ATACAMA RECUERDA A LOS SUYOS...AQUI NADIE MUERE COMPAÑERO

Por esta historia sin perdón
Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir,
siempre aferrado a tu consciencia de existir,
quitando cercos, trabajando de aprendiz,
siempre sembrando esa alegría de vivir, en ti, en mi, en nosotros,
por esta historia sin perdón
Aquí nadie cesa de luchar Aquí nada termina compañero

 

 

Agustín Villarroel Carmona 34 años. Militante Comunista. Se encontraba de paso por la ciudad de Tocopilla- fue detenido entre el 15 y 17 de septiembre de 1973, al presentarse voluntariamente en la Comisaría de Carabineros de esa ciudad. Desde ese momento no volvió a saberse de él, hasta que, 17 años más tarde, en 1990, sus restos fueron encontrados en la mina "La Veleidosa", 15 kilómetros al norte de Tocopilla, con evidentes signos de haber sido dinamitados.

 

Aladín Esteban Rojas. 30 años. Militante Comunista. Minero. Fue detenido el 9 de abril de 1975, en la plaza de Copiapó por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (S.I.M.) y llevado hasta el Regimiento local. Allí fue interrogado bajo torturas sobre sus actividades políticas, y dejado en libertad el 10 de abril a las 11:00 de la mañana con la obligación de volver a las 20:00 horas de ese mismo día. Al día siguiente, 10 de abril, alrededor de las 20:00 hrs. se dirigió al Regimiento de Infantería Motorizada N°23, Copiapó, donde había sido citado, desde donde desapareció sin que se sepa hasta la fecha de su suerte o paradero.

 

 

Alonzo Lazo Rojas. Militante del MIR. 24 años. Estudiante de Pedagogía en Castellano U.de Chile, La Serena. Fue detenido el 14 de noviembre de 1975, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), en su domicilio, en Copiapó. El 31 de diciembre de 1975, la madre de Alonso Lazo, señora Ercira Rojas, presentó un recurso de amparo por su hijo en la Corte de Apelaciones de Santiago, durante la tramitación de éste, el entonces Ministro del Interior informó a la Corte que Alonso Lazo Rojas había sido arrestado el 9 de diciembre de 1975 y llevado a Cuatro Álamos, para ser trasladado a Tres Álamos el 18 de diciembre del mismo año. Hasta hoy, permanece desaparecido.

 

Carlos Quiroga Rojas. 32 años. Militante del Partido Socialista y Militante del MIRAdministrador de la Salitrera Pedro de Valdivia. Fue detenido por Carabineros en Pedro de Valdivia el 12 de septiembre de 1973 y enviado a la Cárcel de Antofagasta. Acusado de fabricación y distribución de granadas caseras, de adoctrinamiento subversivo, de espionaje y subversión en contra de las Fuerzas Armadas y participación en el plan Z, fue condenado a muerte. La ejecución se practicó el día 20 de septiembre.

 

Florencio Vargas Díaz. 65 años. Militante del Partido Socialista. Ex Alcalde de Diego de Almagro. Fue detenido el 23 de octubre de 1973. El 24 de octubre su cuerpo sin vida fue dejado en la morgue, comunicándosele a la familia que el detenido se había colgado con su camisa de las barras del calabozo. El certificado de defunción señala como causa de la muerte: "asfixia por ahorcamiento, tipo suicida."

 

Guillermo Rojas Zamora. Profesor de química y biología. Fue detenido desaparecido el 6 de agosto de 1974 en Chañaral. Militante del Partido Socialista. Alrededor de las 21:30 horas, tres individuos vestidos de civil, en un automóvil con patente de Las Condes, se presentaron en su vivienda y preguntaron por Haroldo Rojas Zamora. La cónyuge respondió que se encontraba en la Escuela Consolidada realizando ' clases en horario nocturno. Esa misma noche, cerca de las 23:00 horas, se presentó en su domicilio el auxiliar de la Escuela, para entregar unas llaves y un chaquetón de su marido, manifestándole que éste había salido del establecimiento con los tres civiles. El Oficial a cargo de la comisaría le confirmó que Guillermo Rojas había estado detenido en tránsito y que luego había sido trasladado a Santiago por integrantes de un servicio de seguridad. La Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET), informó que el profesor se encontraba en Cuatro Álamos. En dicho recinto negaron su reclusión. Posteriormente, el SENDET informó que había quedado en libertad el 16 de septiembre de 1974.

 

Hugo Alfaro Castro. Militante Socialista. Nació en Copiapó. Ingeniero en Minas y Profesor Normalista. Producto de un accidente laboral, queda ciego. Después de su rehabilitación comenzó a estudiar para ser profesor y lucha por la integración de los discapacitados visuales y por la igualdad de las clases sociales. El 05 de Octubre de 1973 fue detenido y llevado al recinto de la ex Casa de Cultura de “Las Barrancas”, actualmente Ilustre Municipalidad de Pudahuel, donde fue sometido a trabajos forzados y posteriormente liberado. El 27 de Enero de 1975 fue detenido en Tocopilla, Segunda Región, por ser sorprendido escuchando un cassette en contra del régimen. Oficialmente se informó que se habría ahorcado al interior de uno de los calabozos de la Comisaría el 31 de Enero de 1975.

 

Joel Huaiquiñir Benavides. Miembro del Comité Central del Partido Socialista. Instructor de Seguridad Industrial. Ex trabajador del Mineral El Salvador. Fue detenido el 27 de julio de 1974, en la comuna de Ñuñoa, por efectivos de la DINA. Días después, fue llevado a su domicilio, llamaron a sus hijos -de 5 a 4 años- para que lo saludaran y cuatro días después, los mismos civiles fueron nuevamente a la casa a buscar una muda de ropa. En agosto apareció publicado en la prensa el hallazgo de un arsenal en los faldeos del cerro "Indio Muerto", al interior de El Salvador, descubierto por personal del Servicio de Inteligencia tras las declaraciones hechas por Joel Huaiquiñir, armas que serían usadas para "hacer volar cuarteles, Comisarías e instalaciones Militares...". Huaiquiñir fue visto en Cuatro Álamos y en Villa Grimaldi, se encuentra desaparecido desde que fue sacado de Cuatro Álamos, a fines de agosto o comienzos de septiembre de 1974, "rumbo al Sur". Joel Hauiquiñir se trasladó con su familia a Santiago cuando sus compañeros de trabajo Ricardo García Posada, Benito Tapia y Maguindo Castillo fueron detenidos en septiembre de 1973 y conducidos al Regimiento de Copiapó, donde fueron ejecutados por orden del General Sergio Arellano Stark.

 

José Espejo Espejo. 26 años. Militante del Partido Comunista. Minero. Fue detenido por una patrulla militar la noche del 19 de marzo, durante la vigencia del toque de queda, en el interior del domicilio de un vecino. Los uniformados lo sacaron a la calle y le ordenaron que se fuera a su casa; cuando se disponía a ingresar a la vivienda, le dispararon por la espalda, dándole muerte, a las 1:30 horas, en la población Gabriela Mistral de Tierra Amarilla, por una herida perforante femoral izquierda, según lo acredita el Certificado de Defunción.

 

Juan López Torres. militante del Partido Comunista. Alcalde de Vallenar. Minero. Había sido requerido por un Bando local, luego, a través del Bando 39, del 14 de diciembre de 1973, se informó a la comunidad que habría sido muerto ese mismo día, en el lugar denominado Mina La Restauradora, cuando intentaba huir de una patrulla integrada por Carabineros, que estaba encargada de capturarlo.

 

Luis Segovia Villalobos. 28 años. Nacido en Copiapó y egresado de la UTE Copiapó. Militante del Partido Socialista. Supervisor de la Corporación Nacional del Cobre, División Chuquicamata (COBRECHUQUI), Planta Termoeléctrica de Tocopilla. fue detenido el 12 de septiembre de 1973, en su lugar de trabajo de la Termoeléctrica de Tocopilla, por Carabineros de la Comisaría de Tocopilla. Permaneció recluido en la Cárcel de Tocopilla y fue sometido a proceso en la Fiscalía de Carabineros. Fue sacado del recinto carcelario en los primeros días del mes de octubre de 1973 y llevado a la mina "La Veleidosa", 15 kilómetros al norte de Tocopilla, lugar donde se les ejecutó. El cuerpo de Luis Orocimbo Segovia fue rescatado e identificado sólo 17 años más tarde, en septiembre de 1990.

 

Mario Silva  Iriarte, 38 años de edad. Ex Regidor de Chañaral. Secretario Regional del Partido Socialista. Abogado, Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO Norte. Viajó desde Santiago, donde se hallaba, para presentarse voluntariamente en la mañana del día 12 de septiembre ante las autoridades militares, junto a otras personas, en las oficinas de la Intendencia. El 21 de octubre de l973 se publicó en la prensa de Antofagasta un comunicado oficial que daba cuenta de la ejecución de Mario Silva. Es una de las catorce víctimas de la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Pedro Acevedo Gallardo. 19 años. Militante de la Juventudes Comunistas. Estudiante de Ingeniería en Minas, UTE Copiapó. Fue detenido en su domicilio en Tierra Amarilla por agentes del Servicio de Seguridad Regional, compuesto por carabineros y militares que ingresaron por la parte posterior de su casa. Quedó detenido en el Regimiento de Copiapó, donde, según el Comandante a cargo de la época, Arturo Alvarez Sgolia, se fugó el 1º de mayo de 1975, a las tres de la mañana, «abriendo un forado». Hasta la fecha, Pedro Gabriel Acevedo continúa desaparecido.

 

Yantong Orlando Juantock Guzmán. 26 años. Nacido en Copiapó. Egresado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, sede Valparaíso; profesor ayudante de la misma Escuela. Representante estudiantil al Consejo de Facultad y Presidente del Centro de Alumnos de Arquitectura; militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR y presidente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER de Valparaíso. Fue detenido por efectivos de la Marina el 12 de septiembre de 1973, alrededor de las 11 horas, en una casa habitación ubicada en el Cerro La Cruz de Valparaíso. Posteriormente fue trasladado al barco mercante "Maipo" que en esos días era usado por la Armada como lugar de reclusión de prisioneros políticos, se le vió siendo arrastrado por los tres marinos fuera del barco. Hasta hoy día se encuentra desaparecido.

 

Dagoberto Cortés Guajardo. 33 años. Militante del MIR. Estudiante de Ingeniería en Minas UTE Copiapó. Fundador del MIR en Copiapó. El día del Golpe de Estado se encontraba fuera de la ciudad, entró a la clandestinidad y a la resistencia, fue apresado y enviado al exiliado por resolución del régimen. Reingresó a Chile en 1978, en el marco de la Operación Retorno, para entrar nuevamente a la clandestinidad y seguir en la resistencia. Cayó en un falso enfrentamiento realizado por carabineros y a manos de un CNI, el 28 de noviembre de 1982.

 

Héctor Moreno Campusano. 19 años. Militante de las Juventudes Socialistas. Estudiante. Nacido en Copiapó. Fue detenido el 19 de septiembre de 1973 en el puente Duqueco por efectivos de Carabineros y llevado a la Comisaría de Los Angeles, lugar donde fue visto por testigos, quienes también afirman que lo sacaron de ese recinto la madrugada del día 21. Su cadáver apareció en la morgue del hospital el día 21 de septiembre, donde fue reconocido por un familiar. El certificado de defunción señala como causa de muerte : "destrucción miocardio, herida de bala penetrante del tórax". La autoridad militar no da explicación de los hechos.

 

José Manuel Guggiana Espoz. 40 años. Militante del Partido Comunista. Nacido en Copiapó. Profesor Básico. Fue detenido en Santiago, sin testigos, posiblemente en la vía pública, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, el 7 de mayo de 1976, época en que la DINA realizaba una intensa batida contra el Partido Comunista. José Manuel Guggiana, a la fecha, integraba un equipo coordinador de la Comisión Política del Comite Central del Partido Comunista, junto con Marta Ugarte Román. El 7 de mayo de 1976, Guggiana salió de la casa como a las 9:00 de la mañana, diciendo que iba a intentar contactarse con Marta Ugarte y que volvería a almorzar. Nunca más retornó ni se le volvió a ver. Los resultados judiciales han sido nulos en tanto a ubicar el paradero de José Manuel Guggiana Espoz.

 

 

Raúl Larravide López, 21 años, estudiante de Ingeniería de Minas en la Universidad Técnica del Estado (sede Copiapó). Militante del MIR. Fue arrestado dentro de la universidad al día siguiente del golpe, fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Winston Cabello Bravo, 28 años, ingeniero comercial, jefe provincial de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplán), militante del Partido Socialista y Militante del MIR. Fue arrestado en su lugar de trabajo, la Intendencia, al día siguiente del golpe militar. Al terminar la reunión del comandante Haag con los directores de servicios públicos, el militar lo retuvo en la sala diciéndole que su jeep "había sido visto en maniobras sospechosas". Fue el primer preso político de la zona. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Adolfo Palleras Norambuena, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del MIR. No se presentó al llamado del bando militar. Fue detenido dos días antes de la masacre de Copiapó. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Manuel Cortázar Hernández, 19 años, hijo único, estudiante, presidía el centro de alumnos del Liceo de Hombres. Militaba en el MIR. Fue llamado a través de un bando militar y se presentó voluntariamente una semana después del golpe. Sus compañeros lo recuerdan como "uno de los más alegres, siempre levantaba el ánimo a los otros". Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Edwin Ricardo Mancilla Hess, 21 años, estudiante de Pedagogía, presidente del centro de alumnos, secretario regional del MIR. Fue detenido en su casa dos días antes de la llegada del general Arellano a Copiapó. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Atilio Ernesto Ugarte Gutierrez, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado (sede Copiapó), militante del MIR. Fue detenido, en la residencial universitaria donde vivía, tres días antes de la masacre de Copiapó. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Agapito Carvajal González, 32 años, funcionario público, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Fernando Carvajal González, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa once días después del golpe militar. Los apellidos indican que sería hermano de la víctima anterior. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

 

Alfonso Gamboa Farías, 35 años, periodista y profesor, director de Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa, cuatro días después del golpe. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Raúl Guardia Olivares, 23 años, funcionario público, militante socialista. Detenido en la localidad de Caldera. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Leonello Vinenti Cartagena, 33 años, profesor de Física, secretario regional del Partido Socialista. Varias declaraciones coinciden en señalar que fue asesinado al interior del regimiento, momentos antes de que los prisioneros fueran sacados de allí para luego sumarse al grupo que fue sacado de la cárcel. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Pedro Pérez Flores, 29 años, ingeniero en minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, dirigente del Partido Socialista. Fue detenido, mientras hacía clases, dos semanas después del golpe. Casado, dos hijos. Su esposa trabajaba como secretaria en Radio Atacama, fue detenida y condenada a cinco años de presidio por un consejo de guerra. El año 76 se le conmutó la pena por exilio. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

Jaime Sierra Castillo, 27 años, locutor de Radio Atacama, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa nueve días después del golpe militar. Fue ejecutado en tortura con corvos y cuchillos por la Caravana de la Muerte. 17 de octubre de 1973. Luego de estar desaparecido por 17 años fue exhumado de la fosa común clandestina el 29 julio de 1990

 

 

Ricardo García Posada, 43 años, ingeniero y economista, funcionario de la CEPAL (organismo de la ONU) y gerente general de Cobresal (minera estatal de El Salvador). Militaba en el Partido Comunista. Casado, dos hijos. Al día siguiente del golpe militar, hizo entrega oficial de las instalaciones de la mina al ingeniero más antiguo y se presentó voluntariamente al recinto policial más cercano, en Potrerillos. Quedó bajo arresto domiciliario por dos días y luego fue trasladado a la cárcel de Copiapó. Fue ejecutado por la Caravana de la Muerte, su cuerpo no apareció en el hallazgo de la fosa común clandestina y hasta hoy día se encuentra desaparecido.

 

 

 

Benito Tapia Tapia, 31 años, empleado de Cobresal, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Si bien el Informe Rettig lo identificó como miembro del comité central de la Juventud Socialista, su esposa —María Lía Carvajal—dijo al juez que Benito había sido candidato a diputado por el Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe en El Salvador y luego conducido a Copiapó. Fue ejecutado por la Caravana de la Muerte, su cuerpo no apareció en el hallazgo de la fosa común clandestina y hasta hoy día se encuentra desaparecido.

 

Maguindo Castillo Andrade, 40 años, casado, una hija, empleado de Cobresal, dirigente sindical, militaba en el Partido Socialista. Se presentó voluntariamente en la comisaría de Potrerillos, al ser llamado por un bando militar. Fue dejado en libertad. Tres días después fue arrestado mientras caminaba por una calle de El Salvador y trasladado a Copiapó. Su esposa Laureana Honores relató al juez que pudo verlo varias veces —manos hinchadas, moretones en el rostro—y comprobó que estaba siendo torturado. El nada le decía, para no preocuparla, pero en una ocasión le entregó un chaleco para que lo lavara. Al sumergirlo, el agua se tiñó. Fue ejecutado por la Caravana de la Muerte, su cuerpo no apareció en el hallazgo de la fosa común clandestina y hasta hoy día se encuentra desaparecido.

 

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LA AMNESIA TEMPORAL DE LOS COBARDES. Caravana de la Muerte Capítulo Copiapó.

LA AMNESIA TEMPORAL DE LOS COBARDES. Caravana de la Muerte Capítulo Copiapó.

“… A Copiapó llegó el helicóptero Puma el mismo día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 20.00 horas. Estuvo allí hasta la mañana del 18 de octubre. El trágico resultado de su estadía en la ciudad fueron dieciséis víctimas. Durante muchos años, el general Sergio Arellano sostuvo que su misión en Copiapó consistió en verificar el fusilamiento de tres prisioneros que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra (García, Tapia y Castillo). Aún no había llegado a la ciudad, dijo al juez Guzmán, "cuando fueron fusilados los trece prisioneros de Copiapó, yo no me encontraba en la ciudad". "Sea cual sea la fecha, estoy convencido de que en este caso no hubo participación de los miembros de mi grupo militar".

El teniente (R) Vidal Aller destruyó la mentira de Arellano Stark cuando dijo al Juez Guzmán que, desde La Serena, le avisaron que venía a Copiapó el helicóptero con el general Arellano a bordo.. Se lo comunicó de inmediato al comandante Haag, "quien no le dio mucha importancia, me comentó que dicho helicóptero pasaría directo a Antofagasta, ya que en su concepto Copiapó no era tan importante»

Poco después, un sargento de guardia le avisó que se aproximaba el Puma: "Le ordené al sargento que rodeara al helicóptero cuando se posara en tierra con unos quince hombres que tenía a disposición en esos momentos. Una vez que el helicóptero se posó en tierra, recuerdo que el primero en bajar fue el teniente Armando Fernández Larios, quien venía con tenida de combate, con corvos, granadas, etcétera.

Y cuando Arellano tuvo enfrente al comandante Haag, "lo reprimió por la forma en que vestía, añadiendo que el país estaba en guerra, razón por la cual le ordenó que se cambiara de ropa".

El coronel Haag se cambió su ropa por tenida de combate. Luego, en la comandancia, se reunieron el general Arellano con el comandante Haag, los oficiales de la comitiva Arredondo y Moren, así como el capitán Brito del regimiento de Copiapó. Luego, aseguró Vidal Aller al juez, "el general Arellano pidió todas las carpetas de la gente que estaba detenida tanto en la unidad como en la cárcel de Copiapó. Luego de estar reunidos dos a tres horas, bajó el capitán Brito con las carpetas que había estudiado el general Arellano y de las cuales se separaron trece, relacionadas con las personas que finalmente masacraron".

"Al final de la reunión, el general Arellano entregó la lista que había recibido de parte de la Fiscalía con los nombres de todos los detenidos que se encontraban en el regimiento y en la cárcel local —alrededor de setenta—en la que había marcado el nombre de trece personas, ordenando que debían ser fusiladas a la brevedad. Estas personas fueron ejecutadas estando con sumarios pendientes porque la orden del general no podía dejar de cumplirse, dada la alta investidura que éste tenía".

Trece prisioneros, ¿y los otros tres? El coronel Haag dijo al juez que, en esa misma reunión, el general Arellano examinó los expedientes de los tres funcionarios del mineral El Salvador. Porque García, Tapia y Gastillo habían sido juzgados por un consejo de guerra, el que propuso pena de muerte para los tres. El caso estaba siendo revisado por Haag, pero el general le ordenó al asesor jurídico, abogado Daniel Rojas Hidalgo, que cerrara la causa y preparara el documento para firmar el cúmplase de la sentencia al día siguiente.

 Fueron enterrados "no como personas, ni siquiera como animales; a un perro se le da mejor sepultura".

¿Quiénes fueron las trece víctimas de ese primer "ajusticiamiento militar?"

• Raúl Larravide López, 21 años, estudiante de Ingeniería de Minas en la Universidad Técnica del Estado (sede Copiapó). Militante del MIR. Fue arrestado dentro de la universidad al día siguiente del golpe.

• Winston Cabello Bravo, 28 años, ingeniero comercial, jefe provincial de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplán), militante del Partido Socialista y Militante del MIR. Fue arrestado en su lugar de trabajo, la Intendencia, al día siguiente del golpe militar. Al terminar la reunión del comandante Haag con los directores de servicios públicos, el militar lo retuvo en la sala diciéndole que su jeep "había sido visto en maniobras sospechosas". Fue el primer preso político de la zona.

• Adolfo Palleras Norambuena, 27 años, comerciante, dirigente poblacional y militante del MIR. No se presentó al llamado del bando militar. Fue detenido dos días antes de la masacre de Copiapó.

• Manuel Cortázar Hernández, 19 años, hijo único, estudiante, presidía el centro de alumnos del Liceo de Hombres. Militaba en el MIR. Fue llamado a través de un bando militar y se presentó voluntariamente una semana después del golpe. Sus compañeros lo recuerdan como "uno de los más alegres, siempre levantaba el ánimo a los otros".

• Edwin Ricardo Mancilla Hess, 21 años, estudiante de Pedagogía, presidente del centro de alumnos, secretario regional del MIR. Fue detenido en su casa dos días antes de la llegada del general Arellano a Copiapó.

• Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez, 24 años, estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estado (sede Copiapó), militante del MIR. Fue detenido, en la residencial universitaria donde vivía, tres días antes de la masacre de Copiapó.

• Agapito Carvajal González, 32 años, funcionario público, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa.

• Fernando Carvajal González, 30 años, empleado, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa once días después del golpe militar. Los apellidos indican que sería hermano de la víctima anterior.

• Alfonso Gamboa Farías, 35 años, periodista y profesor, director de Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa, cuatro días después del golpe.

• Raúl Guardia Olivares, 23 años, funcionario público, militante socialista. Detenido en la localidad de Caldera.

• Leonello Vincenti Cartagena, 33 años, profesor de Física, secretario regional del Partido Socialista. Varias declaraciones coinciden en señalar que fue asesinado al interior del regimiento, momentos antes de que los prisioneros fueran sacados de allí para luego sumarse al grupo que fue sacado de la cárcel.

• Pedro Pérez Flores, 29 años, ingeniero en minas, profesor de la Universidad Técnica del Estado, dirigente del Partido Socialista. Fue detenido, mientras hacía clases, dos semanas después del golpe. Casado, dos hijos. Su esposa trabajaba como secretaria en Radio Atacama, fue detenida y condenada a cinco años de presidio por un consejo de guerra. El año 76 se le conmutó la pena por exilio.

• Jaime Sierra Castillo, 27 años, locutor de Radio Atacama, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su casa nueve días después del golpe militar. 

¿Quiénes eran los tres prisioneros de El Salvador, quienes aún permanecen desaparecidos?

• Ricardo García Posada, 43 años, ingeniero y economista, funcionario de la CEPAL (organismo de la ONU) y gerente general de Cobresal (minera estatal de El Salvador). Militaba en el Partido Comunista. Casado, dos hijos. Al día siguiente del golpe militar, hizo entrega oficial de las instalaciones de la mina al ingeniero más antiguo y se presentó voluntariamente al recinto policial más cercano, en Potrerillos. Quedó bajo arresto domiciliario por dos días y luego fue trasladado a la cárcel de Copiapó.

• Benito Tapia Tapia, 31 años, empleado de Cobresal, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Si bien el Informe Rettig lo identificó como miembro del comité central de la Juventud Socialista, su esposa —María Lía Carvajal—dijo al juez que Benito había sido candidato a diputado por el Partido Comunista. Fue detenido una semana después del golpe en El Salvador y luego conducido a Copiapó.

• Maguindo Castillo Andrade, 40 años, casado, una hija, empleado de Cobresal, dirigente sindical, militaba en el Partido Socialista. Se presentó voluntariamente en la comisaría de Potrerillos, al ser llamado por un bando militar. Fue dejado en libertad. Tres días después fue arrestado mientras caminaba por una calle de El Salvador y trasladado a Copiapó. Su esposa Laureana Honores relató al juez que pudo verlo varias veces —manos hinchadas, moretones en el rostro—y comprobó que estaba siendo torturado. El nada le decía, para no preocuparla, pero en una ocasión le entregó un chaleco para que lo lavara. Al sumergirlo, el agua se tiñó con la sangre.

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LA MEMORIA... A ELLOS SE LES VÁ. A NOSOTROS NOS ACOMPAÑA. Caravana de la Muerte - San Javier

La perdida de la memoria temporal o la pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales es un privilegio de los criminales y de sus cómplices.

Los familiares de las víctimas, sus amigos, sus compañeros, y todo el pueblo ofendido por el crimen cometido con uno de nosotros, por el contrario, no podemos darle paso a esos males, porque hay que tener lucidez para seguir luchando por la justicia, por la verdad, por la memoria y por la reparación de nuestras vidas y de nuestra sociedad destruida.

 

Arellano Stark tiene Alzheimer desde que fue condenado a seis años de presidio efectivo por el homicidio calificado de cuatro jóvenes de San Javier, en la causa Caravana de la Muerte, en octubre del 2008.

  «Es absolutamente evidente que, cuando se dicta una condena contra una persona de 88 años por hechos ocurridos hace 35, quien la recibe no puede estar en condiciones de asumirla adecuadamente »

Claudio Arellano, abogado defensor e hijo del ex jefe del escuadrón militar

Las víctimas de este crimen son:

• Teófilo ARCE TOLOSA, 26 años, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), detenido en su domicilio el 12 de septiembre de 1973, por efectivos de Investigaciones de San Javier.

• José SEPULVEDA BAEZA, 22 años, estudiante universitario. Detenido el 12 de septiembre de 1973, en su domicilio, por efectivos de Investigaciones de San Javier.

 

• Mauricio GONZALEZ NORAMBUENA, 20 años, Jefe local de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). Detenido por efectivos de Investigaciones de San Javier el 13 de septiembre de 1973.

 

• Segundo SANDOVAL GOMEZ, 19 años, estudiante de enseñanza media, detenido el 13 de septiembre de 1973 por efectivos de Investigaciones de San Javier.

 

 

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Es una mentira del porte de una Catedral que no sabían lo que estaba pasando en la Dictadura de Pinochet

6 de Septiembre de 2013

Milton Juica, ministro de la Suprema, y el mea culpa judicial por DD.HH.:

“Es una mentira del porte de una catedral los que dicen que no sabían lo que estaba pasando”

El magistrado, quien culminó con la investigación judicial del 'caso Degollados', entra en el tema de las culpas de la Justicia que hoy se abordará en el Pleno de la Suprema. “Mucha gente tenía miedo, para otros les era indiferente, otros creían que era bueno que pasara y otros estaban convencidos que la represión debía ser más fuerte aún”, señala. Y cree, eso sí, que ahora se ha avanzado tanto que “si Pinochet estuviera vivo, seguramente estaría condenado”.

por Marcela Jiménez

 

http://www.elmostrador.cl/pais/2013/09/06/es-una-mentira-del-porte-de-una-catedral-los-que-dicen-que-no-sabian-lo-que-estaba-pasando/

 

 

 

 

El Presidente Sebastián Piñera en una entrevista el fin de semana pasado, fustigó a los tribunales de justicia por su papel en la dictadura: “Hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas”. Una deuda que sigue latente, porque la judicatura de esos años no defendió a las personas detenidas, torturadas o asesinadas. Por lo mismo, y en un gesto no menor, la Asociación de Magistrados ayer pidió perdón “a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena” porque, en su mayoría, los jueces —durante los 17 años de represión— miraron para el techo. Es más, en el pleno de hoy el máximo tribunal analizará la declaración y emplazamiento que les hicieron los magistrados en este tema.
Pero no todos los jueces hicieron oídos sordos. El ministro Milton Juica tuvo en sus manos dos causas emblemáticas —el ‘caso Degollados’ y Operación Albania— y siempre ha tenido una visión crítica de lo que hizo la mayoría de sus pares en dictadura, lo que le valió el veto de la derecha en 1998 para ascender a la Corte Suprema, el cual logró romper el 2001 y ser, incluso, presidente del máximo tribunal.
A la hora de los balances por los 40 años del Golpe Militar, su análisis es certero: “Al poco tiempo era clarísimo que había una represión total, que había detenciones totalmente ilegales, una tortura permanente (…) los tribunales consultaban al Ministerio del Interior, éste decía que la persona no estaba detenida y si lo estaba, que era en virtud del estado de sitio. Bastaba ese informe para aceptar que era así”.
-¿Cree que la ciudadanía perdonó al Poder Judicial?
-No es un problema de perdón, sino de críticas más que justificadas. Esperaban que sus derechos fundamentales fueran mejor asegurados y no lo obtuvieron. A las autoridades no se les perdona, se les critica y juzga por lo que hicieron y no hicieron y, en la época más difícil de la dictadura, la gente no tuvo tutela judicial en la defensa de sus derechos fundamentales. Aquí hay mucha gente que dice que no sabía lo que estaba pasando y eso es una mentira del porte de una catedral. Todas las personas que vivieron en esos años, sobre los 15, 16, 18 años, sabían perfectamente que se estaba viviendo una situación atroz. Una persona medianamente informada, con discernimiento, no podía ignorar lo que estaba sucediendo.
-¿Se refiere a nivel país o solamente al Poder Judicial?
-¡A todos! No sólo al Poder Judicial. Nadie puede decir que esto de los desaparecidos era mentira, que las torturas eran mentira, que las casas de seguridad eran mentira, una persona mínimamente informada estaba consciente de lo que pasaba. Lo que sucede es que mucha gente tenía miedo, para otros les era indiferente, otros creían que era bueno que pasara y otros estaban convencidos que la represión debía ser más fuerte aún. Tengo un documento, que siempre lo he guardado (toma una carpeta de su escritorio, la revisa y saca un papel) ¡es brutal!, es del año ‘78, la declaración del comité permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, dice: “Lamentamos tener que decir que hemos llegado a la convicción de que muchos, sino todos los detenidos desaparecidos, han muerto al margen de toda ley”. A mí me parecía que había que actuar y eso era investigando.

En la medida que los tribunales están ejerciendo sus funciones en esas causa, no hay impunidad. Eso no significa que todas vayan a tener un resultado positivo, nadie puede asegurar una sentencia ganada.

-¿Hubo mucha frustración por las trabas para avanzar en las causas?
-Asumí la causa de los degollados que llevaba el ministro (José) Cánovas que había jubilado, dije que iba a poner todas mis capacidades en el conocimiento de los hechos, investigué todo lo que pude, hice todo lo que pude y hubo un buen resultado. En la investigación que hizo Carlos Cerda hubo probablemente una gran frustración, todo lo que había hecho le fue dejado sin efecto por los tribunales de la época, pero sirvió de fuente para muchos procesos y ministros en visita, porque era un expediente que determinó comportamientos y nombres. Después aparece Sergio Muñoz que hace una investigación extraordinaria y remece todo.
-Por los 40 años del Golpe los mea culpa están a la orden del día en todos los sectores…
-Estos mea culpa debieron haberse producido mucho  antes, dicen ahora lo que debieron haber creído 20 o 30 años atrás.
-¿Ha habido justicia y verdad o hay una tarea pendiente?
-Todavía hay casos que están en investigación, pero que existan tareas pendientes no significa que haya un cierto grado de impunidad. El tiempo es muy delicado en materia penal, pero es importante para llegar a la verdad. Hay una conducta permanente de la jurisdicción actual de llegar hasta los últimos resultados y sancionar a quienes deben serlo. El Poder Judicial actual ha tenido mejores resultados que cualquier otro país de la región en materia de DD.HH.
-A veces parece más una respuesta para salir de las críticas…
-Casi todos los países de América Latina tuvieron una dictadura y una política de exterminio. Aquí no ha habido ánimo para perdonar legislativamente, los tribunales han considerado que los principios de DD.HH. establecidos en Tratados Internacionales rigen y, por lo tanto, su afán de investigación, de descubrir la verdad, de sancionar a los responsables se ha mantenido. Tenemos 29 ministros en visita, 216 sentencias se han dictado y 143 con sentencia ejecutoriada.
-¿No hay impunidad entonces?
-En la medida que los tribunales están ejerciendo sus funciones en esas causa, no hay impunidad. Eso no significa que todas vayan a tener un resultado positivo, nadie puede asegurar una sentencia ganada.
-¿Y la sensación colectiva de que no se ha castigado a los culpables se debe a que Augusto Pinochet murió sin ser condenado?
-Sólo en un caso demostró que estaba en situación mental —la demencia subcortical— y se le aceptó el sobreseimiento, pero murió con causas pendientes, porque con posterioridad empezó a demostrar que, a pesar de haber sido declarado inimputable, se comportaba como una persona con plena capacidad mental, con actividades de una persona normal, por lo que en los siguientes procesamientos no hubo esa clemencia. Él estaba procesado cuando murió y si estuviera vivo, seguramente estaría condenado.

TIRA Y AFLOJA

-Usted lo vivió ¿Está vigente el veto de la derecha a los jueces de causas de DD.HH.?
-Encuentro la expresión veto muy fuerte. La oportunidad que tiene el Senado de hacer el análisis sobre la idoneidad de un ministro es válida, lo que me parece tergiversa el sentido constitucional es que se consideren las razones de un tribunal para decidir sobre un conflicto. Eso entra en lo más importante que tiene un juez, su independencia, significa que el ministro supremo futuro tiene que pensar muy bien lo que va a resolver para no enemistarse y eso es lo grave.
-Algunos casos…
-¡El mío! Fui el primer caso en que se rechazó la designación del Presidente, en circunstancia que no había ningún reproche de mi conducta moral ni profesional, reunía todos los requisitos, no había ningún pero en mi carrera. Es lícito que haya presumido que se tuvo en consideración la manera como yo enfrentaba el derecho, especialmente en la protección de las garantías constitucionales.
-Y eso sigue vigente…
-Ahí están los casos de Carlos Cerda y Alfredo Pfeiffer, se les rechazó por su manera de entender el derecho, esa es la realidad.
-En la Corte Suprema hay quienes critican que el Senado esté involucrado en la designación…
-Los nombramientos siempre han sido complejos. Siempre se utilizó el sistema mixto, previsto para Presidentes que duraban seis años y así se podían producir hipotéticamente los equilibrios ideológicos. Cuando se planteó la modificación la Corte informó que no debía alterarse el sistema, porque podía haber politización.
-Este año el tema de los ascensos ha sido complejo…
-Todos los gobiernos se han demorado y hay demora porque, al final, tiene que haber un acuerdo político. Cuando se producen divergencias de carácter político pueden verse afectados quienes tienen una mayor relevancia jurídica respecto de quienes no tienen ninguna, porque crean menos problemas. Lo que me preocupa es que por este tira y afloja alguien que está en el mismo grado, en el mismo merecimiento, se le prive de ascender por una cuestión contingente.
-El presidente Piñera tiene una quina que tiene el nombre del juez Cerda nuevamente ¿hay un clima más favorable para su ascenso?
-No quiero dar una opinión, no me parece prudente. Solamente diré que todas las personas que están en una quina, si fue propuesta por la Corte Suprema, es merecedora de ocupar el cargo que está vacante.
-¿Comparte la idea que el compromiso absoluto de los jueces con la defensa de los DD.HH. sea requisito para ascender a la Suprema?
-No voy a cometer la imprudencia de decir que un colega está equivocado y espero que también me consideren a mí como opinión válida. La idoneidad moral de las personas es lo que interesa, pero puntos de vista tenemos todos y en materia de DD.HH. hay reglas básicas fundamentales que recoge el derecho internacional, que son superiores a cualquier opinión.
-¿Y si un juez denegó justicia?
-Habría que ver si lo hizo o no. La denegación de justicia es no hacer justicia, no hacer nada, pero si conociendo un  asunto resuelve de una manera determinada, no está denegando justicia, sino que aplicando lo que cree que es la justicia.

 

 

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Kissinger y Edwards deberían dar una disculpa juntos por el Golpe Militar en Chile.

 

 

Ha desclasificado unos 20 mil documentos secretos de la CIA

Investigador estadounidense Peter Kornbluh y el Golpe Militar: “Kissinger y Edwards deberían dar una disculpa juntos”

El académico de la Universidad de George Washington, autor de "The Pinochet File", elegido en 2003 por Los Angeles Times como "libro del año, dirige la sección Chile del National Security Archive. Dará una charla hoy en el GAM acerca del imperialismo informacional, en el que tratará los temas de los documentos desclasificados sobre el golpe en Chile y la necesidad de que otros países abran sus archivos secretos.

 

por Marco Fajardo
http://www.elmostrador.cl/cultura/2013/09/03/escritor-estadounidense-peter-kornbluh-kissinger-y-edwards-deberian-dar-una-disculpa-juntos/
 

 

La publicación en el año 2003 de “The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability” (The New Press; en español, “Pinochet: los archivos secretos”, 2004) en Estados Unidos fue aclamada por distintos medios periodísticos, tales como The New York Times y Newsweek, e incluso Los Angeles Times lo eligió como “libro del año. La buena recepción radicó 

en que la publicación contribuía a aclarar el nefasto papel cumplido por Henry Kissinger en el derrocamiento de la democracia chilena y sirvió para recrear un sórdido capítulo en la historia norteamericana concerniente a la guerra fría. Además puso en evidencia hasta dónde el gobierno estadounidense fue capaz de ir en su lucha mundial contra el comunismo. Pero según Kornbluh, EE. UU. no estaba solo…

Es hora de que países como Brasil –que colaboró activamente con el golpe de 1973–, pero también otros como Inglaterra, Australia, Canadá, Rusia y Cuba abran sus archivos para saber exactamente qué pasó hace cuarenta años, señala el investigador estadounidense Peter Kornbluh, cuya organización National Security Archive, asociada a la Universidad George Washington, ha impulsado la desclasificación de más de 20 mil documentos vinculados al tema en los últimos 15 años.

“Si podemos encontrar y centralizar los archivos de estos otros actores internacionales, podremos completar el mosaico de la historia” de la dictadura chilena, dice. “El golpe chileno es un símbolo universal de la antidemocracia, un evento histórico que no debemos dejar de conocer, investigar y estudiar”.

Kornbluh dará hoy la charla “El imperialismo informacional: los documentos desclasificados de Estados Unidos sobre el golpe en Chile y la necesidad de abrir los archivos internacionales” en el marco del seminario “A 40 años del golpe de Estado en Chile. Usos y abusos de la historia” en el GAM.

“Hoy, diez años después, vemos la posibilidad de encontrar otros archivos y saber a otro nivel la historia del golpe de Chile”, afirma. “Sólo tener los documentos norteamericanos deja la impresión de que Estados Unidos era el único actor externo en el proceso chileno, y la verdad es que había otros, especialmente Brasil”, señala el investigador.

El investigador recuerda que el dictador brasileño Emílio Garrastazu Médici se reunió con el presidente Richard Nixon en diciembre de 1971. Cuando Nixon le preguntó qué hacer con Allende, el brasileño le respondió que caería igual que Joao Goulart en 1964 y que “ya estaba trabajando con los generales chilenos” para ello, dice Kornbluh. Añade que Brasil tenía su propia agenda y sus propios intereses, más allá de EE.UU. “No quería tener un modelo Allende en Uruguay, por eso intervinieron allí en (las elecciones) de 1971”.

Kornbluh también apunta a la importancia de los archivos chilenos, que el periodista Mauricio Weibel y otros han hallado en diversos ministerios en nuestro país. “Obviamente se dice que no hay documentos militares de la DINA, pero sí hay. Hay que encontrarlos y juntarlos para que los chilenos tengan su propio archivo para estudiar”.

Este investigador estadounidense ya había venido para el trigésimo aniversario del golpe en 2003 y diez años después ve una gran diferencia en el ambiente. “Hay aún más difusión y más actos, y obviamente un impacto político que vemos en el tema de (el senador Hernán) Larraín, el escándalo del general (Juan Emilio) Cheyre o la presión sobre la candidata Evelyn (Matthei) para rechazar el golpe. Es algo impresionante”.

Peter Kornbluh
Foto: Javier Liaño

Kissinger y Edwards

Kornbluh también volvió a destacar el papel central del entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger en el golpe.

“Es la persona individual más responsable en el mundo de la política de intervención contra Allende y de apoyar a Pinochet, sin importar su grado de violencia y terrorismo. Otros miembros del Departamento de Estado preferían coexistir con Allende, pero Kissinger en persona fue a hablar con Nixon y advertir sobre la amenaza que representaba Allende y su elección” por su calidad de precedente.

“Kissinger también habló de la necesidad de asegurar que el gobierno de Allende fracasara para que no lo imitaran otros países latinoamericanos o Europa, como Italia. Para él, una imitación del experimento chileno –la elección democrática de un marxista– podía alterar el equilibrio mundial”, según los documentos descubiertos por Kornbluh.

Aunque la familia del asesinado jefe del ejército chileno René Schneider demandó a Kissinger en 2001 en EE.UU por su implicación en la muerte del general, en 2006 la Corte Suprema de ese país determinó que su responsabilidad era política, no legal.

“Kissinger y Agustín Edwards deberían reunirse y dar una disculpa juntos”, añade, en alusión al papel de instigador del golpe del dueño de El Mercurio.

“La evidencia es clara. Agustín Edwards fue una de las personas más involucradas como conspirador y colaborador de la CIA y los militares. Tenemos los documentos desclasificados para probarlo”, dice.

Kornbluh alude a un memorándum secreto del director (Richard Helms) de la CIA sobre una reunión en el Ambassador Hotel el 16 de septiembre de 1970. “Sabemos que es Edwards, porque es la descripción de cómo él llegó a tener la reunión y tenemos todos los documentos de esta reunión con Edwards, de Kissinger con Edwards, y de (el fiscal) John Mitchell con Edwards. Tenemos el documento de Kissinger llamando a Helms diciendo: ‘Hay que hablar con Edwards”.

“Lo importante de este documento, que no ha sido muy analizado aquí en Chile, es que Edwards habla mal de la idea de una intervención encubierta para comprar votos en el Congreso (antes de la ratificación de Allende). Dice: ‘No es posible, hay muchos riesgos, puede no funcionar, ¿y qué va a pasar entonces? El tipo va a ser presidente. Si pagan a los congresistas, ellos pueden decir algo y va a haber protestas en la calle, y el aliado de ustedes, (el general) Roberto Viaux realmente no tiene mucho apoyo’. Entonces empiezan a hablar con el director Helms sobre una posible acción militar en octubre. El memorándum termina con una pregunta de Edwards: ‘¿Podemos arriesgar que el plan de (Jorge) Alessandri funcione?’. Obviamente Edwards está impulsando la vía militar”.

 

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