Monday, March 28, 2016

EL ENSAÑAMIENTO EN EL CRIMEN COMETIDO POR LA CARAVANA DE LA MUERTE EN COPIAPÓ

Cárcel de Copiapó
17 de octubre de 1973
00.30 horas

¡Levantarse todos y poner atención! Al que vaya nombrando dice ¡firme señor! Y se forma afuera de la celda rápido- dijo el capitán Díaz y comenzó a leer la lista:
-¡Fernando Carvajal González!
-¡Firme señor!
-¡¡Fórmate afuera!
-¡Atilio Ugarte!
-¡Firme señor!
-¡Afuera También!
-¡Alfonso Gamboa Farías!
-¡Firme señor, aquí!
-¡Ya también afuera! ¡Vamos, vamos rápido!
-¿Llevo mis cosas señor?
-¡Qué te creís que vay a una fiesta huevón! ¡Así no más, afuera con lo puesto!
-¡Ya a ver! ¡Pedro Pérez Flores!
-¡Firme señor!
-¡Manuel Cortázar Hernández!
-¡Firme señor!
-¡Afuera!
-¡Ya! ¡Raúl Larravide López! ¿Está?
-¡Firme señor!
-¡Ya pa´fuera también!
-¡Edwin Mancilla Hess!
-¡Firme señor, aquí!
-¡Ya pa´fuera  también! ¿Vos soy alemán?
-No señor, soy chileno.
-¡Ya, afuera!
-¡Adolfo Palleras Norambuena!
-¡Firme señor!
-¡Y Leonel Vinceti Cartagena!
…¡Leonel Vinceti!...¡Qué pasa con él!...
-Leonello Vincenti mi capitán, está incomunicado en una celda aparte, explicó el suboficial Luke.
-¡Ya, lo pasamos a buscar! ¡A ver numerarse. El último grita último señor!

-¡Uno…dos…tres…cuatro…cinco…seis…siete…ocho y último señor!
-¡Cierre la celda suboficial! ¡Vamos andando! ¡Todos manos en la nuca! ¡Suban al camión!

Cuando los nueve detenidos fueron subiendo al camión cerrado con un toldo, se encontraron con los otros cuatro prisioneros que ya estaban arriba con sus manos amarradas a la espalda, a ellos los habían subido en el regimiento… Jaime Sierra Castillo, Winston Cabello Bravo, Raúl Guardia Olivares y Agapito Carvajal González.
Inmediatamente después la comitiva de la Caravana de la Muerte los llevó a todos al regimiento local, según testigos militares de la época, y no a la Cuesta Cardones donde supuestamente hubo intento de fuga o los fusilaron. En la madrugada del 17 de octubre de 1973, los asesinaron a todos, en el mismo momento y en el mismo lugar.
Diecisiete años más tarde, el 27 de julio de 1990 se  halló la fosa clandestina donde habían sido escondidos los cuerpos de los 13 ejecutados  de Copiapó , y donde no estaban los tres ejecutados de El Salvador. En los exámenes de peritaje en Instituto Médico Legal solo se encontró una bala en uno de los cuerpos, el resto eran sólo cortes de corvos, cuchillos, yataganes, quebraduras de cráneos  y quemaduras de sopletes.
Cuarenta y dos años después, durante estos días de marzo  de 2016, se está apelando en la Corte de Apelaciones de Santiago al agravante de “alevosía”, en un crimen que desde un principio fue “con premeditación y alevosía”.
Por la Verdad, por la Justicia y por la Memoria… 

¡Cadena Perpetua sin Beneficios para los agentes del Estado que cometieron este crimen!

     1. Hallazgo de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó

 2. Ejecutado político de Copiapó. Caravana de la Muerte.

3. Hallazgo de la Fosa Clandestina de ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

4. Hallazgo de los trece ejecutados de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

5. Ejecutado político de la Caravana en Copiapó.

6. Ejecutado político apareciendo en el hallazgo de la fosa clandestina en Copiapó, Caravana de la Muerte.

7. Cráneo destrozado a golpes al morir, perteneciente a uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

8. Cráneo de ejecutado político de Copiapó hallado en la fosa común, destrozado a golpes por sus criminales, la Caravana de la Muerte.

9. Cráneo con mandíbula destrozada a golpes, perteneciente a ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

10. Cráneo destrozado a golpes, perteneciente a uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

11. Cortes de arma blanca en huesos de ejecutado político de Copiapo, asesinado por la Caravana de la Muerte.
12. Cortes de arma blanca en huesos de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.


13. Cortes con arma blanca en los huesos de ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

14. Cráneo de ejecutado político de Copiapó, quebrado a golpes por la Caravana de la Muerte.

15. Corte de cuchillo y punzón, en las ropas de uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.



16. Cortes de corvo y cuchillo en las vestimentas de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

17. Corte de corvo en la vestimenta de uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.


18. Cortes de cuchillo en las vestimentas de uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

19. Cortes de punzón en vestimenta de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

20. Corte de corvo en vestimentas de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

 21. Cortes de punzones, corvos y cuchillos en ropas de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

22. Cortes de corvos y cuchillos en vestimentas de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

23. Cortes de corvos y punzones en la ropa de uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

24. Cortes de corvos y cuchillos en la vestimenta de uno de los ejecutados políticos de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

25. Corte de bayoneta en ropa de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó

26. Cortes de punzón y cuchillo en ropas de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.

27. Cortes de corvo en vestimenta de ejecutado político de la Caravana de la Muerte en Copiapó.






Angélica Palleras N.
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena
Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte - Copiapó

________________________________________________-













Wednesday, March 09, 2016

MURIÓ SERGIO ARELLANO MURIÓ EL ASESINO DE LA CARAVANA DE LA MUERTE, YA NO ESTÁ, PARA SIEMPRE.

Cuando encontramos a los nuestros y abrimos la fosa clandestina en Copiapó, él se robó los expedientes, cuando recuperamos las pruebas del crimen cometido solo con corvos y cuchillos a él le dio demencia senil y cuando tenemos el primer alegato judicial en la Corte, mañana, y apelaremos al derecho a la verdad y al ensañamiento con que asesinaron, él se muere...Que la deshonra cubra su memoria por siempre. Asesino, cobarde y protegido por el Estado chileno.

En Memoria de las 93 Victimas probadas de la Caravana de la Muerte, que aún claman por la Vedad, la Justicia y el Castigo a los Culpables.
Valdivia
01. Pedro Barría Ordóñez, 22 años
02. José Barrientos Warner, 29 años
03. Sergio Bravo Aguilera, 21 años
04. Santiago García Morales, 26 años
05. Luis Guzmán Soto, 21 años
06. Fernando Krauss Iturra, 24 años
07. José Liendo Vera, 28 años
08. Luis Pezo Jara, 29 años
09. Víctor Rudolf Reyes, 32 años
10. Rudemir Saavedra Bahamondes, 29
11. Víctor Saavedra Muñoz, 19 años
12. Luis Valenzuela Ferrada, 20 años
Curicó
13. Francisco Lara Ruiz, 22 años
14. Wagner Salinas Muñoz, 30 años
Linares (San Javier)
15. Leopoldo González Norambuena, 20 años
16. Segundo Sandoval Gómez, 19 años
17. José Sepúlveda Baeza, 22 años
18. Teófilo Arce Tolosa, 26 años
Cauquenes
19. Manuel Plaza Arrellano, 25 años
20. Claudio Lavín Loyola, 29 años
21. Miguel Muñoz Flores, 21 años
22. Pablo Vera Torres, 22 años
La Serena
23. Oscar Aedo Herrera, 23 años
24. Carlos Alcayaga Varela, 38 años
25. José Araya González, 23 años
26. Marcos Barrantes Alcayata, 26 años
27. Jorge Abel Contreras Godoy, 31 años
28. Hipólito Pedro Cortés Alvarez, 43 años
29. Oscar Armando Cortés Cortés, 48 años
30. Víctor Fernando Escobar Astudillo, 22 años
31. Jorge Mario Jordan Domic, 29 años
32. Manuel Jachadur Marcarian Jamett, 31 años
33. Jorge Ovidio Osorio Zamora, 35 años
34. Jorge Washington Peña Hen, 45 años
35. Mario Ramirez Sepúlveda, 44 años
36. Roberto Guzmán Santa Cruz, 35 años
37. Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, 22 años
Copiapó
38. Winston Cabello Bravo, 28 años
39. Agapito Carvajal González, 32 años
40. Fernando Carvajal González, 30 años
41. Manuel Cortazar Hernández, 20 años
42. Alfonso Gamboa Farías, 35 años
43. Raúl Guardia Olivares, 23 años
44. Raúl Larravide López, 21 años
45. Edwin Mansilla Hess, 21 años
46. Adolfo Mario Palleras Norambuena, 26 años
47. Jaime Sierra Castillo, 27 años
48. Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez, 25 años
49. Leonello Vincenti Cartagena, 33 años
50. Pedro Emilio Pérez Flores, 29 años
51. Benito Tapia Tapia, 32 años -
52. Ricardo García Posada, 43 años
53. Maguindo Castillo Andrade, 40 años
Antofagasta
54. Luís Alaníz Álvarez, 23 años
55. Dinator AvilaRocco, 32 años
56. Guillermo Cuello Alvarez, 30 años
57. Segundo Flores Antivilo, 25 años
58. Darío Godoy Mansilla, 18 años
59. José García Berríos, 66 años
60. Miguel Manriquez Díaz, 25 años
61. Danilo Moreno Acevedo, 28 años
62. Washington Muñoz Donoso, 25 años
63. Eugenio Ruiz ‑ Tagle Orrego, 26 años
64. Mario Silva Iriarte, 38 años
65. Alexis Valenzuela Flores, 29 años
66. Marco De La Vega Rivera, 46 años
67. Mario Arqueros Silva, 45 años
Calama
68. Mario Arguelles Toro, 34 años
69. Carlos Berger Guralnik, 30
70. Haroldo Cabrera Abarzua, 34
71. Carlos Escobedo Caris, 24
72. Daniel Garrido Muñoz, 22 años
73. Luis Alberto Hernández Neira, 32 años
74. Hernán Moreno Villarroel, 29
75. Luis Moreno Villarroel, 30 años
76. David Miranda Luna, 48 años
77. Rafael Pineda Ibacache, 24 años
78. Carlos Piñero Lucero, 29 años
79. Fernando Ramírez Sánchez, 26 años
80. Sergio Ramirez Espinoza, 29 años
81. Alejandro Rodriguez Rodriguez, 47 años
82. José Gregorio Saavedra González, 18 años
83. Domingo Mamami López, 41 años
84. Jerónimo Carpanchi Choque, 28 años
85. Bernardino Cayo Cayo, 43 años
86. Luis Alberto Gahona Ochoa, 28
87. Manuel Hidalgo Rivas, 23 años
88. José Hoyos Salazar, 38 años
89. Rosario Aguid Muñoz Castillo, 26
90. Milton Muñoz Muñoz, 33 años
91. Víctor Ortega Cuevas, 34 años
92. Roberto Rojas Alcayata, 36 años
93. Jorge Yueng Rojas, 37 años

Saturday, December 26, 2015

MINISTRO MARIO CARROZA PARTICIPA EN CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE LOS 40 AÑOS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR

21/12/2015
El ministro Mario Carroza Espinosa participó en conversatorio del seminario internacional: "A 40 años de la Operación Cóndor: Justicia sin fronteras", actividad académica realizada en la Universidad Miguel de Cervantes, el pasado jueves 17 de diciembre, y organizada por la Universidad de Oxford.
El encuentro –moderado por la investigadora de la Universidad de Oxford, doctora Francesca Lessa– tuvo como objetivo generar propuestas y estrategias a nivel regional con el fin de facilitar la investigación de los crímenes perpetrados al amparo del plan implementado por los regímenes dictatoriales de América del Sur a mediados de la década de los '70, con el objetivo de coordinación de acciones y mutuo apoyo para combatir clandestinamente a la oposición a dichos regímenes.
Entre los temas abordados en el encuentro académico, los participantes debatieron sobre los desafíos legales y obstáculos prácticos que afrontan actualmente la tramitación de causas relacionadas con la Operación Cóndor. Asimismo, se discutió la posibilidad de contar con equipos multidisciplinarios para realizar dichas investigaciones y, especialmente, buscar la forma de agilizar el intercambio de información y pruebas documentales entre tribunales chilenos y argentinos.
Las propuestas generadas por los paneles de expertos serán recopiladas por la doctora Lessa e incluidas en la investigación que realiza sobre los enjuiciamientos seguidos sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la denominada Operación Cóndor, además de su entregada directa a instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la tramitación de causas de violaciones a los derechos humanos.
Encuentro forma parte del seminario internacional: “A 40 años de la Operación Cóndor: Justicia sin fronteras”, actividad académica realizada en la Universidad Miguel de Cervantes, el pasado jueves 17 de diciembre, y organizada por la Universidad de Oxford.
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“OPERACIÓN CÓNDOR”: MINISTRO MARIO CARROZA DICTA PROCESAMIENTO DE RAÚL ITURRIAGA NEUMANN

22/12/2015
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el procesamiento del general en retiro del Ejército Raúl Iturriaga Neumann por su responsabilidad en 12 casos de secuestro y homicidio calificado de víctimas de la denominada "Operación Cóndor".
En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro de fuero procesó al ex director del departamento exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional –DINA– como autor de los secuestros calificados de Héctor Heraldo Velásquez Mardones, Alexei Vladimir Jaccard Siegler, Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Luis Muñoz Velásquez, Juan Humberto Hernández Zaspe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Julio del Tránsito Valladares Caroca; y de los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Ruiter Enrique Correa Arce, Matilde Pessa Mois, Jacobo Stoulman Bortnik y Hernán Soto Gálvez.
En la etapa de investigación, el ministro Carroza estableció la participación de Iturriaga Neumann en operaciones para traer al país a ciudadanos chilenos detenidos por los servicios de inteligencia de Argentina, Bolivia y Paraguay, entre 1975 y 1977, quienes fueron ingresados a centros de detención clandestinos en Chile, desde donde se pierde su rastro.

CORTE SUPREMA REMITE INFORME SOBRE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA CÓDIGO PENAL EN LO TOCANTE AL DELITO DE TORTURA

24/12/2015
Prensa Poder Judicial
La Corte Suprema envió a la Cámara de Diputados informe sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo al delito de tortura, moción ingresada por los diputados Claudio Arriagada y Sergio Ojeda.
El proyecto fue analizado por el tribunal pleno –el viernes 18 de diciembre pasado– y enviado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, el lunes 21 de diciembre.
"Que según aparece del oficio con que el señor presidente de la Comisión remite su solicitud a este Tribunal, la consulta recae específicamente sobre la indicación presentada por los diputados señores Claudio Arriagada y Sergio Ojeda, que incorpora el siguiente artículo 161 sexies al Código Penal:
Los delitos a los que se refiere este párrafo quedarán excluidos de la competencia de los tribunales militares, de conformidad con el artículo 1° de la ley 20.477, ya sea que los civiles y menores de edad revistan la calidad de víctimas o de imputados en el proceso respectivo", sostiene el informe evacuado por la Corte Suprema.
En el oficio, el máximo tribunal agrega que "(…) por de pronto, y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, no parece adecuado incorporar un precepto adjetivo sobre competencia al ordenamiento penal sustantivo, encargado, en términos generales, de desarrollar el Derecho Penal objetivo o material, cuyos fines y medios para lograrlos son suficientemente conocidos. En consecuencia, de estimarse indispensable incorporar esta regla, ella debería serlo en la legislación adjetiva/orgánica, donde se contienen las disposiciones sobre competencia".
"Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando esta Corte Suprema ha manifestado en varios pronunciamientos anteriores su aquiescencia frente a propuestas legales dirigidas a extraer de la competencia de los tribunales militares el conocimiento de los delitos en que hayan intervenido menores de edad o civiles –ya sea como imputados o como víctimas– no parece necesaria la específica incorporación del precepto en cuestión, desde que el artículo 1º de la ley 20.477, correctamente interpretado conforme a su ratio legis –como lo ha destacado esta Corte– deja claramente al margen de la jurisdicción de esos tribunales especiales a los civiles y los menores de edad, cualquiera sea su rol procesal. No cabe duda que la restricción de ese artículo 1º de la ley 20.477 abarca a cualquier delito que pudiera ser de competencia de un tribunal militar de acuerdo a sus normas propias, sin efectuar ninguna clase de diferenciaciones. Por ende, si alguna de las figuras de tortura contenidas en el Tít. III del Libro II del código punitivo, pudiera eventualmente configurar un delito propio de la judicatura castrense, el conocimiento de los hechos, en cuanto concierne a civiles y menores de edad, quedará radicado en la justicia civil", expone.
En consecuencia, concluye el pleno, "de lo razonado aparece como innecesaria la modificación propuesta, en la forma que se utiliza para ello. Si se quisiera tener de todos modos una regla especial de competencia para estos graves delitos, ella habría de ser introducida o a la ley 20.477 o al Código de Justicia Militar".

El proyecto fue analizado por el tribunal pleno –el viernes 18 de diciembre pasado– y enviado a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, el lunes 21 de diciembre.
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CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A HERMANOS DE EJECUTADO EN FUERTE BORGOÑO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 1973

24/12/2015
Prensa poder Judicial
CORTE SUPREMA ORDENA AL FISCO INDEMNIZAR A HERMANOS DE EJECUTADO EN FUERTE BORGOÑO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 1973
La Corte Suprema acogió demanda de indemnización de perjuicios y ordena al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) a hermanos de dirigente sindical ejecutado en Talcahuano en 1973.
En fallo unánime (causa rol 9652-2015), la Segunda Sala del máximo –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Manuel Antonio Valderrama– acogió la acción judicial y ordena indemnizar a los demandantes Haydee del Carmen, Rosa Emilia, José Manuel, Hans Alberto y Nancy Margot Candia Núñez, hermanos del dirigente sindical de la empresa Sigdo Koppers, detenido el 11 de octubre de 1973, y ejecutado ese mismo día en el Fuerte Borgoño de Talcahuano.
La sentencia de la Corte Suprema analizó sólo el aspecto civil de una causa tramitada en materia penal, por el ministro en visita Carlos Aldana.
"En esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario", sostiene el fallo.
 
"Por consiguiente –continúa–, cualquier pretendida diferenciación entre ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.
Entonces, pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes como el de la especie, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta improcedente, por cuanto la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código reconoce, al estipular en el artículo 4° que las disposiciones especiales se aplicarán con preferencia a las de este Código, lo que es pertinente a las nuevas realidades y situaciones emergentes, como sucede en este caso, al tratarse de una materia con postulados diversos y a veces en pugna con los del derecho privado regulador de las relaciones en un plano de igualdad y de autonomía de las personas para obligarse, pues se trata de una rama emergente, representativa de la supremacía de su finalidad centrada en la dignidad de la persona a quien se debe servir, por lo que se aparta de los postulados que son propios del derecho privado".
 
VER FALLOS (PDF)
Corte Suprema
ICA Concepción
Primera instancia




En fallo unánime, Segunda Sala ordena pagar 250 millones de pesos a hermanos de dirigente sindical de la empresa Sigdo Koppers ejecutado en el Fuerte Borgoño de Talcahuano.
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Saturday, October 24, 2015

Francisco Ugás: “Hay obligaciones en DD.HH. que el Estado no cumple”

ugas
Claudio Medrano  16:04 hrs.
El ex secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, conversó en exclusiva con Radio Universidad de Chile luego que abandonara el cargo el 30 de septiembre pasado. “Hay muchos asuntos pendientes por parte del Estado para que podamos adecuarnos a los convenios internacionales firmados por nuestro país”, asegura.

Para muchos causó sorpresa cuando a fines del mes de julio Francisco Ugás comunicó su decisión de abandonar la secretaría ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Es que su labor al mando de este estamento había sido calificada por agrupaciones de víctimas de la Dictadura como fundamental para el avance de muchas de las causas que permanecieron entrampadas por años o, que por diversas razones, no habían sido investigadas por la justicia.
También por la gran cantidad de pendientes que habían sido enumerados por el propio Ugas y de las cuales ya había expresado, en más de una ocasión, su voluntad de poder avanzar. Pero, finalmente el 30 de septiembre abandonó el cargo aduciendo su intención de perfeccionar sus estudios en el extranjero, específicamente en España.
Precisamente desde ese país pudimos conversar con él y si bien no quiso conversar respecto de los motivos específicos de su salida, sí accedió a realizar una evaluación de su trabajo en el Programa y de los desafíos pendientes del Estado chileno en materia de reparación y justicia para las víctimas de la dictadura.
¿Qué balance hace de su trabajo en el Programa de Derechos Humanos?
Hubo aspectos positivos y otros preocupantes, por ejemplo, todavía nuestro Estado no da las respuestas que exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por las violaciones cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet y, cuando hablamos de derecho internacional, me refiero a cuatro aspectos principales que son: investigar estos hechos; sancionar a los responsables con penas adecuadas, proporcionales y justas, atendida a la gravedad de los crímenes cometidos; la obligación de reparar a las víctimas; y la obligación de garantizar la no reiteración de los hechos.
¿Hubo de su parte un interés especial por agilizar las causas pendientes que existían en la justicia?
En una primera etapa, cuando todavía me desempeñaba como jefe del Área Jurídica y a propósito de una modificación de la Ley Nº 20.405, que creó el INDH, se nos facultó para interponer querellas por los casos de las víctimas desaparecidas y ejecutadas, puesto que antes el Programa de Derechos Humanos no tenía tal facultad de querellarse, y sólo intervenía como parte coadyuvante en casos de víctimas desaparecidas. Estas se sumaron a las que ya había presentado la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, nos fuimos coordinando, trabajo que también desarrollamos con el Poder Judicial que, a través de la Fiscal Beatriz Pedrals, también presentó acciones. Ese era nuestro marco normativo en un gobierno de derecha donde era bien complejo poder avanzar.
Durante su periodo, las agrupaciones de ex prisioneros políticos encabezaron diversas movilizaciones, ¿cómo sobrellevó ese conflicto?
Era consciente que respecto de la víctimas de prisión política no estábamos haciendo nada, por eso cuando me designan secretario ejecutivo comenzamos a trabajar con el Comando Unitario de Presos Políticos para hacer propuestas a las autoridades. Evacuamos tres informes, uno de ellos relativo a la obligación de investigar y sancionar estos crímenes. Por medio de ese informe dimos cuenta de por qué el Estado tenía que intervenir en la promoción de la investigación y sanción de estos hechos. La propuesta era que se ampliaran las facultades del Programa, a propósito de las huelgas de hambre, fue un aspecto que estuvo viendo la mesa que encabeza Monseñor Alejandro Goic, y que tendrá que ser revisado, además, por la nueva subsecretaría.
Respecto de los puntos que presentan retrasos, ¿qué fue lo que se buscó relevar?
A nosotros nos interesaba que respecto de la reparación, nuestro país se adaptara a los estándares internacionales, que hubiese una reparación integral a las víctimas, porque hay diversas falencias: las pensiones son exiguas y existen incompatibilidades que tratar. Además, nos interesaba, por ejemplo, que para el real cumplimiento del compromiso de no reiterar estos hechos, los antecedentes que fueron recopilados en las diversas comisiones de verdad, que tienen distinto tratamiento jurídico, por ejemplo el de la Comisión Rettig son antecedentes que son confidenciales y solo pueden acceder los Tribunales de Justicia, los antecedentes de la Valech tu sabes que son secretos por 50 años dado lo establecido en la Ley 19.992, finalmente tu tienes los antecedentes de la última Comisión Asesora Presidencial que son de carácter reservado y ahí  la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito de un requerimiento que formula a Contraloría, provocó un pronunciamiento que han interpretado en términos de que pueden entregar esta información a los Tribunales de Justicia, no así de los antecedentes de la Valech 1 entonces tenemos la gran labor de que estos antecedentes sean dados a conocer, porque es parte de esta obligación de garantizar la no reiteración de estos hechos.
¿Cómo fue la relación con las agrupaciones de víctimas de la dictadura?
Creo que fue positivo que se haya podido instar a las distintas agrupaciones, no solamente de víctimas desaparecidas o ejecutadas, con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de hecho, con ellos tuve la relación más dificultosa. Ellos fueron convocados y nunca quisieron venir porque consideraban un error político mi designación como Secretario Ejecutivo debido a que llegué al Programa en un gobierno de derecha, pero no así con las otras agrupaciones, como la AFEP. Con ellos  desarrollamos un trabajo coordinado, formidable, y así con otras a nivel nacional, con agrupaciones de víctimas sobrevivientes. La labor con el Comando Unitario también fue notable y esperamos que pronto podamos ver los frutos de ese trabajo.
¿Hubo voluntad por parte de las Fuerzas Armadas y de sectores políticos como la derecha para colaborar con su trabajo?
Es un tema complejo, pero desde el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet hubo un respaldo para desarrollar actuaciones en ese sentido. En el gobierno anterior era más complejo y eso subyace porque la anterior Secretaria Ejecutiva dificultaba mucho el trabajo, pero ahora yo sentí apoyo en sentido de avanzar en las causas, por ejemplo, si necesitábamos hacer una investigación y no había recursos, se nos hacía llegar y eso es un mensaje bien potente que se plasmaba en actuaciones concretas.
Respecto de las Fuerzas Armadas ha habido dificultades que han salido a la palestra. Sé que no son las mismas personas que hoy están a cargo con las que violentaron los Derechos Humanos, pero creo que aquí la colaboración debe ser concreta, decidida, mucho más firme y eso no lo vi de parte de las FF.AA. Yo hubiese esperado mayor proactividad.
Usted mencionó que hay más de un millar de causas abiertas hoy en la justicia relativas a crímenes de la dictadura, ¿cómo se puede agilizar dichos procesos tomando en cuenta algunas limitaciones como la falta de jueces?
Las decisiones jurisdiccionales son propias del Poder Judicial, el tema de la disposición de jueces es una decisión que debe ser evaluada por dicho poder. Sí creo que es importante atender las demandas propiamente de las víctimas y de los familiares, porque muchos de ellos piden una verdad que les ha sido esquiva, porque es escasa la información que entregan las FF.AA. y los agentes de la dictadura que aún están vivos, hay también muchos familiares que quieren mayor verdad, particularmente de víctimas desaparecidas que se investigue su destino final y eso no se está haciendo. Si tú revisas nuestra normativa interna, en el artículo sexto de la Ley 19.123 que es la que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la segunda comisión de verdad que existió en nuestro país, puedes encontrar que un derecho fundamental que asiste no solamente a las víctimas sino a la sociedad chilena en su conjunto, en cuanto a la búsqueda de los cuerpos de las víctimas desaparecidas, eso tiene que plasmarse en una obligación que tiene que cumplir el Estado y no se está investigando.
Otro asunto, ante crímenes de lesa humanidad se dice que tienen que ser impuestas penas que sean eficaces, proporcionales y justas, adecuadas considerando la gravedad de los delitos que se han cometido, no se pueden poner penas menores de cinco años de presidio a un sujeto que ha cometido un homicidio de este tipo, porque tiene que ser una señal para la ciudadanía de que estos hechos no pueden volver a ocurrir. Hay múltiples elementos que considerar, pero creo que es importante que el Estado se ponga las pilas para que realmente cumplamos, ya no oportunamente porque han pasado muchos años, pero tenemos que hacer un esfuerzo máximo para cumplir con esas obligaciones y decir que nuestro Estado cumple con los derechos fundamentales de las personas.
Este año hubo hechos como la reapertura del Caso Quemados y la muerte de Manuel Contreras que reflotaron el tema de los pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a su experiencia, ¿existe este pacto al interior de las ramas castrenses?
Yo te puedo decir que sí existen esos pactos y, precisamente, el caso quemados es paradigmático en ese sentido, u otros, como el de Littré Quiroga y Víctor Jara, ¿Sabes cuánto nos costó saber cuáles fueron los regimientos que estuvieron a cargo de custodiar y reprimir a los prisioneros del Estadio Chile? fue muy difícil y ahí la colaboración entre el Poder Judicial y la Policía de Investigaciones fue relevante, porque los involucrados no entregaban ninguna información, es más, hasta el día de hoy que el proceso está en etapa de plenario, porque se dictó acusación de oficio, ninguno de los sujetos que se encuentran acusados reconoce haber cometido un crimen y son todos tenientes que tenían poder de mando en el recinto. Otro caso, el de la calle Conferencia, el 2007 queda claro con la declaración de Jorge Pino Vergara de la existencia del cuartel Simón Bolívar, a propósito del Caso Cóndor hace poco se pudo establecer que Jaccard Siegler estuvo ahí, en el cuartel Simón Bolívar y esto gracias a la declaración de un ex conscripto que estuvo guardado esa información todo este tiempo, entonces esos pactos existen. Los encargados de las Fuerzas Armadas deben dar una señal de que ya no son las mismas instituciones que vulneraron los Derechos Humanos como en el pasado y, (por ello) deben instar a que se entregue la información, porque esto afirma una sociedad democrática, solo con verdad y justicia podremos promover la reconciliación.
¿Cuáles son los desafíos que debe afrontar el Programa ahora que se incorporará a la subsecretaría de Derechos Humanos?
Creo que los desafíos importantes, y a propósito de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, primero en justicia transicional, ahondar en esos pasos decisivos que apuntan al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Tenemos una brecha importante respecto de la investigación de casos de prisión política y tortura que no se están desarrollando; tenemos brechas en el establecimiento de sanciones que sean adecuadas, proporcionales y justas a quienes cometieron estos crímenes considerando su gravedad… A  mi juicio se debe establecer un criterio firme y uniforme respecto que la media prescripción no pueda ser aplicada en este tipo de crímenes. En temas de reparación creo que también tenemos una brecha importante y a propósito del trabajo de la mesa de alto nivel que dirige Monseñor Goic creo que van a salir propuestas muy interesantes que tendrán que ser acogidas por nuestro Estado.
Es importante en el ámbito de garantizar la no reiteración de estos hechos que los antecedentes de las comisiones de verdad sean de público conocimiento para la ciudadanía, respetando, evidentemente, la dignidad y la honra de las víctimas porque ciertamente hay hechos que son abominables, aborrecibles, imagínate, por ejemplo, una violación por parte de un animal a una mujer, ahí yo entiendo que a lo mejor la víctima o sus familiares no quieren que esto sea público pero se pueden establecer mecanismos y la propuesta del Programa iba en ese sentido en términos de poder suprimir esos antecedentes de carácter esencial y sensibles con objeto de resguardar esa intimidad y honra pero sí es importante que el hecho represivo sea conocido por nuestra sociedad.
En materia de reparación simbólica se deben concretar temas que tiene que ver con el financiamiento de los sitios de memoria, un tratamiento especial a los archivos documentales. Hay mucho por hacer, pero lo importante es que se den los pasos decisivos y ese es el principal desafío que tiene el Programa ahora que pasará a formar parte de la subsecretaría de Derechos Humanos, del ministerio de Justicia y DD.HH.
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