir algo que a mí no me consta ni sé. Lo que sí le puedo decir es que no teníamos azúcar, no teníamos alcohol, no teníamos algodón. Yo he estado en colas a las 4 de la mañana con mi señora y mis hijas para ver si conseguíamos un kilo de pan. Más aún, protegíamos estas colas de las actuaciones de la extrema izquierda”, manifestó.
El embajador precisó además que hay que diferenciar la derecha económica de la derecha política. “Yo nunca he sido de la derecha económica, porque creo que sólo tiene un dios, el dinero. Y nunca la derecha económica ha quedado mal en ningún gobierno, es más, nunca ganó más plata que durante el gobierno del señor (Ricardo) Lagos. Nunca”, subrayó.
Añadió que “la derecha política es otra cosa: conservadora en ciertos valores y progresista en otras materias. Yo repito lo que dice Sebastián: “No tienen idea de lo que somos, nos han etiquetado, no saben de qué derecha están hablando. No tienen idea de lo que están diciendo”
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“Yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional; creo que, como en todo el mundo, hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”, dijo el embajador en torno al golpe de Estado de 1973.
Lunes 7 de junio de 2010
Política
En entrevista con el diario Clarín de Buenos Aires, el embajador chileno en Argentina, Miguel Otero, manifestó que no tiene cuestionamientos para las Fuerzas Armadas en materia de abusos de los derechos humanos tras el golpe de Estado de 1973.
“Yo no creo sinceramente que haya sido un acto institucional; creo que, como en todo el mundo, hay gente que abusa de la autoridad y se extralimita”, señaló el diplomático.
Agregó que “si no hubiera existido el pronunciamiento militar, Chile hoy sería Cuba. Una cosa es la conducta económica, que cambió a Chile de país mendicante a un país con dignidad, que permitió la libertad de empresa y que nos llevó a ser lo que ha sido la línea económica continuada por todos los gobiernos de la Concertación”.
Otero señaló, además, que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura. Al contrario, se sintió aliviada. Porque antes usted no podía comprar nada importado, tenía que pagar lo que se producía en Chile, caro y malo. De la noche a la mañana usted empezó a encontrar lo que no había. Ganó el pueblo. Entonces las calles se limpiaron, empezó a haber trabajo. La represión la conocimos mucho más tarde. Se juzga sin conocer la realidad de lo que vivió Chile”.
Al ser consultado sobre los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar el gobierno de Salvador Allende, el diplomático dijo desconocer el tema. “No tengo idea. No le puedo decir algo que a mí no me consta ni sé. Lo que sí le puedo decir es que no teníamos azúcar, no teníamos alcohol, no teníamos algodón. Yo he estado en colas a las 4 de la mañana con mi señora y mis hijas para ver si conseguíamos un kilo de pan. Más aún, protegíamos estas colas de las actuaciones de la extrema izquierda”, manifestó.
El embajador precisó además que hay que diferenciar la derecha económica de la derecha política. “Yo nunca he sido de la derecha económica, porque creo que sólo tiene un dios, el dinero. Y nunca la derecha económica ha quedado mal en ningún gobierno, es más, nunca ganó más plata que durante el gobierno del señor (Ricardo) Lagos. Nunca”, subrayó.
Añadió que “la derecha política es otra cosa: conservadora en ciertos valores y progresista en otras materias. Yo repito lo que dice Sebastián: “No tienen idea de lo que somos, nos han etiquetado, no saben de qué derecha están hablando. No tienen idea de lo que están diciendo”
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Expedientes de caso Aldoney son hallados en subterráneo
Por Jorge Escalante / La Nación
Ocho expedientes de la Fiscalía Naval de Valparaíso adjuntos a los siete tomos del proceso por el secuestro y desaparición del ex regidor socialista fueron sacados de su contenedor. El sello del empaque que los contenía fue violado. La causa lleva un año en la Corte Suprema sin poder ser vista.
Lunes 7 de junio de 2010
País
La primera causa por violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales de la Armada en servicio activo que llega a la Corte Suprema, está sumida en un extraño episodio.
En abril pasado, expedientes relacionados con el caso de Jaime Aldoney Vargas, remitidos a la Corte Suprema por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 13 de julio de 2009, fueron hallados en un subterráneo del Palacio de Tribunales, en Santiago, fuera de su contenedor oficial porque el sello del empaque que los contenía fue violado.
El envío desde Valparaíso comprendía dos cajas conteniendo los siete tomos del expediente por el secuestro y desaparición del dirigente socialista, incluyendo un sobre sellado con otros ocho expedientes adicionales de procesos instruidos por la Fiscalía Naval de Valparaíso en contra de prisioneros, conocidos como “causas ancla”.
El sello de aquel sobre fue violado y los ocho expedientes “ancla” aparecieron diez meses después del envío en el referido subterráneo, adjuntos a una causa ajena al caso Aldoney cuyos expedientes habían sido enviados a la Suprema también por la Corte de Valparaíso pero en diciembre de 2009.
Cuando el 31 de marzo de 2010 un relator de la Corte Suprema abrió el sobre referido, esos expedientes “ancla” no estaban dentro.
Según explicó a La Nación el vocero de la Corte Suprema y juez de la sala penal de ese tribunal, Nibaldo Segura, el error habría sido de la Corte de Apelaciones de Valparaíso porque “esos expedientes no vinieron (desde Valparaíso) el mismo día y llegaron por vía diferente y por ello aquí en Santiago se separaron”. Lo mismo explicó el actual relator de la causa Aldoney en la Suprema, Alejandro Rivera, quien confirmó que, en todo caso, cuando el sobre en cuestión fue abierto, los expedientes no estaban y sólo había otras piezas procesales.
En todo caso, en la Corte de Valparaíso explicaron a este diario que desde allí se envió a la Suprema todo lo que debían “el 14 de julio de 2009, día en que el correo retiró las dos cajas, incluyendo esos expedientes”. Así lo establece el oficio conductor Nº 183-2009.
En marzo puesta en tabla
La causa había sido puesta en tabla para la vista por la sala penal en marzo de 2010, pero esta pérdida provocó que volviera a salir de la lista. Como última instancia, la sala penal debe resolver el recurso de casación de la defensa de los siete oficiales ya en retiro de la Armada condenados, recurso interpuesto por el abogado Carlos Portales que aboga por la absolución total de sus representados.
Además, la sala penal debía resolver la casación de la parte querellante por la víctima, recurso con que los abogados Luciano Utinel, por la familia de Aldoney, y Karina Fernández por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, buscan elevar las penas de los autores, cómplices y encubridores del crimen.
“Importante retardo”
“Fue curioso que los expedientes perdidos aparecieran en ese subterráneo justo al día siguiente del lunes 17 de mayo pasado, cuando con la abogada Karina Fernández fuimos a hablar de esta extraña situación con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Dinora Cameratti, quien ha estado muy preocupada porque en esta corte han sido muy diligentes en todo esto”, dijo el abogado Luciano Utinel.
“Esto ha provocado un importante retardo para que la sala penal pueda ver y resolver en esta causa”, afirmó Utinel.
A su vez, la abogada Karina Fernández confirmó que “al otro día que fuimos a hablar con la presidenta de la Corte de Valparaíso por esta situación, desde esa corte me llamaron para avisarme que desde la Suprema les habían avisado del hallazgo de los expedientes perdidos”.
Consultado el abogado defensor Carlos Portales, expresó que “esto es normal que ocurra en tribunales, que los expedientes de extravíen y después aparecen, aquí no hay nada raro, lo que pasa es que en estas causas los querellantes siempre le andan buscando el cuesco a la breva”.
En este escenario, hasta ahora la causa aún no es vista por la Sala Penal de la Suprema, aunque fue repuesta en tabla al día siguiente de que La Nación pidiera una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. Pero ahora, la causa volvió a salir de tabla porque la defensa de los oficiales volvió a pedir otros expedientes “ancla”.
El ex regidor socialista, hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue torturado en la base aérea naval El Belloto y su cuerpo fue lanzado al mar.
LOS CONDENADOS EN LA CAUSA
Los condenados en la causa, todos en retiro, son de acuerdo a la sentencia de la tercera sala de la corte de Valparaíso: el contralmirante Ernesto Huber von Appen, tres años y un día (fue absuelto en primera instancia por el juez de la causa Julio Miranda), y los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Undangarín Romero y Germán Valdivia Keller, sentenciados a tres años y un día (habían sido condenados a cuatro años). Además, los capitanes de navío Guillermo Vidal Hurtado, 541 días (había sido condenado a 320 días por el juez Miranda) y Sergio Mendoza Rojas, 540 días (recibió en primera instancia 75 días de presidio).
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Ocho expedientes de la Fiscalía Naval de Valparaíso adjuntos a los siete tomos del proceso por el secuestro y desaparición del ex regidor socialista fueron sacados de su contenedor. El sello del empaque que los contenía fue violado. La causa lleva un año en la Corte Suprema sin poder ser vista.
Lunes 7 de junio de 2010
País
La primera causa por violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales de la Armada en servicio activo que llega a la Corte Suprema, está sumida en un extraño episodio.
En abril pasado, expedientes relacionados con el caso de Jaime Aldoney Vargas, remitidos a la Corte Suprema por la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 13 de julio de 2009, fueron hallados en un subterráneo del Palacio de Tribunales, en Santiago, fuera de su contenedor oficial porque el sello del empaque que los contenía fue violado.
El envío desde Valparaíso comprendía dos cajas conteniendo los siete tomos del expediente por el secuestro y desaparición del dirigente socialista, incluyendo un sobre sellado con otros ocho expedientes adicionales de procesos instruidos por la Fiscalía Naval de Valparaíso en contra de prisioneros, conocidos como “causas ancla”.
El sello de aquel sobre fue violado y los ocho expedientes “ancla” aparecieron diez meses después del envío en el referido subterráneo, adjuntos a una causa ajena al caso Aldoney cuyos expedientes habían sido enviados a la Suprema también por la Corte de Valparaíso pero en diciembre de 2009.
Cuando el 31 de marzo de 2010 un relator de la Corte Suprema abrió el sobre referido, esos expedientes “ancla” no estaban dentro.
Según explicó a La Nación el vocero de la Corte Suprema y juez de la sala penal de ese tribunal, Nibaldo Segura, el error habría sido de la Corte de Apelaciones de Valparaíso porque “esos expedientes no vinieron (desde Valparaíso) el mismo día y llegaron por vía diferente y por ello aquí en Santiago se separaron”. Lo mismo explicó el actual relator de la causa Aldoney en la Suprema, Alejandro Rivera, quien confirmó que, en todo caso, cuando el sobre en cuestión fue abierto, los expedientes no estaban y sólo había otras piezas procesales.
En todo caso, en la Corte de Valparaíso explicaron a este diario que desde allí se envió a la Suprema todo lo que debían “el 14 de julio de 2009, día en que el correo retiró las dos cajas, incluyendo esos expedientes”. Así lo establece el oficio conductor Nº 183-2009.
En marzo puesta en tabla
La causa había sido puesta en tabla para la vista por la sala penal en marzo de 2010, pero esta pérdida provocó que volviera a salir de la lista. Como última instancia, la sala penal debe resolver el recurso de casación de la defensa de los siete oficiales ya en retiro de la Armada condenados, recurso interpuesto por el abogado Carlos Portales que aboga por la absolución total de sus representados.
Además, la sala penal debía resolver la casación de la parte querellante por la víctima, recurso con que los abogados Luciano Utinel, por la familia de Aldoney, y Karina Fernández por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, buscan elevar las penas de los autores, cómplices y encubridores del crimen.
“Importante retardo”
“Fue curioso que los expedientes perdidos aparecieran en ese subterráneo justo al día siguiente del lunes 17 de mayo pasado, cuando con la abogada Karina Fernández fuimos a hablar de esta extraña situación con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Dinora Cameratti, quien ha estado muy preocupada porque en esta corte han sido muy diligentes en todo esto”, dijo el abogado Luciano Utinel.
“Esto ha provocado un importante retardo para que la sala penal pueda ver y resolver en esta causa”, afirmó Utinel.
A su vez, la abogada Karina Fernández confirmó que “al otro día que fuimos a hablar con la presidenta de la Corte de Valparaíso por esta situación, desde esa corte me llamaron para avisarme que desde la Suprema les habían avisado del hallazgo de los expedientes perdidos”.
Consultado el abogado defensor Carlos Portales, expresó que “esto es normal que ocurra en tribunales, que los expedientes de extravíen y después aparecen, aquí no hay nada raro, lo que pasa es que en estas causas los querellantes siempre le andan buscando el cuesco a la breva”.
En este escenario, hasta ahora la causa aún no es vista por la Sala Penal de la Suprema, aunque fue repuesta en tabla al día siguiente de que La Nación pidiera una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. Pero ahora, la causa volvió a salir de tabla porque la defensa de los oficiales volvió a pedir otros expedientes “ancla”.
El ex regidor socialista, hermano del ex intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, fue torturado en la base aérea naval El Belloto y su cuerpo fue lanzado al mar.
LOS CONDENADOS EN LA CAUSA
Los condenados en la causa, todos en retiro, son de acuerdo a la sentencia de la tercera sala de la corte de Valparaíso: el contralmirante Ernesto Huber von Appen, tres años y un día (fue absuelto en primera instancia por el juez de la causa Julio Miranda), y los capitanes de navío Patricio Villalobos Lobos, Pedro Arancibia Solar, Jaime Undangarín Romero y Germán Valdivia Keller, sentenciados a tres años y un día (habían sido condenados a cuatro años). Además, los capitanes de navío Guillermo Vidal Hurtado, 541 días (había sido condenado a 320 días por el juez Miranda) y Sergio Mendoza Rojas, 540 días (recibió en primera instancia 75 días de presidio).
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Ex juez Guzmán: “A los gobiernos de la Concertación les faltó voluntad política para avanzar en materia de DD.HH.”
El abogado advierte que el actual gobierno podría verse tentado a afectar la independencia del Poder Judicial, pero confía en que el presidente Piñera no se deje influir y evite que se presione a los magistrados que investigan causas en la materia....
Puesta online a las 15:41, el 04 de Junio del 2010
Ex juez Guzmán: “A los gobiernos de la Concertación les faltó voluntad política para avanzar en materia de DD.HH.”
El abogado advierte que el actual gobierno podría verse tentado a afectar la independencia del Poder Judicial, pero confía en que el presidente Piñera no se deje influir y evite que se presione a los magistrados que investigan causas en la materia.
por El Mostrador
Una fuerte crítica a los gobiernos de la Concertación, en especial al que encabezó el presidente Ricardo Lagos, hizo el ex juez Juan Guzmán Tapia.
El magistrado, quien alcanzó notoriedad mundial por haber sido el primero en procesar y dictar la detención del general Augusto Pinochet, afirmó que a la luz de los antecedentes que fueron revelando las causas sobre detenidos desaparecidos que a él le correspondió dirigir e investigar, llegó al convencimiento de que las autoridades de los gobiernos democráticos de nuestro país pudieron haber hecho mucho más por avanzar en los casos de violación de los derechos humanos perpetrados durante el gobierno militar.
“Es duro decirlo, pero a los gobiernos de la Concertación les faltó voluntad política para avanzar en esta materia, así como creo que a muchos de los jueces que investigaron esas causas les faltó rigor en su actuar”, dijo.
El ex juez se refirió al tema durante un encuentro que sostuvo con estudiantes y profesores de la carrera de Derecho de la Universidad Viña del Mar, como parte del Programa Internacional sobre Derechos Humanos 2010, que esa cada de estudios organiza en conjunto con la Universidad de los Andes y la Universidad Católica de Argentina, y al que asistió una delegación de alumnos y profesores de la Valparaiso University de Indiana, Estados Unidos.
En la oportunidad, Guzmán compartió tribuna con el cineasta Patricio Lanfranco, con quien comentó detalles de la realización del documental “El Juez y el General”, cinta que fue exhibida durante el encuentro.
Aunque, reconoce que el país ha evolucionado favorablemente en materia de derechos humanos, tanto a nivel político y judicial como cultural, sobre todo en comparación con otros países que atravesaron por situaciones similares a las vividas por Chile entre 1973 y 1990, Guzmán sostuvo que queda mucho por hacer en términos de reparación y compensación a las víctimas. Además, se mostró en pleno desacuerdo con la aplicación de la ley de amnistía aplicada por su sucesor, el ministro Víctor Montiglio.
-¿Usted cree que en Chile todavía se hace justicia en la medida de lo posible?
“Sí. Lamentablemente el presidente Aylwin cometió un gran error al decir eso. Él era un mandatario de la república y no juez. Debió abstenerse y decir ‘en Chile se hace justicia’. Eso hubiese sido suficiente como mensaje, aunque cada cual es libre de hacer lo que le dicte su conciencia. Esa frase validó a muchos jueces que opinaban que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile no existieron, y que las personas muertas o desaparecidas fueron bien muertas o desaparecidas”.
-¿Se debe aumentar las penas para quienes cometieron actos de lesa humanidad en dictadura?
“En primer lugar, en términos de legislación chilena, las penas existen y estos crímenes merecen el presidio perpetuo. Ahora, lo que me llama la atención es que en determinados casos los jueces hayan resuelto aplicar penas de 5 años y 1 día, de 6 o 7 años. Es el caso del ministro Bañados, por ejemplo, que sentenció a Manuel Contreras con siete años por el asesinato del canciller Letelier; considero que fue blando, en circunstancias de que los crímenes son los peores que se pueden cometer contra la humanidad. A eso me refería, en cuanto a que la Corte Suprema ha ido bajando las penas más bien por una medida política que jurídica. La gente, las víctimas saben lo que han sufrido sus familias, el dolor que experimentaron las personas torturadas y los desaparecidos, entonces es un insulto desde el Poder Judicial aplicar las penas más bajas respecto de los delitos más espantosos”.
- ¿Cómo evalúa la actuación del ministro Víctor Montiglio, quien lo sucedió en la Corte de Apelaciones?
“Él hizo un buen trabajo, si bien nunca supimos cuál era su real posición. Por un lado procesaba incluso al portero de una cárcel clandestina, que no tenía ningún poder, para finalmente amnistiar conforme a la Ley de Amnistía de 1978. Eso no lo comparto. Creo que debió procesar a las personas que participaron en los hechos de una manera efectiva. Me parece que él quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora, me da mucha pena que él esté enfermo, sufriendo un cáncer, pienso que quizás esto se debió al mismo proceso”.
- ¿Cree que el gobierno del presidente Piñera, por ser de derecha, podría disminuir los avances y esfuerzos en derechos humanos, o derechamente quitar los beneficios obtenidos por los familiares de detenidos desaparecidos?
“Dada la modificación a la Constitución que se hizo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hizo que el Senado interviniera en los nombramientos de los ministros para la Corte Suprema, yo creo que sí. Pienso que un gobierno de la línea política del actual podría afectar la independencia del Poder Judicial. Yo espero que no, que no se meta. Asimismo, espero que los jueces tengan la entereza de fallar independientemente, pero tristemente creo que podría incidir un poco quién está en el gobierno. Hay que recordar que a mí me presionó el gobierno de Ricardo Lagos, para que no siguiera con la causa de Pinochet, así que realmente no sé. A lo mejor un gobierno de derecha puede ser más consecuente que uno de izquierda en estas materias. Eso espero del nuevo presidente, hablaría muy bien de él”.
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Puesta online a las 15:41, el 04 de Junio del 2010
Ex juez Guzmán: “A los gobiernos de la Concertación les faltó voluntad política para avanzar en materia de DD.HH.”
El abogado advierte que el actual gobierno podría verse tentado a afectar la independencia del Poder Judicial, pero confía en que el presidente Piñera no se deje influir y evite que se presione a los magistrados que investigan causas en la materia.
por El Mostrador
Una fuerte crítica a los gobiernos de la Concertación, en especial al que encabezó el presidente Ricardo Lagos, hizo el ex juez Juan Guzmán Tapia.
El magistrado, quien alcanzó notoriedad mundial por haber sido el primero en procesar y dictar la detención del general Augusto Pinochet, afirmó que a la luz de los antecedentes que fueron revelando las causas sobre detenidos desaparecidos que a él le correspondió dirigir e investigar, llegó al convencimiento de que las autoridades de los gobiernos democráticos de nuestro país pudieron haber hecho mucho más por avanzar en los casos de violación de los derechos humanos perpetrados durante el gobierno militar.
“Es duro decirlo, pero a los gobiernos de la Concertación les faltó voluntad política para avanzar en esta materia, así como creo que a muchos de los jueces que investigaron esas causas les faltó rigor en su actuar”, dijo.
El ex juez se refirió al tema durante un encuentro que sostuvo con estudiantes y profesores de la carrera de Derecho de la Universidad Viña del Mar, como parte del Programa Internacional sobre Derechos Humanos 2010, que esa cada de estudios organiza en conjunto con la Universidad de los Andes y la Universidad Católica de Argentina, y al que asistió una delegación de alumnos y profesores de la Valparaiso University de Indiana, Estados Unidos.
En la oportunidad, Guzmán compartió tribuna con el cineasta Patricio Lanfranco, con quien comentó detalles de la realización del documental “El Juez y el General”, cinta que fue exhibida durante el encuentro.
Aunque, reconoce que el país ha evolucionado favorablemente en materia de derechos humanos, tanto a nivel político y judicial como cultural, sobre todo en comparación con otros países que atravesaron por situaciones similares a las vividas por Chile entre 1973 y 1990, Guzmán sostuvo que queda mucho por hacer en términos de reparación y compensación a las víctimas. Además, se mostró en pleno desacuerdo con la aplicación de la ley de amnistía aplicada por su sucesor, el ministro Víctor Montiglio.
-¿Usted cree que en Chile todavía se hace justicia en la medida de lo posible?
“Sí. Lamentablemente el presidente Aylwin cometió un gran error al decir eso. Él era un mandatario de la república y no juez. Debió abstenerse y decir ‘en Chile se hace justicia’. Eso hubiese sido suficiente como mensaje, aunque cada cual es libre de hacer lo que le dicte su conciencia. Esa frase validó a muchos jueces que opinaban que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile no existieron, y que las personas muertas o desaparecidas fueron bien muertas o desaparecidas”.
-¿Se debe aumentar las penas para quienes cometieron actos de lesa humanidad en dictadura?
“En primer lugar, en términos de legislación chilena, las penas existen y estos crímenes merecen el presidio perpetuo. Ahora, lo que me llama la atención es que en determinados casos los jueces hayan resuelto aplicar penas de 5 años y 1 día, de 6 o 7 años. Es el caso del ministro Bañados, por ejemplo, que sentenció a Manuel Contreras con siete años por el asesinato del canciller Letelier; considero que fue blando, en circunstancias de que los crímenes son los peores que se pueden cometer contra la humanidad. A eso me refería, en cuanto a que la Corte Suprema ha ido bajando las penas más bien por una medida política que jurídica. La gente, las víctimas saben lo que han sufrido sus familias, el dolor que experimentaron las personas torturadas y los desaparecidos, entonces es un insulto desde el Poder Judicial aplicar las penas más bajas respecto de los delitos más espantosos”.
- ¿Cómo evalúa la actuación del ministro Víctor Montiglio, quien lo sucedió en la Corte de Apelaciones?
“Él hizo un buen trabajo, si bien nunca supimos cuál era su real posición. Por un lado procesaba incluso al portero de una cárcel clandestina, que no tenía ningún poder, para finalmente amnistiar conforme a la Ley de Amnistía de 1978. Eso no lo comparto. Creo que debió procesar a las personas que participaron en los hechos de una manera efectiva. Me parece que él quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Ahora, me da mucha pena que él esté enfermo, sufriendo un cáncer, pienso que quizás esto se debió al mismo proceso”.
- ¿Cree que el gobierno del presidente Piñera, por ser de derecha, podría disminuir los avances y esfuerzos en derechos humanos, o derechamente quitar los beneficios obtenidos por los familiares de detenidos desaparecidos?
“Dada la modificación a la Constitución que se hizo durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hizo que el Senado interviniera en los nombramientos de los ministros para la Corte Suprema, yo creo que sí. Pienso que un gobierno de la línea política del actual podría afectar la independencia del Poder Judicial. Yo espero que no, que no se meta. Asimismo, espero que los jueces tengan la entereza de fallar independientemente, pero tristemente creo que podría incidir un poco quién está en el gobierno. Hay que recordar que a mí me presionó el gobierno de Ricardo Lagos, para que no siguiera con la causa de Pinochet, así que realmente no sé. A lo mejor un gobierno de derecha puede ser más consecuente que uno de izquierda en estas materias. Eso espero del nuevo presidente, hablaría muy bien de él”.
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Wednesday, June 02, 2010
Retraso en puesta en marcha del Instituto de Derechos Humanos molesta a sus integrantes
Administración de Piñera vetó uno de los nombramientos hechos por Michelle Bachelet.
Mireya García dijo que esto es una "excusa" para que este no funcione.
Cooperativa.cl
Tras la promulgación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos en noviembre pasado, el organismo aún no ha podido comenzar a funcionar, ya que el Gobierno retiró a uno de los nominados por Michelle Bachelet para el directorio y aún no tienen sede para trabajar.
En enero pasado, tras la investigación a 19 ONG de la entidad, quedaron nominados 11 consejeros, dos de ellos de designación presidencial: la entonces Presidenta nombró al dirigente Gonzalo Muñoz y María Luisa Sepúlveda en dichos puestos, y sólo esta última logró pasar por Contraloría antes del 11 de marzo.
Tras esa fecha, el nuevo Gobierno no ha concretado la oficialización de los 10 nombramientos, y retiró incluso los antecedentes de Muñoz para ocupar el cargo en el organismo, cuya principal labor es velar por la gestión y promoción de los derechos humanos.
Para Sepúlveda, "estamos a la espera, nos han dicho que en estos días se iba a resolver ese tema, porque nos interesa iniciar pronto el trabajo porque ya están todas las personas nominadas. Nos gustaría que esto se resolviera luego".
Según el abogado Roberto Garretón, hay descontento por la dilatación de sus funciones por no oficializar los nombres, que les impide tener sede y acceder a sus recursos.
"Se nos dice que ya está todo por salir pero no tenemos muy claro todavía (...). Estamos para actuar y no para discutir cómo vamos a actuar el día que alguien diga que tenemos que actuar. Queremos actuar y no estamos contentos, nos gustaría estar funcionando ya", dijo el jurista.
Nuevas críticas
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Para la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Mireya García, cree que la demora en designar al único consejero que falta "es una excusa para no poner en marcha" al Instituto.
"Corresponde que este gobierno asuma que esta institución tiene una existencia que va más allá de sus deseos. Para este Gobierno es una suerte de incomodidad porque se supone que el Instituto tiene que cumplir un rol fiscalizador", opinó García.
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Mireya García dijo que esto es una "excusa" para que este no funcione.
Cooperativa.cl
Tras la promulgación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos en noviembre pasado, el organismo aún no ha podido comenzar a funcionar, ya que el Gobierno retiró a uno de los nominados por Michelle Bachelet para el directorio y aún no tienen sede para trabajar.
En enero pasado, tras la investigación a 19 ONG de la entidad, quedaron nominados 11 consejeros, dos de ellos de designación presidencial: la entonces Presidenta nombró al dirigente Gonzalo Muñoz y María Luisa Sepúlveda en dichos puestos, y sólo esta última logró pasar por Contraloría antes del 11 de marzo.
Tras esa fecha, el nuevo Gobierno no ha concretado la oficialización de los 10 nombramientos, y retiró incluso los antecedentes de Muñoz para ocupar el cargo en el organismo, cuya principal labor es velar por la gestión y promoción de los derechos humanos.
Para Sepúlveda, "estamos a la espera, nos han dicho que en estos días se iba a resolver ese tema, porque nos interesa iniciar pronto el trabajo porque ya están todas las personas nominadas. Nos gustaría que esto se resolviera luego".
Según el abogado Roberto Garretón, hay descontento por la dilatación de sus funciones por no oficializar los nombres, que les impide tener sede y acceder a sus recursos.
"Se nos dice que ya está todo por salir pero no tenemos muy claro todavía (...). Estamos para actuar y no para discutir cómo vamos a actuar el día que alguien diga que tenemos que actuar. Queremos actuar y no estamos contentos, nos gustaría estar funcionando ya", dijo el jurista.
Nuevas críticas
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Para la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Mireya García, cree que la demora en designar al único consejero que falta "es una excusa para no poner en marcha" al Instituto.
"Corresponde que este gobierno asuma que esta institución tiene una existencia que va más allá de sus deseos. Para este Gobierno es una suerte de incomodidad porque se supone que el Instituto tiene que cumplir un rol fiscalizador", opinó García.
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Tuesday, June 01, 2010
DDHH: Tres ex agentes han muerto mientras cumplían condena
Por Jorge Escalante / La Nación
Jueves 27 de mayo de 2010 | | País
Antes que él, en 2007 murieron en circunstancias similares los ex represores Osvaldo Romo y Osvaldo Pincetti.
Ese mismo año y mientras cumplía detención preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, tras ser procesado en el caso Conferencia, murió en un extraño suicidio el ex integrante de
Procesados pero gozando de libertad provisional con juicios en desarrollo, han muerto hasta la fecha por distintas causas sobre una decena de ex agentes.
En esta calidad falleció en 2005 el ex vicecomandante en jefe del Ejército encausado por los crímenes de Pisagua, general (R) Carlos Forestier Hänsgen.
Igualmente procesado y en libertad provisional murió en enero de 2005 lanzándose desde un edificio el ex jefe de la brigada Purén y el grupo Delfín, coronel (R) Germán Barriga.
Vallejos, que sufría un cáncer, había pedido el indulto presidencial el 2 de marzo de 2010, pero la entonces Presidenta Bachelet lo negó.
No obstante, Vallejos había recibido en 2009 un importante beneficio de parte de
Esa vez, Vallejos y los otros dos condenados, el brigadier (R) Fernando Polanco y el suboficial (R) Luis Fernández, a quienes se les hizo la misma rebaja, estuvieron a punto de ser absueltos cuando dos de los cinco integrantes de esa sala penal, Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura, partidarios de la amnistía y la prescripción en crímenes de lesa humanidad, votaron por la absolución.
Vallejos cumplía condena como coautor del crimen en 1973, en la frontera con argentina, en
Según lo dice el proceso, el hijo de ambos de dos años, Ernesto, fue entregado en custodia a las monjas de
MINISTRO
Ayer el ministro de Justicia Felipe Bulnes, dijo que indultar a violadores de derechos humanos “es un tema complejo”, porque “se combina la natural misericordia con nuestro compromiso de hacer cumplir la ley”.La vicepresidenta de
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Piden procesar a generales por crimen de frentistas
/ La Nación
El requerimiento apunta al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de la institución castrense (DINE), general (R) Ricardo Ortega.
Martes 25 de mayo de 2010 | | País
El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron a la justicia el procesamiento de dos generales en retiro del Ejército por crímenes contra la humanidad. Se trata del ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y el ex director de Inteligencia (DINE) Ricardo Ortega, quienes fueron acusados por ambos organismos de ser autores del secuestro, homicidio y desaparición forzada de cinco miembros del FPMR en 1987.
La solicitud está dentro de los escritos mediante los que, tanto Interior como el CDE, piden al ministro de fuero Mario Carroza, que reabra la investigación de estos hechos, cuyo sumario fue cerrado hace un mes.
En una resolución dictada ayer, el juez decidió reabrir el proceso e informó que, una vez realizada una veintena de diligencias, resolverá la situación de ambos ex oficiales, quienes actualmente tienen calidad de inculpados en la causa.
De hecho, Sinclair ya había sido procesado por estos mismos delitos, pero la Corte de Apelaciones, en 2008, lo dejó sin efecto. En el caso de Ortega (que hasta el año pasado fue director de Inteligencia) el Programa de DDHH sostiene que existen 17 testimonios que confirman su participación en acciones que terminaron con la vida de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
A juicio del organismo “esas pruebas y otras más reafirman, a pesar de su intento por exculparse con su testimonio inverosímil, la coautoría, con presencia en el lugar de los hechos y mando efectivo”.
Ortega ha negado que él haya tenido alguna coordinación con la CNI ni menos participación en el crimen de los frentistas. Sin embargo, el organismo, que dirige Rossy Lama, prueba en su documento que siendo jefe de la Brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, tenían coordinación con la CNI, dos años antes del crimen y que el ex general participó en interrogatorios.
Por su parte, el CDE concluyó que las nuevas pruebas contra Ortega “desvirtúan por completo las alegaciones por las cuales intenta exculparse, reafirmando su mando efectivo e intervención en el secuestro de los cinco detenidos desaparecidos de septiembre de 1987”.
Según ambos entes, este crimen fue un delito de lesa humanidad cometido por agentes del ex régimen de Augusto Pinochet, en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño, gerente comercial de Famae, ocurrido entre septiembre y noviembre de 1987. LN
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El requerimiento apunta al ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y al ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de la institución castrense (DINE), general (R) Ricardo Ortega.
Martes 25 de mayo de 2010 | | País
El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron a la justicia el procesamiento de dos generales en retiro del Ejército por crímenes contra la humanidad. Se trata del ex vicecomandante en jefe del Ejército Santiago Sinclair y el ex director de Inteligencia (DINE) Ricardo Ortega, quienes fueron acusados por ambos organismos de ser autores del secuestro, homicidio y desaparición forzada de cinco miembros del FPMR en 1987.
La solicitud está dentro de los escritos mediante los que, tanto Interior como el CDE, piden al ministro de fuero Mario Carroza, que reabra la investigación de estos hechos, cuyo sumario fue cerrado hace un mes.
En una resolución dictada ayer, el juez decidió reabrir el proceso e informó que, una vez realizada una veintena de diligencias, resolverá la situación de ambos ex oficiales, quienes actualmente tienen calidad de inculpados en la causa.
De hecho, Sinclair ya había sido procesado por estos mismos delitos, pero la Corte de Apelaciones, en 2008, lo dejó sin efecto. En el caso de Ortega (que hasta el año pasado fue director de Inteligencia) el Programa de DDHH sostiene que existen 17 testimonios que confirman su participación en acciones que terminaron con la vida de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola.
A juicio del organismo “esas pruebas y otras más reafirman, a pesar de su intento por exculparse con su testimonio inverosímil, la coautoría, con presencia en el lugar de los hechos y mando efectivo”.
Ortega ha negado que él haya tenido alguna coordinación con la CNI ni menos participación en el crimen de los frentistas. Sin embargo, el organismo, que dirige Rossy Lama, prueba en su documento que siendo jefe de la Brigada G4, del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, tenían coordinación con la CNI, dos años antes del crimen y que el ex general participó en interrogatorios.
Por su parte, el CDE concluyó que las nuevas pruebas contra Ortega “desvirtúan por completo las alegaciones por las cuales intenta exculparse, reafirmando su mando efectivo e intervención en el secuestro de los cinco detenidos desaparecidos de septiembre de 1987”.
Según ambos entes, este crimen fue un delito de lesa humanidad cometido por agentes del ex régimen de Augusto Pinochet, en el marco del secuestro del coronel Carlos Carreño, gerente comercial de Famae, ocurrido entre septiembre y noviembre de 1987. LN
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Este país necesita que se esclarezcan los crímenes cometidos en dictadura.
Por Paula Salvo del Canto
Abogada Corporación Humanas
La citación al general (R) Óscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a declarar para que entregue antecedentes en el proceso judicial en que se investiga el asesinato de Víctor Jara, ha generado polémica entre los diversos actores vinculados a la defensa de los DDHH.
Hemos escuchado y leído sobre imputaciones de falta de coordinación, de jefaturas que se enteran por la prensa, de declaraciones en las cuales el ministro de Defensa pone las manos al fuego, de abogados que cumplen con su mandato y que arriesgan su trabajo. Un conjunto de apreciaciones que nuevamente colocan sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre las violaciones de DDHH y sobre el real alcance de la verdad, justicia y reparación por la muerte de una persona a manos de agentes del Estado.
Partiré señalando que el principio o presunción de inocencia es uno de los pilares en que se funda el Derecho Penal moderno y desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es una garantía reconocida en los principales tratados internacionales.
El general (R) Izurieta ha sido citado a declarar para que entregue todos los antecedentes que pueda proporcionar por el asesinato de Víctor Jara. Esto, porque el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentó una querella y solicitó una diligencia necesaria para resolver el caso, ordenada por
Esto no significa que el subsecretario de Defensa sea culpable del asesinato de Víctor Jara. Simplemente implica que debe ir a declarar a tribunales, es decir, la presunción de inocencia sigue intacta. Pero la primera interrogante que surge es ¿por qué un personero público tiene que ser conminado a entregar antecedentes y no concurre voluntariamente? ¿Acaso moralmente no sería adecuado que cualquier persona que tenga algún antecedente sobre las víctimas de la dictadura los entregue y podamos avanzar en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación? Es legítimo exigir a nuestras autoridades que aparte de ser inocentes, se comporten como tales.
Por otro lado, el ministro de Defensa señaló que le resultaba inexplicable que un abogado del Ministerio del Interior esté citando por medio de los tribunales a un subsecretario. Más extraño resulta saber que un ministro considere que hay personas que pueden sustraerse de la obligación de declarar como testigos con motivo de su fuero, posición o cargo.
Por último, la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señala que no fue informada ni consultada previamente. ¿Esto se debe entender como que la actuación del abogado querellante fue incorrecta? ¿Acaso si hubiese sido informada habría ordenado que no se solicitara? Es conveniente recordar que el Programa de Derechos Humanos tiene, entre varios de sus objetivos, “promover y coadyuvar en las acciones judiciales tendientes a determinar el paradero y circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos…”. En este caso, en particular, lo realizado por el abogado querellante es concordante con el mandato otorgado por ley al programa.
Este país necesita que se esclarezcan los crímenes cometidos en dictadura. La verdad, justicia y reparación de las víctimas es un asunto que nos incumbe a todos. Debe evitarse todo “ruido” que opaque la voluntad de justicia de un Estado frente a las violaciones que se cometieron, independientemente del gobierno de turno. La ciudadanía quiere que se esclarezca lo sucedido con Víctor Jara.
Monday, May 31, 2010
Citación a Izurieta por el caso Víctor Jara tomó por sorpresa al Programa de DD.HH. del gobierno
19 de Mayo de 2010
El Mostrador
Directora de la entidad dependiente de Interior reconoció "errores" de coordinación
"Esta fue una decisión que tomó el abogado de la causa, no teníamos conocimiento hasta ayer -martes- que salió la resolución, no se siguieron los canales normales que están establecidos para todas las causas. Nos pilló por sorpresa a todos", dijo Rossy Lama respecto a la diligencia a la cual debe comparecer el subsecretario de Defensa. Esta se llevará a cabo luego que un oficial del Ejército afirmara que el ex jefe castrense tuvo conocimiento de la muerte del cantautor nacional en septiembre de 1973.
La directora del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama, reconoció este miércoles que hubo errores de coordinación que permitieron que el subsecretario de Defensa y ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, fuera citado por la justicia para declarar como testigo en el caso de la muerte de Víctor Jara.
“Esta fue una decisión que tomó el abogado de la causa, no teníamos conocimiento hasta ayer que salió la resolución, no se siguieron los canales normales que están establecidos para todas las causas. Nos pilló por sorpresa a todos”, dijo.
Sin embargo, aclaró que “el subsecretario en su calidad de ciudadano va a concurrir a declarar dando cumplimiento a la orden judicial”.
Cabe recordar que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cursó el llamado a declarar al otrora jefe castrense, Óscar Izurieta, así como también al ex agente de la desaparecida DINA Miguel Krassnoff.
A ambos se solicitó que declaren en calidad de testigos por su posible conocimiento sobre las circunstancias que rodearon el crimen de Víctor Jara el 15 de septiembre de 1973.
La citación se produjo debido a que Raúl Jofré, un oficial que estuvo en el Estadio Chile, declaró que “Izurieta tenía conocimiento de la muerte de Jara”.
por UPI
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El Mostrador
Directora de la entidad dependiente de Interior reconoció "errores" de coordinación
"Esta fue una decisión que tomó el abogado de la causa, no teníamos conocimiento hasta ayer -martes- que salió la resolución, no se siguieron los canales normales que están establecidos para todas las causas. Nos pilló por sorpresa a todos", dijo Rossy Lama respecto a la diligencia a la cual debe comparecer el subsecretario de Defensa. Esta se llevará a cabo luego que un oficial del Ejército afirmara que el ex jefe castrense tuvo conocimiento de la muerte del cantautor nacional en septiembre de 1973.
La directora del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, Rossy Lama, reconoció este miércoles que hubo errores de coordinación que permitieron que el subsecretario de Defensa y ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, fuera citado por la justicia para declarar como testigo en el caso de la muerte de Víctor Jara.
“Esta fue una decisión que tomó el abogado de la causa, no teníamos conocimiento hasta ayer que salió la resolución, no se siguieron los canales normales que están establecidos para todas las causas. Nos pilló por sorpresa a todos”, dijo.
Sin embargo, aclaró que “el subsecretario en su calidad de ciudadano va a concurrir a declarar dando cumplimiento a la orden judicial”.
Cabe recordar que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cursó el llamado a declarar al otrora jefe castrense, Óscar Izurieta, así como también al ex agente de la desaparecida DINA Miguel Krassnoff.
A ambos se solicitó que declaren en calidad de testigos por su posible conocimiento sobre las circunstancias que rodearon el crimen de Víctor Jara el 15 de septiembre de 1973.
La citación se produjo debido a que Raúl Jofré, un oficial que estuvo en el Estadio Chile, declaró que “Izurieta tenía conocimiento de la muerte de Jara”.
por UPI
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Rossy Lama asegura que Piñera no indultará a violadores de DDHH
14 Mayo 2010
En conversación con Kena Lorenzini, la abogada aseguró que el sello de su gestión estará puesto en agilizar la tramitación de las causas pendientes, optimizando la coordinación entre los organismos competentes; mejorando el Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y DDHH (PRAIS); las indemnizaciones de prejuicios; y en usar la posibilidad de presentar querellas en causas de ejecutados políticos, facultad que le otorga la ley que crea el Instituto de DDHH.
La reparación se ha hecho medianamente –sostiene Lama-, porque se han otorgado becas, pero en algunos casos tardíamente, cuando la gente ya no tenía la edad para estudiar; es efectivo que se han entregado pensiones, pero en muchos casos éstas se han tenido que dividir entre varias pensiones; se han construido memoriales por el programa, que también son una forma de reparación. “Pero hay muchas cosas que no se han hecho bien, se han hecho a medias o sólo para algunos, como las indemnizaciones de perjuicio”, dice
De total de procesos vigentes, Lama cuenta que más del 80% está en etapa de investigación, por lo que espera que las diligencias de investigación pendientes se puedan llevar a cabo más rápidamente, contando con el apoyo de organismos externos, como
En cuanto a la media prescripción ,que finalmente implica bajas penas a los condenados por violaciones a los DDHH,
Indulto bicentenario
Respecto del rechazo de las agrupaciones de DDHH a que el indulto del Bicentenario incluya a autores de crímenes de lesa humanidad, dijo que el Presidente afirmó que la propuesta se iba a analizar, pero que no se aplicaría en temas de DDHH.
Al respecto, Humanas considera que no puede haber indulto a violadores de DDHH, dada la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que –de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por Chile- no son amnistiables ni prescriptibles. Asimismo, existen tareas pendientes de reparación a las víctimas y una negativa actitud de los violadores de DD, que no han hecho un aporte al esclarecimiento de la verdad.
Asimismo, en relación a algunas opiniones de agrupaciones de DDHH que sostienen que la búsqueda de efectividad de la gestión del programa hará que vayan a la justicia sólo aquellos casos en que esté asegurado su éxito judicial y que eso podría implicar que no se consideren aquellos en los que no existen mayores antecedentes, Lama afirma que la institución que dirige tiene un mandato legal que debe cumplir y que se están recogiendo los antecedentes de los casos, minuciosamente.
Con respecto a la negativa del Presidente de
Violencia sexual como tortura
Humanas busca visibilizar y lograr el reconocimiento y reparación de las mujeres que sufrieron violencia sexual como tortura, durante el periodo comprendido entre los años 1973 y 1990, y que se obligue a repararlas, considerando a las víctimas –mujeres- y el lugar social de desventaja que ocupan en las diferentes comunidades.
Al respecto,
Cabe destacar que el Comité contra
Funciones del programa
El Programa de DDHH del Ministerio del Interior tiene como función permanente el promover y coadyuvar a las acciones judiciales tendientes a determinar el paradero y circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, fortaleciendo su actuación y seguimiento en los procesos asociados a víctimas de DDHH, particularmente aquellos en que no hay entrega de restos.
En aquellos procesos en los cuales el Programa no es parte, se presta un apoyo directo al Tribunal, tanto profesional como materialmente. El Programa también presta atención legal a los familiares de las víctimas en situaciones civiles derivadas de la ausencia de la víctima.
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Wednesday, May 19, 2010
Protesta en favor de militares presos frente a La Moneda
La Nación
Martes 18 de mayo de 2010 | Actualizada 14:37 | País
Miembros de la Corporación 11 de Septiembre, junto a representantes en retiro de las Fuerzas Armadas, entregaron este martes en la oficina de partes del Palacio de La Moneda, una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, en la cual piden una solución al tema de los uniformados que se encuentran presos o vinculados a causas por violaciones a los Derechos Humanos.
En la misiva los familiares de los denominados "presos políticos uniformados" lamentaron las condiciones en que se encuentra cerca de un centenar de internos que permanecen en los penales de Punta Peuco y Cordillera, en Santiago, y en otras cárceles del país.
"Hoy mismo, en el Hospital de Gendarmería, en la Penitencia de Santiago, se está muriendo uno de esos presos", consigna la nota, agregando que "nos referimos al suboficial mayor de Ejército, don Héctor Vallejos Birtiola, quien padece de un cáncer terminal, además de una diabetes que se lo está comiendo. Se le tuvo que amputar una pierna, y el pie que aún tenía".
La carta invoca la unidad nacional como uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, expresando su anhelo de que al conmemorarse el Bicentenario de la Primera Junta de Gobierno, los uniformados regresen a sus hogares.
En el escrito solicitan al jefe de Estado que, dentro de sus facultades constitucionales y legales, termine dentro del presente año la situación de los uniformados en retiro 'presos por razones políticas, del mismo modo como en el pasado se permitió la libertad a sujetos vinculados a actividades violentistas'.
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En la misiva los familiares de los denominados "presos políticos uniformados" lamentaron las condiciones en que se encuentra cerca de un centenar de internos que permanecen en los penales de Punta Peuco y Cordillera, en Santiago, y en otras cárceles del país.
"Hoy mismo, en el Hospital de Gendarmería, en la Penitencia de Santiago, se está muriendo uno de esos presos", consigna la nota, agregando que "nos referimos al suboficial mayor de Ejército, don Héctor Vallejos Birtiola, quien padece de un cáncer terminal, además de una diabetes que se lo está comiendo. Se le tuvo que amputar una pierna, y el pie que aún tenía".
La carta invoca la unidad nacional como uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, expresando su anhelo de que al conmemorarse el Bicentenario de la Primera Junta de Gobierno, los uniformados regresen a sus hogares.
En el escrito solicitan al jefe de Estado que, dentro de sus facultades constitucionales y legales, termine dentro del presente año la situación de los uniformados en retiro 'presos por razones políticas, del mismo modo como en el pasado se permitió la libertad a sujetos vinculados a actividades violentistas'.
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Subsecretario Izurieta debe declarar por crimen de Víctor Jara
Corte ordenó a juez del caso que cite en calidad de testigo al ex comandante en jefe del Ejército y al ex agente Dina, Miguel Krassnoff.
La Nación
Martes 18 de mayo de 2010 | Actualizada 13:04 | País
La Nación
Martes 18 de mayo de 2010 | Actualizada 13:04 | País
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó este martes que declare en calidad de testigo el actual subsecretario de Defensa y ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, en el caso del crimen del cantautor Víctor Jara en 1973.
El tribunal, conformado por los ministros Patricio Villarroel, María Rosa Kittsteiner y por la abogado integrante Andrea Muñoz, pide lo mismo respecto del ex agente de la desaparecida DINA, Miguel Krassnoff.
Las diligencias solicitadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, deberán ser practicadas por el ministro instructor de la causa, Juan Eduardo Fuentes Belmar.
El tribunal, conformado por los ministros Patricio Villarroel, María Rosa Kittsteiner y por la abogado integrante Andrea Muñoz, pide lo mismo respecto del ex agente de la desaparecida DINA, Miguel Krassnoff.
Las diligencias solicitadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, deberán ser practicadas por el ministro instructor de la causa, Juan Eduardo Fuentes Belmar.
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Tuesday, May 04, 2010
Indulto Bicentenario no excluye a violaciones de DD HH por genocidio de la dictadura
El proyecto, que ya está en manos del Presidente Sebastián Piñera, beneficia a todos los reos del país:
Iglesia propone indulto que incluye desde dar libertades hasta abonar años de condena
El Mercurio
Santiago de Chile
lunes 3 de mayo de 2010
Actualizado a las 6:23 hrs.
El documento de seis páginas, entregado al Mandatario por el obispo Goic y el cardenal Errázuriz, no excluye a condenados por causas de derechos humanos.
Gustavo Villavicencio
Hace once días, el Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda a los máximos representantes de la Iglesia Católica en Chile. Pero además de dejarle un informe sobre los daños que el terremoto provocó en los templos de la zona centro-sur, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, y el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, le entregaron al Jefe del Estado el proyecto de indulto carcelario del Bicentenario, en el que la Capellanía Nacional Católica de Gendarmería trabajó durante el último año y medio.
El documento comenzó a gestarse en 2008, por iniciativa del actual capellán, Jaime Nawrath, quien desde que asumió el cargo en 2005 realizó múltiples sondeos sobre el tema. "Como capellán nacional tengo la posibilidad de visitar todas las cárceles y he podido conversar con cientos de reos. En nuestras conversaciones siempre salía el tema del indulto. Lo conversé con todos los capellanes a lo largo del país y con la ayuda de un par de abogados elaboramos una propuesta", señala el religioso.
Cuatro meses tomó la redacción del documento final, compuesto por seis páginas y en el cual trabajaron tres personas: Nawrath y los dos abogados. La propuesta no excluye del indulto a los condenados por delitos de sangre, y beneficiaría con libertades a personas que tienen más de 60 años, enfermos terminales o mujeres embarazadas.
Según el padre Nawrath, este indulto debería constituir un gran movimiento humanista que permita que todos los reos tengan una segunda oportunidad. Como ejemplo, indica que "una persona que está condenada a 30 años, que se le regalen tres; al que le queda un año, ¿por qué no dejarlo libre? La idea es que al final nadie se quede sin un beneficio".
El último indulto de este tipo se entregó con motivo del Jubileo del año 2000. En esta oportunidad, la Iglesia espera que se duplique la cantidad o, en último caso, se les rebaje la pena.
Respecto de los militares condenados en causas de Derechos Humanos, Nawrath reconoce que "son varios los militares que han venido a conversar conmigo por el tema. Mi postura y la del documento es que este indulto sea abierto. Creo que hay gente que pagó con creces y merece estar libre. Hay gente que tiene 60 u 80 años y que están en las cárceles enfermos y se van a morir. Así como el delincuente tiene que pedir perdón por sus pecados, la sociedad tiene que perdonar. El documento que se acaba de presentar al Presidente de la República es claro: todos deberían recibir el indulto".
Nawrath admite que casos como los de los generales (r) Manuel Contreras u Odlanier Mena son "complicados", pero enfatiza que "la Iglesia ya dio la voz de alarma, habló e hizo una propuesta. La justicia deberá estudiar caso a caso. Esto no será una rifa ni una lotería, la última palabra la tiene la justicia. Claramente, hay casos emblemáticos, donde el Ministerio de Justicia se tendrá que pronunciar".
Consultado ayer el Ministerio de Justicia, sin emitir mayores comentarios se confirmó que recibieron el documento y que actualmente se encuentra en plena evaluación.
Existe un listado de personas que han solicitado formalmente este beneficio, entre las que hay muy pocos militares".
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Iglesia propone indulto que incluye desde dar libertades hasta abonar años de condena
El Mercurio
Santiago de Chile
lunes 3 de mayo de 2010
Actualizado a las 6:23 hrs.
El documento de seis páginas, entregado al Mandatario por el obispo Goic y el cardenal Errázuriz, no excluye a condenados por causas de derechos humanos.
Gustavo Villavicencio
Hace once días, el Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda a los máximos representantes de la Iglesia Católica en Chile. Pero además de dejarle un informe sobre los daños que el terremoto provocó en los templos de la zona centro-sur, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, y el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, le entregaron al Jefe del Estado el proyecto de indulto carcelario del Bicentenario, en el que la Capellanía Nacional Católica de Gendarmería trabajó durante el último año y medio.
El documento comenzó a gestarse en 2008, por iniciativa del actual capellán, Jaime Nawrath, quien desde que asumió el cargo en 2005 realizó múltiples sondeos sobre el tema. "Como capellán nacional tengo la posibilidad de visitar todas las cárceles y he podido conversar con cientos de reos. En nuestras conversaciones siempre salía el tema del indulto. Lo conversé con todos los capellanes a lo largo del país y con la ayuda de un par de abogados elaboramos una propuesta", señala el religioso.
Cuatro meses tomó la redacción del documento final, compuesto por seis páginas y en el cual trabajaron tres personas: Nawrath y los dos abogados. La propuesta no excluye del indulto a los condenados por delitos de sangre, y beneficiaría con libertades a personas que tienen más de 60 años, enfermos terminales o mujeres embarazadas.
Según el padre Nawrath, este indulto debería constituir un gran movimiento humanista que permita que todos los reos tengan una segunda oportunidad. Como ejemplo, indica que "una persona que está condenada a 30 años, que se le regalen tres; al que le queda un año, ¿por qué no dejarlo libre? La idea es que al final nadie se quede sin un beneficio".
El último indulto de este tipo se entregó con motivo del Jubileo del año 2000. En esta oportunidad, la Iglesia espera que se duplique la cantidad o, en último caso, se les rebaje la pena.
Respecto de los militares condenados en causas de Derechos Humanos, Nawrath reconoce que "son varios los militares que han venido a conversar conmigo por el tema. Mi postura y la del documento es que este indulto sea abierto. Creo que hay gente que pagó con creces y merece estar libre. Hay gente que tiene 60 u 80 años y que están en las cárceles enfermos y se van a morir. Así como el delincuente tiene que pedir perdón por sus pecados, la sociedad tiene que perdonar. El documento que se acaba de presentar al Presidente de la República es claro: todos deberían recibir el indulto".
Nawrath admite que casos como los de los generales (r) Manuel Contreras u Odlanier Mena son "complicados", pero enfatiza que "la Iglesia ya dio la voz de alarma, habló e hizo una propuesta. La justicia deberá estudiar caso a caso. Esto no será una rifa ni una lotería, la última palabra la tiene la justicia. Claramente, hay casos emblemáticos, donde el Ministerio de Justicia se tendrá que pronunciar".
Consultado ayer el Ministerio de Justicia, sin emitir mayores comentarios se confirmó que recibieron el documento y que actualmente se encuentra en plena evaluación.
Existe un listado de personas que han solicitado formalmente este beneficio, entre las que hay muy pocos militares".
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Wednesday, April 21, 2010
Corte argentina condena a 25 años a último Presidente militar
La sentencia recayó sobre el general en retiro Reynaldo Bignone, por el secuestro y la tortura de 56 personas en dos centros clandestinos de detención.
por BBC Mundo
Una corte en Argentina sentenció a 25 años de cárcel al último presidente de facto de Argentina, el general retirado Reynaldo Bignone, por el secuestro y la tortura de 56 personas en dos centros clandestinos de detención.
Los centros funcionaban en el cuartel Campo de Mayo, en el oeste de Buenos Aires, el mayor lugar de detención ilegal de personas durante el último período militar (1976-1983).
Bignone, quien ocupó la presidencia entre 1982 y 1983, había sido director de la guarnición de ejército terrestre de Campo de Mayo entre 1976 y 1978, cuando ocurrieron los delitos.
Esta es la primera condena contra el ex militar, de 82 años, quien cumple detención preventiva domiciliaria y también enfrenta otros procesos por el presunto robo de hijos de desaparecidos, y por el secuestro y tortura de personal médico de un hospital de Buenos Aires.
Además de Bignone, el tribunal declaró culpables a otros cinco jefes militares por los crímenes cometidos en esa unidad militar bonaerense.
Entre ellos están el ex comandante de Institutos Militares, el ex general Santiago Riveros, y el ex jefe de Inteligencia de Campo de Mayo, el general Fernando Verplaetsen, quienes cumplen condenas a cadena perpetua en otro juicio por delitos de lesa humanidad.
Los condenados no estuvieron presentes para oír el veredicto, que sí fue seguido -y aplaudido- por un gran número de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
Fuerte defensa
Cuando comenzó la audiencia de este martes, horas antes de que se pronunciaran los jueces, Bignone había defendido su accionar durante su descargo ante la corte.
“Fue una guerra. Lo real era que existían clandestinas organizaciones terroristas que no eran demasiado jóvenes ni idealistas, su ideal era la toma del poder por la fuerza subversiva. Tenían combatientes, tácticas… fabricaban bombas, cargamento. Mataban indiscriminadamente y a traición. Asaltaban y cambiaban su identidad”, se justificó el ex mandatario de facto.
Bignone también cuestionó la cifra de desparecidos durante el último régimen militar estimada por los organismos de derechos humanos.
“Se machaca con que hay 30.000 desaparecidos. Jamás se mostró la veracidad de esta cifra. No niego que la desaparición de personas sea delito en paz, (pero) en tiempos de guerra tiene otra clasificación”, aseguró.
“Nunca se demostró que, en diez años de guerra, fueron más de 8.000. Se baraja la cifra de bebés desaparecidos; resulta sensible e impactante. Pero en todos los casos son dichos por terceros”, señaló.
El último gobernante militar de Argentina también negó tajantemente que la violencia de los llamados “años de plomo” constituyera un genocidio, afirmando que lo ocurrido en Argentina “no se adapta en lo más mínimo al concepto internacional de genocidio”.
Reacciones
Los organismos de derechos humanos expresaron su satisfacción por las sentencias, que aplicaron las condenas máximas exigidas por la querella.
Además, celebraron la decisión de la corte de revocar la prisión domiciliaria para los acusados, quienes deberán cumplir su sentencia en una cárcel común
Gonzalo Conte, de Memoria Abierta, una coalición de organismos no gubernamentales dedicada a los derechos humanos, resaltó a BBC Mundo la importancia histórica del veredicto.
“Esto servirá para que no se vuelva a repetir el pasado”, dijo.
El experto destacó la “agilidad” de la justicia en este caso, que tardó menos de 6 meses para concluir el proceso.
En ese sentido, señaló que hasta el momento sólo se ha podido llevar a juicio a menos de 400 de los cerca de 1.400 presuntos represores que “deberían estar procesados” por crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar.
“Si no se aceleran los tiempos de la justicia se tardará tres décadas en enjuiciar a todos, y muchos de los acusados tienen más de 70 años”, remarcó.
Monday, April 12, 2010
Kissinger retiró órdenes para que se evitaran asesinatos de Operación Cóndor
La orden inicial buscaba que altos funcionarios del Departamento de Estado hicieran llegar a los jefes de Estado de Chile, Argentina y Uruguay su "profunda preocupación".
por EFE - 10/04/2010 - 18:22
El ex jefe de la diplomacia de EE.UU. Henry Kissinger retiró en septiembre de 1976 las instrucciones para que los embajadores de su país en el Cono Sur advirtieran a los líderes militares contra "una serie de asesinatos internacionales".Documentos divulgados hoy por la organización no gubernamental estadounidense The National Security Archive muestran que Kissinger dio esa orden el 16 de septiembre de 1976.
Cinco días más tarde un atentado con auto bomba en Washington acabó con la vida del ex canciller chileno Orlando Letelier y su secretaria estadounidense de 26 años Ronni Karpen Moffitt, mientras conducían por la Avenida Massachusetts de la capital estadounidense.
The National Security Archive señaló en un comunicado en su página web que ese atentado sigue siendo el acto más "infame" de los aliados en la Operación Cóndor, una operación que integraron en la década de los setenta los servicios de inteligencia militares de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y otros países latinoamericanos.
El objetivo de la citada operación era localizar y asesinar a los opositores a los citados regímenes.
El secretario "ha instruido que no se tomen acciones adicionales en este asunto", señala un telegrama enviado el 16 de septiembre de 1976 desde Lusaka, la capital de Zambia, donde Kissinger se encontraba en esos momentos.
Las instrucciones dirigidas al entonces secretario de estado para asuntos interamericanos, Harry Shlaudeman, pusieron fin a una orden dada por el propio Kissinger tres semanas antes.
La orden inicial buscaba que altos funcionarios del Departamento de Estado hicieran llegar a los jefes de Estado de Chile, Argentina y Uruguay su "profunda preocupación" por los "planes para el asesinato de elementos subversivos, políticos y figuras destacadas dentro de algunos países del Cono Sur y en el extranjero".
Ese mensaje nunca llegó a ser entregado.
"El telegrama del día 16 es la pieza que faltaba del rompecabezas histórico sobre el papel de Kissinger en la acción y la falta de acción del Gobierno estadounidense tras tener conocimiento de los planes de asesinato Cóndor", afirmó en un comunicado Peter Kornbluh, analista de la citada organización no gubernamental.
Kornbluch es autor del libro "The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (El Archivo Pinochet: Un expediente desclasificado sobre la Atrocidad y la Responsabilidad)".
El analista señala que los nuevos documentos permiten finalmente saber lo que ocurrió.
"El Departamento de Estado inició un esfuerzo oportuno para frustrar la campaña de asesinatos en el Cono Sur y Kissinger, sin dar explicaciones, la abortó", afirmó Kornbluch.
En su opinión, la decisión de Kissinger de cancelar la advertencia a las naciones Cóndor impidió que se enviara un mensaje diplomático de protesta que "pudo haber disuadido un acto de terrorismo" en la capital estadounidense.
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Rossy Lama: “No habrá ley de punto final en las causas de DDHH”
Por Jorge Escalante / La Nación Domingo
La abogada penalista sostiene que el trabajo del programa no cambiará y opina que “en delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni prescripción”. Se opone a fijar plazo de término a los procesos y dice que “seguiremos buscando la verdad y la justicia”, por lo cual continuará presentando las querellas que aún estén pendientes.
La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.
-¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?
-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.
-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
-¿De qué manera?
-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.
-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.
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La joven abogada dice enfrentar con entusiasmo el desafío en su nuevo cargo, tan distinto a cuando en el Consejo de Defensa del Estado le tocó participar en la Operación Frontera 2000, relacionada con el tráfico de drogas. Fotos: Paula Farías.
La abogada Rossy Lama es la nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sabe que su tarea es difícil porque tratará con materias en las que hay dolor, rabia, odios, y sed de que los que cometieron los crímenes bajo la dictadura paguen por ello. Licenciada en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valparaíso el 2002, obtuvo su título de abogada ese mismo año.
Uno de los aspectos de su nueva gestión aún no definidos, es la creación de un Comité Asesor externo, que ella sostiene será “pluralista” y no apuntaría a fijar líneas de acción ya establecidas por ley para el Programa, sino aportar al trabajo de la institución. Aquí expone los lineamientos que regirán los pasos de esta institución bajo el nuevo gobierno, sin eludir preguntas.
-¿Cuáles son las prioridades para enfrentar este trabajo en su nuevo cargo?
-Ésas son las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas, y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación.
-¿Mantendrá el programa la capacidad de presentar querellas como lo faculta la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos?-Sí, vamos a seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas. Hay tres abogados del programa revisando los casos de ejecutados políticos, lo que estará listo a fines de abril. Se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y trabajaremos en conjunto con ellos.
-¿Cuáles serían los casos en que no correspondería presentar querellas?-Eso es un análisis jurídico en virtud de los antecedentes con los que se cuente en cada caso y la relación que un caso pueda tener con otras causas. Hay muchas causas donde los antecedentes se cruzan, entonces podría haber casos donde no sería necesario presentar una nueva querella, porque ya hay otros procesos donde se cruzan los mismos antecedentes.
-Bajo la Concertación, este programa se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y la prescripción de los delitos de lesa humanidad, gracias a la legislación internacional. ¿Se mantendrá ese criterio?-Ese criterio se mantiene intacto, así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados. Esa seguirá siendo la política institucional de este programa. Lo único que hay que hacer es aplicar el derecho, porque aquí somos todos abogados y tenemos que aplicar el derecho como las leyes lo establecen.
-¿También se opondrán a la media prescripción que viene aplicando la Corte Suprema, que rebaja las penas a tal punto que los acusados puedan cumplir las condenas en su casa con libertad vigilada?-También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción.
-¿Seguirá sosteniendo el programa ante los tribunales que en el caso de los detenidos desaparecidos, el secuestro es un delito de carácter permanente?-El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa.
-¿Continuará trabajando con los mismos abogados que conocen los procesos, o vendrán abogados nuevos a hacer esa tarea?-El equipo de abogados se mantiene exactamente igual. No habrá modificaciones, mientras no sea necesario hacerlo. A partir del 1 de abril se incorporó un abogado nuevo, Francisco Ugas, magíster en derechos humanos y que viene del Ministerio Público. Él llegó como jefe del área jurídica para estadísticas con el fin de seguir las resoluciones de las cortes, afianzar fundamentos jurídicos para seguir peleando en contra de la prescripción o la media prescripción, y ver los tratados internacionales que fundamentan esa oposición.
-¿Se mantiene el presupuesto que tenía este programa, o se reducirá?
-El del 2010 ya está establecido por ley, fijado el 2009, no habrá reducción. Incluso, se pidió una suma adicional para ayudar a los familiares de detenidos desaparecidos de Paine, para los gastos de los funerales de esas 22 víctimas cuando los restos sean entregados por el Servicio Médico Legal.
-¿Cómo han sido los encuentros que ha sostenido con las agrupaciones de familiares?
-En más del 90% han sido retroalimentativos. Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas. Han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición. Pero sé que las confianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo. Voy a viajar desde Arica a Punta Arenas a tomar contacto con las agrupaciones de familiares y con los jueces a cargos de las causas. Pediremos, además, la colaboración de las gobernaciones de regiones para que sus abogados ayuden al seguimiento de las causas, no para que intervengan o actúen en ellas, porque no tenemos presupuesto para tener nuestros propios abogados en todas las ciudades fuera de Santiago.
-Éste es un gobierno de derecha y por ello podría pensarse que este programa cambiaría su línea de acción. Ese temor fue planteado en la campaña presidencial. ¿Qué opina de esto?-Las líneas de acción de este programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada. Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este programa. Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos.
-¿Pueden confiar las víctimas y sus familiares en que este programa continuará la persecución judicial de los delitos de DDHH?-Esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable, seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre.
-¿Qué experiencia tiene de estos procesos y qué sabe de las violaciones de los DDHH ocurridas bajo la dictadura?-He sido penalista desde que egresé de la universidad, en el Consejo de Defensa del Estado y en el Ministerio Público. También he sido docente por mucho tiempo en materia de derecho procesal y mi fuerte ha sido el derecho procesal penal. Mi conocimiento de las causas de derechos humanos es más bien genérico, pero iré conociéndolas en detalle. Respecto de la represión política, lo tengo desde que nací por las lecturas que mi padre nos hacía de los diarios para mantenernos informadas del mundo en que vivíamos.
-¿Qué opina de que sólo 22 jueces tengan a cargo sobre 300 procesos que se instruyen en el país, de las cuales más del 80 por ciento está en Santiago?-Ése es un resorte del Poder Judicial. Cualquier decisión sobre esto tiene que ser de ese poder.
-Pero vendrán ahora nuevas querellas que ustedes interpondrán, y eso aumentará la carga de trabajo de esos pocos jueces…-No sé cuál irá a ser en ese caso la política del Poder Judicial, pero tendrá que tomar alguna decisión de manera autónoma. Es verdad que hay ministros que tienen muchas causas, pero también en muchas de esas causas los antecedentes se cruzan, porque los hechos ocurrieron en un mismo período, lugar, y grupo de personas, entonces para muchos casos hay una línea de investigación común. Un ministro que lleva años investigando ese tipo de causas tiene absolutamente claro el panorama global de cómo ocurrieron los hechos y la forma cómo actuaron las organizaciones criminales.
-Entonces, incorporar jueces nuevos no sería una solución para acelerar los procesos…
-Exactamente, e incluso podría significar un retroceso en vez de un avance.
-¿Es partidaria de fijar plazo de término a esos procesos, tal como piden algunos?
-No se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido. Hay mucha información cruzada entre las causas y por ello se pueden establecer procedimientos que sistematicen toda esa información que se cruza, y eso sería una ayuda al Poder Judicial. Pero las diligencias de cada proceso deben seguir un curso natural y no se les puede poner plazo.
-Pero hace unos años, el pleno de la Corte Suprema fijó un plazo de seis meses para que los jueces que instruyen estos procesos les pusieran término. Después el pleno se vio obligado a anular esa decisión por el amplio rechazo que surgió.-Este programa, en un inicio, también se creó para que durara un corto tiempo, pero la historia nos ha demostrado que efectivamente en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos. En el nuevo sistema procesal penal se trabaja con plazos, pero el sistema de investigación es muy distinto. En el sistema procesal penal antiguo, por el que se rigen todas las causas de derechos humanos, no se puede poner plazos de término.
-Entonces, ¿cuáles podrían ser las vías para agilizar estos procesos?
-Personalmente creo que la vía más adecuada para ello es trabajar en conjunto con el Poder Judicial, no contra el Poder Judicial.
-¿De qué manera?
-Como decía, fijando en conjunto líneas de investigación a las cuales aporten también los familiares.
-El problema es que los que cometieron los crímenes con frecuencia mienten y ocultan información, no hablan, aunque algunos colaboran, y eso retrasa los procesos.-El problema de los procesados y querellados se trató en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos (año 2000), se obtuvo alguna información, aunque no lo que muchos hubieran querido. Pero hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia.
-¿Qué opina de lo ocurrido en materia de violaciones de los derechos humanos bajo el mando de Augusto Pinochet?-Prefiero no dar opiniones políticas porque en mi cargo debo mantener la objetividad. Todos tenemos una posición política, nadie puede decir que no la tiene al respecto. No es mi estilo de trabajo ni mi intención. Por eso creo que fue también por lo que me llamaron a cumplir este trabajo, por mi labor como abogada durante todo estos años. En el Ministerio Público, el principio de la objetividad está establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, y eso me sigue en este puesto.
-Pero este programa se creó justamente porque esos delitos ocurrieron…
-Independientemente del contexto político, aquí estamos frente a la comisión de hechos delictivos cometidos por personas y lo que se persigue es la verdad y la justicia.
CASO SORIA: RAZONES DE LA PETICIÓN DE APERTURA
Una de las primeras acciones efectuadas por el Programa de Derechos Humanos al mando de Rossy Lama fue solicitar la reapertura del caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Lama explicó a LND las razones que llevaron a esta entidad a persistir en la investigación de esta causa emblemática de derechos humanos, hecho ocurrido a mediados de la década del 70. Incluso, en 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía, confirmando una resolución de la justicia militar.-Representando a este programa, usted apeló ante la negativa del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por agentes de la DINA. ¿Por qué?-Se apeló porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo. Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa que instruye el ministro Alejandro Madrid (relacionada con asociación ilícita y falsificación de instrumento público para buscar que ex agentes que participaron en el crimen se desdigan de sus dichos y falseen sus declaraciones judiciales). Por ello, jurídicamente corresponde solicitar la reapertura de la investigación. Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía.
-¿Seguirá el programa sosteniendo ante los tribunales los principios internacionales en materia de derechos humanos?-Esos principios internacionales son justamente los que han permitido reabrir causas, pelear por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto esas normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo.
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Thursday, April 08, 2010
Marcela Noble podría ser la nieta de Chicha Mariani, fundadora de abuelas de mayo
Argentina
La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, sospecha que la hija de Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, sea, en realidad, su nieta, Clara Anahí, quien fue secuestrada tras el bombardeo a su casa en La Plata , en noviembre de 1976.
En declaraciones brindadas a una radio local, Chicha confirmó que hizo una presentación judicial ante el juez Corazza y por su intermedio ante el juez Bergesio, de San Isidro, que es quien lleva adelante la causa por los hijos de la dueña del multimedio Clarín.
En la acción, se solicita “que se entrecrucen los análisis de Marcela Noble y los de mi familia que están en el Banco Genético y también con todos los familiares que figuran allí porque así lo dispone la ley”.
Consultada sobre en qué basa sus sospechas sobre que Marcela Noble sea Clara Anahí Mariani Teruggi, explicó: “tuve dudas desde 1977 cuando los obispos de La Plata y religiosos me prometían que me iban a ayudar, al tiempo volvía y eran otras las personas que me recibían”.
Además, reveló que en un momento, “me dijeron que mi nieta estaba con gente de muchísimo poder, que era imposible tocarla. Lo recibí de la Iglesia una y otra vez, pero hubo otros elementos que me fueron convenciendo de que podía ser Clara Anahí”.
Asimismo, Chicha admitió que en un momento perdió la esperanza de que Marcela Noble pudiese ser su nieta, al revisar, junto a su abogada, el expediente de su adopción y verificar que “las fechas no concordaban”. Sin embargo, la expectativa resurgió cuando “vinieron dos personas a avisarme que ese expediente era totalmente falso y se descubrieron mentiras”.
La fundadora de Abuelas recordó que “cuando asumió Alfonsín, los llevaron a una escuela suiza hasta que vieron que no pasó nada, entonces los fue a buscar la madre, las fotos de los chicos con príncipes, reyes y presidentes salían en los diarios y yo las junté y encontré parecidos” y Marcela Noble “se parece bastante a la familia de Diana ahora”.
En ese marco, Chicha recalcó que “cuando se llevan a Clara Anahí, la ponen en el auto de Fiorillo (un policía), y ahora me entero que él fue quien llevó a Marcela con la señora de Noble. La llevó de La Plata porque hay documentos de personas que afirman que monseñor Plaza intervino en la entrega de Marcela”.
“Ahora dije basta, no quiero quedarme con la duda y pedí que se hagan los análisis y se crucen con mi familia y con los demás también”, declaró Chicha y se preguntó: “¿Alguien se detiene a pensar en los 33 años que llevan Madres, Abuelas y familiares de esta tortura infinita de no saber, es la tortura más grande y se acrecienta porque uno se va a ir y no pudo hacer nada, y dónde está y cómo duerme, dónde vive y con quién?”
“Hay mucha gente que da una mano. Sé que lo que ocurrió en la calle 30 lo sabe toda la gente del barrio, muchos vieron cómo se la llevaron a Clara Anahí, en cambio se difunde la versión de que había muerto, sin embargo, dos personas me dijeron la verdad, pero si lo hubieran dicho hace 20 años, cuánto dolor hubieran evitado”, reflexionó Chicha Mariani.
Por último, Chicha dijo que otro de los elementos que la llevan a pensar que Clara Anahí podría ser Marcela Noble, tiene que ver con las muchas mentiras que se dijeron en torno al paradero de su nieta: “Por qué tapan tanto lo de Clara Anahí? ¿Por qué se inventaron tantas cosas? ¿Para qué? Es porque están tapando algo muy
grosso”.
Ernestina Herrera de Noble
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ernestina Herrera de Noble, nacida en el año 1925, es una empresaria argentina, viuda de Roberto Noble, fundador del Diario Clarín.Herrera de Noble asumió la dirección del Diario Clarín en el año 1969, tras la muerte de su esposo. Este diario, junto con Canal 13, TN, Artear, Volver, Multicanal, Cablevisión, Radio Mitre, La 100, La Razón, Olé, TyC Sports, Pol-ka, La voz del Interior, Diario Los Andes y otros medios conforman actualmente el Grupo Clarín.
Causas penales [editar]
Ernestina Herrera de Noble ha sido acusada de haber secuestrado y sustraído la identidad de dos hijos de desaparecidos, a quienes presenta como hijos adoptivos propios, dentro del marco del tráfico de bebés en el Proceso de Reorganización Nacional.
El 12 de enero de 2003 en Clarín, Herrera de Noble admitió la posibilidad de que fueran hijos de desaparecidos (fs 3017 del expediente).
Desde el año 2009 se la investiga por lavado de dinero a partir de una lista que entregó Hernán Arbizu, un "arrepentido" de la JP Morgan en Nueva York.[5
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Corte Suprema absuelve a cuatro ex carabineros acusados de secuestro
| Miércoles 7 de Abril de 2010 | |||||||||||||||||||||
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| Fuente :Emol | |||||||||||||||||||||
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| La Segunda Sala entendió que no había antecedentes para comprobar su participación en el delito en contra de José San Martín Navarrete. | |||||||||||||||||||||
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| SANTIAGO.- La Corte Suprema decidió absolver a cuatro ex miembros de Carabineros por su supuesta vinculación con el secuestro calificado de José San Martín Navarrete, ocurrido a partir de septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco, Región de La Araucanía. En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller llegaron a la conclusión que no habían antecedentes en el proceso para vincular a Gonzalo Arias González, Eduardo Riquelme Rodríguez, Juan Fritz Vega y Omar Burgos Dejean con el delito, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia dictada por el ministro en visita Fernando Carreño de la Corte de Apelaciones de Temuco. "Al disponerse únicamente de presunciones judiciales como medio probatorio para llegar a acreditar los supuestos fácticos de que se trata, estos hechos no satisfacen la exigencia legal (reales y probados) y no está permitido inferir de ellos otras presunciones, con las cuales llegar a tener por comprobada con el grado de certeza que la ley exige, la participación aludida", dice el fallo. En primera instancia, el ministro Carreño había determinado una condena de 8 años para los cuatro implicados, la que porteriormente fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Temuco. | |||||||||||||||||||||
Caso "Caravana": Niegan indulto presidencial a general (r) Odlanier Mena
El Mercurio
Santiago de Chile
miércoles 7 de abril de 2010
Actualizado a las 6:01 hrs.
Durante el día de ayer, el general (r), Odlanier Mena, recibió la notificación de rechazo por el indulto presidencial que había solicitado al gobierno durante los primeros meses de 2009.
Mena fue condenado a seis años de prisión por el episodio "Arica" de la denominada "Caravana de la Muerte". Está privado de libertad desde enero de 2009 en el Penal Cordillera, ubicado en Peñalolén.
Según cercanos a la causa, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, firmó el pasado 17 de marzo la resolución que negaba la libertad al ex uniformado. Esto a sólo seis días de haber asumido el nuevo gobierno.
El episodio "Arica" del caso "Caravana" se refiere al homicidio de los dirigentes del PS Óscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso, en 1973.
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Santiago de Chile
miércoles 7 de abril de 2010
Actualizado a las 6:01 hrs.
Durante el día de ayer, el general (r), Odlanier Mena, recibió la notificación de rechazo por el indulto presidencial que había solicitado al gobierno durante los primeros meses de 2009.
Mena fue condenado a seis años de prisión por el episodio "Arica" de la denominada "Caravana de la Muerte". Está privado de libertad desde enero de 2009 en el Penal Cordillera, ubicado en Peñalolén.
Según cercanos a la causa, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, firmó el pasado 17 de marzo la resolución que negaba la libertad al ex uniformado. Esto a sólo seis días de haber asumido el nuevo gobierno.
El episodio "Arica" del caso "Caravana" se refiere al homicidio de los dirigentes del PS Óscar Ripoll, Julio Valenzuela y Manuel Donoso, en 1973.
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