DECLARACION PÚBLICA
La Comisión Ética Contra la Tortura, ante la permanencia de violadores a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas y de Orden, expresa ante las autoridades políticas del país y la opinión pública que:
El país ha conocido una vez más, el show que ocasiona la renuncia de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo, implicado en violaciones a los derechos humanos.
Las erráticas intervenciones del Gobierno y las desatinadas declaraciones del Obispo Contreras luego de la renuncia del General Santelices, evidencian el intento de justificar la permanencia y promoción de los ex agentes de seguridad en las filas de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Queremos decirle al país que la renuncia de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas, ha sido posible sólo después de un largo camino procesal en que ha quedado establecida la responsabilidad en los hechos, a pesar de los intentos de esquivar la verdad para mantenerse en la impunidad. La renuncia, aparece entonces, como el último recurso al que acuden, pretendiendo maquillar de nobleza y valentía un pasado deleznable; la renuncia aparece cuando les resulta imposible sostener los permanentes pactos y compromisos de impunidad.
No resulta extraño entonces, que aparezcan una y otra vez los generales Santelices del ejército, los tenientes coroneles fugados como Iván Quiroz, los prefectos de investigaciones como Sergio Mellado Faúndez, actual jefe nacional de Informática y Telecomunicaciones de Investigaciones de Chile, o los subprefectos como Héctor Silva Calderón, actual jefe de la Brigada de Homicidios de Coyhaique o los agregados militares en el exterior, por contar sólo a algunos a los que la porfiada Verdad ha dado a conocer sus nombres.
No resultan extraños estos hechos, cuando desde la cabeza del Estado, se promulga la ley 19. 992, que silencia y esconde por 50 años los nombres de los torturadores, identificados en los testimonios entregados ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, cuyo Informe fue publicado el año 2004.
Sumada a la ley de auto perdón dejada por la dictadura -que luego de 18 años post dictadura aún no se ha derogado-, la ley 19. 992 actúa como una amnistía encubierta para los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, que antaño conformaron los equipos de la policía política y que, revestidos de esa condición perpetraron graves violaciones a los derechos humanos como se documenta en los Informes Rettig y Valech.
A Monseñor Contreras le decimos: Las personas detenidas desaparecidas no tienen esa condición porque algún amigo de ellos dijera sus nombres en la tortura, tienen esa condición porque existió una política de terrorismo de Estado, destinada a asesinar, torturar y desaparecer personas que tenían una apuesta distinta de sociedad, que eran socialistas, miristas, comunistas o simplemente de izquierda y que fueron perseguidos por la dictadura y los servicios de seguridad compuestos por agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad. No eran asaltantes callejeros, ni actuaban al margen de la autoridad, eran funcionarios del Estado cuyos sueldos pagábamos todos los chilenos y de acuerdo al Informe de la Comisión Valech, esos agentes formaron parte de los equipos de torturadores, de exterminio, de remoción de cuerpos y de entierros clandestinos en los más de 1.200 centros de tortura que funcionaron en nuestro país.
Hay crímenes de lesa humanidad que en Chile desde hace 34 años, claman por Verdad y Justicia; el camino ha sido lento, desgastador muchas veces, pero la inexorable VERDAD se ha abierto camino una y otra vez, justo cuando la impunidad parece tomar ventaja como ha sucedido durante el año 2007 en que se han cerrado procesos, se han reducido condenas, se ha intentado buscar medidas para la excarcelación de los violadores condenados y recluidos en la exclusiva cárcel de Punta Peuco.
Por ello, el año 2004, al conocerse el Informe Valech, solicitamos al Gobierno, como Comisión Etica Contra la Tortura, y hoy lo reiteramos, pasar a retiro a todo el alto mando, como acción concreta del declarado NUNCA MAS; porque los suboficiales y oficiales de ayer, son el alto mando de hoy y la democracia, luego de estos 18 años, cuenta con una oficialidad que con toda certeza no está involucrada en violaciones a los derechos humanos.
Solicitamos nuevamente al Gobierno, poner a disposición de los Tribunales de Justicia la documentación constitutiva de delito recabada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, y que sean investigados los testimonios de tortura entregados ante esa Comisión y se obtenga Verdad y Justicia para los sobrevivientes de tortura.
Reiteramos al Gobierno, la necesidad de construir una democracia basada en la JUSTICIA y en la VERDAD, como único camino para el NUNCA MAS
¿DONDE ESTÁN NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS?
VERDAD Y JUSTICIA PARA LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURA
FUERA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN LOS
VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago 8 de Febrero de 2008
Fundadores de la
Comisión Etica Contra la Tortura
Obispo Fernando Ariztía +
Pastor Luterano Helmut Frenz
José Aldunate s.j.
Mons. Carlos Camus
Pbro. Mariano Puga
Pbro. Pierre Dubois
Mons. Alfonso Baeza
Pbro. Roberto Bolton
Hna. María Inés Urrutia
Hna. María Dolores Cruzat
Oscar Jímenez s.j.
Andrés Aylwin
Fernando Aliaga
Juana Calfunao
Juan Pablo Cárdenas
Peggy Cordero
José Galiano
Mireya García
Roberto Garretón
Joice Horman
Manuel Jacques
Juanita Kowalsky
Gloria Laso
Carmen Lazo
Carlos Madariaga
Tomás Moulian
Paz Rojas
Fernando Quilodrán
Jorge Mario Saavedra
Gabriel Salazar
Luis Sepúlveda
Carmen Silva
Juan Subercaseaux
Hiram Villagra
comisionetica@yahoo.es www.contralatortura.net
Huelén 164. Providencia.
Fono: 235 59 45. Santiago Chile
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