Noticia N° 1 del Día del Detenido Desaparecido 2009

Domingo 30 de agosto de 2009 Por Jorge Escalante / La Nación Domingo

Ex agentes, algunos procesados, reciben sueldo del Ejército

 

 

La DINA a honorarios

Entre ellos, hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. También un ex fiscal militar que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile.

El fantasma de los crímenes de la DINA y la CNI revive en las planillas de funcionarios a honorarios del Ejército. En la lista, actualizada a 2009 por la misma institución castrense, figuran ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, algunos actualmente procesados. También un médico torturador expulsado del colegio de la orden en 1987 y un ex fiscal militar acusado de falsear documentación para proteger a los asesinos del diplomático chileno-español Carmelo Soria. Además, aparece el ex agente de la inteligencia del Ejército que sacó clandestinamente de Chile al químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de ellos es un viejo estandarte de la elite que rodeó a Manuel Contreras en el cuartel general de calle Belgrano 11: el coronel (R) Hugo "Cacho" Acevedo Godoy, ayudante del capo de la DINA. Número cinco en la lista de agentes de la CNI que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz en el marco de la investigación del crimen de Tucapel Jiménez, Acevedo está casado con la "Dama del Pentotal", la enfermera-agente Carlota Bolumburu Taboada, quien mató prisioneros en la Clínica Santa Lucía inyectandoles sobredosis de pentotal. "Yo fui de la Brigada Rengo, una unidad de seguridad en la DINA que estaba al mando del entonces capitán Christoph Willikie Flöl (condenado por el crimen del general Carlos Prats). Después, en 1977, fui parte de la seguridad personal de mi general Augusto Pinochet", le dijo el "Cacho" al juez Alejandro Madrid en el proceso por el crimen del cabo agente Manuel Leyton. Amante de la historia, Acevedo recurrió a la batalla de La Concepción para escoger las chapas de dos militantes del MIR y otra de militancia socialista que se convirtieron en agentes: Marcia Merino Vega, María Uribe Gómez y Luz Arce Sandoval asumieron los nombres de Marta Vergara, Gloria Vilches y Ana María Vergara, mujeres que participaron en ese combate de la Guerra del Pacífico. Acevedo tiene un contrato a honorarios vigente de $751.259 mensuales por "asesoría para administración del predio militar Casas Viejas de Chena". El médico y coronel (R) Guido Díaz Paci es otro de los "beneficiados" por la rama castrense con fondos fiscales. Participó en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena el 16 de octubre de 1973, fecha en que 15 prisioneros fueron ejecutados. Esa tarde, después de la masacre, Díaz acomodó los cuerpos, les quitó los efectos personales de los bolsillos y con su informe médico formó parte del encubrimiento de la matanza, que quedó registrada oficialmente como el cumplimiento de una "sentencia de un tribunal militar", según informó el entonces teniente Juan Emilio Cheyre al diario El Día de La Serena. Díaz Paci pasó más tarde del montaje a la acción y torturó prisioneros en el regimiento Arica de La Serena. Una de sus víctimas allí fue la prisionera Margarita V.C. "Tenía cinco meses de embarazo y aborté por las torturas. Entre mis torturadores reconocí al siquiatra Carlos Andreu Albornoz y al médico del regimiento Arica de La Serena y del Hospital de La Serena, Guido Díaz Paci. Fui violada, me pusieron ratas y arañas en la vagina, y me inyectaban pentotal", dijo la ex prisionera a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), declaración consignada en el informe Testimonios de la Tortura en Chile, publicado por esta organización en diciembre de 2003. En octubre de 1987, el Colegio Médico expulsó de sus filas a Díaz Paci por su participación, en complicidad con la CNI, en el falseamiento de antecedentes sobre el estado de salud del transportista democratacristiano de La Serena, Mario Fernández López, quien, producto de las torturas, había fallecido en el Hospital de La Serena en octubre de 1984. Díaz Paci tiene un contrato a honorarios vigente de $400.000 mensuales por "atención médica al personal activo, pasivo, y familiares". Hasta ahora, este médico no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad. Jefe de "Leopardo" El coronel (R) Sergio Castillo González recibe actualmente $1.205.298 mensuales del Ejército por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera profesional". Es parte de los ingresos que recauda este integrante del equipo de oficiales instructores que entre noviembre y diciembre de 1973 conformó el primer contingente de agentes de la naciente DINA en Rocas de Santo Domingo. El ex agente Nibaldo Jiménez Castañeda, parte de ese primer contingente, recordó en el proceso por los desaparecidos de la Operación Colombo que en enero de 1974 "llegamos al cuartel de Londres 38 con un grupo de 20 agentes al mando del capitán Sergio Castillo González". Otro ex agente, Fernando Guerra Guajardo, declaró que "en septiembre de 1974 fuimos destinados al cuartel de calle Irán con Los Plátanos (Ñuñoa, conocido como Venda Sexy) y en marzo-abril de 1975 al de José Domingo Cañas (Ñuñoa), al que se trasladaron los grupos Ciervo y Leopardo de la Brigada Purén". Castillo González comandó justamente el grupo Leopardo. "Dentro de la Brigada Purén estuvo el Grupo Leopardo a cargo del entonces capitán Castillo", reconoció el ex agente Guido Jara Brevis. Castillo operó codo a codo con el temido Marcelo Moren Brito, conocido como "El Ronco", en Londres 38. Allí, según relató Nibaldo Jiménez, quien trabajó en Leopardo bajo el mando de Sergio Castillo, "una de nuestras misiones fue trasladar detenidos al regimiento de Tejas Verdes". En esos "traslados" desaparecieron decenas de detenidos. Sus cuerpos fueron lanzados al mar. En diciembre de 2005, ante el juez Juan Fuentes Belmar, el coronel (R) Castillo González admitió su calidad de agente DINA. El ex jefe de Leopardo fue procesado en mayo de 2008 por el juez Víctor Montiglio como uno de los autores de los secuestros y desapariciones de las víctimas de la Operación Colombo (caso de los 119): Jaime Buzio Lorca (PC), Rodolfo Espejo Gómez (PS), y Albano Fioraso Chau (MIR), todos desaparecidos desde el cuartel de Londres 38 en 1974. El fiscal Cea Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, recibe honorarios por $677.222 mensuales del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar". El profesor Cea presentó un particular currículum en la casa de estudios vinculada al grupo Penta, compuesto por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. En 1993, la magistrada Violeta Guzmán reinició la investigación por el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén en 1976. Antes de que la Corte Suprema traspasara el proceso a la justicia militar, el suboficial integrante de esa brigada, Remigio Ríos San Martín, alcanzó a declarar que Soria fue asesinado por ese grupo. Incluso dio los nombres. Sin embargo, una vez que la causa pasó a la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, precisamente a cargo del coronel de Justicia y fiscal Sergio Cea Cienfuegos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) inició una ofensiva para trabar el proceso. No sólo intentó convencer al suboficial de que se desdijera presionándolo con su familia y regalandole además una camioneta, sino que también instó al fiscal Cea a que falseara algunas declaraciones y falsificara la firma de Ríos y de otros que tomaron parte o supieron del operativo para matar a Soria y habían decidido aportar información. Cea, junto a sus secretarios Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez, fueron parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la DINE, bajo el mando de su jefe, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela. El brigadier Jaime Lepe Orellana, uno de los autores del crimen de Soria y por ese entonces secretario del dictador Augusto Pinochet, tuvo activa participación en esa operación. Pese a lo anterior, la Corte Suprema amnistió la causa por el homicidio de Soria en agosto de 1996. Pero el 19 de enero de 2009, el juez Alejandro Madrid -quien instruye el proceso por el asesinato del químico DINA, Eugenio Berríos, y además investiga los nuevos antecedentes del caso Soria- procesó al ahora ex fiscal Cea, junto a Lepe Orellana, como coautores del delito de falsificación de instrumento público. Sus dos secretarios fueron encausados como cómplices de ese ilícito. Sergio Lautaro Cea Cienfuegos sigue con sus clases en una de las llamadas de universidades "cota mil", enclavada en San Carlos de Apoquindo. La misma institución en que imparte conocimientos Joaquín Lavín y sus principales samurái. Un Iturriaga en Mulchén Los hermanos Iturriaga Neumann fueron fieros agentes. Raúl Eduardo -jefe de la Brigada Purén y del departamento exterior de DINA- y Jorge Enrique están condenados por el doble crimen del general Carlos Prats y su esposa. Un tercer miembro del clan, Alfredo Patricio, fue también agente de la Brigada Mulchén. "Los miembros de esa unidad éramos Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé y Patricio Quilhot Palma", declaró Alfredo Iturriaga Neumann al juez Alejandro Madrid. Aunque desconoció el nombre de Brigada Mulchén y dijo que el grupo recibía el elegante nombre de "Unidad de Seguridad Adelantada del general Pinochet", en su declaración agregó que "esa unidad formaba parte de la DINA". Los nombrados precisamente integraban Mulchén, además de Jaime Lepe. En todo caso, su pertenencia a esta grupo, que operó en coordinación con Michael Townley y Eugenio Berríos, con el gas sarín y otros elementos químicos letales, está acreditada en el proceso por el crimen de Carmelo Soria y en las otras causas que instruye Madrid. Boina negra y comando, símbolo de la elite de los órganos de represión de la dictadura, Alfredo Iturriaga Neumann forma parte de la plantilla vigente de funcionarios a honorarios del Ejército, recibiendo mensualmente un sueldo de $700.000, como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre". Pablo Rodríguez Márquez -procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la justicia en el caso Berríos- también aparece en la planilla de funcionarios a honorarios del Ejército. El 26 de octubre de 1991, el teniente Rodríguez sacó de Chile al químico Eugenio Berríos clandestino a Uruguay, con la identidad falsa de "Manuel Morales Jara". En febrero de 1990, Rodríguez había pasado desde la CNI a la DINE. Allí integró la Unidad de Operaciones Especiales, disfrazada pomposamente como Unidad de Asesoría de Análisis. Esta repartición, con fondos reservados aportados por Pinochet, obstruyó la tarea de los jueces que investigaban los crímenes de la dictadura.La unidad sacó también de Chile a los agentes Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza con destino a Argentina y Uruguay. En Montevideo, Rodríguez fue uno de los principales participantes y articuladores en mantener a Berríos bajo secuestro. Poco antes, el 10 de septiembre de 1991, salió a Argentina en busca de un pasaporte falso. Dos días después, regresó a Santiago "estrenando" el nombre de "Mauricio Gómez", con el que Herrera fue sacado siete días después para sustraerlo del proceso por el crimen de Tucapel Jiménez. Hoy, Pablo Rodríguez Márquez recibe del Ejército un honorario mensual de $700.000, como "asesor de la sección preparación de la fuerza". Consultado telefónicamente el Ejército por LND, no hubo respuesta en el Departamento Comunicacional de la institución. Tampoco se recibió una opinión a la consulta hecha a través del correo electrónico de relaciones públicas. //LND investigacion@lanacion.cl

Familiares: “Vergüenza nacional" Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, que el Ejército esté financiando con fondos “de todos los chilenos” a ex agentes que cometieron crímenes durante la dictadura “es una vergüenza nacional y una afrenta al pueblo chileno, pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos”. Agrega que “esto prueba que el Ejército no se ha desvinculado de estos criminales. No podemos seguir soportando tanta complicidad. Gracias a la Ley de Transparencia, se ha conocido esta lista de gente a honorarios, pero quién sabe cuántos más de estos mismos sujetos estarán siendo pagados con fondos públicos, puesto que la lista del personal a contrata del Ejército aparece como reservada, amparada en el Código de Justicia Militar”. Carmen Soria, hija del diplomático chileno-español asesinado por la Brigada Mulchén, sostiene que “esto es una vergüenza que debe ser denunciada internacionalmente. Es sencillamente un doble estándar, porque, mientras nos hablan de respetar los derechos humanos y hacer justicia, el Ejército sigue financiando a estos criminales”. Soria adelanta que demandará al gobierno que obligue al Ejército a poner fin de inmediato a los contratos de estas personas. “Yo también estoy ayudando a pagar sus sueldos, mientras hay miles de exonerados políticos que hoy están en la miseria. Esto lo voy a poner en conocimiento de las autoridades de España para que presenten este hecho al gobierno chileno”, señala. Roberto D’Orival, integrante del Colectivo 119, que agrupa a los familiares de las 119 víctimas de la Operación Colombo, perdió a su hermano Jorge en ese operativo. Al tanto de esta irregularidad, afirma que “esto es algo inmoral que pone en cuestión la democracia chilena, pues se supone que la dictadura llegó a su fin, pero vemos que el Estado de Chile sigue financiando a los violadores de derechos humanos. Como colectivo vamos a exigir explicaciones al Ministerio de Defensa”.

La fortuna de la familia Pinochet provendría del tráfico de armas y de drogas

Según la publicación británica la fortuna de la familia Pinochet estaría distribuida en cuentas secretas de varios territorios de Reino Unido y ascendería a 1.500 millones de dólares.

Internacionales YVKE

Martes, 25 de Ago de 2009. 12:22 pm

La publicación del diario británico The Independent que denuncia que el fallecido genocida Augusto Pinochet también tuvo cuentas secretas en el Reino Unido, y que su fortuna llegó casi a los US$1.500 millones, causó revuelo en Chile.

La publicación cita como fuente un informe de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos (Brilac) -departamento de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)- y llega a dos años y medio de la muerte del ex dictador, en diciembre de 2006.

Según este reporte, las autoridades financieras británicas guardaron los datos sobre las cuentas del fallecido militar, pese a que por ley estaban obligadas a detallar su situación cuando el juez español Baltasar Garzón lo solicitó al pedir su extradición en 1998, mientras estaba detenido en Londres.

La información señala que el dinero de la familia Pinochet fue repartido en territorios británicos de ultramar, como Gibraltar, las islas Caimán y las islas Vírgenes, Bahamas o Hong Kong. En estos paraísos fiscales, la fortuna se mantuvo y creció hasta un monto que en Chile llamó mucho la atención.

El juez Manuel Antonio Valderrama, encargado de investigar actualmente el llamado "caso Riggs" -sobre las cuentas secretas descubiertas en este prestigioso banco estadounidense-, se manifestó sorprendido por las altas sumas de dinero que reportó The Independent.

"No hay ningún antecedente en el proceso que dé cuenta de una cuantía de esa naturaleza. Lo que sí es que el tribunal determinó un peritaje para ver la fortuna, y ese peritaje está pendiente en el plazo de realización", explicó el ministro a la prensa, y dijo no tener antecedentes sobre el documento de la Brilac.

El magistrado señaló que un grupo de expertos de la Universidad de Chile, en calidad de peritos adjuntos, debería entregar en octubre próximo los resultados de su investigación, "a fin de determinar la fortuna del señor Pinochet".

Por lo pronto, la postura del juez es la única certeza ante esta información, ya que desde la jefatura de Asuntos Públicos de la PDI dijeron a BBC Mundo que por el momento no habrá un pronunciamiento oficial sobre el documento que citan en Inglaterra.

La publicación del periódico británico plantea que la fortuna de Pinochet proviene en gran parte de la venta de drogas y el tráfico de armas.

Totalmente opuesta fue la reacción del abogado Hugo Gutiérrez, habitual defensor de causas de derechos humanos, quien hizo hincapié en el monto que maneja The Independent.

"No tenía antecedentes de que existiese una fortuna tan cuantiosa de Augusto Pinochet, pero me parece que si así ocurriese estaríamos ante un fraude que cometió durante su estadía como dictador y es cierto lo que nosotros pensábamos: que no sólo violó los derechos humanos, sino también se enriqueció con el golpe de Estado", expresó a la BBC.

La información entregada por Estados Unidos permitió establecer que el fallecido dictador llegó a contar con 128 cuentas bancarias a su nombre, el de su familia o el de identidades ficticias como Daniel López o J. Ugarte, por un total de US$27 millones.

Hoy se habla de US$1.500 millones, y el juez Valderrama tiene como prioridad aclarar cuál es el monto de la fortuna de la familia Pinochet Hiriart, mientras las nuevas cuentas y empresas ficticias reportadas en el Reino Unido podrían dar mayores impulsos a la investigación.

Recientemente la hija del ex dictador, Lucia Pinochet manifestó su apoyo al régimen usurpador hondureño de Roberto Micheletti.

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Chevige González

http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?31029

/ La Nación ANIMUS Concurso escolar Villa Grimaldi

"Aprender del pasado: memoria y derechos humanos en el Chile actual" se denomina el concurso organizado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y que está dirigido a alumnos de enseñanza media y profesores de cualquier nivel de establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. La iniciativa busca motivar una reflexión ética sobre el valor de los derechos humanos para la calidad de la democracia chilena considerando, así mismo, los hechos del pasado y su injerencia en el presente. Los profesores deberán elaborar una unidad didáctica que desarrolle los temas de ciudadanía y derechos humanos, memoria histórica o democratización y Chile siglo XX. Las propuestas deben incluir una visita al Parque por la Paz Villa Grimaldi. Los estudiantes deben realizar una fotonovela (máximo 20 fotos) en la que se represente alguno de los derechos consagrados en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Las propuestas deberán ser entregadas en un CD al interior de un sobre cerrado directamente en la sede de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicada en Avenida Arrieta 8401, Peñalolén. Más información www.villagrimaldicorp.cl. _______ _____________________

El SML aseguró haber identificado a Patricio Duque entre los restos hallados en la fosa clandestina del patio 29.

Martes 25 de agosto de 2009 Por Leslie Ayala / La Nación Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar $25 millones Patio 29: ordenan indemnizar por identificación errónea La compensación para la familia de Patricio Duque Orellana, secuestrado en Paine, es la primera demanda que se ratifica a favor de familiares de víctimas de la dictadura que fueron mal individualizadas por el SML.

Pablo Duque Escobedo (36) nunca conoció a su padre, el obrero agrícola Patricio Duque Orellana, ya que estaba en el vientre materno cuando militares entraron a su casa en Paine y lo secuestraron en octubre de 1973 tras el golpe militar. Nunca más supo de su progenitor hasta que en 1994 el Servicio Médico Legal (SML) aseguró haberlo identificado entre los restos hallados en la fosa clandestina del patio 29 del Cementerio General, situación que devolvió en parte el sosiego a esta familia. Sin embargo, en 2003 a raíz de nuevas investigaciones Pablo, su madre Mercedes y sus hermanos José y Rebeca volvieron a sufrir la pérdida de Duque al enterarse que los restos fueron mal identificados y las osamentas no correspondían a él sino a otra persona sufriendo así un enorme daño emocional. Ayer, la Corte de Apelaciones de Santiago -en resolución dividida- ratificó por primera vez que el Estado de Chile es el responsable de estos perjuicios y por ende lo condenó a cancelar el monto indemnizatorio de $25 millones a estos familiares como forma de reparación. El fallo establece que se deben cancelar $10 millones a Rebeca Escobedo Carreño (cónyuge de la víctima) y $5 millones a cada uno de los tres hijos de este matrimonio. "El Estado no cumplió debidamente con la obligación que le asistía, toda vez que procedió a entregar a los familiares los restos óseos de un tercero, como si ellos correspondieran al pariente de ellos motivado por pericias erróneas elaborados por funcionarios de esa repartición", versa la resolución. Asimismo, se hace cargo de que la entidad legista en esa época no contaba con los medios necesarios para dar certeza en un 100% a la identificación de restos óseos y que incluso los procesos entregaban un 91% de certeza. A pesar de esto, los ministros Alfredo Pfeiffer y Mario Rojas fueron del parecer de acceder al pago por el daño moral causado a las familias, quienes sólo 10 años después supieron que los restos sepultados no eran de su pariente. Nunca más El director del SML, Patricio Bustos, tras lamentar institucionalmente lo ocurrido en 1994, aseguró que en Chile nunca más ocurrirá un caso como el descrito pues "estamos realizando todas las actividades relacionadas con el proceso identificatorio, con los máximos estándares internacionales que existen hasta el día de hoy y que por supuesto no existían en esa época ni en el país ni en el mundo". Destacó que el SML está trabajando este tema con un comité de expertos internacionales que se reúne dos o tres veces al año en el país y están haciendo un seguimiento de estos procesos con las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura Reiteró la importancia de la recolección de tomas de sangre de familiares de víctimas de la dictadura que está desarrollando la entidad en miras de crear un banco de muestras a favor de la identificación de cuerpos hechos desaparecer. De esta forma hizo un llamado a quienes aún no acuden a la entidad a contactarse gratuitamente al 800 440 700 para mayor información. _____________________________ __________

Relación de las Últimas Noticias en Derechos Humanos

¿Qué relación puede haber entre la campaña publicitaria para el reconocimiento masivo de detenidos desaparecidos, la aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, y el Indulto Presidencial Masivo del Bicentenario?

Para nosotros, los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, que hemos sobrevivido durante 37 años a este desastre emocional, político y social, nos resulta perceptible, por experiencia, una relación casi premeditada que siempre nos lleva al camino del “Nunca Jamás”.

¿Será que vamos a guardar muestras de sangre para el día que los detenidos desaparecidos aparezcan?, ¿si los que han aparecido es solo por la acción de búsqueda que hemos desarrollado nosotros, con la más absoluta carencia de recursos y apoyo del Estado y de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes saben donde están y son quienes los hicieron desaparecer? Esta duda se responde a si misma con la necesidad de invertir el orden de las acciones que nos podrían llevar a un final acorde a lo que esperamos en relación a una política de derechos humanos y reparación al daño sufrido por el genocidio cometido, o sea, primero tenemos que realizar una campaña de búsqueda, como esas humildes y arriesgadas campañas clandestinas que realizamos en dictadura, que nos llevaron a hallar a los nuestros a lo largo del país, campañas que esperábamos haber oficializado después del año 1990 y que hasta ahora esperamos, más allá de tantas madres y familiares que han envejecido y han muerto en la tortura de esperar. En conclusión, es muy difícil que este muestreo responda al problema de fondo, y muy lejos de las expectativas que produce en los familiares solo servirá para identificar los restos que hemos hallado y durante tantos años esperan en la morgue de Santiago. Entonces, lo importante, lo gravitante, sería que luego de este muestreo masivo, venga un programa de búsqueda que en justicia exija al Ejército, a la Marina, a la Aviación y a Carabineros, la entrega de los restos de las víctimas de desaparición forzada, que ellos esconden como instituciones.

Luego -¿La aprobación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas nos lleva a ese objetivo?- lo ideal es que así sea, pero, esta ley solo se refiere y apunta a la regularización de asuntos patrimoniales y civiles relacionadas con bienes y herencias de los detenidos desaparecidos, y aún así, los culpables del crimen masivo, golpistas y militares que actualmente son miembros del senado no la aprueban por el solo hecho de referirse a “Desaparición Forzada de Personas”, cosa que ellos hasta hoy niegan, con la más eficiente y lúcida mentalidad criminal.

Finalmente, el Indulto Presidencial Masivo del Bicentenario, nos parece un presagio de indulto para los criminales de nuestros familiares ejecutados y detenidos desaparecidos, porque si estamos hablando de ancianos condenados que están enfermos y merecen, en virtud de su edad y dolencias, pasar los últimos momentos de sus vidas junto a sus familiares como una manifestación piadosa de la sociedad vigente, que apela a cuestiones religiosas y cristianas fundamentalmente, los acusados y condenados por las causas judiciales que hemos llevado adelante a pesar de tantos obstáculos, se han hecho viejos , enfermos al parecer, y han apelado a la pérdida geriátrica de la memoria.

La relación que existe entonces entre estas tres noticias que han circulado simultáneamente en la farándula nacional de los derechos humanos, es que producen el mismo sentimiento de incredulidad depresiva en torno a la posibilidad de hallar a nuestros detenidos desaparecidos, llegar a la verdad de los hechos y aplicar la justicia necesaria para no repetir, quizás dentro de los próximos cien años de nuestra Nación un nuevo genocidio; porque en el Centenario de 1910, también el Gobierno dictó una Ley de Amnistía o Indulto para los presos políticos, los exiliados, los prófugos y los desertores del ejército en la Gran Huelga de 1907 en Tarapacá, quienes, con la más absoluta impunidad del Estado, fueron acusados y condenados por la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Genocidio cometido en esa época, a pedido y en beneficio de los intereses económicos del Imperio Británico.

Felizmente, hemos desarrollado la práctica de la Recuperación de la Memoria Histórica, que en base a relatos, causas judiciales y vivencias, ha ido configurando nuestra verdad, la que nos llevará al Juicio Histórico que ineludiblemente nos dará la razón, y condenará a los culpables, a pesar de la impunidad impuesta por el poder político y económico de los genocidas, que en este Bicentenario seguramente volverán a ser encubiertos.

Angélica Palleras Norambuena

Hermana de Adolfo Palleras N.

Ejecuta en tortura por la Caravana de la Muerte

Copiapó, octubre de 1973

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Se posterga Propuesta de Indulto Presidencial

Iglesia posterga propuesta sobre indulto para después de presidenciales

Así lo informó el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, tras almorzar con la Presidenta Bachelet en La Moneda.

por latercera.com - 12/08/2009 - 16:02

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Foto: Ximena Navarro

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Escucha a monseñor Goic

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Tras sostener un almuerzo con la Presidenta Michelle Bachelet, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, informó que la Iglesia postergará la entrega de su propuesta para realizar un indulto masivo -para condenados que cumplan con ciertos requisitos- para después de las elecciones presidenciales.

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal dijo que en la cita "le hemos entregado a la Señora Presidenta los fundamentos que hemos considerado para solicitar un indulto jubilar en el Bicentenario para quienes están condenados por los tribunales de justicia. Y le hemos expresado que presentaremos una propuesta concreta cuando se dé un momento más propicio para el diálogo ciudadano sereno que requiere una iniciativa como ésta. Agradecemos la buena disposición que, gracias a Dios, ha encontrado en vastos sectores esta actitud de misericordia, que brota de nuestro mandato evangélico siguiendo una de las más antiguas tradiciones bíblicas y de nuestra historia patria".

En ese sentido, Goic agregó que "en el fragor de esta campaña electoral no es oportuno colocar un tema que requiere mucha serenidad, mucho diálogo y mucha paz en los corazones y ella (la Presidenta) también lo ha asumido así".

La propuesta de la Iglesia por motivo del Bicentenario del país, consiste en otorgar el indulto a reos mayores de 70 años, enfermos terminales, reclusos por hechos menores que no sean delitos de sangre, mujeres que están criando hijos y extranjeros recluidos por delitos menores, entre otros.

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Transcurridos 19 años de la “vuelta a la democracia” se reconoce legalmente en Chile la desaparición forzada de personas

12 de Agosto de 2009

Aprueban ley sobre desaparición forzada de personas

El Tribunal Constitucional rechazó la intención del Senado de exigir un alto quorum para su aprobación.

Un proyecto que norma el reconocimiento legal de personas desaparecidas será finalmente ley en Chile, después que el Tribunal Constitucional rechazara la intención del Senado de exigir un alto quorum para su aprobación, informaron fuentes legislativas.

Se trata de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada de Personas, que regulariza asuntos patrimoniales y civiles a los familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

La norma había sido aprobada por el Senado, pero la mesa directiva de esa rama legislativa había exigido un quorum de ley orgánica constitucional (tres quintos de los senadores en ejercicio) para la aprobación del último informe, de una comisión mixta, previo a su aprobación definitiva.

Un grupo de senadores socialistas recurrió entonces al tribunal constitucional, que resolvió que el informe de la comisión mixta "debe entenderse aprobado por el Senado en todas sus disposiciones de ley común (simple mayoría)".

Uno de los recurrentes, el senador socialista Juan Pablo Letelier, destacó que el fallo del tribunal constitucional no sólo es valioso en este caso, sino que "pone fin a una interpretación que por 19 años permitió que una minoría obstaculizara el avance de leyes que la mayoría de los parlamentarios habían aprobado".

Letelier responsabilizó al presidente del Senado, Jovino Novoa, de haber maniobrado para dilatar la aprobación de la ley.

El fallo del Tribunal Constitucional "es un tremendo triunfo, no solamente de esta ley y de las familias de los detenidos desaparecidos, sino de la forma en que deben tramitarse los proyectos de ley en el Congreso", concluyó Letelier.

Según estableció en 1991 la Comisión Rettig, durante la dictadura de Augusto Pinochet 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 fueron considerados detenidos desaparecidos.

EFE

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Spot de DD HH y cuestionamiento de familiares

Miércoles 12 de agosto de 2009 | 09:45 Familiares de DD.DD acusan retrocesos en materia de DDHH Ayer la Agrupación optó por marginarse de la actividad en que se lanzaba un plan para potenciar el banco de muestras de familiares de víctimas. La explicación fue el apoyo del gobierno al proyecto de Instituto de Derechos Humanos que ha suscitado fuertes críticas entre las entidades de DDHH.

Campaña para banco ADN de familiares de víctimas de DDHH Servicio Médico Legal lanza campaña nacional de toma de muestras Su cuestionamiento a la política de derechos humanos que ha instaurado el gobierno expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien ayer no quiso asistir al acto en que se promovió el banco de muestras para víctimas de la dictadura. La dirigenta detalló que siente un "profundo malestar y desazón por la manera en que el Gobierno ha abordado el tema de los derechos humanos y cómo La Moneda se ha jactado de los "grandes logros y avances" en esta materia. Prueba de esa molestia quedó en evidencia ayer cuando -según reconoció a agencia UPI- "no asistimos a la actividad del Médico Legal porque hace dos semanas se aprueba el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que incluso contó con el cuestionamiento del Consejo de DD.HH de las Naciones Unidas y, sin embargo, el Gobierno insiste en aprobarlo". Aseguró que "nos parece que no podemos seguir siendo parte de una institucionalidad, o participar y sentarnos con las autoridades de Gobierno en una actividad donde ellos van a señalar grandes logros y avances y; sin embargo, hay otros temas en los cuales están sucediendo enormes retrocesos". Lorena Pizarro detalló que "con profundo pesar, no asistimos al lanzamiento oficial de esta campaña porque no estamos disponibles para seguir siendo parte de iniciativas donde aparece el Gobierno mostrando una imagen de un Gobierno, y por tanto, un Estado preocupado de la situación de los DD.HH, de avanzar en temas como este, pero sin embargo, en otros temas tan importantes no lo hace", manifestó. Explicó que "tenemos un profundo malestar por la forma en la que el Gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet ha llevado adelante la temática de los DD.HH y, por lo tanto, sentimos que se ha caracterizado este periodo presidencial en generar una institucionalidad de DD.HH. y una visión de los DD.HH lleno de simbolismos, pero esos simbolismos tienen que tener una coherencia con temas concretos que aporten al bien común", adujo. Ayer el gobierno lanzó la campaña “Vives en nosotros. Te llevamos en la sangre” que incluye un video promocional que incentivando a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos a acercarse hasta las oficinas del Servicio Médico Legal a entregar una muestra de sangre para luego poder más fácilmente en la identificación de osamentas. La Nación :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: __________________

Protestas en calles de Tegucigalpa

Hondureños mantienen protestas

en calles de Tegucigalpa

Por Raimundo López, enviado especial

Tegucigalpa, 29 jun (PL) Varios cientos de hondureños continúan reclamando hoy en las calles de esta capital la restitución del presidente Manuel Zelaya, pese al toque de queda decretado por el gobierno de facto.

Los manifestantes colman las inmediaciones de la Casa Presidencial, la mayoría de ellos desplegados en la avenida Juan Pablo II, en abierto desafío a la medida de excepción, aplicada por los golpistas entre las 21.00 y las 06.00 hora local, para impedir que el pueblo continúe las protestas y su justo reclamo por el regreso del presidente legítimo.

Una gran fogata se mantiene activa a unos 500 metros del palacio de gobierno, en tanto jóvenes del Partido Unificación Democrática y de otras organizaciones opuestas al golpe levantaron barricadas en los principales accesos al área de las protestas.

Desde una camioneta con altavoces ubicada frente al palacio presidencial, líderes populares continúan exigiendo el retorno inmediato de Zelaya a la casa de gobierno, custodiada por decenas de soldados armados con fusiles y ataviados con medios antimotines.

Varios vehículos blindados fueron emplazados a la entrada del palacio, en la Plaza Morazán, desde donde los uniformados hicieron varios disparos al aire, en medio de la lluvia, poco antes de las 19.30 hora local.

"Queremos a Mel", "No al golpe de Estado", son algunas de las frases que brotan de los parlantes y llegan hasta la casa de gobierno, ocupada por los golpistas.

"Vamos a mantenernos esta noche, mañana y todo el tiempo que sea necesario, hasta que el presidente Zelaya regrese", aseguró a Prensa Latina el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, Juan Baraona.

Este domingo, organizaciones políticas y sociales crearon el Frente de Resistencia Popular, el cual convocó a la ciudadanía a un paro cívico, en el cual participarán desde este lunes centrales sindicales, organizaciones campesinas y estudiantiles.

Confirman llegada a México de canciller hondureña

México, 29 jun (PL) La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, llegó hoy a México, donde fue recibida por representantes del gobierno, según informó una portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Rodas estuvo varias horas desaparecida tras ser secuestrada por militares golpistas en su país. La canciller había llamado al pueblo hondureño a resistir el golpe.

La cancillería mexicana ofrecerá en horas siguientes detalles sobre el arribo de la jefa de la diplomacia hondureña a México.

Rodas podría participar este lunes en la cumbre de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que se celebra en Nicaragua, donde se analizará la situación en Honduras tras el golpe de Estado.

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Golpe de Estado en Honduras

Golpe de Estado en Honduras

Eva Golinger

Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Paloma Valverde y Manuel Talens

[Nota: ­­­­En estos momentos son las 11 y cuarto de la mañana, hora de Caracas. Manuel Zelaya, presidente de Honduras, está hablando en directo en TeleSur desde San José (Costa Rica). Ha confirmado que esta madrugada unos soldados irrumpieron abriendo fuego en su residencia y lo amenazaron de muerte, a él y a su familia, si se oponía al golpe de Estado.

Se vio obligado a acompañar a los soldados, que lo transportaron a la base aérea, desde donde voló a Costa Rica. Ha solicitado que el gobierno de Estados Unidos emita un comunicado en el que condene el golpe, pues lo contrario significaría su aquiescencia. ]

Caracas (Venezuela). - El mensaje de texto que sonó en mi teléfono móvil esta mañana decía así: “Alerta, Zelaya ha sido secuestrado, golpe de Estado en marcha en Honduras. Difúndelo.” Ha sido un duro despertar en un domingo por la mañana, sobre todo para los millones de hondureños que se estaban preparando para ejercer por primera vez su sagrado derecho al voto en un referéndum consultivo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. Supuestamente , la disputa se centra en el referéndum convocado para hoy, que no es vinculante, sino sólo una encuesta de opinión para determinar si una mayoría de hondureños desean, o no, que se inicie un proceso para modificar su Constitución.

Una iniciativa de este tipo nunca había tenido lugar en esta nación centroamericana, cuya constitución es tan limitada que sólo permite una mínima participación del pueblo hondureño en sus procesos políticos. Dicha constitución, redactada en 1982, en el momento álgido de la guerra sucia del gobierno de Reagan en Centroamérica, fue diseñada para instituir que quienes detentaban el poder tanto económico como político pudiesen mantenerlo con las mínimas interferencias del pueblo.

Zelaya, elegido en noviembre de 2005 por la plataforma del Partido Liberal de Honduras, había propuesto la encuesta de opinión para determinar si la mayoría de los ciudadanos estaban de acuerdo en que era necesaria una reforma constitucional. Su propuesta fue apoyada por la mayoría de los sindicatos y movimientos sociales del país. De haber tenido lugar, y dependiendo de los resultados, se habría organizado un referéndum durante las próximas elecciones de noviembre para votar sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, pero la encuesta prevista para hoy no era vinculante de acuerdo con la ley.

De hecho, varios días antes de que tuviera lugar, la Corte Suprema de Honduras la declaró ilegal a petición del Congreso. Es de señalar que ambos, Congreso y Corte Suprema, están controlados por mayorías contrarias a Zelaya y por miembros del ultraconservador Partido Nacional de Honduras (PNH). La ilegalización dio lugar a manifestaciones masivas favorables al presidente Zelaya. El 24 de junio, el presidente destituyó al jefe del alto mando militar, el general Romeo Vásquez, después de que éste se negase a permitir que los militares distribuyesen el material electoral para la consulta de hoy.

El general Vásquez mantuvo el material bajo estricto control militar y se negó a distribuirlo, incluso a los seguidores del presidente, con la excusa de que la Corte Suprema había declarado ilegal la consulta prevista y, por lo tanto, no podía obedecer la orden presidencial. Al igual que sucede en Estados Unidos, el presidente de Honduras es el Comandante en Jefe y tiene la última palabra en cualquier acción militar, por lo que ordenó la destitución del general. Ángel Edmundo Orellana, ministro de Defensa, también dimitió como respuesta a esta situación cada vez más tensa.

Pero al día siguiente la Corte Suprema de Honduras restituyó en sus funciones al general Vásquez, tras declarar “inconstitucional” su destitución. Miles de hondureños se echaron a las calles de Tegucigalpa, la capital del país, en apoyo al presidente Zelaya, como muestra de su determinación de asegurar que la consulta no vinculante tuviera lugar. El viernes pasado, el presidente y un grupo de centenares de seguidores, marcharon a la cercana base aérea para recuperar el material electoral previamente secuestrado por los militares. Aquella noche, Zelaya celebró una conferencia de prensa nacional junto a un grupo de políticos de diferentes partidos y movimientos sociales, en la que hizo un llamamiento a la paz y a la unidad en el país.

Ayer sábado se informó que la situación en Honduras era tranquila. Sin embargo, en la madrugada de hoy domingo un grupo de aproximadamente sesenta militares armados asaltaron la residencia presidencial y tomaron como rehén a Zelaya. Tras varias horas de confusión, empezaron a filtrarse informaciones según las cuales el presidente había sido transportado a la cercana base aérea y llevado a la vecina Costa Rica. Hasta el momento no existen imágenes del presidente y se desconoce si su vida está en peligro.

Sobre las 10 de la mañana, hora de Caracas, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del presidente, denunció en directo en TeleSur que en la madrugada del domingo los soldados irrumpieron en su residencia disparando, golpearon al presidente y lo secuestraron. “Fue un acto cobarde”, dijo la primera dama refiriéndose al secuestro, que tuvo lugar a una hora en la que nadie pudo reaccionar. Castro de Zelaya hizo también un llamamiento para que mantuvieran con vida a su marido e indicó que incluso ella desconoce su paradero. Añadió que sus vidas siguen estando en “grave peligro” y pidió que la comunidad internacional denunciase este golpe de Estado y actuase con rapidez para reinstaurar el orden constitucional del país, lo cual incluye el rescate y regreso del democráticamente elegido Zelaya.

Evo Morales y Hugo Chávez, presidentes de Bolivia y Venuela, han realizado declaraciones públicas la mañana de hoy domingo, en las cuales condenan el golpe de Estado en Honduras y han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que reaccione, se restaure la democracia y el presidente constitucional regrese a su puesto. El miércoles pasado, 24 de junio, tuvo lugar en Venezuela un encuentro extraordinario de los países miembros del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), de la que forma parte Honduras, con el fin de dar la bienvenida a la organización a Ecuador, Antigua, Barbados, San Vicente y las Granadinas. Durante el encuentro, al que asistió Patricia Rodas, ministra de Exteriores de Honduras, se leyó una declaración de apoyo al presidente Zelaya en la que se condenaba cualquier intento socavar su mandato y los procesos democráticos de Honduras.

Informes provenientes de Honduras establecen que el Canal 8 de la televisión pública ha sido tomado por las fuerzas golpistas. Hace pocos minutos TeleSur anunció que los militares hondureños están cortando la electricidad del país. Según ha informado la ministra Rodas en TeleSur: “Las comunicaciones telefónicas y la electricidad están cortadas. Las televisiones emiten dibujos animados y telenovelas y no informan al pueblo de Honduras de lo que está sucediendo.”

La situación es muy parecida a la del golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Chávez en Venezuela, cuando los medios jugaron un papel clave, en primer lugar manipulando la información como apoyo al golpe y, con posterioridad, eliminando cualquier información una vez que el pueblo empezó a manifestarse y terminó por derrotar a las fuerzas golpistas rescatando a Chávez, que también fue secuestrado por los militares, y restaurando el orden constitucional.

Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en Honduras tuvo lugar durante los años ochenta, cuando el gobierno de Reagan financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar cualquier “amenaza comunista” en Centroamérica. En aquel momento, John Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos en la región.

El viernes pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria con el fin de discutir la situación en Honduras. Con posterioridad emitió un comunicado en el que condenó las amenazas a la democracia y autorizó el viaje a Honduras de un grupo de representantes de la OEA. No obstante, el viernes, Philip J. Crowley, secretario de Estado adjunto estadounidense, se negó a definir la posición del gobierno estadounidense con respecto al posible golpe de Estado contra el presidente Zelaya y, en su lugar, emitió una ambigua declaración de la que se desprendía que Washington apoyaba a la oposición al presidente Zelaya.

Mientras que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos declararon sin ningún género de duda su más rotunda condena de los planes golpistas de Honduras y su inquebrantable apoyo al presidente constitucionalmente elegido, el portavoz estadounidense afirmó: “Nos preocupa la ruptura del diálogo político entre los políticos hondureños sobre la consulta constitucional del 28 de junio. Instamos a las partes a que busquen una solución democráticamente consensuada al actual callejón sin salida político, que sea conforme a la constitución y a las leyes hondureñas acordes con los principios de la Carta Democrática Interamericana.”

Hoy domingo, a las diez y media de la mañana, Washington todavía no ha emitido ninguna declaración relativa al golpe de Estado en Honduras. La nación centroamericana es muy dependiente de la economía estadounidense, que le asegura una de las principales fuentes de ingresos, las transferencias de dinero que envían los hondureños que trabajan en Estados Unidos bajo el programa de “estatuto temporal protegido”, instaurado durante la guerra sucia de Washington en la década de los ochenta a causa de la enorme inmigración a territorio estadounidense para escapar de la zona de guerra.

Otra fuente importante de ingresos de Honduras es USAID, que aporta más de 50 millones de dólares anuales para programas de “promoción de la democracia”, los cuales habitualmente dan apoyo a las ONG y a los partidos políticos favorables a los intereses de Estados Unidos, como ha sido el caso en Venezuela, Bolivia y otras naciones de la región. El Pentágono también mantiene la base militar de Soto Cano en Honduras, con aproximadamente quinientos soldados y numerosos aviones y helicópteros de combate.

Patricia Rodas, ministra de Exteriores, ha dicho que ha intentado repetidamente ponerse en contacto con Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos en Honduras, el cual hasta el momento no ha respondido a ninguna de sus llamadas. El modus operandi del golpe de Estado deja bien claro que Washington está implicado. Ni el ejército hondureño, cuya mayoría ha sido entrenada por las fuerzas estadounidenses, ni las elites políticas y económicas del país derrocarían a un presidente democráticamente elegido sin el apoyo y respaldo de Washington.

Las fuerzas conservadoras de Honduras han sometido al presidente Zelaya a ataques cada vez más frecuentes por su creciente relación con los países del ALBA, en particular con Venezuela y el presidente Chávez. Muchos están convencidos de que este golpe pretende asegurar que Honduras no seguirá acercándose a los países más izquierdistas y socialistas de América Latina.

Marcos Jesus Concepcion Albala

Director de Argos Is-Internacional

MIEMBRO DE LA 'CAMACOL' Y DE LA 'FELAP'

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Vuelven los Gorilas. Las derechas no descansan

HONDURAS: Vuelven los gorilas Las derechas no descansan

Estábamos a punto de creer que en Nuestramérica había pasado ya el tiempo de las dictaduras militares. Que los borrascosos tiempos de barbarie y vergüenza de las décadas de los 60 y 70, que nos dejaran el luctuoso saldo de miles y miles de muertos a lo largo de todo el continente, habían quedado atrás. Pero las derechas no descansan. ...

Puesta online a las 22:42, el 28 de Junio del 2009

http://www.chileinforma.com/noticias/1973.shtml


Vuelven los gorilas
Las derechas no descansan

Miguel Guaglianone

Estábamos a punto de creer que en Nuestramérica había pasado ya el tiempo de las dictaduras militares. Que los borrascosos tiempos de barbarie y vergüenza de las décadas de los 60 y 70, que nos dejaran el luctuoso saldo de miles y miles de muertos a lo largo de todo el continente, habían quedado atrás.

Pero las derechas no descansan.

Las clases dominantes latinoamericanas han visto perder efectividad desde el principio de este nuevo siglo a su herramienta de la democracia representativa bi(o tri) partidista, que les sirviera por décadas para mantener el control de nuestros estados y la dominación sobre nuestros pueblos. En la medida que estos pueblos han ido perdiendo la fe en los partidos políticos tradicionales y han descubierto progresivamente que el arma de los votos les sirve para elegir outsiders (o por lo menos políticos progresistas) cuya preocupación y acción esté centrada en la justicia social, en el combate a la pobreza y la atención a los excluidos, es en la misma medida en que las oligarquías locales han ido dejando de tener el control sobre sus mecanismos tradicionales y naturalizados de acceso al poder.

Han intentado entonces, para recuperar los sitiales perdidos, nuevas estrategias basadas ahora en el control hegemónico de los medios de comunicación, en la creación de matrices de opinión, en el financiamiento y promoción de “movimientos civiles” desestabilizadores y en definitiva han desarrollado la técnica del “golpe suave” (soft) que se inaugurara con éxito en Ucrania, con la “Revolución Naranja”, donde utilizando estas herramientas lograron hacer caer a un presidente electo (que era de orientación pro-Rusa) para sustituirlo por un presidente pro-occidental. Esta técnica de golpe suave no sólo fue creada y afianzada por las clases dominantes locales, sino que ha contado desde su inicio con el asesoramiento y la financiación del poder hegemónico (léase gobiernos del Norte y/o grandes corporaciones).

El primer intento de utilizarla en América Latina se dio en 2002 en Venezuela y resultó un rotundo fracaso. Luego se intentó implantar en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador, allí dónde aparecieron gobiernos elegidos por sus pueblos, tampoco lograron concretarla. Los nuevos y complejos factores que determinan nuestra actual situación histórica, han enfrentado con éxito el “soft”.

Entonces, como no hay descanso, como la necesidad no sólo de recobrar el poder perdido, sino de no perder ni un ápice del que se sustenta, es un motor constante, aparece hoy desde el proceso social de Honduras, una forma diferente de ataque al poder. Podríamos llamarla el “golpe suaviduro”.

Desde el día jueves 25 de junio el poder concentrado de los medios de comunicación de masas a nivel mundial (y el hondureño en particular) comienzan a crear la matriz de opinión de que el presidente Zelaya está tomando orientaciones perjudiciales a su país. Un general desobedece la orden presidencial de repartir el material de consulta a utilizarse el domingo 28, el presidente lo destituye y la Corte Suprema y el Congreso desautorizan al presidente. Mientras tanto, la muerte de un ídolo pop permite al sistema de información mundial ignorar por omisión todo lo que está sucediendo en Honduras. Entre viernes y sábado la OEA y los gobiernos latinoamericanos dan su opinión apoyando al presidente Zelaya, quien acompañado de movimientos sociales toma una base militar y recupera el material electoral. Un juez condena la actitud del presidente. Hasta aquí los acontecimientos se suceden siguiendo el guión del golpe suave.

Pero el domingo 28 en la mañana aparece nuevamente la mano militar gorila en nuestro continente. Comandos encapuchados secuestran al presidente y lo llevan a Costa Rica. Igualmente lo hacen con los ministros. En el caso de la Canciller, en el mismo operativo maltratan a los embajadores de Nicaragua, Cuba y Venezuela que se encontraban junto a ella para darle apoyo. El poder militar corta la energía eléctrica y el agua, cierra el canal de televisión del estado y prohíbe la transmisión de medios alternativos. Persigue y reprime a dirigentes sociales y a políticos vinculados a Zelaya. Controla toda la información desde y hacia el exterior, suspende el Internet. Decreta un toque de queda. Vuelve a escena el coup d’ètat tradicional con toda su fiereza.

Claro que ahora se siguen utilizando a la vez las técnicas desarrolladas en las últimas décadas. Los canales de televisión locales transmiten dibujos animados hasta que los poderes controlados por las oligarquías, una vez consumado el golpe, reaccionan para legitimarlo (El Congreso destituye a Zelaya, y aparece, tal como sucediera en Venezuela, una “carta de renuncia” apócrifa).

Aquí entonces, por primera vez se conjugan las herramientas que se venían utilizando para desestabilizar, con la técnica más tradicional de tomar el poder por la pura fuerza de las armas.

No tengo dudas de que este golpe de estado es producto esencialmente de la situación particular de Honduras, un país pobre y pequeño de Centroamérica, con una historia demasiado reciente de muerte y desolación y dónde la influencia y el poder de las grandes corporaciones (bananeras y demás) están aún muy vigentes. Es muy probable que un Departamento de Estado liderado por Obama no sea esta vez el apoyo directo del golpe, sino que la oligarquía local haya sido financiada y promovida por intereses corporativos.

Sin embargo, lo que allí está sucediendo no deja de ser un globo sonda para desarrollar nuevas políticas hegemónicas. Henry Kissinger planteó en los 60 la teoría del Dominó, y todo el apoyo de los EE.UU. fue hacia la instauración de dictaduras de derecha en el continente (acción de contradominó), para evitar que los pueblos de América Latina siguieran el ejemplo de Cuba.

El siglo XXI nos va dejando en América Latina crecientes procesos (impulsados desde abajo por sus pueblos) de liberación y autonomía. Se cumple la teoría del Dominó. Venezuela es la primera ficha de un movimiento cada vez más acentuado de los pueblos latinoamericanos hacia la izquierda. Y las derechas no descansan. Necesitan crear, promover, desarrollar, impulsar en el continente sistemas y movimientos contraprogresistas para mantener su dominio.

Por eso es imprescindible para todos colaborar para detener este proceso. Las acciones del pueblo hondureño son fundamentales. En la medida que se vuelque a la lucha en la calle para defender al presidente que legítimamente eligió, es en la medida en que podrá combatir el golpe de estado. Pero en los casos como éste, en que el poder decisorio es el militar, la historia nos dice que no existe ningún empacho en reprimir cruentamente y sin medida, y eso puede derrotar la lucha en las calles.

Entonces el otro factor fundamental será la solidaridad y el peso político de los otros gobiernos de Latinoamérica, y las acciones colectivas concretas que puedan tomarse desde todo el continente para aislar y derrotar el golpe.

Este golpe de estado va más allá de la toma del poder en uno de los países pequeños de nuestra región. Por todo lo expuesto, aquí no sólo nos estamos jugando el futuro colectivo de Latinoamérica, sino que se están poniendo a prueba la realidad del movimiento de integración, la efectividad de nuestros nacientes organismos conjuntos y la validez de un destino común.

miguelguaglianone@gmail.com
barómetro internacional


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Palabras de Andrés Pascal en funerales de Carlos

DESPEDIDA A CARLOS LIBERONA

Palabras de Andrés Pascal en funerales de Carlos

Querida Ula e hijos de Carlos:

Queridas compañeras y compañeros:

Miguel Enriquez provocó no poco escándalo entre los dogmáticos cuando, en la década del 60, dijo que en Chile los pobres del campo y la ciudad tendrían papel protagónico en las gestas revolucionarias.

Carlos Liberona, nuestro querido Claudio, es la expresión hecha vida de esa profecía.

De familia mapuche y campesina, se crió en un barrio muy pobre de la ciudad de Chillán. Quien sabe, ya con infantil intuición del camino que le deparaba la historia, se forjó en la dureza como joven dirigente de los estudiantes secundarios de su ciudad. Luego, se abrió camino hacia la Universidad, lo que en esos tiempos en que la educación superior era sólo para una elite, fue no poca proeza para un muchacho hijo de la exclusión social.

Decía, con su característica sonrisa socarrona de campesino, e íntimo orgullo: … pero fue en el MIR donde yo me formé. En realidad, esa modestia que lo acompañó toda la vida le impedía decir la verdad. Efectivamente fue formado, fue hijo del MIR, pero también fue constructor del MIR, así como fue padre de sí mismo, constructor voluntario y conciente de su propia vida de revolucionario.

Empujado por ese tranquilo, pero poderoso fuego interno que lo acompañó toda la vida en el amor y en la lucha, fue joven agitador de las esperanzas de los suyos, de sus pobres del campo y la ciudad. Fue organizador revolucionario de la ampliación de la democracia desde abajo, y cuando con sangre y saña la dictadura uniformada de los ricos cercenó de raíz el germinal poder popular, no dudó en seguir resistiendo desde la clandestinidad. Dentro de estos mismos muros, testigos etéreos y mudos de los límites extremos de brutalidad humana que ha llevado la historia de la codicia y del poder capitalista en nuestra patria, siguió resistiendo la tortura de su cuerpo y mente.

Claudio conoció el miedo y el dolor, pero su profundo amor por los suyos, su pasión de justicia, lo llevó a vencerlo. Tampoco se dejó vencer, ni en su obligado exilio, ni cuando retornó a la patria cambiada, el mundo neoliberal y egoísta en que vivimos. Así como era él, quitado de bulla, perseverante, con sus heridas a cuesta, siguió dedicando su vida a las responsabilidades humanas.

En los periodos de conmoción social, en las coyunturas que abren oportunidades de cambios históricos subversivos, debemos enfrentar apasionados y sorprendentes retos. Pero los tiempos más duros, donde verdaderamente se demuestra el temple del revolucionario es en aquellos largos periodos en que la fortaleza de la dominación empuja el pensamiento y la acción libertaria a los márgenes de la historia e invisibiliza las posibilidades de un futuro mejor. En esta travesía del desierto, Carlos Liberona, mantuvo siempre encendida la llama generosa de su práctica solidaria y trabajó incansablemente para que no se perdiera la memoria histórica de su pueblo.

Para ello, junto a sus compañeros y amigos, creó la Corporación Ayún, que yo calificaría como su obra madura. Obra colectiva extraordinaria, y obra que expresa la luz del pensar genuino de Carlos que descartando de plano el ritualismo político, la conservación insensata de dogmas, volcó toda su energía a explorar la actual realidad local, a comprender las nuevas dinámicas revolucionarias que remecen hoy la historia de América Latina, a desentrañar las nuevas éticas de un cambio civilizatorio. Y así, ese joven y esforzado hijo de campesinos, sin abandonar nunca su modesto andar y la mirada cariñosa que presidía su hablar, llegó a ser un maestro, un verdadero maestro revolucionario de nuevas generaciones.

Hoy en la mañana, una joven militante popular, con lágrimas en su mirada, me dijo: mi dolor no es porque se vaya, eso lo sabíamos y esperábamos él y nosotros, es por el vacío que deja. Si … y no. Creo que en el malestar, en el ánimo transversal de protesta social, política y cultural que se extiende por nuestro país, florecerá con fuerza y se reproducirá exponencialmente y con vívidos colores la mística sabia y humana de Carlos Liberona.

Claudio seguirá con nosotros en el afecto y reconocimiento de sus compañeros miristas, pero sobre todo, seguirá viva su llama iluminando nuevas generaciones de pobres del campo y la ciudad en los tiempos de cambio que también se avecinan en nuestra patria.

No vemos, querido amigo.

Andrés Pascal Allende

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Diputados aprueban creación de la Corte Penal Internacional (CPI)

Diario de la Cámara de Diputados

Publicado el 17 de junio del 2009

Por 79 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, adoptado en esa ciudad el 17 de julio de 1998 (Boletín N° 6.560-10). La iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Gobierno para su promulgación.

La Corte Penal Internacional se establece como un órgano jurisdiccional penal permanente, de carácter internacional, destinado a hacer efectivas las responsabilidades penales individuales de los autores de determinados y graves delitos internacionales.

La CPI es un tribunal permanente, facultado para conocer y juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional. Señala el mensaje que acompañó el proyecto que la responsabilidad primaria del juzgamiento corresponderá a cada Estado y sólo supletoriamente a la CPI.

La competencia de la Corte se limitará sólo a los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. La CPI tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto, o de la fecha en que un Estado se ha hecho parte del mismo, cuando se trate de perseguir delitos cometidos en el territorio de ese Estado.

Ver el informe de la Comisión de relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sobre esta iniciativa legal.

Miércoles 17 de junio de 2009

• editor@congreso.cl

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