Friday, March 06, 2015

Corte deja en libertad bajo fianza a ex militar Santiago Sinclair

Corte deja en libertad bajo fianza a ex militar Santiago Sinclair

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, imputado por ser parte de la Caravana de la Muerte y el homicidio de 12 personas pagó una fianza de 200 mil pesos.


Sábado 7 de febrero de 2015 | por Nación.cl
 
La Corte de Apelaciones de Santiago dejó hoy en libertad bajo fianza al general en retiro  Santiago Sinclair, ex vicecomandante en jefe del Ejército, antiguo integrante de la Junta Militar e imputado por el homicidio de doce campesinos en el caso "Caravana de la Muerte".
El ente judicial decretó la libertad de Sinclair y otros tres oficiales retirados procesados en el mismo caso tras el pago de 200 mil pesos de fianza. Los militares retirados fueron arrestados el jueves y estaban presos en el Batallón de Policía Militar, en Peñalolén.
Según los antecedentes de la investigación, Sinclair, que en esa época era comandante de un regimiento militar en Valdivia, integró un supuesto consejo de guerra en el que se condenó a muerte a 12 campesinos y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Las víctimas fueron acusadas falsamente de asaltar un retén de Carabineros cerca de Valdivia la noche siguiente al golpe de Estado. La mayoría eran obreros de una empresa forestal que ese dia se manifestaron ante una comisaría para pedir a los policías que no se plegaran a la asonada militar. Los campesinos fueron ejecutados entre el 3 y 4 de octubre en un predio militar de Llancahue, cerca de Valdivia.
Sinclair, de 87 años, ocupó el segundo cargo en el Ejército tras Pinochet hasta 1989 y perteneció en ese período a la Junta Militar, integrada por los jefes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y que detentaba el Poder Legislativo. Después de la restauración de la democracia en 1990, Sinclair fue designado senador en representación del Ejército, hasta 1997.

Friday, February 27, 2015

Corte Suprema dicta sentencia definitiva contra miembros de la DINA por desapariciones en 1974

Clarin
Publicado el 27 Febrero 2015

La Corte Suprema  dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de José Flores Araya y Rodolfo González Pérez, detenidos el 23 de julio y 23 de agosto de 1974, respectiva mente,  proceso que investigó en primera instancia el ministro en visita Alejandro Solís.
 
En fallo unánime (rol 22.343-2014) la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Carlos Cerda acogieron el recurso de casación sólo para condenar al Fisco  por el daño moral provocado y conceder indemnziación de  $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) a Magaly González Pérez, hermana de una de las víctimas.
 
En el aspecto penal se ratificó la sentencia que condenó a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  César Manríquez Bravo, Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich González, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Ramírez Hald y Haroldo Latorre Sánchez a penas de  10 años y un día de presidio como responsables de ambos ilícitos.
 
El fallo determina que en casos por violaciones a los derechos humanos las acciones judiciales son imprescriptibles tanto en el aspecto penal como en el civil
 
"Que la excepción de prescripción de la acción civil será también desestimada porque, como lo ha decidido esta Corte en numerosos pronunciamientos, tratándose de una violación a los derechos humanos el criterio rector, en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil, se encuentra en normas y principios de derecho internacional de derechos humanos y ello ha de ser necesariamente así por cuanto este fenómeno de graves transgresiones a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, es con mucho posterior al proceso de codificación, que por lo mismo no lo considera, pues, por una parte, responde a criterios claramente ligados al interés privado y, por otra, por haber sido la cuestión de las contravenciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas humanas conceptualizada como un hecho jurídico de graves consecuencias sólo en la segunda mitad del siglo XX.
Conforme a lo expuesto, no cabe calificar la acción indemnizatoria deducida como de naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual o extracontractual, sino configurativos de un delito de lesa humanidad, del cual emana, además de la acción penal,  una civil reparatoria.
El carácter de delito de lesa humanidad hace aplicable también, en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran ius cogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que "el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales" y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional. Así, el derecho de las víctimas y de sus familiares a recibir la reparación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política", dice el fallo.
 
De acuerdo a la investigación del ministro Alejandro Solís se logró determina que:
 
RODOLFO  VALENTIN GONZÁLEZ PÉREZ,  de 19 años de edad, era conscripto de la FACH y fue detenido el día 23 de julio de 1974 en su domicilio, en presencia de su tía María González, por un sujeto joven que ingresó a la casa y conversó un rato con él y luego se fueron sin decir dónde. Cuando sobrevino el "golpe militar" había sido  destinado a las filas de la DINA; entre las labores que le correspondía efectuar estaba la custodia de los  detenidos que se encontraban en el Hospital Militar y les ayudó a varios de ellos, trayendo y llevando correspondencia con sus familiares, siendo delatado por Luz Arce de este hecho. Fue detenido  y trasladado hasta "Villa Grimaldi", lugar donde los demás agentes de la DINA lo trataron muy mal, de un modo despectivo, por ser "traidor". Fue torturado y para escapar de los castigos de lanzó desde "La Torre" y resultó herido de su pierna derecha hasta que  un día fue  sacado de ese recinto y nunca más se supo de su paradero. Su nombre apareció en el diario O" día de Curitiva, Brasil, junto al de  otros "59 extremistas chilenos pertenecientes al MIR, que habrían caído muertos en enfrentamientos", perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción"
 
"JOSE ORLANDO FLORES ARAYA, de 19 años de edad, soltero, estudiante secundario, militante del Partido Comunista, fue detenido el día viernes 23 de agosto de 1974, aproximadamente a las 10,00 horas, por una patrulla militar desde el interior de la Escuela Industrial "4 Álamos", de Maipú; los uniformados se encontraban al mando del Teniente Haroldo Latorre Sánchez; Flores Araya fue aprehendido y sacado de la Escuela  por ser portador de una lista para conseguir dineros para el Partido Comunista y fue trasladado hasta la Escuela de Suboficiales del Ejército ubicada en Blanco Encalada N°1550. En ese lugar fue reconocido por el profesor José Alfaro  quien había sido detenido  momentos antes; José Orlando Flores fue interrogado por el Teniente Hernán Ramírez Hald, jefe del Departamento II), de Inteligencia, de la Escuela de Suboficiales del Ejército y esa misma noche lo pusieron a disposición de agentes de la DINA, sin que se registrara su libertad en el Libro respectivo de la Unidad Militar. Los agentes trasladaron a ambos detenidos, Flores y Alfaro, hasta el recinto de "Villa Grimaldi", en ese lugar  este último escuchó nombrar a Flores y la voz de éste al responder la lista y agrega  que el joven  fue torturado al menos en tres ocasiones. El día 29 de agosto un agente de la DINA concurrió a la casa del detenido señalándole a la madre que su hijo se encontraba  a disposición de  la DINA, perdiéndose todo rastro suyo hasta la fecha, sin que el privado de libertad haya tomado contacto con sus familiares, realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción"
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Amnistía Internacional le tira las orejas a Chile por no derogar Ley de Amnistía. Todas las miradas van hacia el Senado

26/02/2015 |
Por Equipo Cambio21
Ante las críticas de Amnistía Internacional y de la Cámara Baja, desde el Senado aseguraron que durante marzo se avanzará en esta materia. Diputado Jiménez: "Falta que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate".
La eliminación de la Ley de Amnistía fue una de las principales promesas electorales de la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet durante 2013. Ya instalada en La Moneda, la Mandataria le puso "suma urgencia" a la iniciativa, específicamente en septiembre de 2014, fecha recordatoria del golpe de Estado de 1973.

Sin embargo, producto de lo recargado de la agenda legislativa el tema quedó anclado en el "sueño de los justos" y "anclada en el Parlamento sin avanzar", como alegan en Amnistía Internacional, entidad que instó al Gobierno de la Nueva Mayoría a apurar la derogación de la ley, que como se sabe fue dictada en el régimen de Augusto Pinochet en 1978.

"Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible", declaró el director de la organización en Chile, Roberto Morales, quien presentó en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre "La situación de los derechos humanos en el mundo".

Cabe recordar que el Decreto Ley 2.191 del 10 de marzo de 1978 exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos y violaciones a los DD.HH. El texto fue redactado por la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, en la foto, y les concede "a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenadas".

En el recorrido de esta legislación se cuenta una moción presentada el 21 de abril de 2006 (al inicio del primer Gobierno de Michelle Bachelet) por los senadores Guido Girardi (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Alejandro Navarro (PS hoy del MAS) que planteaba la derogación.

Más adelante, en 2010, fue archivada, decisión que fue revertida el 28 de enero de 2014 (gestión de Sebastián Piñera) por determinación de la sala.

¿No están los votos?


"No entiendo por qué ha sido tan difícil eliminar una ley que fue decretada por un propio Gobierno", dice el diputado e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez (PPD).

En diálogo con Cambio21, el parlamentario expresó que "la ley partió ilegítima porque vino de un Gobierno que cometió los ilícitos y que después hace una ley de autoamnistía para salvarse. Nos ha costado muchos años eliminarla. Recuerdo que con Juan Bustos (fallecido) presentamos un proyecto que reinterpretaba el artículo 93, que en el fondo terminaba con la amnistía. Por eso que es atendible que vengan estos consejos internacionales para terminar con esta legislación".

"Chile tiene que ponerse a la altura y hacer todos los esfuerzos. Así lo expresó el Gobierno en septiembre pasado, por lo que esperamos que el Senado reaccione y pueda terminar de una vez por todas empezar la discusión de este proyecto y aprobarlo que es lo más importante", remarcó.

A juicio del dirigente, "espero" que estén todos los votos. "Nunca se sabe. Aquí en política aprendí a responder por mí y por mis votos. Uno de repente dice: acá están y después no aparecen. Lo que sí entiendo es que la derecha siempre se ha opuesto a esta eliminación, pero creo que hoy día debiéramos tener mayoría. En la Cámara la tuvimos y en el Senado también deberían estar los votos".

A favor el oficialismo tiene que los senadores ex RN Lily Pérez y Antonio Horvath "han estado por aprobar la eliminación de la amnistía", por lo que "deberíamos tener los votos, aunque hay que esperar el fin del conteo, pero debieran estar. Falta, eso sí, que el Gobierno insista con la urgencia, lo que obligaría el Senado a que haga de forma expedita el debate", concluyó.

Marzo es cuándo

Ante la crítica declaración de Amnistía Internacional y del diputado Jiménez, el senador y miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros (PS), aseguró a este medio que "avanzar en la eliminación de la ley de amnistía es excelente".

"Todo lo que tenga que ver con temas que ayuden a los derechos humanos hay que estudiarlo. Y en ese sentido, el compromiso escencial es comenzar a verlo en marzo", agregó.

En su defensa, el ex alcalde indicó que durante 2014 "hubo otros proyectos" que coparon la agenda, "como el acuerdo de vida en pareja (futuro AUC), el cambio de sistema electoral, entre otros" y que a contar de marzo "lo veremos... que no le queda duda", anticipó.
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Friday, February 06, 2015

Procesan a Ex integrante de la junta de Gobierno por crímenes de la Caravana de la Muerte

El Ciudadano
06.02.2015

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La  Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sometió a procesos a  cino militares en retiro por su responsabilidad denominada Caravana de la Muerte, episodio Valdivia, por la serie de homicidios cometidos el  3 y 4 de octubre de 1973. Entre los procesados figura el general (R) Santiago Sinclair Oyaneder, ex integrante de la Junta de Gobierno, y ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, quién de esta manera se convierte en el militar de mayor rango en ser declarado reo en alguna causa por violación de derechos humanos. Conviene consignar que la Corte de Apelaciones revocó  la decisión de la ministra de primera instancia, Patricia González, quién había negado el procesamiento.
El tribunal de alzada procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitia, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera por su responsabilidad en los hechos y revocó  la decisión de la ministra Patricia González que había negado el procesamiento.
El 13 de mayo pasado la ministra González  determinó procesar a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito  como autores de los homicidios de Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Rudolph  Reyes,  Víctor Saavedra  Muñoz, Santiago  García Morales,  Luis Valenzuela Ferrada, Sergio  Bravo  Aguilera , Luis  Pezo  Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Barría Ordoñes, Enrique Guzmán  Soto y  José Barrientos  Warner.
En otra resolución la magistrada procesó como autores del homicidio de José Liendo Vera  a los ex miembros del Ejército  Sergio Arellano Stark, Pedro  Espinoza Bravo, Marcelo  Moren Brito, Carlos  López Tapia y Juan  Chiminelli Fullerton y como cómplices  a Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.
De acuerdo  a la resolución:
“El día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero “Puma” con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos;  Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe”.
Para el caso de Liendo Vera se determinó:
“A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe”.
El general (r) Sinclair y la Caravana de la muerte
El general en retiro del Ejército, ex miembro de la Junta Militar y ex senador designado Santiago Sinclair fue detenido el jueves junto a otros tres ex uniformados por su participación en el homicidio de 12 personas durante el paso de la “Caravana de la muerte” por Valdivia.
Junto a Sinclair, fueron arrestados en calidad de autores Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido.
Quedó pendiente, en tanto, la detención de Hugo Guerra Jorquera.
La investigación acreditó que la muerte de 12 personas en octubre de 1973 fue coordinada por Sergio Arellano Stark, líder de la “Caravana de la Muerte”, excluido penalmente por demencia; el ya fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo y el general (r) Sinclair.
Todos los procesados por la ministra Patricia González ingresaron a la Brigada de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones, ubicado en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana.
Sinclair fue quién le indicó a Sergio Arellano Stark quienes eran los 12 detenidos – entre los que se encontraban campesinos, dirigentes sindicales y militantes del MIR- que debían ser ejecutados, según informó el abogado Tomás Pascual, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, querellante en la causa:
“La intervención fue necesaria para que Arellano y su comitiva pudieran acometer estos crímenes, puesto que no se entiende que oficiales de Santiago puedan tener conocimiento de qué personas iban a ejecutar si no son aquellos oficiales de la localidad los que sindiquen qué personas debían ser ejecutadas. En ese sentido, Sinclair junto a Michelsen, junto a Feliú, Manterola, Guerra y una serie de otros sujetos que hoy se encuentran fallecidos- inclusive el para ese entonces comandante en jefe de la IV división del Ejército, señor Bravo Muñoz- llevaron adelante esta acción”.
El jurista destacó que el otrora miembro de la Junta de Gobierno incluso mandató al médico, oficial de sanidad de Valdivia, a constatar las muertes.

Thursday, February 05, 2015

El gobierno de Bachelet da a conocer datos actualizados sobre juicios de DD.HH.

http://www.laizquierdadiario.com/El-gobierno-de-Bachelet-da-a-conocer-datos-actualizados-sobre-juicios-de-DD-HH
Martes 30 de diciembre de 2014 | Edición del día

El gobierno chileno, por primera vez ha entregado de manera oficial, datos actualizados sobre las causas relacionadas a los crímenes de la dictadura cívico militar de Pinochet. Y si bien a simple vista son grandes números, los resultados finales son bastante paupérrimos.




Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la actualidad existen un total de 1045 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en Chile. Cuestión que ha permitido judicializar a 1073 ex agentes, en calidad de procesados, acusados y condenados. De este total, 281 están sentenciados de manera definitiva y de ellos 75 cumplen alguna pena privativa de libertad. El resto, 206 recibieron condenas inferiores a 5 años y 1 día, cuestión que se traduce en cumplir mediante la Libertad Vigilada.
Volviendo a la cifra de los 75 “privados de libertad”, 8 de ellos lo hacen con beneficio intrapenitenciario y 3 cumplen bajo la modalidad de Libertad Condicional. Eso quiere decir que tan solo un total de 64 ex represores son los que están cumpliendo efectivamente en prisión de manera permanente.
En otras palabras, del total de los sentenciados apenas un 22,8% está cumpliendo en cárcel.
Recordemos que el Estado reconoce un total de 3216 víctimas. Otros cientos o miles quedaron como casos sin confirmar. No hay que ser un matemático para ver la absoluta disparidad de las cifras, la diferencia en la justicia.
La perpetua impunidad
Recientemente, una imagen causo indignación en las redes sociales. Un sonriente y solitario caminante por los pasillos del Hospital Militar. Ni más ni menos que Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército, integrante de la Brigada Lautaro de la DINA, el aparato de exterminio de Pinochet. Las organizaciones de derechos humanos, calificaron el hecho como una vergüenza, acusando que las instituciones responsables, Gendarmería y el Hospital Militar, deben clarificar este hecho. Finalmente Gendarmería, declaro que se trataba de un control médico. Y es que en su calidad de militar en retiro, tiene además derecho y acceso a una salud privilegiada y exclusiva de manera gratuita.
Él es uno de los 64 ex represores de Pinochet que “cumple condena”. Pero en una cárcel especial, como ninguna otra en el país, Punta Peuco, la cual cuenta con una docena de cabañas, con dos habitaciones en cada una, además de baño, living, calefacción, acceso a Internet y teléfono, áreas verdes, piscina, cancha de tenis y un lugar para hacer asados. Cárcel que fue construida durante el gobierno del concertacionista Eduardo Frei.
Y es que mientras los jóvenes pobres mueren quemados en cárceles hacinadas, como fue el incendio del año 2010 en la comuna de San Miguel en Santiago, los asesinos de miles, viven con múltiples comodidades en verdaderas casas de veraneo.
El panorama es desolador. Tal como dijese Aylwin hace 25 años atrás, luego que el dictador le entregara la banda presidencial, “haremos justicia en la medida de lo posible…” frase que se convirtió en ley para los gobiernos de la Concertación, y todo indica que así seguirá siendo para la actual Nueva Mayoría.

Wednesday, February 04, 2015

Concesión de Uso Gratuito a largo plazo para Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

04 de Febrero de 2015

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La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) dispondrá de una Concesión de Uso Gratuito a largo plazo del inmueble que actualmente ocupa, por decisión del Ministerio de Bienes Nacionales, y como expresión del compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con la defensa de los Derechos Humanos.
El anuncio lo realizó propio titular de la cartera, Víctor Osorio, luego de una reunión con la presidenta de la AFEP, Alicia Lira,  con el fin de regularizar la situación de la sede, que se encuentra ubicada en Carabineros de Chile N° 33, local 3, Santiago.
“En consistencia con las orientaciones programáticas del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que es un Gobierno comprometido con los Derechos Humanos, hemos accedido a la solicitud de la AFEP y acordamos un cronograma de trabajo para que su solicitud quede resuelta a la brevedad”, precisó el Ministro.
El Secretario de Estado recordó que la AFEP constituye una de las agrupaciones históricas del movimiento en defensa de los Derechos Humanos, y como tal ha abierto las puertas de su espacio a otras agrupaciones defensores de los Derechos Humanos y a los movimientos sociales y ciudadanos que así lo requieran.
Por su parte, la presidenta de la AFEP manifestó que la Agrupación quedó en una gran inseguridad luego de que la Administración anterior determinara reducir el plazo de la concesión a dos años y luego no se procediera a dar curso a su renovación, inseguridad que se hizo sentir tanto en la protección de sus archivos como en su propio funcionamiento.
“Es un deber de los Gobiernos crear condiciones a las organizaciones de Derechos Humanos para que puedan funcionar, y llevar adelante sus demandas de verdad y justicia”, indicó Lira, quien estuvo acompañada de Silvia Fernández, integrante del Directorio de la agrupación.
La presidenta de la AFEP dijo que acudió al encuentro con el Ministro Osorio “con la convicción de que respaldaría a nuestra organización, porque conocemos su sensibilidad y su compromiso con los temas de Derechos Humanos”.
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Bienvenidas sean las condenas a criminales de lesa humanidad en Chile; aunque sin voluntad política estarán cojas.

A casi 42 años de los hechos, el juez especial Jorge Zepeda Arancibia sentenció a dos ex oficiales chilenos de inteligencia por el asesinato en el Estadio Nacional de los estadounidenses Charles Edmond Horman, periodista de 31 años, y Frank Randall Teruggi Bombatch, estudiante de 24, fusilados en el Estadio Nacional a los pocos días del golpe que encabezó Pinochet.
 
 
Nuestros Derechos Laborales
 
Bienvenidas sean esas condenas; aunque sin voluntad política estarán cojas.
El llamamiento de “Justicia” aún no se concreta en medidas oficiales específicas.
Por ejemplo, en el plano del debido castigo a quienes ya cuentan con sentencia judicial condenatoria, y que fueron ejecutores de crímenes prodictadura (y digo “ejecutores” porque los promotores, instigadores y cómplices, tales como Agustín Edwards, no son perseguidos).
La ley penal (Código penal, artículo 86), establece que “los condenados a penas privativas de libertad cumplirán sus condenas en la clase de establecimientos carcelarios que corresponda en conformidad al reglamento respectivo”.
Ahora bien, el aludido “reglamento respectivo” es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (decreto supremo 518, de 1998, de Ministerio de Justicia, modificado por última vez el 20 de diciembre de 2011), cuerpo normativo que regula la vida o actividad penitenciaria (lugares de cumplimiento de condena, ambiente de reclusión, visitas, salidas, entre otros muchos temas).
Y este Reglamento es un mero “decreto supremo”, es decir, totalmente modificable por el Poder Ejecutivo. Su modificación parcial o incluso total, requiere solamente la firma (es decir, la voluntad), de la presidenta conjuntamente con el ministro de Justicia y, si hay otras materias, por ejemplo si involucra gasto fiscal, se añade el ministro de Hacienda; si implica construcciones necesita la firma del de Obras Públicas, etc.
Más aun, la creación, modificación y supresión de lugares de cumplimiento de condenas (por ejemplo Punta Peuco), se realiza también mediante “decreto supremo” (artículo 12 del mencionado reglamento); o sea, también es resorte del gobierno.
Y más incluso: la administración de tales lugares, y poderes sobre el régimen de vida al interior de esos penales, es mecanismo radicado esencialmente en el respectivo Jefe de Establecimiento, que, a su vez, es funcionario de la confianza (en la realidad) de la superioridad de Gendarmería, la cual, a su vez, es de confianza (en la realidad) del ministro de Justicia. Es decir, deben seguir sus lineamientos e instrucciones. Si no lo hacen, pueden ser removidos o, más sutilmente, trasladados o reemplazados.
Ellos controlan el trato a los internos.

Esto es sabido por los políticos de la Concertación-Nueva Mayoría, al grado que el 10 de mayo de 2013 –durante el gobierno Piñera- promovieron un pronunciamiento o “Acuerdo” de la Cámara de Diputados (número 714), que fue aprobado por dicha Cámara, y mediante el cual se requirió al Ejecutivo modificar el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, de manera que crímenes de lesa humanidad (propios de los agentes de la dictadura), por su gravedad, no fuesen objeto de beneficios carcelarios de ningún tipo. Textualmente, requieren a Sebastián Piñera “… modificar el citado Reglamento, de manera que los delitos considerados crímenes de lesa humanidad, por su gravedad, de acuerdo a los tratados vigentes y ratificados por Chile, en materia de derechos humanos, no podrán ser objeto de beneficios carcelarios de ningún tipo”.
El gobierno de Piñera no lo modificó. Tampoco el actual.

A propósito de Punta Peuco, en febrero del año 2014, ya electa Bachelet pero aun sin asumir, partidarios crédulos daban por hecho que una de sus primeras medidas sería cerrarlo. La prensa partidaria expresaba:
“…se debe cerrar ese espacio de desigualdad. La nueva autoridad que se apresta a asumir, pareciera estar de acuerdo. De hecho, según el presente reporte, los días de Puntas Peuco están contados” (RedDiarioDigital, 17 de febrero de 2014, nota de Mario López). El medio citaba declaraciones de la propia Bachelet:
"Yo voy a analizar cuáles son las condiciones políticas, de Gendarmería y carcelarias para tomar una decisión a ese respecto. Si yo llego a La Moneda haré mi propia evaluación’… ‘Siempre he estado en contra de cárceles de privilegios”.

En resumen, en Chile la existencia o no de unidades penales especiales para criminales prodictadura, el régimen de vida en su interior, y el otorgamiento de beneficios tales como visitas, salidas, etc., son mecanismos que están al arbitrio del Poder Ejecutivo, de la voluntad del actual gobierno.

Tuesday, February 03, 2015

Justicia condena a 78 agentes de la DINA por desaparición en Operación Colombo

  El Clarin
Publicado el 02 Febrero 2015

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de 78 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el secuestro calificado de Miguel Acuña Castillo, detenido desaparecido desde el 8 de julio de 1974 y una de las víctimas del denominada "Operación Colombo".
 
 
El estableció que:  "En horas de la noche del día 08 de julio de 1974, Miguel Angel Acuña Castillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes de estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado "Yucatán" o "Londres 38", ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA. Que el ofendido Acuña Castillo durante su estada en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a los integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;

Que la última vez que la víctima Acuña Castillo fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha;
Que el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O' Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;

Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.".
 
Por este hecho el magistrado condenó a los  ex integrantes de la DINA que se detallan a las penas siguientes:
 
 A 13  Años de Presidio Mayor en su grado medio, como autores del delito
 
1- Manuel Contreras Sepúlveda.
2- César Manríquez Bravo.
3- Pedro Espinoza Bravo.
4- Marcelo Luis Moren Brito.
 5- Miguel Krassnoff Martchenko y
 6- Raúl Eduardo Iturriaga Neumann 
 A 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del delito
 
7- Gerardo Ernesto Urrich González.
8- Gerardo Ernesto Godoy García.
9- Ricardo Víctor Lawrence Mires.
10- Ciro Ernesto Torré Sáez.
11- Sergio Hernán Castillo González.
12- Manuel Andrés Carevic Cubillos.
13- José Nelson Fuentealba Saldías.
14- Basclay Humberto Zapata Reyes.
15- José Enrique Fuentes Torres.
16- José Mario Friz Esparza.
17- Julio José Hoyos Zegarra.
18- Nelson Alberto Paz Bustamante.
19- Claudio Orlando Orellana de la Pinta.
20- Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar.
21- Gustavo Galvarino Caruman Soto.
22- Hiro Álvarez Vega.
23- José Alfonso  Ojeda Obando.
24- Luis Salvador Villarroel Gutiérrez.
25-Olegario Enrique González Moreno.
26- Orlando Jesús Torrejón Gatica.
27- Rudeslindo Urrutia Jorquera.
28- Alfredo Orlando Moya Tejeda.
29- Carlos Alfonso Sáez Sanhueza.
30- Fernando Enrique Guerra Guajardo.
31- Hernán Patricio Valenzuela Salas.
32-  Hugo Rubén Delgado Carrasco.
33- Juan Alfredo Villanueva Alvear.
34- Juan Evaristo Duarte Gallegos.
35- Lautaro Eugenio Díaz Espinoza.
36- Leónides Emiliano Méndez Moreno.
37-   Pedro Ariel Araneda Araneda.
38-  Rafael De Jesús Riveros Frost.
39-  Víctor Manuel Molina Astete.
40-  Manuel Rivas Díaz.
41-  Hugo del Tránsito Hernández Valle.
42- Juan  Ángel Urbina Cáceres.
43-  Risiere del Prado Altez España.
44- Hermon Helec Alfaro Mundaca y
45-  Raúl Juan Rodriguez Ponte  
A 4  años de Presidio menor en su grado máximo, como cómplices del delito
 
46- Luis Eduardo Mora Cerda.
47-  José  Jaime Mora Diocares.
48. Camilo Torres Negrier.
49- Carlos Justo Bermúdez Méndez.
50- Claudio Enrique Pacheco Fernández.
51- Fernando Adrián Roa Montaña.
52- Gerardo Meza Acuña.
53- Héctor Raúl Valdebenito Araya.
54- Jaime Humberto Paris Ramos.
55-  Jorge Laureano Sagardia Monje.
56- José Dorohi Hormazabal Rodríguez.
57- José Manuel Sarmiento Sotelo.
58- José Stalin Muñoz Leal.
59- Juvenal Alfonso Piña Garrido.
60- Luis René Torres Méndez.
61- Manuel Antonio Montre Méndez.
62-  Máximo Ramón Aliaga Soto.
63- Moisés Paulino Campos Figueroa.
64- Nelson Aquiles Ortiz Vignolo.
65-  Nelson Eduardo Iturriaga Cortes.
66- Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.
67- Reinaldo Alfonso Concha Orellana.
68-  Sergio Hernán Castro Andrade.
69- Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez.
70- Gustavo Humberto Apablaza Meneses.
71-  Héctor Carlos Díaz Cabezas.
72.- Jorge Antonio Lepileo Barrios.
73-  Oscar Belarmino La Flor Flores.
74-  Rufino Espinoza Espinoza.
75-  Roberto Hernán Rodríguez Manquel.
76- Víctor Manuel Álvarez Droguett.
77-  Héctor Manuel Lira Aravena y
78-  Sergio Iván Díaz Lara.
 

ABSUELTOS:
 
79- Rodolfo Concha Rodriguez
80-Armando Cofre Correa.

 
Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez,  por haber caído en demencia,  se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar que deberá  proponer su defensa dentro de quinto día de ejecutoriada esta sentencia.

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Monday, February 02, 2015

Sentencian a coronel Pedro Espinoza por asesinato de Charles Horman, inspirador de película Missing



El periodista Charles Horman, cuyo caso fue hecho famoso por la película Missing de Costa-Gravas, junto al joven Frank Teruggi fueron asesinados en el Estadio Nacional. Hay complicidad tanto de la DINA como del comando militar de Estados Unidos en Santiago. La sentencia conocida el miércoles pasado no tuvo eco en la prensa chilena.

estadio_nacional
El coronel de la DINA Pedro Espinoza y Rafael González, quien trabajaba para la inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, fueron condenados por el asesinato de dos ciudadanos de Estados Unidos poco después del golpe militar de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet.
Pedro Espinoza, brazo derecho de Manuel Contreras, fue condenado a siete años por los asesinatos de los ciudadanos norteamericanos Frank Teruggi y Charles Horman. En tanto, González fue condenado a dos años de vigilancia policial como cómplice en el asesinato de Horman.
El fallo de 276 páginas fue emitido el 9 de enero, pero no se hizo público hasta el miércoles reciente, después de que todas las partes habían sido notificados.
La sentencia del juez Jorge Zepeda se da 14 años después de que los familiares iniciaran una batalla legal.
DIFUNDIENDO EL PROCESO CHILENO
Charles Horman fue asesinado a los 31 años de edad. Director de cine y periodista, había estado viviendo en Chile con su esposa, Joyce, y estaba abocado a investigar la política de asesinatos implantada tras el golpe de Pinochet a la vez que escribía guiones para Chile Films, desde su llegada al país en 1972.
Interesado en el proceso de la Unidad Popular dirigida por el presidente Salvador Allende, Horman se abocó a la tarea de difundir para el público de Estados Unidos los cambios en Chile. Según Steve Volk, socio de Horman, discutían “sobre la importancia de presentar a la gente de Chile, sumergida en su propio y profundo proceso de cambios, el otro lado de la historia, el de un país viviendo un período de conmoción política y explosión cultural (…) Enfatizábamos que EE.UU. no era solamente la tierra de la ITT y de la Kennecott Copper, sino que también estaba habitado por miles y miles de personas que demandaban cambios, como los chilenos”.
Charles Horman
Charles Horman
Volk cuenta que “a mediados de 1973 preparábamos un paquete mensual de noticias y análisis para La Nación, El Siglo, Clarín y otras publicaciones, con reportajes sobre las relaciones EE.UU./Chile que tuvieron gran circulación”.
El caso Horman inspiró la premiada película del director Costa-Gavras, Missing en 1982, quien se inspiró en el libro The Execution of Charles Horman, escrito por Thomas Hauser y publicado en 1978 por Avon Books de Nueva York y en 1988 por Ediciones Martínez de Roca de Barcelona en su versión castellana.
Frank Teruggi tenía 24 años y era graduado del Instituto de Tecnología de California, donde estudió economía y colaboraba en un compendio de noticias semanal. Teruggi era un ex seminarista vinculado a la Teología de la Liberación y fue sindicado por el FBI como miembro del Grupo del Área de Chicago para América Latina (CAGLA), ONG progresista y anti-imperialista considerada “subversiva” por el gobierno de Washington.
Teruggi participó en manifestaciones y grupos de activistas contra la guerra de Vietnam. Durante toda su permanencia en Chile, Teruggi fue seguido en secreto por los servicios de inteligencia de EE.UU.
COMPLICIDAD DE AGENCIAS DE INTELIGENCIA DE EE.UU. Y CHILE
Los funcionarios de la DINA consideraron las actividades de Teruggi y Horman como ‘subversivas’ y ordenaron su detención, según estableció la sentencia judicial. La decisión de matar a Horman fue tomada por el Estado Mayor de Inteligencia, integrado por la Inteligencia del Batallón Militar y la Jefatura de Inteligencia del Ejército.
Teruggi fue llevado al Estadio Nacional, sitio de reclusión de la dictadura en Santiago, donde fue torturado. Junto a Horman habrían sido asesinados en dicho recinto deportivo.
El fallo judicial establece que ambos crímenes fueron el resultado de una “investigación secreta” de las actividades políticas de los estadounidenses en Chile por el Grupo Militar de Estados Unidos en Santiago, al mando de un capitán de la Marina llamado Ray E. Davis. La información fue transmitida a las autoridades chilenas.
Frank Teruggi con unos amigos en Santiago
Frank Teruggi con unos amigos en Santiago
En 2011, Davis fue acusado y Chile solicitó su extradición de los Estados Unidos, donde se creía que estaba viviendo. Pero Davis había sido admitido en un asilo de ancianos en Chile, donde murió en 2013.
La hermana de Frank Teruggi, Janis Teruggi, dijo que era “un joven caritativo y amante de la paz, fue víctima de un crimen calculado por los militares chilenos, pero la cuestión de la complicidad de Estados Unidos permanece aún sin respuesta”.
Cada víctima de familia fue indemnizado con 325 mil dólares por los daños y perjuicios.
Pese a la connotación del caso, los grandes medios chilenos ni informaron de la sentencia, que fue hasta cubierta por The New York Times.
Espinoza suma una condena más a su prontuario que lo mantiene preso en el penal Punta Peuco junto al ex director de la DINA, Manuel Contreras; el ex coronel, Marcelo Moren Brito; el ex oficial de Carabineros, Gerardo Godoy García, entre otros condenados por torturas y asesinatos en la dictadura de Augusto Pinochet.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano

Thursday, December 11, 2014

En Tocopilla, lanzamiento del libro "Un año sin primavera".


La Agrupación de Familiares, Amigos y Compañeros de Ejecutados Políticos de Atacama estuvo presente en el lanzamiento del libro “Un año sin primavera”, publicado por la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla, el pasado 5 de diciembre en el Centro Cultural Artes y Letras de este puerto.

 
 
 
Con Tocopilla compartimos la historia del movimiento obrero del norte del país, y también compartimos la historia de nuestros ejecutados políticos y detenidos desaparecidos
Agustín Villarroel nació en la pampa salitrera y llegó a Copiapó a los 17 años, aquí se casó y nacieron  sus hijos, diez años después, siendo militante comunista regresó a las salitreras y en 1972 se trasladó a Tocopilla como Secretario de Organización de su partido, allí lo sorprendió el Golpe y la muerte, junto a Luis Segovia. Luis Segovia nació  en Copiapó, lo conocí en 1968, cuando él era alumno de la UTE y  militaba en las Juventudes del Partido Socialista, luego vino la campaña de la Unidad Popular, el triunfo y el Gobierno Popular, época en que siendo ya profesional se fue a Tocopilla, cómo Supervisor de la Termoeléctrica de CODELCO. Los dos, junto a otros detenidos políticos, fueron asesinados el 4 de octubre de 1973  y lanzados a la Mina La Veleidosa.
Hugo Alfaro, militante socialista, nació en Copiapó, hijo de un reconocido comerciante local, estudio en la UTE y era ingeniero en minas. Trabajando en la empresa Andes Brothers Cooper, de la Seweel perdió la vista en un accidente, pero siguió adelante con su vida y sus estudios, titulándose cómo profesor para no videntes en el Instituto Pedagógico en Santiago. Lo detuvieron en Tocopilla el 27 de enero de 1975, donde viajaba siempre en vacaciones, donde conoció a su esposa y donde habían asesinado a su cuñado Marco De la Vega, esposo de su hermana Hilda, lo detuvieron por estar trabajando en el apoyo a los presos políticos de la ciudad, lo torturaron y lo asesinaron en el retén de carabineros del lugar.
Compartimos la historia de ellos  y también compartimos la historia de sus detenidos políticos que fueron trasladados a Antofagasta y fueron ejecutados por la Caravana de la Muerte. La Caravana de la Muerte que masacró a nuestros familiares y compañeros en Copiapó y luego asesinó en Antofagasta  a Mario Silva, Gerente de la CORFO Norte, ex Regidor de Chañaral y Secretario Regional del Partido Socialista, y en el mismo momento mataron a  Mario Arqueros, militante comunista, Gobernador de Tocopilla.  A José García, trabajador marítimo y dirigente sindical, militante comunista.  A Alexis Valenzuela, empleado de SOQUIMICH, presidente del Sindicato de la empresa y tesorero de la CUT Regional, regidor de Tocopilla y militante comunista.  A Miguel Manríquez, militante socialista, profesor y empleado de INACESA.  A Segundo Flores Antivilo, militante socialista, asistente social de SOQUIMICH en la Oficina Salitrera María Elena. A Dinator Avila, militante socialista, empleado de SOQUIMICH.  A Darío Godoy, estudiante de enseñanza media, militante socialista. Todos ellos detenidos en Tocopilla y llevados a Antofagasta. Finalmente, a Marco De la Vega, Alcalde de Tocopilla, ingeniero y esposo de Hilda Alfaro, copiapina y hermana de Hugo Alfaro.
Estos son los lazos que nos unen en nuestra historia, en nuestros muertos, en la búsqueda de justicia, en la verdad y en la memoria y en función de esto es que nos hemos reunido para celebrar este primer libro que deja pendiente inmediatamente un segundo ejemplar y deja pendiente muchos actos y acciones de rescate de la memoria, búsqueda de justicia y exposiciones de la verdad.
Angélica Palleras N.
Agrupación de Familiares, Amigos y Compañeros de Ejecutados Políticos y DD DD de atacama
 
Hilda Alfaro Viuda de Marco De la Vega




                    Memorial de ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Tocopilla








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Sunday, November 23, 2014

39° Aniversario de los Asesinatos y Montaje de la Televisión en Rinconada de Maipú.



Este sábado 22 de noviembre se llevó a efecto el 39° aniversario de los asesinatos y montaje de Televisión en Rinconada de Maipú, hasta el lugar llegó la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Politicos Alicia Lira, Francisco Ugas del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, representantes de Villa Grimaldi y la Presidenta del Colegio de Periodista Javiera Rebolledo y un Dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Marcos Rodriguez G. y muchísimos amigos más del mundo de los Derechos Humanos, este es el discurso de la familia Gallardo.
Por Marcos Rodriguez G.

DISCURSO CENTRAL DE LA FAMILIA GALLARDO AL CUMPLIRSE LOS 39 AÑOS DE LOS ASESINATOS
ESTIMADOS COMPAÑEROS Y AMIGOS:
CONSCIENTES DE QUE NUESTRA FAMILIA REPRESENTA SOLO UNA MUESTRA DE LA GRAN FAMILIA VIOLADA Y CERCENADA EN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO ES EL PUEBLO DE CHILE, HEMOS VENIDO POR PRIMERA VEZ A RINCONADA DE MAIPÚ-- A RENDIR UN SENTIDO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS QUE EN 1975 FUERON TRAÍDAS AQUÍ DESDE PEÑALOLEN PARA ORGANIZARLES UN MONTAJE MEDIÁTICO; UN ESCENARIO FALSO PARA OCULTAR LO QUE LES HICIERON.
NUNCA HEMOS TENIDO LA CONFESIÓN COMPLETA DE LOS AGENTES DE LA DINA QUE PARTICIPARON Y QUE FUERON MUCHOS, PERO HAY SUFICIENTES ELEMENTOS REUNIDOS POR LOS JUECES QUE HAN LLEVADO LA CAUSA JUDICIAL, POR YA CASI 30 AÑOS, COMO PARA TENER LA CERTEZA DE QUE NUESTROS FAMILIARES, FUERON TRAÍDOS HASTA AQUÍ YA MUERTOS O MORIBUNDOS PARA GRABAR UNA FALSA NOTICIA DIFUNDIDA A TODO CHILE Y EL MUNDO. TAMPOCO SABEMOS SI HUBIERON ADEMÁS OTRAS VÍCTIMAS ANTES O DESPUÉS DE ESTOS HECHOS, QUE HAYAN CORRIDO LA MISMA SUERTE. LO QUE SI SABEMOS ES QUE HUBIERON OTROS CASOS DE MONTAJES MEDIÁTICOS EN MUCHOS OTROS LUGARES DE CHILE, DURANTE LOS 17 AÑOS QUE DURÓ LA DICTADURA CÍVICO MILITAR. EN TODOS ELLOS APLICARON EL MISMO MODO SINIESTRO DE OPERAR Y LA MISMA MEDIOCRIDAD INTELECTUAL PARA RECREAR MENTIRAS Y DIVULGARLAS AMPLIAMENTE.
TAL ES EL CASO DE LOS 119 DETENIDOS DESAPARECIDOS, MILITANTES DE LA RESISTENCIA POPULAR; OCURRIDO A MEDIADOS DE 1975 –CONOCIDO TAMBIÉN COMO OPERACIÓN COLOMBO- QUE COMO FAMILIA NOS AFECTA PROFUNDAMENTE, POR LA SIMILITUD Y EL PARECIDO CON NUESTRO CASO.
DE TODO ESTO, A LO LARGO DE LOS AÑOS NOS HA QUEDADO LA CLARA SENSACIÓN DE QUE HEMOS SIDO IGNORADOS, BURLADOS, Y DIFAMADOS POR VARIAS INSTITUCIONES DE NUESTRO PAIS QUE TUVIERON QUE VER CON ESTA INMENSA MENTIRA CREADA POR LA DINA DE PINOCHET Y REAFIRMADA DE MANERA COMPLICE POR LOS PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ÉPOCA.
SENTIMOS QUE ESAS INSTITUCIONES DEBIERAN PEDIR AL MENOS PERDÓN POR LO QUE HICIERON O POR LO QUE OCULTARON. LA PRIMERA Y PRINCIPAL DE ESAS INSTITUCIONES FUE Y SIGUE SIENDO: EL EJERCITO DE CHILE (”SIEMPRE VENCEDOR Y JAMAS VENCIDO”). ESE EJÉRCITO PRUSIANO QUE HISTÓRICAMENTE SE HA ENVALENTONADO CASI SIEMPRE CON GENTE DESARMADA, INDEFENSA, PRINCIPALMENTE MUJERES, ANCIANOS Y NIÑOS Y QUE SIGUE EN SU LINEA DE DEFENDER A LOS PODEROSOS Y SUS MEZQUINOS INTERESES, PRACTICANDO LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL EN CONTRA DE LOS MAS DÉBILES Y MARGINADOS COMO SI TODOS FUÉRAMOS SOSPECHOSOS DE ALGO POR EL SOLO HECHO DE SER POBRES. PARA ESTA INSTITUCIÓN TODA RESISTENCIA POPULAR O REBELDÍA ES UN ATAQUE, UNA ACTITUD SUBVERSIVA O TERRORISTA QUE NO SE PUEDE TOLERAR Y ANTE LA CUAL NO PUEDE MEDIAR DIÁLOGO ALGUNO.
VARIAS OTRAS INSTITUCIONES HICIERON SUS PROPIOS APORTES ESTA GRAN MENTIRA, SIN IR MÁS LEJOS LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES QUE EN SU MOMENTO NEGÓ TOTALMENTE HABER DETENIDO MENORES DE EDAD.
TAMBIÉN, NOS QUEDA LA SENSACIÓN DE QUE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO NO ACTUARON BIEN, COMO POR EJEMPLO, LA MORGUE, AL NO SEÑALAR EN LAS AUTOPSIAS NINGUNA MENCIÓN A LAS HUELLAS DE TORTURAS QUE ERAN VISIBLES A OJOS VISTA -SEGÚN RELATO DE LOS TESTIGOS QUE VIERON LOS CUERPOS SIN VIDA.
NOS FALTA MENCIONAR AQUÍ LA ACTITUD HIPÓCRITA, NO MENOS IMPORTANTE DE LAS RADIOS Y DIARIOS DE LA CADENA DE EL MERCURIO QUE NO SE OLVIDARON DE ECHARLE PELOS A LA SOPA A SU PROPIO MODO.
RESPECTO DE LOS MENCIONADOS MEDIOS QUEREMOS DECIR ALGO MÁS. TANTO TVN COMO EL CANAL CATÓLICO =CANAL 13, QUE “FILMARON” EL SUPUESTO ENFRENTAMIENTO RESPALDANDO CON TODO SU EQUIPO, SU INFRAESTRUCTURA, SU PRESTIGIO Y EXCLUSIVIDAD; LOS MISMOS QUE DIFUNDIERON AMPLIAMENTE EL COMUNICADO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL -DINACOS. ESOS CANALES DE TV QUE REPLICARON LA FALSA NOTICIA SIN TENER LA MENOR INTENCIÓN DE COMPROBAR ANTES LA VERACIDAD DE LOS HECHOS O, QUE DERECHAMENTE MINTIERON SOBRE LO QUE REALMENTE OCURRIÓ CON ESAS PERSONAS OBVIANDO POR EJEMPLO QUE, SOLO HORAS ANTES DE SU MUERTE, ELLAS HABÍAN SIDO SECUESTRADAS Y TORTURADAS HASTA MORIR EN VILLA GRIMALDI. ESTOS MEDIOS, DEBEN UNA EXPLICACIÓN, NO SOLO A LAS FAMILIAS AFECTADAS COMO LA NUESTRA SINO AL PAÍS ENTERO. CASO CONTRARIO EL RESPETO POR LA PROFESIÓN Y LA ÉTICA QUE DEBIERA SER LA GUÍA EN SU EJERCICIO, PARA ESTOS MEDIOS SE ENTENDERÁ, VALEN NADA.
ENTONCES, AQUI YA NO SE TRATA SOLO DE LA ACTITUD ABSURDA DE LA VECINA MÁS CHISMOSA DEL BARRIO QUE SE ENCARGÓ DE DIFUNDIR FALSEDADES ENTRE LOS VECINOS A PENAS VIO O SINTIÓ ALGO RARO EN LA CUADRA. TAMPOCO DE LOS COMENTARIOS EN LA ESCUELA DE LOS NIÑOS ENTRE LOS APODERADOS MAL INFORMADOS, ESTAMOS HABLANDO DE UNO DE LOS INSTRUMENTOS DE QUE SE VALIO EL TERRORISMO DE ESTADO QUE SON LOS INTOCABLES PODERES FACTICOS. ASÍ LO SENTIMOS DESPUÉS DE TODOS ESTOS AÑOS DE BREGAR POR JUSTICIA PARA LOS NUESTROS.
POR ESO MISMO INSISTIMOS EN HOMENAJEARLOS CADA AÑO... PORQUE COMO ALGUIEN DIJO DIJO POR AHI CON TANTA RAZÓN “QUE SIN MEMORIA NO HAY HISTORIA” Y PORQUE NUESTROS MÁRTIRES NOS DEJARON LA GRAN TAREA DE CONTINUAR SUS LUCHAS POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS. NOS DEJARON TAMBIÉN SU EJEMPLO Y SU CONSECUENCIA, VALORES QUE INTENTAMOS PRESERVAR POR SIEMPRE.
POR TODO LO DICHO ES QUE CREEMOS QUE YA ES TIEMPO DESPUÉS DE TANTOS AÑOS, QUE ESTOS MEDIOS LOS CANALES DE TV MENCIONADOS, HAGAN SU PROPIA INVESTIGACIÓN Y PIDAN PERDÓN.
POR ESO, HOY DAMOS A CONOCER A UDS. QUE HEMOS INICIADO UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL ABIERTA A TODO QUIEN QUIERA SUMARSE PARA LOGRAR QUE ESOS CANALES PIDAN LAS DISCULPAS PUBLICAS NECESARIAS PARA QUE SE LIMPIEN LOS NOMBRES DE LAS VICTIMAS. EXIGIMOS QUE LOS CANALES DEN A CONOCER LA VERDAD DE LOS HECHOS DE LA MISMA FORMA EN QUE DIVULGARON LA GRAN MENTIRA Y EN EL MISMO LUGAR DONDE MONTARON LA FALSA NOTICIA, PORQUE AQUÍ NO HUBO NINGÚN ENFRENTAMIENTO AQUÍ HUBO UN GENOCIDIO, Y UN MONTAJE PARA FALSEAR LA VERDAD. QUEREMOS QUE ASÍ LO RECONOZCAN. Y DEBERÁ DECIRSE LA VERDAD TARDE O TEMPRANO; ESTO SE LO DEBEMOS A LAS VICTIMAS, NOS LO DEBEMOS A NOSOTROS MISMOS, LOS QUE LES SOBREVIVIMOS, SE LO DEBEMOS A NUESTROS NIETOS.
NO QUISIÉRAMOS NUNCA QUE ALGUNA OTRA FAMILIA TENGA QUE PASAR POR LO QUE NOS TOCÓ A NOSOTROS Y MENOS AÚN POR LO QUE ESTÁN PASANDO LOS FAMILIARES DE LOS 43 ESTUDIANTES MEXICANOS BRUTALMENTE DESAPARECIDOS RECIENTEMENTE. TAMPOCO NOS PARECE LO QUE ESTA OCURRIENDO CON LAS COMUNIDADES MAPUCHES QUE ESTÁN SIENDO REGULARMENTE OBJETO DE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA. NO QUEREMOS QUE ESTO LE OCURRA A TANTOS Y TANTOS OTROS AMIGOS Y COMPAÑEROS QUE SE ENFRENTAN DÍA A DÍA A LA REPRESIÓN DEL ESTADO.
NO PODEMOS DEJAR SIEMPRE DE COMPARAR LAS SITUACIONES VIVIDAS Y DESDE AQUÍ PIDO DISCULPAS POR SER REPETITIVA, PERO NO QUIERO DEJAR DE RECORDAR EL NOBLE Y VALEROSO GESTO DE DON SEBASTIAN ACEVEDO QUE SE INMOLÓ PARA QUE SU PAÍS LE CREYERA, PARA QUE TODOS SUPIERAN QUE EN CHILE SE TORTURABA Y QUE SUS HIJOS HABÍAN SIDO SECUESTRADOS EN AQUELLOS DUROS MOMENTOS.
PERO NO TODO HA SIDO PENAS Y AMARGURAS, EN ESTE DEVENIR NOS HEMOS ENCONTRADO CON GENTE MUY HERMOSA Y COMPRENSIVA QUE NOS HAN DADO SU APOYO Y SU CONSUELO COMO LOS SACERDOTES AMIGOS -CONSECUENTES LUCHADORES QUE YA SE HAN GANADO UN LUGAR EN NUESTRO CORAZÓN COMO SON EL PADRE JOSE ALDUNATE, EL PADRE MARIANO, ROBERTO BOLTON, ALFONSO BAEZA Y OTROS, SU ACTITUD HACIA NOSOTROS HA SIDO TAN DISTINTA A LA DE OTROS CURAS QUE CREYENDO QUE SOLO BASTA CON REZAR, SE HAN SENTIDO OFENDIDOS CUANDO SE LES HA PEDIDO REZAR POR EL ALMA DE AQUELLOS “TERRORISTAS”.
TAMBIÉN HEMOS SACADO ENSEÑANZAS DE TODO LO VIVIDO; DESDE NO COMPRENDER NADA DE LO QUE PASABA FUIMOS TRANSITANDO A ENTENDER QUE TAL COMO DIJO ALGÚN POETA “LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS” Y QUE SOLOS NO SOMOS NADA.
POR ESO HOY ESTA TARDE NOS PLANTEAMOS UN NUEVO DESAFIÓ O PARA UNIRNOS MAS ANTE ESTA NUEVA META, PORQUE SENTIMOS QUE NOS MERECEMOS Y NECESITAMOS ESTA REPARACIÓN SIMBOLICA DE LOS MENCIONADOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
PROPONEMOS TAMBIÉN CONTINUAR CON ESTA TRADICIÓN DE CONMEMORAR A LAS VICTIMAS LEVANTANDO SUS NOMBRES Y SUS HISTORIAS DE VIDA Y, COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS, LOS INVITAMOS A COMPARTIR CON FAMILIA Y AMIGOS LO QUE A TANTOS NOS PASÓ EN ESOS AÑOS DE OSCURANTISMO Y ASÍ TAL VEZ NOS ACERQUEMOS A DAR CON EL CONJURO EXACTO O EL ANTÍDOTO PRECISO CONTRA TANTA IMPUNIDAD Y MALDAD.
NADA ESTÁ OLVIDADO,
NADIE ESTÁ OLVIDADO
FAMILIA GALLARDO ¡PRESENTE!
22 de noviembre 2014

Saturday, November 22, 2014

Caravana de la Muerte- Pruebas a la Vista - Capítulo Copiapó. (Fragmento) Proceso Judicial que se inicia en 1998.



A Copiapó llegó el helicóptero Puma el mismo día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas. Estuvo allí hasta la mañana del 18 de octubre. El trágico resultado de su estadía en la ciudad fueron dieciséis víctimas.
Durante muchos años, el general Sergio Arellano sostuvo que su misión en Copiapó consistió en verificar el fusilamiento de tres prisioneros que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra (García, Tapia y Castillo). Aún no había llegado a la ciudad, dijo al juez Guzmán, "cuando fueron fusilados los trece prisioneros de Copiapó, yo no me encontraba en la ciudad". "Sea cual sea la fecha, estoy convencido de que en este caso no hubo participación de los miembros de mi grupo militar", reiteró el general Arellano.
¿Cuándo se enteró de lo ocurrido? Dijo el general que lo había sabido por un informe del comandante del regimiento, coronel Óscar Haag, "como un hecho ocurrido con anterioridad a mi llegada". 
El brigadier Pedro Espinoza dijo que nada supo de lo ocurrido en Copiapó.
El coronel Sergio Arredondo declaró que tampoco se enteró de nada en su momento y que, más tarde, "tuve conocimiento de que había habido fusilamientos, posiblemente durante o después de nuestra pasada por Copiapó".
El coronel Marcelo Moren Brito dijo que, al momento de partir de Copiapó hacia Antofagasta, "antes de zarpar, el coronel Arredondo nos informó acerca de unos fusilamientos que se habían efectuado en la ciudad". Y más tarde, rectificó su declaración: "En Copiapó y La Serena, presencié parte" de las ejecuciones.
El oficial Juan Chiminelli, ayudante del general, fue nuevamente quien demostró tener la mejor capacidad de memoria y desmintió incluso a su jefe: "Recuerdo que hubo una balacera muy fuerte, puesto que la gente fusilada no quedó en muy buenas condiciones"
Pero como en Copiapó hubo dos ejecuciones masivas el 17 de octubre de 1973, podría argumentarse que hay confusión en los recuerdos. De modo que el juez decidió aclarar a fondo el episodio. Partamos con la declaración del entonces teniente Enrique Vidal Aller, quien era el ayudante del comandante del regimiento (fojas 1372). Y vayamos al comienzo de este episodio.
Dijo el teniente (R) Vidal Aller que, desde La Serena, le avisaron que venía a Copiapó el helicóptero con el general Arellano a bordo. Se lo comunicó de inmediato al comandante Haag, "quien no le dio mucha importancia, me comentó que dicho helicóptero pasaría directo a Antofagasta, ya que en su concepto Copiapó no era tan importante".
 
Poco después, un sargento de guardia le avisó que se aproximaba el Puma: "Le ordené al sargento que rodeara al helicóptero cuando se posara en tierra con unos quince hombres que tenía a disposición en esos momentos. Una vez que el helicóptero se posó en tierra, recuerdo que el primero en bajar fue el teniente Armando Fernández Larios, quien venía con tenida de combate, con corvos, granadas, etcétera, y por sus desplazamientos daba la impresión de que estaba desorientado.
Me acerqué y le pregunté qué sucedía, informándome que venía el general Arellano y una comitiva, formada por Fernández Larios, el mayor Arredondo, el capitán Moren Brito y un subteniente, Hugo Julio".
Sigue la declaración de Vidal Aller: "Una vez descendido en tierra el general Arellano, le informé que no había novedades. Luego me preguntó por el comandante de la unidad, señor Haag, informándole que estaba en la comandancia". El general Arellano, entonces, le ordenó que lo fuera a buscar de inmediato. Y cuando Arellano tuvo enfrente al comandante Haag, "lo reprimió por la forma en que vestía, añadiendo que el país estaba en guerra, razón por la cual le ordenó que se cambiara de ropa". El coronel Haag se cambió su ropa por tenida de combate.
Luego, en la comandancia, se reunieron el general Arellano con el comandante Haag, los oficiales de la comitiva Arredondo y Moren, así como el capitán Brito del regimiento de Copiapó. Luego, aseguró Vidal Aller al juez, "el general Arellano pidió todas las carpetas de la gente que estaba detenida tanto en la unidad como en la cárcel de Copiapó. Luego de estar reunidos dos a tres horas, bajó el capitán Brito con las carpetas que había estudiado el general Arellano y de las cuales se separaron trece, relacionadas con las personas que finalmente masacraron".
Mientras la reunión se efectuaba, sucedió algo que el ex teniente Vidal Aller no pudo olvidar jamás: "Salió el teniente Armando Fernández Larios, me preguntó dónde estaban los detenidos, fue hasta dicho lugar y premunido de un arma —que consiste en un mango con cadena y una bola de púas—golpeaba en la cabeza a la gente. De este accionar resultó muerta una persona de nombre Leonello Vincenti. Esto estuvo en conocimiento del mayor Arredondo y del capitán Carlos Brito, quien increpó al teniente Fernández Larios por su cometido, respondiéndole éste que dependía del general Arellano y no de él".
Y si el entonces teniente Vidal Aller fue testigo de lo ocurrido desde su sala de ayudantía, la versión de lo que sucedió dentro de la oficina de la comandancia sólo podía darla el coronel Óscar Haag Blaschke. En su primera declaración (fojas 2059 y siguientes) fue más bien cauteloso. Dijo que cuando el general Arellano le mostró el documento firmado por el general Pinochet, nombrándolo su Oficial Delegado, comprendió "que en ese momento quedaba subordinado del mando pues, de acuerdo al reglamento, el Oficial Delegado tiene plenas y amplias atribuciones para obrar en todos los aspectos del mando". Haag aseguró al juez que el general Arellano, junto al entonces mayor Pedro Espinoza, "comenzó a revisar las tarjetas de identificación de cada uno de los detenidos, más las causas que estaban en tramitación (...) En varias oportunidades, pidió ampliación de los datos de algunos detenidos, como —por ejemplo—la forma en que lo habían detenido, actitud, lugar de su detención y cargos que se le formulaban (...) debo manifestar que, durante la revisión, tanto el general Arellano como el mayor Espinoza tomaron notas o hacían anotaciones en la lista de detenidos".
Pero fue en un segundo interrogatorio, realizado el 29 de enero de 2000, cuando el coronel Óscar Haag Blaschke hizo un pormenorizado relato de lo que allí ocurrió y que culminó con la muerte de dieciséis prisioneros políticos.
Veamos lo que dijo al ministro Juan Guzmán: "Nos reunimos en la comandancia con el general Arellano y, además, participaron de esa reunión el Prefecto de Carabineros, comandante Rene Peri, y el Prefecto de Investigaciones, cuyo nombre no recuerdo. Además estaban otro funcionario de Investigaciones y un oficial de Carabineros, cuyos nombres y grados no recuerdo. Además estaba el abogado Rojas Hidalgo, quien era mi asesor. De la comitiva, además de Arellano, se encontraba el entonces mayor Pedro Espinoza. Todos ellos revisaban los antecedentes. de los detenidos. También estaba junto a ellos el capitán Carlos Brito, quien tenía los archivos de las personas detenidas". "El general Arellano, el mayor Espinoza, el capitán Carlos Brito, junto con los funcionarios de Investigaciones y Carabineros a cargo de Inteligencia, cuyos nombres no recuerdo, trabajaban en una mesa con los archivos y los antecedentes de los detenidos. Estábamos al frente de la mesa sentados, presenciando de lejos lo que ellos hacían. Existía un fichero con todos los datos de las personas detenidas, que contenía su filiación política y cargos que existían contra ellos. Esta documentación se guardaba en un cárdex. A cargo del cárdex se encontraba el capitán Carlos Brito. Este último iba mostrando las tarjetas correspondientes a cada detenido y el general Arellano, a veces, efectuaba anotaciones marginales. No, no recuerdo el color del lápiz que usaba. Lo vi solamente de lejos, de manera que no podía precisar qué era lo que anotaba. En algunos casos hacía anotaciones y en otros, no. Esta reunión comenzó alrededor de las 20.00 horas del día 16 de octubre de 1973 y terminó poco antes de la medianoche de ese día". "Recuerdo que el teniente coronel Arredondo u otro oficial entraban esporádicamente a la reunión. A Arredondo lo conocía porque practicaba equitación. Además, el general Arellano mandaba misivas para afuera a través de cualquiera de los miembros de su comitiva, pues eran de su confianza. Enviaba mensajes escritos, presumiblemente a miembros de su comisión. Ignoro su contenido". "Al final de la reunión, el general Arellano entregó la lista que había recibido de parte de la Fiscalía con los nombres de todos los detenidos que se encontraban en el regimiento y en la cárcel local —alrededor de setenta—en la que había marcado el nombre de trece personas, ordenando que debían ser fusiladas a la brevedad. Estas personas fueron ejecutadas estando con sumarios pendientes porque la orden del general no podía dejar de cumplirse, dada la alta investidura que éste tenía".
 
Trece prisioneros, ¿y los otros tres? El coronel Haag dijo al juez que, en esa misma reunión, el general Arellano examinó los expedientes de los tres funcionarios del mineral El Salvador. Porque García, Tapia y Gastillo habían sido juzgados por un consejo de guerra, el que propuso pena de muerte para los tres. El caso estaba siendo revisado por Haag, pero el general le ordenó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y preparara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia al día siguiente. Nos encontramos, en el relato, cerca de la medianoche del 16 de octubre de 1973. Acaba de terminar la reunión donde se ha decidido la muerte de un total de dieciséis prisioneros.
¿Qué pasó después? El teniente (R) Vidal Aller lo relató así al juez: "Terminada la reunión del general Arellano y su comitiva, se dio orden de trasladar a trece personas con destino a La Serena, orden dispuesta por el propio general Arellano al comandante Haag. Esta misión debía cumplirla el capitán Patricio Díaz Araneda, quien me pidió que lo acompañara, a lo que respondí que yo era ayudante del comandante y no podía recibir órdenes de él. Posteriormente, el capitán Díaz Araneda designó a tres subtenientes, recién salidos de la Escuela Militar, para que lo acompañaran a cumplir la misión de traslado de los detenidos". 
El oficial Patricio Díaz Araneda pasó, entonces, a ser clave para continuar averiguando lo sucedido. En su primera declaración, no abrió la boca. Ya estaba retirado del Ejército, pero trabajaba para la institución como ingeniero químico de FAMAE. No recordaba nada de lo ocurrido en Copiapó. En los años 73 y 74, explicó al juez, pasó por "uno de los períodos más difíciles de mi vida". Dijo que estaba recién casado y que, aunque su mujer vivía a tres cuadras del regimiento, podía verla sólo cada tres meses. Por eso, dijo, tenía "lagunas de memoria". —¿Ha recibido ayuda siquiátrica? —le preguntó el ministro Guzmán. —No, porque sólo ahora me doy cuenta, ya que en 25 años nadie me ha preguntado sobre este tema —contestó el oficial Díaz Araneda.
Pero en junio de 1999, el ministro Guzmán fue a la cárcel de Copiapó y, en el libro de guardia de 1973, encontró la prueba. Allí estaba registrado que a las 0.30 horas del día 17 de octubre, el suboficial Orlando Lukes Smith —alcalde subrogante—había entregado nueve prisioneros al capitán Patricio Díaz Araneda. Por esa misma fecha, junio del año 99, le fue negada al ministro Guzmán su petición de conocer el listado de oficiales y suboficiales que estaban en los regimientos de Copiapó y La Serena en 1973. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Patricio Chacón Guerrero, le contestó que "es una materia clasificada como secreta". Así fue como el ministro Guzmán decidió arrestar al oficial Patricio Díaz Araneda y someterlo a proceso. El arresto fue crucial para aclarar el episodio.
Tras seis meses de reclusión, Patricio Díaz Araneda recuperó la memoria y confesó: "No antes de las 23-00 horas fui citado a la comandancia, siendo recibido en el sector de la ayudantía, porque en esos momentos en la comandancia se encontraba el general Arellano y los miembros de su comitiva y demás personas que participaron en la reunión, esto es, el capitán Brito y el comandante Pery, entre otros. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. En ese momento recibo la orden verbalmente, encontrándonos todos de pie. Esta orden consistía en fusilar, fuera del recinto del cuartel y sólo con la participación de oficiales, a unos detenidos, los que serían indicados en una lista. Efectivamente recibí una lista con nombres. Esta lista, me da la impresión, estaba escrita en forma manuscrita". El entonces capitán Patricio Díaz Araneda "representó" la orden a sus superiores. Es decir, preguntó si podía evitar su cumplimiento. Pero la orden le fue reiterada, momento en el cual supo que no tenía otro camino que cumplirla, ya que sus superiores se hacían responsables por lo ordenado.
Continúa el relato del entonces capitán Díaz Araneda: "Para el cumplimiento de la misión se me puso a disposición un camión militar que yo personalmente conduje y en el cual trasladamos a los detenidos. Mientras yo preparaba el armamento fueron retirados cuatro de los detenidos que se encontraban en el interior del cuartel, los que subimos al camión para trasladarnos a continuación a la cárcel de Copiapó a retirar a los nueve restantes. El nombre de los detenidos de la cárcel me fue entregado en una lista. Recuerdo que a la cárcel ingresé alrededor de las 00.30 horas del día 17 de octubre, comunicando al personal encargado que, por orden de la Fiscalía Militar, debían hacerme entrega de los detenidos que figuraban en la lista. De eso se deja constancia en el Libro de Guardia del recinto penitenciario".
"Retirados los detenidos de la cárcel, los que junto a los sacados del recinto militar sumaban trece personas, me dirigí con el camión hacia el sur de Copiapó por la carretera Cinco Norte. Recorrimos un poco más de veinte kilómetros y, en cuanto el terreno me lo permitió, me salí con el camión de la carretera y me interné en la pampa hacia el poniente, aproximadamente unos 200 metros, procediendo a detener el camión. En ese momento, al bajar los oficiales, le comuniqué a los subtenientes cuál era la misión que debíamos cumplir. Los subtenientes me preguntaron si no había forma de no cumplir esa orden, ante lo cual yo les reiteré que no y que la orden debía ser cumplida por cuanto a mí me había sido ratificada.
Acto seguido, procedimos a bajar a los detenidos en grupos de tres, los que fueron fusilados por tres de los oficiales, en tanto uno aseguraba la permanencia del resto en el camión. El fusilamiento fue rotativo respecto a los participantes, naturalmente en el último grupo fueron cuatro los fusilados.
Deseo dejar constancia que, por nerviosismo, no me percaté de que mi fusil estaba en ráfaga y fusilé a dos de ellos en esas condiciones".
—¿Iban atados o encapuchados los prisioneros? —le preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda.
—Las manos les fueron atadas en la parte de atrás, al momento de subirlos al camión. Y las bolsas con las cuales se encapuchaban las caras, al momento de ser fusilados, eran bolsas de sacos de dormir.
—¿En qué orden los fusilaron? —preguntó el juez. —Yo participé en los fusilamientos de los cuatro grupos, para lo cual utilizamos fusiles SIG 7.62 mm. de cargo militar.
Éramos tres fusileros para cada grupo, pero para el último fuimos cuatro. No recuerdo el orden de los fusileros en cada caso. Los fusilamientos se realizaron con los detenidos de pie, enfrentando al grupo de fusileros, a una distancia aproximada de ocho metros. Fallecieron instantáneamente con los primeros disparos, no fue necesario ejecutar tiros de gracia.
—¿Qué pasó después? —Terminado el fusilamiento, procedimos a cargar los trece cadáveres en el camión, cubriéndolos con una carpa. Y me dirigí con el camión hacia el predio del regimiento, donde permanecieron hasta alrededor de las 20 ó 21 horas del día 17 de octubre de 1973, oportunidad en que trasladamos los restos hasta el cementerio de Copiapó. La custodia del camión estuvo inicialmente a cargo de dos oficiales, los que posteriormente fueron relevados por personal del regimiento.
—¿Dirigió usted el traslado de los cadáveres al cementerio y su entierro? —Sí, al cementerio ingresamos por la puerta trasera, en cuyo interior ya había personal militar, además del administrador del cementerio. Procedimos a bajar los cuerpos del camión, para luego realizar su entierro.
Pero el administrador nos señaló que no era posible realizar el entierro sin un documento del Registro Civil. Por este motivo, personal militar concurrió a buscar al oficial de Registro Civil, quien una vez en el lugar procedió a tomar las huellas dactilares de cada una de las víctimas, las que registró en un formulario. Entretanto, esta operación era alumbrada por las luces de los vehículos.
—¿Quién le dio la orden de fusilar a los prisioneros? —La orden me fue dada por el comandante del regimiento, teniente coronel Óscar Haag, cuando nos encontrábamos ambos de pie en la ayudantía de la comandancia, ya que yo fui llamado por él. En el intertanto, se encontraba en la oficina del comandante el general Sergio Arellano Stark y algunos miembros de su comitiva. Todos se encontraban en tenida de campaña. Me consta que el general Arellano y parte de su comitiva estaban en la comandancia, ya que yo los vi entrar. Le representé la orden al comandante Haag y éste me señaló que había que cumplir dicha orden.
El 29 de enero de 2000, a las 11.45 horas, en el Comando de Telecomunicaciones se realizó el careo entre el general Sergio Arellano Stark y el entonces capitán Patricio Díaz Araneda. —Precise, general Arellano, dónde durmió la noche del 16 al 17 de octubre y la noche del 17 al 18 de octubre de 1973 —inquirió el juez. —Mi comisión llegó a Copiapó el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas, donde pernocté. Estuvimos todo el día en esa ciudad, donde pernoctamos para partir el día 18 de octubre de 1973, a primera hora, a Antofagasta —respondió el general Arellano.
 
Luego, el general Arellano dijo que —tras su llegada—se reunió con el comandante Haag para planificar las actividades del día siguiente y se fue a dormir a su hotel. Y en la mañana del 17 de octubre había tenido una reunión con los oficiales y suboficiales del regimiento, en la cual recomendó "el respeto a la población civil y la necesidad de evitar cualquier forma de abuso de poder". Y terminó esta parte de su declaración reafirmando que su comitiva no estuvo en Copiapó cuando fueron asesinados los trece prisioneros.
—¿Ordenó usted el traslado de esas trece personas y/o su fusilamiento? —preguntó el ministro Guzmán al general Arellano.
—Definitivamente no ordené ni el traslado ni el fusilamiento —contestó el general Arellano.
—¿Participó usted en el traslado y en el fusilamiento de los trece prisioneros? —preguntó el juez a Patricio Díaz Araneda.
—Efectivamente dirigí y participé en el fusilamiento de trece personas en Copiapó, el día 17 de octubre de 1973. Estimo que estos fusilamientos se realizaron entre la una y media o dos de la madrugada. Enfáticamente puedo decir que los hechos ocurrieron en la madrugada del día 17 de octubre, fecha que coincide con la estadía del general Arellano con su comitiva. Es cuestión de asociar. La comitiva del general Arellano llegó a Copiapó el día 16 de octubre, alrededor de las 20 horas —contestó el oficial Díaz Araneda.
—¿En qué momento y quién le encomendó la misión? —El día 16 de octubre de 1973, pasadas las 23 horas, fui llamado a la comandancia del Regimiento Atacama. En la ayudantía se encontraba el comandante Haag y el mayor Enriotti. Allí recibí, de parte del coronel Haag, la misión de ejecutar a los detenidos que estaban señalados en una lista, actividad que debía ser realizada sólo por oficiales y fuera del cuartel. Fue el comandante Haag. El comandante estaba muy alterado, pues es una persona muy nerviosa. Estaba muy conmovido. Me dijo que tenía que cumplir con la orden de ejecutar a las trece personas mencionadas en la lista. Estaba muy asustado. Incluso yo le representé la orden. Nunca el comandante Haag había tomado una decisión tan drástica y estoy convencido de que cumplía órdenes superiores (...) La razón que más me impulsa a decir que el comandante Haag cumplía órdenes superiores es que las dieciséis ejecuciones habidas en Copiapó se producen exactamente durante el período de permanencia de mi general Arellano y su comitiva en la guarnición. Ni antes ni después de la presencia de mi general Arellano en Copiapó, hubo detenidos que hayan sido ejecutados —contestó el oficial Díaz Araneda.
—¿Dónde estaba el general Arellano cuando la orden de fusilamiento le fue dada?
—Estaba en la comandancia del regimiento Atacama, alrededor de las 23 horas del día 16 de octubre.
 
Fue entonces cuando el general Arellano decidió intervenir y así quedó registrado en el proceso: "No es la primera vez que se aprovecha el paso de mi comitiva por alguna guarnición donde había comandantes pusilánimes que incluso no cumplieron con las disposiciones del Comandante en Jefe del Ejército, como ocurrió en la guarnición de Calama".
—¿Estaba el general Arellano en la noche del 16 de octubre en la comandancia del regimiento? —preguntó el ministro Guzmán. General Arellano Stark: "Concretamente no estaba. Me encontraba en el hotel".
Oficial Díaz Araneda: "Puedo asegurar que estaba en la comandancia. Lo vi entrar el día 16 de octubre alrededor de las 20.20 horas, cual es el tiempo que demora en llegar desde el helicóptero a la comandancia. No más de 15 a 20 minutos".
—¿Estaba el general Arellano en la comandancia cuando se le dio la orden de ejecutar a los trece detenidos? —repitió el juez, dirigiéndose a Díaz Araneda.
—Creo que estaba en la comandancia porque no lo vi salir.
—¿Dónde estaba, general Arellano, cuando se dio la orden de fusilar?
General Arellano Stark: "No, a esa hora me encontraba en el hotel".
Oficial Díaz Araneda: "Mi general Arellano se encontraba en la comandancia".
General Arellano Stark: "Insisto, me encontraba en el hotel".
El general Arellano argumentó, entonces, que la prueba de su inocencia y, por ende, la prueba de la culpabilidad del comandante Haag en los crímenes de Copiapó, estaba justamente en el hecho de que Haag no hubiera llamado a su superior jurisdiccional —el general Lagos—antes de dar la orden de fusilamiento.  
El oficial Díaz Araneda le replicó así: "Yo sólo aseguré, y no me cabe duda, que el comandante Haag cumplió órdenes superiores. No había nada ni antes ni después de la llegada del general Arellano a Copiapó que pudiera precipitar los hechos referidos".
—¿Por qué el comandante Haag no solicitó autorización al general Lagos para hacer algo tan grave como el fusilamiento de trece personas? —preguntó el juez. —Ignoro si esa noche el comandante Haag comunicó la orden al general Lagos Osorio, sólo sé que asumió como Oficial Delegado del Comandante en Jefe, desde el momento de su llegada a Copiapó, mi general Arellano —contestó Díaz Araneda.
El general Arellano, entonces, reiteró que el documento que recibió de manos del general Pinochet no indicaba "que yo asumiría el mando de la unidad ni tampoco que cumpliría funciones como juez militar". Dijo que el documento que lo nombró Oficial Delegado sólo se refería al comportamiento de los militares con la población civil, a fin de mantener la buena imagen del Ejército; a la revisión de procesos militares; a velar por que los consejos de guerra dispusieran la debida defensa de los procesados.
El careo entre el coronel Óscar Haag Blaschke y el oficial Patricio Díaz Araneda aportó nuevas pruebas al ministro Guzmán. Se realizó el 29 de enero de 2000, a las cuatro de la tarde, en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército.
¿Quién dio la orden de sacar a los trece detenidos y fusilarlos? Esa fue la pregunta del juez que gatillo la siguiente aclaración por parte del coronel Haag:
"Al momento en que me fue exhibido el documento en que el general Pinochet nombraba Oficial Delegado al general Arellano, quedé relevado del mando y, por lo tanto, sobrepasado en mis atribuciones. El día 16 de octubre de 1973, en la reunión que sostuvimos con el general Arellano en la comandancia, éste ordenó el fusilamiento de trece personas que estaban en una lista. La lista fue elaborada en triplicado. Una la tenía el capitán Carlos Brito, otra la Fiscalía Militar y la tercera le fue entregada al general Arellano. No vi la lista de cerca, pero posteriormente me percaté de que la lista tenía unas marcas que había hecho el general Arellano. El criterio que tuvo en cuenta el general Arellano para seleccionar a las trece personas que iban a ser fusiladas atendió a la gravedad del delito, a las circunstancias que rodearon su detención y al partido político a que pertenecían las trece personas".
Y agregó el coronel Haag: "Concretamente yo sabía que esas trece personas iban a ser fusiladas porque la orden había sido dada por el general Arellano, estando en la oficina de la comandancia. No di la orden de fusilar a esas trece personas, ni en forma verbal ni escrita. Pienso que la orden la dio Enriotti, quien era el segundo del regimiento y a quien —estando en el interior de la comandancia—le comuniqué la orden del general Arellano". Siguió el coronel Haag: "Lo del traslado y posterior evasión de los trece detenidos fue una ficción para dar una explicación que no impactara al personal del regimiento, pero la verdad es que las personas fueron ordenadas fusilar por el general Arellano. El general Arellano, una vez que mostró la lista con las trece personas detenidas que serían fusiladas, la mandó fuera de la comandancia por intermedio de un emisario de su comisión que bien pudo ser Arredondo, quien era su segundo. El general Arellano dijo que estas trece personas debían ser fusiladas de inmediato y las otras tres debían ser fusiladas a la mayor brevedad, ordenando que se diera término al sumario".
Y fue entonces cuando el coronel Haag agregó nuevos datos: "Luego de que se llevaran a las trece personas, supuestamente rumbo a La Serena, en mi vehículo fiscal —junto a Arredondo y al abogado Rojas Hidalgo—nos dirigimos por la carretera que va a La Serena en busca del camión militar que pertenecía al regimiento y que llevaba a las trece personas". "Como Arredondo se molestó porque no encontrábamos el camión, después de llegar a la cima de la cuesta Cardone, ordenó que regresáramos a Copiapó. De vuelta, a unos pocos kilómetros de Copiapo, con los fusilados en su carrocería, tapados con una carpa y chorreando sangre. Nos detuvimos y Arredondo, para verificar, se bajó del vehículo, se subió al camión, levantó la carpa que cubría los cuerpos y contó los cuerpos para comprobar la muerte de las trece personas. Posteriormente, por orden de Arredondo, nos dirigimos al hotel donde se alojaba el general Arellano, quien nos recibió en bata. Entonces Arredondo dijo textualmente: 'Cumplida su orden, mi general, las trece personas fueron ejecutadas y lo he confirmado personalmente'.
No es difícil imaginar el estupor que debió experimentar el ministro Guzmán al escuchar las palabras del coronel Óscar Haag, como asimismo el actuario al teclear la declaración en su máquina de escribir.
Agregó el coronel Haag que volvió al regimiento, esa madrugada de octubre, y ordenó que se redactara el comunicado oficial, dando cuenta del traslado de los trece prisioneros a La Serena, su intento de escapar en el momento en que el camión sufrió un desperfecto eléctrico y la muerte de todos por "ley de fuga".
—¿Quién dio la orden de fusilar a los trece prisioneros? —repitió el ministro Guzmán.
—Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí del comandante Haag, estando en la oficina de la ayudantía junto al mayor Enriotti. Es probable que cuando llegué a la comandancia, el comandante Haag y el mayor Enriotti estuvieran en ese momento comentando la orden de fusilar a las trece personas. Entonces, en ese momento, se me ordenó cumplir la orden de ejecutar a las trece personas"
Coronel Haag Blaschke: "Es posible que así haya sucedido. Lo que ocurrió fue que, estando en el interior de la comandancia, le entregué la lista a Enriotti, diciéndole que el general Arellano había ordenado la ejecución de trece detenidos".  
—¿Mantiene su versión de que la orden de fusilar la dio el coronel Haag? —preguntó el juez a Díaz Araneda.
Oficial Díaz Araneda: "La orden la recibí estando el coronel Haag junto al mayor Enriotti en la ayudantía. El coronel Haag sabía que la orden era fusilar".
Coronel Haag Blaschke: "Estando junto al mayor Enriotti, que era mi segundo comandante, es posible que tácitamente le haya transmitido la orden al entonces capitán Patricio Díaz, en el sentido de que en mi presencia el mayor Enriotti le informó al capitán Díaz que la orden era fusilar a las trece personas que, momentos antes, el general Arellano había tiqueado en la oficina de la comandancia. Yo le entregué el papel a Enriotti para que se encargara de los detalles y tomara las medidas del caso con el objeto de cumplir la orden dada por el general Arellano, orden que había que cumplir de todas maneras. Había que fusilar a las trece personas".
Oficial Díaz Araneda: "Sí, al momento de recibir la orden, estábamos los tres. En ese momento, le representé la orden a mi comandante Haag".
 
Coronel Haag Blaschke: "Yo tenía que darle la orden al mayor Enriotti para que la cumpliera. No podía ser de otra manera. La orden había que cumplirla. Entonces, cuando me la representó el capitán Díaz Araneda, le dije que era una orden superior y que, dada la alta investidura del general Arellano, era imposible no cumplir con la orden".
Oficial Díaz Araneda: "Efectivamente es así".
—A ver, ¿quién dio la orden? —preguntó nuevamente el juez, tratando de entender la lógica y el lenguaje militar en el cumplimiento de órdenes.
Oficial Díaz Araneda: "La orden me la transmitió el comandante Haag, quien me comunicó que la orden era del general Arellano y que había que cumplirla. Esto sucedió en presencia del mayor Enriotti, quien me dio las instrucciones para su cumplimiento, estando los tres en la ayudantía de la comandancia".
Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente así es. La orden se la transmití al capitán Díaz en presencia del mayor Enriotti, reiterándole que esa orden debía cumplirse por la investidura de Oficial Delegado que tenía el general Arellano".
Cuando el juez quiso saber del momento en que ambos oficiales se encontraron en la carretera, cuando ya el camión venía de regreso con los cadáveres y el coronel Arredondo se subió para contar los cuerpos, dijeron lo siguiente:
Oficial Díaz Araneda: "Yo no recuerdo haber visto a Arredondo en la cuesta Cardone".
Coronel Haag Blaschke: "Efectivamente, Arredondo y yo estuvimos en la Cuesta Cardone, junto al abogado Rojas Hidalgo. Es posible que el entonces capitán Patricio Díaz no se haya dado cuenta de mi presencia, junto a Arredondo, por el estado de conmoción en que se encontraba después de la muerte de las trece personas".
—¿Y quién ordenó el fusilamiento de los tres prisioneros provenientes de El Salvador? —preguntó el juez, refiriéndose a García, Tapia y Castillo.
Coronel Haag Blaschke: "En la misma reunión de la noche del día 16 de octubre, el general Arellano —al ver los expedientes de los tres funcionarios de El Salvador, cuya condena a muerte había sido propuesta por un consejo de guerra—le comunicó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y que, en la reunión de las diez de la mañana del día siguiente, le presentara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia. Al final de la reunión del día 17 de octubre, el abogado Rojas le presentó los expedientes de las tres personas condenadas a muerte, firmando el general Arellano el cúmplase, en presencia de todas las personas que estaban en la reunión". Agregó: "Inmediatamente dispuse que se diera cumplimiento a la sentencia al segundo comandante, mayor Enriotti, haciéndole presente que se cumpliera con todos los requisitos legales del caso. Al final del día 17 de octubre, el mayor Enriotti me comunicó que estaba todo dispuesto para el cumplimiento de la sentencia, que ésta se iba a realizar en el predio del regimiento y que había designado como jefe del pelotón al teniente Ramón Zúñiga Ormeño. No me comunicó los nombres del resto de los oficiales que conformaron el pelotón de fusilamiento. A la mañana siguiente, el mayor Enriotti me comunicó que la orden había sido cumplida conforme a lo programado y que las personas habían sido colocadas en urnas y enterradas en el cementerio de Copiapó, en tumbas separadas, y que habían quedado registradas en los libros del cementerio en el patio 16, sepulturas 13, 14 y 15".
—¿Participó el capitán Díaz Araneda en esos tres fusilamientos? —preguntó el juez.

—Oficial Díaz Araneda: "No tuve participación ni directa ni indirectamente en los fusilamientos de esas tres personas. Y debo agregar que los oficiales Yáñez, Marambio y Ojeda tampoco tuvieron participación en el fusilamiento y posterior inhumación de esas tres personas".
 
Coronel Haag Blaschke: "Confirmo lo dicho por Díaz Araneda".

—¿Qué les habría sucedido si no cumplen la orden del general Arellano de fusilar a las trece personas y luego la sentencia de muerte para las otras tres personas? —preguntó el juez.
Coronel Haag Blaschke: "En tiempo de guerra, el no cumplir órdenes de un superior de la investidura del general Arellano, pienso que me habría expuesto a graves sanciones, incluso la muerte".
Oficial Díaz Araneda: "En tiempo de guerra, no cumplir una orden, en particular la dada para fusilar, podría haberme expuesto a ser condenado a fusilamiento".
 
Al amanecer del 17 de octubre de 1973, en el regimiento de Copiapó, había un camión con su trágica carga en la carrocería: trece prisioneros asesinados. Una guardia militar lo custodiaba, de modo que nadie pudiera acercarse. El capitán Díaz Araneda —según su confesión—se había preocupado, en el curso del día, de preparar el entierro clandestino. Así le fue ordenado. Esperó a que anocheciera y cerca de las nueve de la noche —ya con toque de queda—dio la orden para que el camión saliera del regimiento.
 
Las Víctimas de Copiapó son:


- Winston Dwight CABELLO BRAVO, 28 años, ingeniero comercial, Jefe Provincial de la Oficina de Planificación Nacional(ODEPLAN), militante del Partido Socialista y MIR. Fue detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y trasladado al Regimiento de Copiapó, actual Regimiento Capitán Rafael Torreblanca.



- Agapito del Carmen CARVAJAL GONZALEZ, 32 años, funcionario público y militante del Partido Socialista. Detenido en su domicilio y trasladado al Regimiento de Copiapó.



- Fernando CARVAJAL GONZALEZ, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido el 22 de septiembre en su domicilio, conducido hasta el Regimiento de Copiapó y desde allí a la cárcel de esa localidad.



- Manuel Roberto CORTAZAR HERNANDEZ, 20 años, estudiante secundario, dirigente estudiantil y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Se presentó ante las autoridades militares luego de ser requerido mediante un Bando, el l7 de septiembre de l973. Quedó detenido en la Cárcel de Copiapó, lugar desde el cual fue trasladado al Regimiento de esa misma localidad, el 2 de octubre del mismo año.



- Alfonso Ambrosio GAMBOA FARIAS, 35 años, profesor, Director de Radio Atacama y militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio por efectivos de Carabineros el 15 de septiembre y trasladado al Presidio de Copiapó.



- Raúl del Carmen GUARDIA OLIVARES, 23 años, funcionario público y militante del Partido Socialista.



- Raúl Leopoldo de Jesús LARRAVIDE LOPEZ, 21 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 12 de septiembre de l973 al interior de la Universidad y conducido al Regimiento de Copiapó. A fines de septiembre se le trasladó al Presidio de la misma ciudad.



- Edwin Ricardo MANCILLA HESS, 21 años, estudiante de Pedagogía en la Escuela Normal, presidente del Centro de Alumnos y Secretario Regional del Movimiento de Izquieda Revolucionaria (MIR). El 15 de octubre fue detenido por efectivos de Carabineros e Investigaciones en su domicilio, conducido al Presidio de Copiapó y desde allí trasladado al Regimiento de esa ciudad.



- Adolfo Mario PALLERAS NORAMBUENA, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Requerido por las autoridades a través de un Bando militar, decidió no presentarse. Fue detenido el l5 de octubre por efectivos de Carabineros, conducido al Regimiento de Copiapó y trasladado posteriormente al Presidio de esa ciudad.



- Jaime Iván SIERRA CASTILLO, 27 años, locutor de radio y militante del Partido Socialista. Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio por efectivos de Investigaciones, llevado al Cuartel de dicha Institución y desde allí trasladado al Regimiento de Copiapó.



- Atilio Ernesto UGARTE GUTIERREZ, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue detenido el 14 de octubre en la residencial donde vivía y conducido al Regimiento de Copiapó.



- Néstor Leonello VINCENTI CARTAGENA, 33 años, profesor, Secretario Regional del Partido Socialista. Fue detenido por efectivos militares y conducido al Regimiento de Copiapó.



- Pedro Emilio PEREZ FLORES, 29 años, Ingeniero en Minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, sede Copiapó, Interventor de la planta minera "Elisa de Bordo" y dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre de l973 en su domicilio, que luego fue allanado por funcionarios de Investigaciones, quienes lo condujeron al presidio de Copiapó.
 
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