Thursday, August 18, 2016

Conmemoración del Hallazgo y Funerales de los Ejecutados Políticos Caravana de la Muerte Copiapó

Copiapó 03 de agosto 2016
José Manuel Gutiérrez Bermedo




Al conmemorarse 26 años desde que fuera encontrado la fosa común con los restos de 13 de las 16 personas ejecutadas por la nefasta Caravana de la Muerte, familiares y amigos de los ejecutados realizaron una sentida velatón tanto en el frontis del Regimiento Militar de Copiapó, como de la Intendencia y finalmente en el memorial que recuerda a los compañeros en el cementerio general.
El 1 de agosto de 1990 marcó profundamente a los oriundos de Copiapó al encontrar los cuerpos de 13 personas que fueron víctimas de la Caravana de la Muerte y al poder constatar además la forma alevosa y criminal con que fueron masacrados. Lejos de presentar evidencias de fusilamientos, los restos evidenciaban la acción de corvos y de otras formas de torturas destinadas a producir el máximo dolor y una muerte lenta.


De acuerdo a los expertos la muerte por cortes de corvos en el estomago puede generar una agonía de más de 6 horas, por lo que al menos dos de los ejecutados fueron enterrados vivos.
Asimismo, los compañeros presentaban rastros de torturas salvajes que horrorizaron a la comunidad copiapina y dejaba de manifiesto el nivel de psicopatía de los criminales.
A 26 años de que los familiares de 13 de las víctimas pudieran dar una debida sepultura, Angélica Palleras, miembro de la Agrupación y hermana de Adolfo Palleras, ejecutado por la Caravana, señala… “La lucha por el establecimiento de la Verdad y la Justicia está muy mal… estamos en crisis porque por un lado esta crisis la comenzó la presidenta de la república con un decreto de beneficios penitenciarios que le da permiso permanente y progresivo a los presos por crímenes de lesa humanidad que incluye todo lo que nosotros sabemos, torturas, muertes, inhumación ilegal; a todo ese tipo de criminal le da el beneficio por tener edad avanzada y enfermedades de la vejez en circunstancias de que ellos desde el interior de Punta Peuco están haciendo proclamas en contra de la sociedad que defiende los derechos humanos y están diciendo que mataron perros marxistas y que lo volverían a hacer”.

Con el rostro asqueado frente a la nueva afrenta que sufren los familiares, la hermana de Adolfo Palleras agrega y explica “la presidenta dio el pie para que el parlamento, el senado expidiera una serie de proyectos de ley que beneficia a los presos de edad mayor, por su edad, por salud. Incluso hay un proyecto presentado por senadores de la UDI que quieren que se cambie los términos crímenes de lesa humanidad y genocidio por otros. Ellos están en una campaña de la impunidad para sacarlos, es inentendible porqué ahora. Bueno para nosotros la única justificación que hay es que los juicios se están cerrando y es la última carta que ellos tienen, la última carta de la impunidad, ellos están viejos y no quieren que sean castigados. El Estado está defendiendo a esos criminales y los sigue defendiendo. Tendremos que pensar entonces que el Estado chileno es un Estado genocida”.
En la querella por los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en Copiapó recientemente se cerró la segunda instancia, pasando entonces a la Corte Suprema: La segunda instancia condeno a 15 años de cárcel a cada uno de los miembros de la comitiva militar, mientras que a los criminales locales involucrados les dieron entre 13 y 12 años y tres de los enjuiciados salieron absueltos, fallo que determinó la apelación de todas las partes por lo que la Corte Suprema deberá determinar si se mantiene o no la resolución de la segunda instancia. Los militares absueltos adujeron ser muy jóvenes al momento de los oprobiosos hechos.



Respecto de la verdad, Angélica Palleras sentenció enfáticamente “El final del juicio no hace otra cosa que mantener la versión militar de muertes por fusilamientos lo que significa que se justifican y el ejército no les puede hacer un juicio militar cosa que debería ser porque los compañeros estaban prisioneros y no está permitido que los mataran como los mataron. Podrían incluso haberlos fusilado, lo que ya es un crimen penado por la ley, pero de la manera que lo hicieron es mucho peor y con la mentira montada se evitan el juicio militar”.










TEXTO Y FOTOS: José Manuel Gutiérrez Bermedo

Friday, August 12, 2016

Basta De Impunidad en Chile: Protesta En Ministerio De Defensa

Sábado, 30 de Julio de 2016 12:04
Este 29 de julio, familiares y organizaciones de derechos humanos realizaron una nueva marcha en contra de la impunidad y en contra de los beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos. Un grupo de HIJOS intentó tomarse las dependencias del Ministerio de Defensa como rechazó a las políticas cómplices de este ministerio con los militares. Varios fueron detenidos por la policía.
A las autoridades ejecutivas, legislativas, jurídicas y militares del país. 
A la sociedad chilena en su conjunto. 
Somos un grupo de familiares de hombres y mujeres que han sufrido la Desaparición Forzada, la Ejecución Política, la Tortura y la Violencia Sexual Política; quienes nos manifestamos frente al actual clima de Impunidad que nuevamente se quiere imponer en nuestro país. 

Los familiares aquí presentes, estamos cansados que cada cierto tiempo la Herencia de la Dictadura aparezca con cara de Impunidad, plasmada en leyes de amnistía, en justicia en la medida de lo posible o en mesas de diálogo inservibles para encontrar la verdad y la Justicia . Hoy una vez más, se pretende engañar al país otorgando beneficios carcelarios para adultos mayores por razones humanitarias y de salud, sin embargo, lo que en realidad se pretende es liberar a los pocos Criminales de Lesa Humanidad que cumplen condena en el Penal de lujo de Punta Peuco.
 
Han transcurrido más de 43 años desde el Golpe de Estado y 26 años desde el supuesto retorno a la Democracia y el Estado todavía tiene grandes deudas en materia Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. 

La Justicia ha sido lenta, muchos de los casos llevan décadas en tribunales eternizando los juicios y ha sido tardía, ya que tanto familiares como perpetradores, se están muriendo, fomentando la Impunidad. En muchos casos, las sentencias son irrisorias, como en el caso de la primera sentencia por tortura que dió 541 días de pena remitida a su perpetrador. 

La verdad, también ha sido escasa; en la actualidad, sólo el 8% de los Detenidos Desaparecidos del país ha sido identificados, culminando los juicios sin aclarar cuál ha sido su destino final. 

El Informe de prisión política y tortura se vuelve cómplice de los perpetradores al ocultar sus nombres por más de 50 años. En la actualidad, hay más de mil agentes del Estado procesados por violaciones de DD.HH. sin embargo, de este total sólo un centenar cumplen prisión efectiva en el penal Punta Peuco. 

A diferencia de nuestros familiares, estos criminales han tenido derecho a juicio, a defensa y a condiciones carcelarias excepcionales respecto del resto de la población penal del país. Cabe señalar que durante los procesos judiciales los aportes de los asesinos y torturadores han sido nulos, no reconociendo su participación en los hechos, ni haber dado muestras de arrepentimiento. Además de estos antecedentes, indigna constatar que los criminales mantienen sus grados militares y con ello sus privilegios en salud y previsión, manteniendo pensiones millonarias.
La Herencia de la Dictadura es extiende en otros ámbitos de la vida del país, como es la corrupción política en la que el propio yerno de Pinochet ha contribuido a cooptar parlamentarios de diversas bancadas a favor de sus intereses económicos. También está presente la malversación de los fondos de la Ley reservada del cobre, la cual ha servido para negocios negros de militares de diversos rangos. 

No podemos dejar de nombrar el Sistema de Pensiones concebido en dictadura y que hace distinción clara entre el gran porcentaje de trabajadores, técnicos y profesionales del país que deberán vivir con pensiones de miseria, en contraposición con las utilidades millonarias de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de las propias pensiones de las ramas castrenses y de orden del país. 

Por estos motivos, es que hemos planteado LA TOMA de este lugar, porque este acto simboliza nuestro rechazo ante la falta de Justicia en el amplio sentido de la palabra. 

Para avanzar en la consolidación de una verdadera Democracia y para qué no se repitan los graves crímenes de lesa Humanidad; Exigimos a las diversas autoridades del país: 

- Degradar a los militares involucrados en Violaciones de los Derechos Humanos
- Finalizar el envío de militares a la Escuela de las Américas.
- Generar políticas de Reparación acordes al daño causado.
- Justicia, Verdad y el fin de privilegios a la casta militar 

¡¡ No olvidamos, perdonamos y no nos reconciliamos!! 

Hijos, hijas y familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, Tortura y Violencia Sexual Política
Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos
Organizaciones territoriales 

Santiago 29 de julio de 2016
 
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Fotos: PRUIZ 











Monday, August 08, 2016

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Atacama critica fallo por Caravana de la Muerte

 Diario Chañarcillo - Maipú 849 - Copiapó
Publicado el 14/07/2016 07:25:00





Monday, July 11, 2016

Fallo Unánime Caravana de la Muerte Copiapó - sin beneficio legal alguno

Para los familiares de los ejecutados y detenidos desaparecidos de la Caravana de la Muerte en Copiapó, dos condenas de 15 años cada una por nuestros seres queridos tan horrorosamente asesinados, es algo. No es mucho, pero, en el final de este camino tan doloroso para nosotros donde ni siquiera tuvimos la posibilidad de mojarles los labios con un poco de agua en el momento en que morían, hoy es algo, algo de justicia, algo de reparación moral para ellos, algo de alivio, no es mucho, pero es algo.

Y en ese algo tenemos que quedarnos, sin beneficios.

Sin que nos vengan a decir que los criminales no pueden cumplir la condena porque están ancianos y enfermos, o porque han tenido una vida de buen pasar y buen vivir, en puestos públicos honorables que pueden dar garantías de  la honorabilidad que poseen. Que tampoco nos digan que son muy ancianos y deben ir a purgar a sus domicilios, porque ese no es castigo y aún cuando sus edades y dolencias nos aseguran que ya no son peligro público, sí están conscientes y orgullosos de haber matado a nuestros familiares y proclaman públicamente que lo volverían a hacer.

Este fallo viene a responder a aquellos que en este momento se esfuerzan por liberar a los criminales de lesa humanidad en Chile. Viene a responder en forma categórica al Decreto Presidencial que les da beneficios carcelarios, indicando que - "Que en este orden de ideas, (Causa Caravana de la Muerte-Capítulo Copiapó), resulta conveniente recordar que el delito de homicidio calificado – tanto como el de secuestro - de que se hizo objeto a las víctimas ya individualizadas en autos, y que se encuadra en el tipo penal del artículo 391 N°1 del Código Penal, constituye precisamente un delito de lesa humanidad conforme prescribe el Estatuto de la Corte Penal Internacional, vigente internacionalmente, en su artículo 7°, según el cual “A los efectos del presente Estatuto se entenderá por “crimen de lesa humanidad”, cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; a) Asesinato”. En consecuencia, resulta incuestionable la imprescriptibilidad también de estos ilícitos. Y que en atención a la extensión de las penas impuestas no se concede  beneficio legal alguno" -  explícitamente, "beneficio legal alguno", incluyendo el Decreto  924 que modifica el Decreto 518, y todos los intentos de instaurar legalmente la libertad condicional para criminales de lesa humanidad, por razones de edad y salud, las que no califican cómo humanitarias en este tipo de criminal.

Este fallo es en memoria de quienes fueron nuestros familiares, hombres honrados, comprometidos con los derechos humanos y la liberación de la pobreza del pueblo chileno, razón por la cual los mataron quienes están en contra de esos objetivos. Este fallo viene a recuperar la dignidad y la honorabilidad de nuestros dieciséis familiares y viene a condenar a los delincuentes que los asesinaron con quince años de presidio por los trece mutilados exhumados en Copiapó y quince años por detenidos desaparecidos de El Salvador.

...En fallo unánime (causa rol 1237-2015), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Dobra Lusic, Jenny Book y Viviana Toro– condenó a dos penas de 15 años y un día de presidio a los miembros del Ejército en retiro Sergio Arredondo González y Pedro Espinoza Bravo, como autores de 13 homicidios calificados y tres secuestros calificados.
Asimismo, las ministras condenaron al miembro del Ejército Patricio Díaz Araneda a una pena de 11 años por su participación, en calidad de autor, de los delitos reiterados de homicidio calificado de las 13 víctimas. En tanto, los miembros del Ejército Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar penas de 10 años y un día de presidio, por su responsabilidad en los mismos delitos.
Angélica Palleras N. - Hermana de Adolfo Palleras N


EN MEMORIA DE NUESTROS FAMILIARES


Adolfo Palleras Norambuena Norambuena


Agapito Carvajal  González


Fernando Carvajal  González


Alfonso Gamboa Farías


Atilio Ugarte Gutierrez


Benito Tapia Tapia


Edwin Mancilla Hess


Jaime Sierra Castillo


Leonello Vincenti Cartagena


Leopoldo Larravide López


Maguindo Castillo Andrade


Manuel Coetázar Hernández 


Pedro Pérez Flores


Raúl Guardia Olivares


Ricardo García Posada


Winston Cabello Bravo

Thursday, July 07, 2016

MINISTRO MARIO CARROZA DICTA AUTO DE PROCESAMIENTO POR HOMICIDIO EN EL ESTADIO NACIONAL EN 1973

07/07/2016

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, sometió a Reinel Bocaz Rocha y Luis Alberto Oyarzo Oyarzo como autores del homicidio calificado de Óscar Delgado Marín, ilícito perpetrado el 5 de octubre de 1973, en el Estadio Nacional de Santiago.
En la resolución (causa rol 1-2016), el ministro Carroza da por establecido que, alrededor de las 19 horas del 5 de octubre de 1973, "el subteniente Reinel Bocaz Rocha le habría ordenado  al cabo Luis Oyarzo Oyarzo hacerse cargo de Óscar Delgado Marín y trasladarlo desde el sector de camarines donde se mantenía recluido, hasta el velódromo del Estadio Nacional, lugar donde sería interrogado, con las instrucciones de este oficial de espera que el resto de los detenidos avanzaran unos 150 metros para comenzar el traslado, toda vez que este era peligroso y si era necesario dispararle".
"En el curso –agrega– del cumplimiento de la orden dada por Bocaz Rocha, Delgado Marín se habría abalanzado sobre el cabo Oyarzo y éste en forma instintiva le dispara con su arma de servicio causándole la muerte, la que fue constatada por el médico de turno del Hospital de Campaña que se encontraba en el Estadio Nacional, hecho que informa el oficial de ronda al comandante del campo de prisioneros  coronel Jorge Espinoza Ulloa, actualmente fallecido".
 Ministro en visita sometió a Reinel Bocaz Rocha y Luis Alberto Oyarzo Oyarzo como autores del homicidio calificado de Óscar Delgado Marín, ilícito perpetrado el 5 de octubre de 1973, en el Estadio Nacional de Santiago

MINISTRO MARIO CARROZA PROCESA A NUEVE EX MILITARES POR EL EPISODIO LA SERENA DE LA “CARAVANA DE LA MUERTE”

07/07/2016
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó auto de procesamiento de nueve ex uniformados, en calidad de autores y cómplices de 15 homicidios calificados, ilícitos perpetrados el 16 de octubre de 1973, en su paso por La Serena de la denominada "Caravana de la muerte".
En la resolución (causa rol 2182-98), el ministro de fuero encausó a: Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Armando Fernández Larios, en calidad de autores de los delitos. En tanto, Juan Emilio Cheyre Espinosa, Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles fueron procesados en calidad de cómplices.
De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de la investigación, el ministro Carroza logró establece los siguientes hechos:
"La mañana del día 16 de octubre de 1973, arriba a la ciudad de La Serena, un helicóptero "Puma" del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre ellos Sergio Arredondo González, Pedro Espinoza Bravo, Emilio de la Mahotiere González, Luis Polanco Galladom, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Moren Brito (fallecido), Hugo Héctor Leiva González, comandados por el delegado General de Brigada Sergio Arellano Stark, quien tras sostener una reunión con el primer comandante Ariosto Lapostol Orrego, del regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena, para informarle de su misión, requiere del fiscal militar Cazanga Pereira (fallecido) aquellos procesos militares donde constaban prisioneros políticos, luego de seleccionar a los detenidos que serían ajusticiados, un contingente del Ejército concurre hasta la Cárcel Pública de La Serena a retira y trasladar, sin derecho ni decreto alguno, a las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen, que se encontraban privados de libertad a disposición de la autoridad militar, al aludido regimiento de la ciudad de La Serena;
Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozo del mismo regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, y es conducido junto a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar, el cual ya había sido ordenado cercar por personal del mismo regimiento. Una vez en el polígono, fueron ajusticiados sin juicio previo alguno, mediante disparos efectuados por personal del Ejército;
Seguidamente y de manera ya prevista, se ordena la inscripción de las defunciones de las víctimas, sin habérsele practicado las autopsias respectivas, ni efectuado reconocimiento alguno por parte de sus familiares, para luego personal militar trasladar sus cuerpos hasta el cementerio local y sepultarlos en una fosa común, de manera oculta, cometido para el cual las autoridades del regimiento habían previamente efectuado las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal;
Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del regimiento, jefatura de zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un Bando Militar, donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado quince extremistas en cumplimiento de los resuelto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, lo que el Comandante del Regimiento, su ayudante y los oficiales de dicha unidad militar sabían que no había acontecido y que se les había ajusticiado sin juicio previo, por la circunstancia de su ideología".
Los procesados quedarán detenidos en el Batallón de Policía Militar, excepto Armando Fernández Larios, quien reside en el extranjero, por lo que se iniciará la tramitación legal pertinente para que responda por su responsabilidad.

Ministro de fuero encausó a Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Armando Fernández Larios, como autores de los delitos. En tanto, Juan Emilio Cheyre Espinosa, Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles fueron procesados en calidad de cómplices.

Tuesday, June 21, 2016

Impunidad en Chile. Senadores presentan proyectos que benefician a reos de Punta Peuco

Se trata de tres mociones que propenden al cumplimiento alternativo de las penas de presos gravemente enfermos y de avanzada edad.
Sus autores son los RN Manuel José Ossandón, Baldo Prokurica y Francisco Chahuán, el UDI Iván Moreira, el PPD Eugenio Tuma y Lily Pérez (Amplitud).



 
 
Agrupaciones de derechos humanos se han manifestado recientemente contra la posibilidad de dar beneficios a criminales de lesa humanidad.
 
Tres proyectos de ley presentados durante los últimos días por senadores abren la puerta a la entrega de beneficios carcelarios a presos por violaciones de los derechos humanos que actualmente están recluidos en Punta Peuco, y han abierto una controversia en la Cámara Alta.
Una moción ingresada el 8 de junio por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Lily Pérez (Amplitud) y Eugenio Tuma (PPD) busca que se permita "la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas" (ver archivo adjunto).
Sus colegas Francisco Chahuán y Baldo Prokurica (RN), además del UDI Iván Moreira ingresaron ayer otros dos proyectos para modificar los artículos 86 y 87 del Código Penal "con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal" y "para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores", respectivamente.
Según informó esta tarde La Segunda, el senador Ossandón pidió que las propuestas fueran discutidas en la Comisión de Derechos Humanos y no en la de Constitución, "argumentando que esta última estaba muy sobrecargada de trabajo".
subir "Punta Peuco, lo que hay detrás"
El senador socialista Juan Pablo Letelier cuestionó dicha petición señalando que las materias referidas al cumplimiento de penas deben ser analizadas técnicamente por la Comisión de Constitución.
"Algunos quieren llevar a la Comisión de Derechos Humanos los casos de Punta Peuco, lo que es un error garrafal (...) Eso es lo que hay detrás de esto, no nos engañemos", manifestó Letelier, según el vespertino.
El UDI Iván Moreira replicó cuadrándose con la postura de Ossandón, quien señaló que "ésta es una cuestión humanitaria y, por lo tanto, debe conocerla la Comisión de Derechos Humanos".
A sugerencia del presidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber (PPD), los senadores acordaron que las tres mociones sean debatidas en general y en particular tanto en la Comisión de Constitución como en la de Derechos Humanos.
subir Proyecto de acuerdo
En la sesión de ayer también se presentó un proyecto de acuerdo de los senadores UDI Juan Antonio Coloma, Jacqueline van Rysselberghe, Ena Von Baer, Alejandro García-Huidobro, Iván Moreira, Víctor Pérez y Hernán Larraín; los RN Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José García Ruminot, Manuel José Ossandón y Baldo Prokurica; los DC Manuel Antonio Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, el PPD Eugenio Tuma y los independientes Alejandro Guillier y Antonio Horvath en un sentido similar.
El escrito (ver archivo adjunto) solicita a la Presidenta Michelle Bachelet "que, si lo tiene a bien, adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables".
Este debate se da a pocas semanas de que un fallo de la Corte Suprema abriera también la puerta a que reos de Punta Peuco como Miguel Krassnoff accedan a beneficios como la libertad condicional.
Desde la UDI han abogado por una "revisión objetiva" de las solicitudes de beneficios carcelarios de los criminales de lesa humanidad, mientras familiares de víctimas se han manifestado en contra, incluso frente al Palacio de Tribunales.
                                

Sunday, June 19, 2016

La última jugada de Jorge Burgos: El descabezamiento al Programa de Derechos Humanos (PDH) y el blindaje a Cheyre



http://www.radiovillafrancia.cl/la-ultima-jugada-de-jorge-burgos-el-descabezamiento-al-programa-de-derechos-humanos-pdh-y-el-blindaje-a-cheyre


Poco antes de salir de su puesto -tras presentar su renuncia el pasado miércoles 08 de junio- el Ministro de Interior Jorge Burgos dio un golpe letal a la autonomía del Programa de Derechos Humanos (PDH) que funciona bajo la supervisión de dicha cartera: Trasladó al secretario ejecutivo Sebastián Cabezas al Ministerio de Justicia y removió de su cargo al abogado jefe del Área Jurídica, Rodrigo Lledó.
Hizo esto después de infructuosos intentos para que el PDH no siguiera adelante en su intención de solicitar la formalización del general (r) Juan Emilio Cheyre, por su eventual participación en los crímenes de la Caravana de la Muerte en su paso por La Serena.
Fue el lunes 25 de mayo, tras un último llamado desde Interior a favor de Cheyre -que Lledó rechazó la “petición de La Moneda” alegando la autonomía en materia procesal de dicha institución. Tras eso, una asesora del todavía ministro Burgos telefoneó a Lledó informándole que había sido removido de su cargo y que debía retirar a la brevedad sus pertenencias de su oficina.
Mientras, la nueva directora Catalina Lagos le expresaba personalmente a Lledó que no contaba con su confianza, pero “como gesto”, le permitió que permaneciera en funciones unos días más. Y fue ese el lapso que Lledó aprovechó para cumplir una última tarea, de la más grande importancia.
El martes 07 de junio Lledó solicitó al ministro en visita especial Mario Carroza el procesamiento de Cheyre, en calidad de encubridor de homicidios y secuestros calificados por el caso Caravana de la Muerte. Esta solicitud impulsada por Lledó la hizo con el respaldo y firmas de todo el equipo de abogados del PDH. Esto ocurría un día antes que Burgos dejara sus funciones en el Ministerio del Interior.
Así se concretaba una de las peores pesadillas del Ministro Burgos y de la propia Moneda: la posible caída de Cheyre, “el general de la transición”.
Esta es la primera vez que el PDH solicitaba procesar a este ex alto oficial, pese a que es investigado por la Justicia desde hace más de 5 años.

El joven Teniente Cheyre

Al momento de producirse el golpe militar de 1973, Cheyre ejercía como teniente en el Regimiento Arica de La Serena. Numerosos sobrevivientes de la dictadura lo han sindicado a él como responsable de ejecuciones y torturas, sin embargo él ha insistido, hasta hoy, que solo desempeñó labores administrativas y que nunca vio ni escuchó nada, de haberlo hecho, dice Cheyre, lo habría contado.
Inolvidable en este sentido resultó el cara a cara registrado en el programa El Informante de TVN -el 20 de agosto de 2013- entre este militar retirado y -en ese entonces- presidente del directorio del Servel, con Ernesto Lejderman Ávalos, cuyos padres María del Rosario y Bernardo fueron asesinados –en su presencia- por militares del Regimiento Arica de La Serena.
Estoy aquí por la memoria de mi Papá y mi Mamá. Estoy aquí porque sigo planteando que tiene que haber justicia y todavía no la hay. No le deseo ni a Cheyre ni a ningún militar genocida ni a nadie lo que mis padres vivieron, tampoco lo que viví yo al tener que presenciar el crimen”.
Y fue por más: “¿Por qué cuando fue jefe del Ejército (2002-2006) no dijo dónde estaban los restos de los detenidos desaparecidos? (…) “yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio y cuente de verdad ¿dónde están? Que diga qué pasó con mi Mamá y con mi Papá, de verdad”, le espetó Lejderman.
Como resultado de esta acción de Ernesto Lejderman, Cheyre debió dejar la Presidencia del Consejo Directivo del Servel, aunque se mantuvo como director del mismo.

A esto se suma la declaración de dos testigos presenciales que aseguraron, en cámara en el Reportaje de Informe Especial (TVN) emitido el fin de semana pasado. Ambos señalan haber sido torturados por el propio Cheyre en su paso por el Regimiento Arica de La Serena. Estos son los testimonios de Nicolás Barrantes, quien tenía 17 años cuando fue detenido y torturado en dicho Regimiento, y el testimonio de Cecilia Marchant, quien también apunta a Cheyre como el oficial responsable de su tortura y los vejámenes sufridos en ese Regimiento. Testimonios de los que se tiene constancia hace años pero que hoy son parte del procesamiento y la investigación que lleva el Ministro Mario Carroza. De este modo, ambos testigos directos apuntan directamente a Cheyre como quien estuvo a cargo de las torturas.

La doctrina Ugás

Desde que en mayo de 2015 el ministro Burgos llegó a Interior, inmediatamente quiso supeditar el accionar del PDH a los requerimientos políticos de su Ministerio. Sin embargo, se encontró con las convicciones y decisión del entonces secretario ejecutivo de dicho organismo, Francisco Ugás, quien en más de una vez le recordó al ahora ex ministro que dicho programa era autónomo en materia de decisiones procesales.
La determinación por mantener esta especie de doctrina la demostró en más de una ocasión. El segundo semestre de 2014 el PDH elaboró un informe en que justifica la necesidad que el Estado de Chile “revise y modifique las normas vigentes atingentes a la confidencialidad, la reserva y el secreto que restringen o impiden el acceso al material documental sobre las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívica-militar”.
Esto se refiere específicamente a lo que ha sido conocido como “el secreto de los 50 años” establecido en la Ley 19.992, de 2004, que fija la reparación que recibirán los presos políticos y torturados, calificados como tales por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”.
En el quinto punto de las conclusiones de dicho informe –que fue dado a conocer por este medio el 2 de agosto de 2015- se plantea como solución a este problema dar a conocer los antecedentes en cuestión “para promover la eficacia del derecho a la verdad y del derecho al acceso a la información pública”.
De hecho, en el PDH hubo sorpresa cuando por televisión, la Presidenta anunciaba frente a las cámaras -al lado de Carmen Gloria Quintana, tras la reapertura del Caso Quemados- la realización de un estudio para revisar el levantamiento del secreto del Informe Valech. La sorpresa se daba porque dicho estudio -que el mismo PDH había realizado- se encontraba terminado hace 8 meses y estaba, desde diciembre, en el escritorio del Ministro del Interior y de la propia Presidenta Bachelet.
De esta manera, contradecía las políticas desde Lagos en adelante en esta materia y que apuntan a mantener en secreto la identidad de los denunciados como torturadores de la dictadura militar.
Esta independencia del PDH incluso traspasó las zozobras derivadas de no obedecer la solicitud de la propia Presidenta Bachelet y su madre, Ángela Jeria, que se oponían a que el organismo apelara a las bajísimas penas con que el juez Carroza sancionó –en noviembre de 2014- a los autores de las torturas contra el padre y esposo de aquellas, el general Alberto Bachelet.
Dichos apremios fueron perpetrados en la Academia de Guerra Aérea previo a la muerte de Bachelet –como resultado de los maltratos-, en marzo de 1974. Por este crimen los coroneles (r) Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera recibieron sentencias de dos años y un día y de tres años y un día, respectivamente.
El abogado de la familia Bachelet, el ex ministro de Justicia Isidro Solís, comunicó directamente al PDH su conformidad con el fallo y la decisión de la familia de no perseverar en la causa y pedía al PDH que hiciera lo mismo. Esto desconcertó y causó gran molestia en la oficina de Agustinas (PDH). Era la propia presidenta quien ponía un freno a la política del PDH y sentaba un mal precedente en esta materia. Se realizaron reuniones, la gente del programa amenazó con renunciar y la relación se tensionó.
Hicieron esto pese a que, como sostiene el periodista Víctor Herrero en la nota Derechos Humanos: La Presidenta que hizo poco, el subsecretario de Interior Mahmud Aleuy y la jefa de gabinete de Bachelet, Ana Lya Uriarte, forzaron para que aflojaran.
No obstante, liderados por Ugas y Lledó, y sustentándose en el peso de las pruebas, el PDH decidió perseverar en la apelación.
Pero esta doctrina se fragilizó en diciembre de 2015 cuando Francisco Ugás renunció a su cargo –con el fin de realizar un postgrado en Europa- y su puesto fue ocupado por el abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sebastián Cabezas.
Al observar este cambio, se renovaron las presiones de Burgos respecto del PDH con el fin de someter las decisiones de este ente a su agenda política. Cabezas, a duras penas, pudo resistir la presión, hasta que se desencadenó el episodio de la solicitud de procesamiento a Cheyre y Burgos y el Gobierno decidieron descabezar este organismo.
El traslado de Cabezas a Justicia se hizo con el pretexto de hacer cumplir la Ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, bajo cuya tutela operará en el futuro próximo el PDH.
Es importante tener presente que este equipo recientemente descabezado alcanzó su consolidación bajo el Gobierno de Sebastián Piñera. Esta administración –al no contar con profesionales con experiencia en el campo de la defensa legal de los derechos humanos- realizó una selección vía Alta Dirección Pública que derivó en el arribo de Ugás y otros profesionales jóvenes comprometidos con el avance de las causas.
Tanto Ugás como Lledó habían parte importante de sus carreras profesionales en la Corporación de Asistencia Judicial (“los abogados de los pobres”) en donde había tocado tramitar numerosas causas de derechos humanos, temática en la que –considerados sus estudios y experiencia- eran expertos.
Dada la ostensible inclinación de la Nueva Mayoría –Concertación por la Democracia- por el cuoteo político, el mundo de los derechos humanos temió que este equipo de comprometidos profesionales sería descabezado por la Presidenta Bachelet luego de asumir su segundo mandato en marzo de 2014.
Sin embargo, luego de la intervención de las más emblemáticas agrupaciones de derechos humanos, en orden a exigir que el equipo se mantuviera, la Presidenta decidió nombrar a Ugás secretario ejecutivo del PDH –antes era el encargado del área jurídica- y Lledó –que se desempeñaba como abogado en dicha repartición- se hizo cargo del área jurídica.

El silencio de las agrupaciones y el caso Neruda

Catalina Lagos (PS), nueva secretaria ejecutiva del PDH que antes se desempeñó en la unidad de Relaciones Internacionales del Sernam, pertenece a una familia muy vinculada al poder. Como señala Jorge Molina (The Clinic) en nota de 10 de junio, ella es hija del actual fiscal de Corfo Pablo Lagos Puccio y de Sonia Tschorne, “ambos parte del ADN tradicional de la ex Concertación”.
Su llegada al PDH marca el fin de una época en que primó el profesionalismo y el compromiso con los derechos humanos y el retorno del cuoteo político.
Pese a esto, las agrupaciones más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) han guardado completo silencio. Ni siquiera han emitido un pronunciamiento que exprese su inquietud. Esto, pese al importante rol que juegan el PDH en más de 700 causas de ejecuciones y desapariciones forzadas.
La única instancia que ha realizado gestiones para exigir que el Gobierno revierta la medida –especialmente en lo que concierne a la destitución de Lledó- es la Sucesión Neruda, liderada por el abogado Rodolfo Reyes.
En misiva ingresada a La Moneda el 3 de junio, le expresan a la Presidenta Bachelet que la destitución de Lledó “atenta contra la investigación, merma y altera los excelentes avances en la investigación por la muerte de Neruda que es un caso de atención nacional e internacional”.
En este sentido cabe consignar que bajó la conducción de Lledó y Ugás, el PDH se hizo parte del caso Neruda (Rol 1038-2011) el 9 de enero de 2015.
Y tan importante fue la incorporación del PDH en este caso, que logró revertirse el curso que llevaba esta causa para demostrar que “de los hechos acreditados en el expediente, resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de D. Pablo Neruda”.
Esto, según informe -de once páginas- emanado el 25 de marzo de 2015, que forma parte de un cuaderno reservado de la causa 1038-2011 “Caso Neruda” y que fuera dado a conocer por el diario español El País, el 5 de noviembre de 2015.
En dicho escrito, que lleva la firma de Ugás y Lledó y fue dirigido al ministro en visita que sustancia este caso, juez Mario Carroza, se sostiene que “desde el punto de vista probatorio, es posible concluir que (…) no se estableció en su momento, ni tampoco durante el curso de la investigación, que la muerte (de Neruda) se haya producido a consecuencia del cáncer que sufría”, señala este informe en sus Conclusiones.
De esta manera contravenía en forma radical los informes elaborados por el Primer Panel Internacional de Expertos que sugería que Neruda había muerto del cáncer que lo afectaba sin tener ninguna prueba de ello.
Es indudable el trabajo y aporte del Programa de Derechos Humanos (PDH), en el avance de causas y establecimientos de verdades históricas y jurídicas, un avance que no ha estado exento de presiones propias del calculo político y alejadas de la razón de su creación como institución autónoma del Estado en la consolidación de la reparación del Estado y la consecución de penas en contra de quienes atenten contras esto, como certeza disuasoria de un “Nunca Más” en materia de Derechos Humanos. Desafortunadamente para el establishment político y por fortuna para las víctimas, el equipo profesional del PDH fue más allá, a pesar de sus lógicas restricciones, tan allá que ha costado, a juzgar por los hechos, su propia existencia.
La última jugada de Burgos se concretó en el descabezamiento del PDH, y serán los hechos y la historia las que den cuenta el costo de esto, pero en lo inmediato y cumpliendo el rol que les correspondía, el PDH ha logrado avances incluso yendo más allá y pidiendo la formalización de “intocables”, todo esto bajo la lógica política que ha permeado en todos los gobiernos de la transición y que aún persiste: En la medida de lo posible e hipotecando su propia sobrevivencia.
http://www.radiovillafrancia.cl/la-ultima-jugada-de-jorge-burgos-el-descabezamiento-al-programa-de-derechos-humanos-pdh-y-el-blindaje-a-cheyre