Por: Gemita Oyarzo Vidal | Publicado: 02.06.2022
Es imposible competir con una Constitución democrática, paritaria, basada en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y que, por estas mismas razones, es desde toda lógica, ética y políticamente superior a una que surgió de un golpe de Estado. “La Constitución actual murió en el Plebiscito pasado” (25 octubre 2020), afirmó a CNN Prime la mismísima Marcela Cubillos -férrea defensora del legado de la dictadura y el principal rostro de la campaña del Rechazo-, al ser consultada por su voto en el próximo plebiscito del 4 de septiembre de 2022. En medio de una feroz campaña mediática de la derecha por desprestigiar el trabajo de la Convención, lo cierto es que, una vez promulgado el primer borrador del texto constitucional, queda poco espacio para la especulación y la circulación de noticias falsas. El nuevo texto constitucional está disponible en varias plataformas para ser consultado por todo aquel que quiera leerlo.
Aunque existan reparos sobre algunas inconsistencias que debe corregir la Comisión de Armonización, los más prestigiosos abogados constitucionalistas han salido a respaldar la legitimidad del proceso constituyente y la calidad jurídica del texto incluso en los medios de prensa más conservadores: “De una convención fragmentaria jamás saldrá una constitución autoritaria”, declaró con firme convicción el abogado y académico Javier Couso en El Mercurio y en todos los medios de comunicación que se lo han preguntado en estos días. Mientras tanto, sociólogos y politólogos resumen, explican y difunden el contenido del texto constitucional. “Urbi et Orbi” abogados y analistas políticos aclaran el sentido de la democracia paritaria, del Estado social y democrático de derechos. Junto con debatir la importancia de la universalidad de los derechos sociales, han aclarado los conceptos de plurinacionalidad y pluralismo jurídico. Así también, han destacado positivamente el proceso de descentralización que queda plasmado en el texto constitucional con la consagración del Estado regional.
Hasta Canal 13, el medio que más recursos e invitados le ha puesto a la campaña del Rechazo, se vio en la obligación de informar que el borrador de la nueva constitución circula hoy entre los vendedores ambulantes callejeros del centro de Santiago y que ha sido el texto más vendido en los últimos días. El periodista Kike Mujica, editor de Prensa del canal y panelista del Programa Mesa Central no disimula su desagrado al leer los resultados de las últimas encuestas que dicen que un 29% de los entrevistados están dispuestos a leer el texto antes de decidir su voto, mientras otro 10% desea consultar un resumen para votar informados.
Quienes crecimos en el violento Chile de la dictadura y fuimos adolescentes en los grises y desesperanzados años 90, no tenemos memoria de un proceso de deliberación democrática de esta importancia. Tampoco nuestros antepasados, que conocieron la democracia anterior al Golpe de Estado, son capaces de recordar un proceso de estas características. Porque ni siquiera en la Unidad Popular se avanzó tanto en un cambio constitucional y ese fue el problema central. Allende murió en La Moneda por proteger hasta el último día la Constitución de 1925.
¡Nunca hubo en Chile un proceso constituyente democrático, paritario, con escaños reservados y con tres elecciones vinculantes! Y ese proceso democrático ha permeado a la sociedad chilena por más fragmentada que esté. Si en plena angustia por el alza del costo de la vida, la gente que no tiene acceso a internet es capaz de desembolsar dos mil pesos para comprar un borrador de la nueva constitución, entonces, Chile todavía tiene esperanzas de reconstruirse.
¿Cuándo habíamos visto a las personas comunes y corrientes buscando una Constitución en el kiosko para leerla?; ¿Cuándo el contenido de la Constitución había sido un tema de discusión en la sobre mesa de las familias, e inclusive, en una fiesta entre amigos?; ¿Cuándo nos habían interesado tanto en los quórum para reformar leyes? Nunca. Y en estas dos semanas no hemos hecho otra cosa que debatir sobre temas sociales y jurídicos que por tantas décadas nos fueron completamente ajenos. Una generación completa de “votantes” que nunca tuvieron educación cívica, se acostumbró a que la Constitución de 1980 nunca se iba a poder cambiar. Se resignaron a la ciudadanía del crédito y el consumo, que siguió beneficiando a los mismos grupos de poder. Es ahora cuando por fin tenemos la oportunidad de convertirnos en una ciudadanía real a través del pleno ejercicio de nuestros derechos políticos y de la consagración de derechos sociales universales.
La derecha que resguardó el legado autoritario perdió el control político del país y lo saben. Sin embargo, en vez de allanarse a negociar los cambios sociales haciéndose parte del proceso, han buscado por todos los medios levantar una alternativa que neutralice la decisión soberana de la Convención Constitucional. Primero, defendieron la tercera vía en la papeleta del voto y ahora presionan al gobierno para que contemple un plan de reforma constitucional llevado adelante por el Congreso, el más deslegitimado de los poderes del Estado, en caso de que gane el rechazo. No llegan a sopesar los irreparables costos políticos y sociales que tendría conservar el statu quo y pasar por encima de la voluntad mayoritaria. ¿Creen realmente que, después de todo este proceso, es posible siquiera proponer una reforma constitucional hecha por secretaría?
A pesar del miedo y el pesimismo del que, incapaces de imaginar otro orden, han hecho eco también algunos miembros de la vieja Concertación, a la derecha y a los grupos conservadores que la respaldan les será realmente muy difícil competir con una Constitución escrita en democracia y por una diversidad de actores elegidos, legítima y soberanamente para este fin. Carentes de un proyecto político alternativo, a la derecha le está resultando muy complejo argumentar seria y verazmente en contra de una Constitución que consagra derechos sociales universales y una democracia paritaria; que les otorga derechos políticos, territoriales y lingüísticos a los pueblos originarios y que les permite a las regiones gobernarse a sí mismas por primera vez en la historia de la República. Es imposible competir con una Constitución democrática, paritaria, basada en el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y que, por estas mismas razones, es desde toda lógica, ética y políticamente superior a una que surgió de un golpe de Estado y que fuera refrendada en un fraude electoral, mientras la dictadura reprimía a sus opositores.
Son múltiples y enormes los desafíos democráticos que deberemos enfrentar en los próximos años: junto con pensar un modelo de desarrollo que permita financiar la implementación gradual de los derechos sociales (salud, educación y seguridad social), la inclusión institucional de los pueblos originarios; el fin de la violencia política en el sur; la democratización de las Fuerzas Armadas y de las policías serán los grandes temas de la próxima década. Por lo que, en vez de dejarnos arrastrar por el miedo a la incertidumbre, ¿no sería mejor preguntarnos qué haremos como sociedad si gana el apruebo por amplia mayoría? Aunque es mucho más difícil pensar de manera constructiva, llegó la hora de responder colectivamente cómo vamos a consolidar los cambios políticos e institucionales que vienen.
Gemita Oyarzo Vidal
Socióloga, doctora en Estudios Americanos. Investigadora de ICSO-Universidad Diego Portales.
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