Retraso en puesta en marcha del Instituto de Derechos Humanos molesta a sus integrantes

Administración de Piñera vetó uno de los nombramientos hechos por Michelle Bachelet.

Mireya García dijo que esto es una "excusa" para que este no funcione.
Cooperativa.cl

Tras la promulgación de la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos en noviembre pasado, el organismo aún no ha podido comenzar a funcionar, ya que el Gobierno retiró a uno de los nominados por Michelle Bachelet para el directorio y aún no tienen sede para trabajar.

En enero pasado, tras la investigación a 19 ONG de la entidad, quedaron nominados 11 consejeros, dos de ellos de designación presidencial: la entonces Presidenta nombró al dirigente Gonzalo Muñoz y María Luisa Sepúlveda en dichos puestos, y sólo esta última logró pasar por Contraloría antes del 11 de marzo.

Tras esa fecha, el nuevo Gobierno no ha concretado la oficialización de los 10 nombramientos, y retiró incluso los antecedentes de Muñoz para ocupar el cargo en el organismo, cuya principal labor es velar por la gestión y promoción de los derechos humanos.

Para Sepúlveda, "estamos a la espera, nos han dicho que en estos días se iba a resolver ese tema, porque nos interesa iniciar pronto el trabajo porque ya están todas las personas nominadas. Nos gustaría que esto se resolviera luego".

Según el abogado Roberto Garretón, hay descontento por la dilatación de sus funciones por no oficializar los nombres, que les impide tener sede y acceder a sus recursos.

"Se nos dice que ya está todo por salir pero no tenemos muy claro todavía (...). Estamos para actuar y no para discutir cómo vamos a actuar el día que alguien diga que tenemos que actuar. Queremos actuar y no estamos contentos, nos gustaría estar funcionando ya", dijo el jurista.

Nuevas críticas
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Para la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Mireya García, cree que la demora en designar al único consejero que falta "es una excusa para no poner en marcha" al Instituto.

"Corresponde que este gobierno asuma que esta institución tiene una existencia que va más allá de sus deseos. Para este Gobierno es una suerte de incomodidad porque se supone que el Instituto tiene que cumplir un rol fiscalizador", opinó García.

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