Monday, January 16, 2017

No es justo liberar a los presos de Punta Peuco




Miércoles 11 enero de 2017 | Publicado a las 16:43
Radio Bío Bío

El pasado viernes 23 de diciembre se realizó en el penal Punta Peuco una ceremonia ecuménica en que 10 de sus presos, condenados por crímenes contra la humanidad, pidieron perdón. Este hecho ha encendido el debate público sobre los derechos de estos presos a recibir beneficios carcelarios.
Desafortunadamente, el debate ha sido caótico y confuso, y ha resultado sumamente excluyente para la mayoría de la población, transformándose en una conversación a la que solo acceden las personas relacionadas con los derechos humanos, políticos y abogados. Sin embargo, esta discusión atañe al conjunto de la sociedad, y es necesario ordenarla para permitir un debate transparente y democrático.
Los presos de Punta Peuco fueron condenados por crímenes contra la humanidad, también conocidos como delitos de lesa humanidad, que consisten en el asesinato, exterminio, tortura, violación o desaparición forzada de personas, realizado en forma masiva y sistemática por un Estado u otra organización que ejerza las veces de tal. Estos delitos son considerados extremadamente graves, más que ningún otro tipo de crimen, por lo aberrante de la violencia ejercida, pero, especialmente, porque no se trata de individuos aislados cometiendo delitos contra otros individuos, sino de una política institucional de violencia ejercida contra personas por su raza, género o posición política. Por eso se les llama violaciones a los derechos humanos.
La dictadura civil y militar que comienza en 1973 cometió crímenes contra la humanidad. Así lo prueban decenas de procesos judiciales, como también el trabajo de las comisiones presidenciales convocadas para llevar registro y balance de lo ocurrido: la “Comisión Rettig”, la “Corporación Nacional de Reparación y Conciliación” –ambas sobre desaparición forzada y ejecución de personas-; y las llamadas “Comisión Valech I” –sobre prisión política y tortura- y la “Comisión Valech II”, para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura.
Hace dos semanas, una decena de condenados por estos crímenes realizaron una ceremonia religiosa para pedir perdón. Esto es legítimo en el marco del proceso individual que cada uno de ellos pueda estar viviendo, pero es irrelevante en el ámbito de la justicia para estos casos y, en particular, con la posibilidad de que salgan en libertad.
Por lo grave que son los crímenes contra la humanidad, el derecho internacional considera que los autores de estos delitos no pueden recibir el mismo trato que un preso normal. Se prohíbe la liberación anticipada de estos, por la importante señal que representa para la sociedad que los autores de delitos contra la humanidad cumplan su condena. Se reconocen ciertos casos en los que se admite una liberación anticipada, pero bajo estrictos estándares: que los condenados ya hayan cumplido 2/3 de la pena, o 25 años para los condenados a cadena perpetua; y el aporte de información que contribuya al avance de investigaciones en curso. En ese sentido, la edad de los presos no se considera un criterio legítimo para liberarlos.
Definir lo que es justo respecto de personas condenadas por crímenes contra la humanidad, nos obliga a hacer un balance general de la justicia alcanzada respecto de los delitos cometidos, pues así como hay que considerar la humanidad de los condenados y de sus familiares que sufren por su encierro, también debemos considerar la humanidad de las víctimas y sus familias y, también, al conjunto de la sociedad chilena, pues todos, directa o indirectamente, fuimos dañados por los crímenes cometidos, y todos tenemos interés en que ellos no se repitan. La sanción que reciben quienes cometieron estos crímenes no tiene que ver únicamente con el daño que le hicieron a sus víctimas directas, sino el daño que sus acciones representa para nuestra sociedad y a la democracia en general, es decir, a la posibilidad de que todos participemos en igualdad de condiciones de la deliberación sobre el destino de nuestras vidas.
A 26 años del retorno a los gobiernos civiles, las cifras sobre el avance en alcanzar verdad y justicia sobre los crímenes contra la humanidad cometidos es reducido. De las 1.132 víctimas de desaparición forzada, sólo se han encontrado e identificado los restos de 148 de ellas. No existe una política estatal para buscar estos cuerpos. Hasta ahora existen 116 personas cumpliendo condena por violaciones a los derechos humanos, que es un número sumamente bajo, si se considera que la Comisión Valech identificó la existencia de más de 1000 centros de tortura que operaron entre 1973 y 1988. Ninguno de los condenados ha aportado antecedentes sobre los destinos de las víctimas ni los hechos acontecidos. Tampoco el Estado brinda apoyo y protección a las pocas personas que han entregado información. En los casos donde ha existido condenas se han usado instituciones jurídicas contrarias al estándar internacional en la materia, como la media prescripción aplicada a los victimarios, que se utiliza para disminuir las penas, y el cumplimiento de condena en recintos especiales, con mejores condiciones y separados del resto de la población penal. En la misma línea, especial significancia tiene que el dictador haya fallecido en total impunidad.
A esto se suma la grave limitación para conocer la verdad sobre los delitos cometidos que estableció el gobierno de Ricardo Lagos. Se fijó un secreto de 50 años sobre los testimonios de las víctimas recopilados en el Informe Valech, lo que impide que dichos relatos sean conocidos por tribunales y por la sociedad chilena en su conjunto. Esto se ha realizado abiertamente en contra de la voluntad de las agrupaciones de familiares y víctimas, quienes han solicitado reiteradamente que esos antecedentes sean hechos públicos.
En materia de reparación a víctimas sobrevivientes, parte fundamental de alcanzar justicia, la situación también es delicada. Hasta hoy el gobierno continúa faltando a su compromiso sobre el establecimiento de una comisión de calificación permanente que pueda evaluar todos los casos de ex-presos y presas políticas y torturados que no fueron considerados. Igualmente el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) establecido para los supervivientes, tiene crónicos problemas de financiamiento y funcionamiento, derivando en una mediocridad general de las prestaciones entregada que obliga a las víctimas a mantenerse en constante estado de movilización para presionar por un estándar mínimo de utilidad.
Desgraciadamente, no ha sido posible tener un debate constructivo sobre este tema. Al contrario, la ceremonia de perdón ha sido utilizada como parte de una ofensiva mediática para lograr la liberación de los presos de Punta Peuco, y actores de todos los sectores han contribuido a confundir deliberadamente la discusión. Se mezclan distintos planos del debate, homologando circunstancias morales y particulares a efectos jurídicos, presentando a los victimarios como víctimas, a los que supuestamente se les niega misericordia, la que se homologa a justicia. En el mismo acto, se demoniza a las víctimas y sus familiares, presentándolos como indolentes e incapaces de perdonar. Se distorsiona la discusión, pues quien condenó a los presos de Punta Peuco es el Estado, no las víctimas.
Esta ceremonia se celebra precisamente en el contexto de una seguidilla de recursos y solicitudes a los tribunales por beneficios a los condenados. Se trata de una ofensiva del conjunto de personas e instituciones que se beneficia personal, política y económicamente con la impunidad ante los crímenes cometidos, y que busca alterar el débil consenso que como sociedad hemos logrado alcanzar al respecto, a través de la presión ante los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, y los medios de comunicación.
Esta posición no se limita a la derecha chilena. A la distorsión del debate ha contribuido abiertamente Jaime Campos (PR), ministro de justicia, al afirmar que “los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así”, dando a entender que el negar beneficios y libertades a los autores sería una forma de crueldad y falta a los derechos de los presos de criminales condenados por delitos contra la humanidad. En la misma posición está Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema, quien señaló que “no debiera haber ninguna diferencia entre una persona condenada y otra”, desconociendo el tratamiento especial que deben recibir este tipo de presos. Ambas afirmaciones están por debajo del estándar mínimo democrático establecido a nivel mundial después de los horrores de la segunda guerra mundial.
Las personas procesadas han contado con todos los derechos que sus víctimas no tuvieron. Se les ha garantizado su seguridad individual y personal, se les ha sometido a juicio con debido proceso, asistencia letrada y han tenido acceso a todos los recursos y acciones que les permiten ver y revisar sus situación jurídica. Ser condenado y cumplir dicha condena no es una violación de sus derechos humanos.
Este escenario, de retroceso de la concepción general que como sociedad tenemos sobre lo que son los derechos humanos, quienes buscamos defender una idea y una práctica sobre los derechos humanos que siente las bases para una sociedad democrática, nos encontramos en una posición muy desfavorecida. A pesar de las lúcidas y valientes palabras y acciones de algunos dirigentes como Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y otras personalidades como Carmen Gloria Quintana, la realidad es que el conjunto de fuerzas democráticas de este país no hemos tenido la capacidad de frenar la arremetida comunicacional y el avance de la posición de quienes promueven la impunidad.

Es urgente repensar el movimiento por derechos humanos
 desde una perspectiva que ponga en el centro construir una sociedad democrática en su sentido sustantivo. La segmentación de las organizaciones y agrupaciones de familiares y víctimas según el tipo de violencia que el Estado ejerció sobre ellos, las atomiza, y disminuye su efectividad y alcance político. Del mismo modo, no corresponde limitar este movimiento a las víctimas directas de la violencia. La dictadura no buscó asesinar a personas individuales, sino que su propósito fue exterminar a una gran cantidad de dirigentes políticos, quienes representaban el fruto de décadas de trabajo y maduración de vastos sectores de la sociedad chilena (desde sectores medios hasta el mundo popular) por tener pensamiento y proyecto político propio. Exterminarlos fue decirle a la gran mayoría de los chilenos: ustedes no pueden decidir sobre el destino de sus vidas. Más allá de la adhesión a esos proyectos políticos en particular, todo demócrata debe defender con determinación que el Estado chileno busque la verdad sobre los crímenes cometidos, condene a los responsables (ya sean directos o indirectos), repare a las víctimas, y construya una institucionalidad que garantice que los crímenes no se repitan.
Haydee Oberreuter  -  Ex prisionera política
Francisco Arellano   -  Fundación Nodo XXI

Tuesday, November 22, 2016

Hoy ante la Corte Suprema Casación en la Forma y en el Fondo. Caravana de la Muerte Copiapó.



Ya no hay nada más que hacer, ganó la cobardía y la mentira, ganó el montaje de la fuga en un principio y del fusilamiento, cuando probamos que no hubo fuga ni traslado de reos. Los exhumamos y estaban todos ultimados con corvos, cuchillos, cráneos destrozados, quemados y cruzados con yataganes.

Hoy hemos llegado al último peldaño de la Justicia en Chile, la Corte Suprema, hoy solo pedimos que se cumpla la sentencia dada a los criminales y solo pedimos que sea en forma efectiva sin beneficios.
El Estado ni el Ejército de Chile condenó a estos militares asesinos y aun cuando ya es demasiado tarde sólo pedimos que se cumpla el castigo que hemos conseguido en medio de tanto proteccionismo y obstáculos.

Es muy triste y frustrante que se les condene por haberlos fusilado, una muerte casi sin dolor, cuando los mataron entre gritos horrorosos de dolor en una noche con olor a sangre en el interior del regimiento de Copiapó.


En el fondo y en la forma es un Crimen de Lesa Humanidad que tiene y que tenía que haber sido castigado por la Justicia Ordinaria y por la Justicia Militar con sendas condenas de presidio perpetuo, pero si no es así, que cumplan en Colina 1, las respectivas condenas dadas, sin beneficios. Por la Verdad, por la Justicia, por la Memoria. Para que Nunca Más en Chile.
Miércoles 1 de agosto de 1990. Funerales de los ejecutados políticos de Copiapó. asesinados por la Carvana de la Muerte. Ataúd de mi hermano Adolfo, lo llevan mi sobrino Jaime Palleras, su hijo, Jaime González, mi hijo, compañeros y amigos.

Entrevista hecha a nuestra hermana Gabriela Palleras y a Reinaldo Troncoso.(Parte 1)

Entrevista hecha a nuestra hermana Gabriela Palleras y a Reinaldo Troncoso.(Parte 2)

Conferencia de Prensa, junto al abogado Erik Villegas, a cargo de la Causa Inhumación Ilegal

Hallamos sus cuerpos horrorosamente torturados

Conferencia de Prensa, junto al abogado Erik Villegas, a cargo de la Causa Inhumación Ilegal
Adolfo Palleras Norambuena, el número 9, en el reconocimiento de los familiares en la Morgue de copiapó. Exhumación entre el 27 y el 30 de julio de 1990

Ropas de Adolfo Palleras en la exhumación. Entrada de yatagan en la parte alta de la chomba, cuello, dos cortes o entrada del arma. En el costado gran corte que atravesó el omóplato. 

Las evidencias de cortes de corvo en la ropa de Adolfo Palleras, mi hermano. Por la falta de Verdad y Justicia en Chile los asesinos son juzgados y serán condenados por fusilamiento


Angélica Palleras N.
Hermana de Adolfo Palleras
Ejecutado en tortura - Caravana de la Muerte. Copiapó.

Tuesday, November 15, 2016

La Oscura Estrategia para Liberar Criminales de Punta Peuco






Fuente: Cambio 21


Mientras el gobierno sigue dilatando el cierre del penal, poderes fácticos utilizan toda su influencia para victimizar a peligrosos asesinos. Curas, abogados y otras personalidades ligadas a DDHH son usadas para presionar. La Corte Suprema, en una hábil maniobra, crea puerta giratoria que permitirá liberar a homicidas, violadores y torturadores desde la cárcel vip que mantiene a turbios personajes. La impunidad se toma la agenda.  

Hace semanas en distintos medios del duopolio una serie de respetados personajes han ido apareciendo con un llamado a liberar, por razones humanitarias, a los delincuentes condenados en Punta Peuco.
Los argumentos: que la mayoría tiene avanzada edad; que algunos padecen Alzheimer, lo que no les permitiría tener clara conciencia de los delitos de lesa humanidad que cometieron; que otros incluso estarían con enfermedades terminales y  que en esas condiciones no debieran ser un peligro para la sociedad.
Ya no es el diputado UDI Ignacio Urrutia quien intercede por los desalmados que aún mantienen a miles de familias en vilo sin saber dónde están los cerca de dos mil que todavía permanecen desaparecidos, sino que personas cuya incuestionable ligazón a los DDHH hace complicado no abordar el tema.
¿Se trata de hechos aislados que coincidentemente se dieron de manera natural o es una maniobra de inteligencia desplegada para por cualquier medio -incluso utilizar a personas respetables- recuperar la libertad?
¿Convicción o manipulación?
Nadie podrá cuestionar al sacerdote SJ Fernando Montes en su entrega a la causa social. Tampoco al padre SSCC Percival Cowley, quien desde la Parroquia Universitaria con valentía instruyó a una generación completa acerca de los valores de la vida. Menos al abogado Héctor Salazar, quien arriesgó su propia seguridad en defensa de los perseguidos por la dictadura.
No son los únicos. Desde hace meses y en silencio un grupo de religiosos y abogados han ido buscando socializar la idea de un perdonazo, al menos parcial, a los más ancianos y enfermos. Han ido al Congreso, dado cuanta entrevista ha sido necesaria para "crear conciencia" a la sociedad y se han reunido innumerables veces con las familias de los delincuentes; incluso los han visitado para llevarles su solidaridad.
Los abogados y familiares de los criminales encerrados en Punta Peuco fueron tejiendo pacientemente lazos para convencer acerca de la "necesidad" de liberarlos.
Raúl Meza, representante de Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán (solo para obtener su regreso al penal VIP) y de otros sentenciados, ha ido al parlamento en diversas oportunidades, en especial a la Comisión de DDHH del Senado que preside la UDI Jacqueline Van Rysselberghe, para obtener que los congresistas legislen a favor de sus representados mayores de 75 años.
La Suprema lo hace de nuevo

Las maniobras destinadas a lograr impunidad no vienen de ahora solamente. La Corte Suprema no hace mucho "sacó" de funciones administrativas de apoyo en delitos de lesa humanidad a uno de los jueces más importantes y cuyo conocimiento del actuar de los asesinos había permitido ligar diversas causas y determinar padrones.
A petición del Ejército, a menos de un mes de contratado para liderar el apoyo en causas de DDHH, cesaron abruptamente al exmagistrado Alejandro Solís.
El propio juez acusó la existencia de "operaciones fácticas" al interior de la Corte Suprema que terminaron exonerándolo:
"Antes siquiera que yo lo saludara (Hugo) Dolmetsch (actual presidente de la CS) me especificó que ‘los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Han venido a pedir que termine tu contrato'", le señaló.
No solo eso, al día siguiente, (el entonces presidente de la Suprema) Sergio Muñoz le pidió que "por los incidentes que se han producido, por favor renuncie".
Otra señal alertó de un perdonazo. El país se vio impactado cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó en libertad a una serie de condenados por delitos de máxima connotación social (asesinatos, parricidios, violaciones y otros).
La razón, según el ministro de la Suprema Milton Juica, fue técnica: se buscaba reducir el 60% de sobrepoblación que en promedio tienen las cárceles chilenas. Punta Peuco está "sobrepoblada", luego, era previsible que también se liberara desde allí presos por "sobrepoblación". Los delitos aparecen tan graves en uno y otro caso, nadie cuestionaría.
No ha sido el único actuar de los "Supremos" que ha beneficiado a los criminales de Punta Peuco. En un inédito fallo la Corte Suprema dio un giro a la política de cero beneficios a los condenados por delitos de DDHH.
Puerta giratoria
Esa decisión abrió la puerta giratoria que permitirá liberar a los peores homicidas, violadores y torturadores desde Punta Peuco. Los ministros del máximo tribunal objetaron el análisis que Gendarmería hizo de tres condenados por casos de violación a los DDHH.
Como consecuencia de ello ordenó al tribunal que volviera a revisar sus solicitudes de beneficios y ordenó nuevas pericias a la Municipalidad de Colina y al Servicio Médico Legal.
No deja de llamar la atención que la Suprema ordenara que uno de los nuevos informes periciales  lo realice ese municipio, que encabeza el controvertido alcalde de la UDI Mario Olavarría, quien fuera formalizado por el delito de cohecho por un monto cercano a las 6.000 UF ligado al caso Tottus.
Fue absuelto por el Juzgado de Garantía de Colina, para el cual no existieron pruebas suficientes para acreditar las coimas, aparte de la confesión del vicepresidente de supermercados Tottus, Francisco Leyton, quien reconoció que los pagos habían sido realizado a través de Nabil Mansour, un intermediario que posteriormente depositaba pagos mensuales en la cuenta personal del edil.
Los tres casos que se transforman en la punta del iceberg corresponden a Alex Ambler, quien se encuentra procesado por el asesinato de los hermanos Vergara Toledo; Claudio Salazar, quien está sentenciado a prisión perpetua por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino (caso Degollados), y Conrado Sesnic, un ex funcionario de la Armada condenado a cinco años de cárcel por el secuestro del militante del MIR Rudy Cárcamo.
A caballo regalado...
Apenas dictada la resolución los abogados de varios de los criminales de Punta Peuco de inmediato presentaron recursos insistiendo en la libertad y beneficios intrapenitenciarios. Los primeros fueron Miguel Krassnoff y Miguel Estay (El Fanta), quienes recurrieron a la Corte Suprema para que eventualmente puedan acceder a algunos privilegios.
El primero está condenado a más de 200 años de presidio por diversos crímenes cometidos en dictadura; el segundo está sentenciado a cadena perpetua calificada por el caso Degollados.
El abogado de Krassnoff señaló que la resolución del máximo tribunal "sienta un precedente judicial histórico en los procesos penales por derechos humanos contra militares condenados por delitos de lesa humanidad, considerando que abre una posibilidad concreta para que se conceda la libertad condicional a los internos de Punta Peuco".
Meza reclamó a la Suprema que "la comisión (que entrega el beneficio y que está compuesta por jueces), en su resolución denegatoria nunca tuvo un pronunciamiento específico respecto del interno Miguel Krassnoff Martchenco sobre los motivos particulares por los cuales se le denegaba el beneficio, invocándose por parte de la citada instancia sólo argumentaciones de carácter general". Para el profesional, Gendarmería nunca ha evaluado sicológicamente a su cliente, "sin embargo, se emite un informe sicológico negativo sobre la falta de conciencia de los delitos cometidos", indicó.
Los prontuarios de los beneficiados
Miguel Krassnoff y Miguel Estay Reyno (el Fanta), serían los primeros que podrían gozar de los privilegios e incluso de libertad. Peculiar que hayan sido justamente estos personajes los primeros en acogerse a los beneficios carcelarios. Krassnoff junto a Álvaro Corbalán deben ser los dos más sanguinarios verdugos de los campos de concentración en dictadura.
El "Cosaco" Krassnoff, como gusta ser reconocido en razón de su estirpe,  provenía  de la carrera militar. Luego de participar como teniente del Ejército del asalto de la casa presidencial de Tomás Moro, fue asignado a la DINA, donde  dirigió el centro de torturas y exterminio de Londres 38.
A partir de septiembre de 1974 encabezó la Brigada Caupolicán, conocida por su crueldad, así como también dirigió las agrupaciones Halcón 1 y 2 asociadas a Villa Grimaldi y al campo de exterminio de José Domingo Cañas.
Personalmente torturó y violentó a Lumi Videla, quien luego sería asesinada y lanzada al interior de la embajada de Italia. Participó en los asesinatos de Alfonso Chanfreau, de la periodista embarazada Diana Arón, del sacerdote Antonio Llidó, del español Carmelo Soria e incluso se le sindica como parte de los homicidas del cantautor  Víctor Jara.
Fue condecorado por el asesinato del dirigente del MIR Miguel Enríquez. También tuvo activa participación en la elaboración de listas de la Operación Cóndor, que terminó con el secuestro y asesinato de 119 compatriotas en una aparatosa puesta en escena en el extranjero.
Máxima crueldad
A Krassnoff se sindica como responsable del homicidio de Jorge Fuentes Alarcón, secuestrado en Paraguay y trasladado a Villa Grimaldi, donde fue torturado hasta la muerte en "La Torre", con participación directa del "Cosaco".
Se le inyectó el virus de la rabia y se le mantuvo encerrado en una pequeña jaula de madera. El actuar criminal del militar no solo se limita a la DINA, también fue parte de la CNI, donde cumplió labores represivas. Su nombre está asociado a 113 causas de DDHH en que fueron secuestrados, torturados, violados y asesinados centenas de personas.
El ex comisario y ex agente DINA Nibaldo Jiménez, quien trabajó con Krassnoff en Villa Grimaldi y José Domingo Cañas, declaró que "quienes enviaban a los individuos al mar eran una reunión que se hacía con los jefes de grupo de esa época, los capitanes Miguel Krassnoff Martchenko, Maximiliano Ferrer Lima y otros, porque había varios cuarteles.
Se reunían en algo así como un tribunal, donde decidían qué detenido se salvaba y quiénes se iban al mar con el código anotado Puerto Montt".
Entre otros crímenes se le imputa además el cuasi descuartizamiento de la profesora Marta Ugarte, quien luego de ser lanzada al mar fuera devuelta por las olas y descubierto su cuerpo.
Un testimonio de un sobreviviente, Víctor Toro, lo retrata:
"Yo estaba en Villa Grimaldi (...) y fui testigo de los crímenes más salvajes y brutales perpetrados por la DINA: la eliminación de una familia entera a través de los métodos más bárbaros, inhumanos y el terror insano. Entre el 17 y el 18 de noviembre de 1975 los presos Alberto Gallardo, Roberto Gallardo Moreno, Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco llegaron a Villa Grimaldi", señala.
En dicho lugar cayeron a las manos de Krassnoff.
"Entre golpes, gritos, amenazas y mucho movimiento, estos presos fueron asesinados la noche del 18 de noviembre. Yo vi como colgaron de un árbol en el patio a Alfredo Gallardo de los testículos. Yo escuché su último gemido cuando moría. Marcelo Moren personalmente aplicó aceite hirviendo y corriente eléctrica a los cuerpos desnudos de Catalina Gallardo y Mónica del Carmen Pacheco mientras ellas estaban colgadas de los pies. En un momento dado, los torturadores sacaron las instalaciones eléctricas de la Villa Grimaldi y, con cables de alto voltaje, electrocutaron a sus víctimas. Así mataron a estas dos mujeres. Roberto Gallardo Moreno, quien había sido sometido a torturas desde el día anterior, murió el 18 de noviembre en la parrilla eléctrica", señala la declaración de Toro.
Sádicos verdugos
Claudio Salazar es uno de los beneficiados de la Suprema. Él transportó a la muerte a tres profesionales (Nattino, Parada y Guerrero) que fueran secuestrados por la Dicomcar, organismo de inteligencia de Carabineros. Luego de someterlos a brutales apremios, fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante de uno de los vehículos iba justamente el cabo Salazar.
Los trasladó hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Allí los asesinaron. Manuel Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado junto al camino, el sargento José Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. Comenzó así uno de los peores crímenes que recuerda nuestra historia.Luego bajaron a Santiago Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Alejandro Sáez repitió la ejecución.
Al final tocó el turno de José Manuel Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Claudio Salazar, con sadismo y buscando causarle suplicio, tomó el corvo y le dio un corte en el abdomen. Sabía que le causaría una muerte lenta y dolorosa. Parada se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló. Él es uno de los que ahora podrán transitar junto a usted por las calles, libres.
El Fanta, de torturado a torturador
Militante de izquierda previo al golpe, Miguel Estay Reyno se transformó luego en una pesadilla para sus ex compañeros, a quienes traicionó. Está condenado a cadena perpetua por el "caso degollados", en que fue ejecutado Manuel Guerrero a quien personalmente conocía. También fue amnistiado en la ejecución y desaparición de Reinalda Pereira, embarazada de 3 meses.
Al principio fue la tesis de "mis compañeros o yo", para terminar gozando con lo que hacía. Terminó sentenciando a muerte a decenas de sus ex camaradas del PC, a muchos de los cuales torturó personalmente.  Estay ha sido el más cercano al sacerdote Montes y al abogado Salazar. De hecho, está beneficiado con una pensión como víctima de torturas durante el régimen de Pinochet.
La UDI detrás
Faltaba la guinda de la torta. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se reunió con el diputado de la UDI José Antonio Kast. ¿Tema?  La solicitud del parlamentario para que ese tribunal considere “razones humanitarias” para liberar a los criminales internados en Punta Peuco. Deberían estar “en un hospital, no en una cárcel”, señaló el parlamentario derechista. Fue aún más allá al afirmar que “El Estado está dejando de cumplir su deber de cuidado y garante de las personas”.
Según Kast, los presos de Punta Peuco “ya fueron condenadas por los Tribunales de Justicia, y el Estado tiene hoy día la obligación de velar por su integridad física y psíquica. Aquí tenemos personas mayores de 80 años, de hecho hay dos presos de 89 años, que están en condiciones de salud dramáticas, ciegos, con alzheimer, en sillas de ruedas, que están en condiciones de permanecer en un hospital, no en una cárcel”.  
Como se recordará, el parlamentario ha sido acusado junto a su familia por eventuales responsabilidades en las masacres de campesinos de Paine, en que 77 personas perdieron la vida.
¿Alguien le habrá preguntado su opinión a los familiares de los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y a los sobrevivientes de las crueles torturas?
Fuente: Cambio 21

Friday, November 11, 2016

El Cierre de Punta Peuco y la Ofensiva de la Impunidad en Chile. A 43 años del Golpe.


El 21 de diciembre de 2015, el director regional metropolitano de Gendarmería de Chile, envió al Subdirector operativo del penal Punta Peuco el Oficio Reservado N° 13.00.00. Oficio que detalla la logística del traslado e instalación de los reos del penal de Punta Peuco en su nueva residencia de reclusión, penal de Colina I. Considerando el  personal de apoyo para el momento del traslado, la revisión de las instalaciones a la llegada de los internos, empadronamiento con inventario de enseres. Para el traslado operativo se solicita disponibilidad de vehículos, ambulancias y médicos y para las acciones post traslado e instalación, comunicación a los familiares, chequeo de antecedentes administrativos y el envío de los respectivos oficios a las autoridades  correspondientes informándoles de las nuevas instalaciones de estos reos.

Este traslado nunca se realizó  y nunca se supo lo que sucedió, todo quedó en el más absoluto secreto y ocultismo de todos los sectores que podemos suponer  participaron en los resultados y en el impulso de un nuevo movimiento tendiente al indulto, al perdonazo o a la ley de punto final. Así fue, que en medio del quehacer de las fiestas navideñas del año 2015, donde ni la prensa se percató de este hecho, el 28 de diciembre, la Presidenta de la República, a través de su Ministra de Justicia, decretó un permiso de salida a reos que los miembros del Consejo Técnico se pronuncien positivamente acerca de la postulación, considerando que el informe respectivo deberá dar cuenta, además, del “arrepentimiento del interno por los hechos cometidos.” Entendiendo, que el informe es favorable, cuando la unanimidad de los miembros del Consejo Técnico se pronuncie positivamente acerca de la postulación del interno al permiso de que se trate. Y  deberán acreditar por cualquier medio idóneo que han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza. Para estos efectos se considerará la colaboración realizada en las causas en que actualmente se investigue, se juzgue o se haya juzgado al condenado, incluso cuando aquélla se hubiere prestado con posterioridad a la dictación de la respectiva sentencia condenatoria.

Este beneficio o Decreto 924, que Modifica el decreto supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios,  y le concede la posibilidad de acceder gradualmente a mayores espacios de libertad a través de los permisos de salida con el objetivo de lograr la reinserción del condenado, incluye a delitos graves que se  entenderán que son: “Especialmente graves los delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.”.

En estas condiciones quedamos el 28 de diciembre, día de los santos inocentes, que conmemora la masacre de niños ordenada por Herodes, en la intención de matar al mesías o liberador que nacía en esos días.

Pasaron las fiestas de fin de año y llegó el año 2016 con el silencio público de lo sucedido, hasta que el 22 de febrero el  Decreto se publicó en el Diario Oficial y el 06 de marzo el sacerdote Fernando Montes, cercano a la Presidenta de la República da una entrevista en el Diario El Mercurio señalando que en Punta Peuco (penal especialmente acondicionado para alojar a violadores de derechos humanos), "no se aplica el régimen de beneficios y salidas que existe en otras cárceles, lo cual es bastante duro".

En la entrevista el sacerdote describió la experiencia que ha vivido visitando a estos reclusos, “Para una persona que sabe que Jesús se identifica también con los que están detenidos, me di cuenta de que con esa gente nadie quería ensuciarse las manos: ni en el Ejército, ni los políticos, ni la derecha, y, obviamente, los que habían sido víctimas tenían una terrible razón para rechazarlos (…) Como sacerdote, sin que eso signifique aprobar lo que hicieron, tengo que ser capaz de ser una instancia humana donde ellos puedan hablar, y no puedo dejar de reconocer que ellos, por bárbaros que hayan sido, tienen familia, tienen hijos”, mencionó. “No quiero que eso se juzgue como que estoy perdonando, porque no me corresponde a mí, sino a las víctimas. Estoy claramente diciendo que esas personas tienen también que ser tratadas como seres humanos, que también tienen derechos. Y es en ese contexto donde hay un dato fundamental: una sociedad y un juez que castiga no pueden incurrir en acciones que se alejan de la civilización. Si tengo en la cárcel a una persona que está con Alzheimer, con una enfermedad terminal, que ni siquiera sabe dónde está preso, es una muestra de civilización tener en cuenta esa situación", argumentó al matutino. El religioso terminó añadiendo que “hay que ver las situaciones caso a caso, revisar a quien ha cumplido la mitad de la pena, y si se producen situaciones de enfermedad, de muerte de parientes, es razonable que haya excepciones que muchas de ellas están previstas por la ley ".

Transcurridos tres meses del momento en que se produjo el fallido traslado de los presos de Punta Peuco al Recinto Penal de Alta Seguridad Colina 1, oscuro y secreto momento del que nadie se percató y nadie se da por enterado de lo que realmente sucedió aquella noche, el cura Montes aparece en escena dando el puntapié inicial a una discusión que tendrá que darse a nivel nacional y en todas las esferas que favorezcan el plan de liberación de los criminales de lesa humanidad condenados por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990.

Este sacerdote en su piadoso discurso se refiere a los presos que han cumplido la mitad de su pena, a los mayores de edad, a los enfermos y a los que tienen que visitar a sus familiares, separándolos por mayor a menor prioridad al indicar que hay que verlo caso a caso y que sin duda el piensa en el sufrimiento de las víctimas quienes son las que deben perdonar, pero, los criminales son personas que tienen que ser tratados como seres humanos porque también tienen familias y que además se ensuciaron las manos por quienes hoy los olvidaron y quienes fueron los que los mandaron a matar, refiriéndose a la  derecha política y al ejército.
   
El primero en responder a este llamado piadoso y tendencioso, fue el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, quien declaró – “Yo soy un convencido de que la misericordia es para todos”.  “Yo creo que las sociedades, para poder evolucionar, tienen que saber cuál es la verdad, cómo ocurrieron las cosas, y tienen que saber perdonar”, “Esta actitud de exigir ni perdón ni olvido, no sé, tiene mucho de slogan. Lo que puede servir es que se vea en los procesos cómo fueron las cosas y cómo están establecidas. Y si hay o no verdad por parte de los autores. Y hay. En los casos que he visto, ahí están confesos”, “Me duele mucho lo que han sufrido los familiares de las víctimas, pero yo creo que las cosas tienen que tener su término. Ya tuvieron su término la gente ha sido condenada. Entonces no puede haber castigo permanente”.

Fueron sorprendentes  las opiniones de estos dos personajes y  algo se vio venir cuando en la misma fecha, 23 de marzo, el Mercurio anuncia que el sacerdote jesuita Fernando Montes ha sido invitado por el senado a exponer sobre beneficios humanitarios para presos por DD HH.

Habiendo dejado atrás la navidad, fiesta en que los criminales esperaban pasar en Colina 1, pasado el verano y de vuelta al año laboral y de estudios, se sintieron las voces de un sacerdote que faltaba al evangelio y de un juez que faltaba a la justicia.  Todos sabemos que el sacerdote debe asistir al reo, debe visitarlo, visitar a su familia, enseñarles la palabra de Dios, guiarlos hacia el buen camino buscando el arrepentimiento y la solicitud del perdón de ese pecador que ha matado sin piedad a gente inocente y ufana de haberlo hecho. La postura de Cristo y los cristianos ante la justicia penal ha sido históricamente cariñosa y atenta, ya lo dice el evangelista San Mateo, que el día del juicio final, nos dirán, “Venid venditos de mi Padre porque estaba preso y me visitasteis”, o podemos citar a Pedro de León, jesuita que en 1616 entraba todos los día a la cárcel para atender a los internos y que asistió a más de trecientos condenados a muerte, mientras muy por el contrario este jesuita chileno nos está obligando a dejar en libertad a los criminales anteponiendo una necesidad de civilización que más bien es una imposición de impunidad, por sobre la necesidad de un castigo ejemplar para ejecutores de múltiples pecados mortales.

La otra voz llegó desde la altura de la Suprema Justicia, imponiéndonos desde su alta posición la misericordia, indicándonos equívocamente que quien imparte justicia también imparte misericordia, facultad o cualidad que sólo es propia de Dios y de personas que tienen la virtud de compadecerse de las miserias ajenas. Pero, todos también sabemos que la petición de misericordia debe ser hecha por quien ha ofendido o ha faltado a la  justicia, del hombre o de Dios, y que para obtenerla esta debe ser fundamentada en la justicia, en términos teológicos la armonía entre la justicia y la misericordia de Dios dice “La Justicia y el derecho son el asiento de su trono; la Misericordia y la fidelidad, van delante de Ti”,  dicho en palabras de Santo Tomás de Aquino, “La Justicia de Dios es el orden en las cosas, adecuado a su Sabiduría”  y “La Misericordia no anula la Justicia, sino que es como la plenitud de la Justicia”.

Entendiendo todo esto respecto a la misericordia, lo que desde siempre hemos percibido en nuestra cultura como algo muy superior, quedamos con la sensación de haber recibido un veredicto supremo de Hugo Dolmestch, en el que además se nos ordena enterarnos o hacernos cargo de la verdad que está establecida en los procesos judiciales donde ellos están confesos, con lo que basta y no hay nada más que hacer, nos dice que a pesar de que damos pena (porque a él le duele mucho nuestro sufrimiento),  tenemos que poner término a las cosas y aprender a perdonar.

En la actualidad y ante estos hechos, la pregunta que cabía y cabe hacerse es: ¿Qué pasó desde la oscuridad de esa noche que no se realizó el traslado hasta los días de estas disidentes palabras de credos y principios?

Lo cierto es que no alcanzábamos a reponernos del asombro y la sospecha que nos producían  estas dos inesperadas opiniones públicas, cuando el Senado y  El Mercurio anunciaron que la Comisión de DD.HH. conocería la propuesta del padre Montes ya que sus dichos habían despertado el interés de los legisladores y había que profundizar en estas, difundidas en el matutino, la senadora Lily Pérez San Martín aseguró que “junto a los senadores Manuel Antonio Matta y Manuel José Osandón decidimos invitar al padre Montes porque queremos conocer más detalles de su punto de vista”. Y respecto a la posibilidad de aplicar arresto domiciliario, particularmente en el caso de condenas a los derechos humanos, la legisladora reconoció que “existen muchas visiones con diversos matices que generan pasiones, por eso mismo queremos abrir el debate y entender su concepto de castigo civilizado”.

Con estas palabras la senadora derechista y sus correligionarios pavimentaron el camino de esta cruzada de liberación de criminales de la dictadura y desde esa fecha, 19 de marzo, al 9 de mayo, fecha en que se reunieron en el Congreso, transcurrieron 51 días, durante los cuales tampoco sabemos que sucedió ni que lobby hubo de por medio para que dicho día estuvieran presentes los Senadores Alejandro Navarro, Juan Pablo Letelier,  Manuel Ossandón,   Alejandro García Huidobro, Baldo Prokurica y la Senadora Lily Pérez.  Junto a los invitados de la Multigremial del Personal en Retiro de las FF.AA, Carabineros e Investigaciones de Chile, su Secretario General,  Hernán Pedreros y el Director Jurídico, Eduardo Catalán. De la ONG CREN (Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos, organización de  ayuda y apoyo humanitario de ex miembros de las FFAA”), el Abogado y Asesor Legal, Raúl Meza. Del Ministerio de Justicia, Unidad de Derechos Humanos, la Abogada Nadia Silhi. De la Biblioteca del Congreso Nacional, el Analista, Matías Meza-Lopehandia. De la Corporación Maternitas, la Asesora Patricia Gonnelle. Los Asesores del Senador Manuel José Ossandón,  Alberto Jara y José Huerta. La Asesora del Senador Manuel Antonio Matta, Francesca Andreani. Los Asesores del Senador Alejandro Navarro, Fabián Luengo y Guillermo Rioseco. El Asesor de la Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, Juan Pablo Morales. La Asesora del Senador Baldo Prokurica, la Abogada Carmen Castañaza. El Asesor de la Senadora Lily Pérez, Eduardo Faúndez y el Asesor de Prensa del  Senador Juan Pablo Letelier, José Fuentes. Todos allí reunidos, ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado,  atentos  al  Sacerdote Fernando Montes quien dio a conocer  su propuesta  para que reos condenados, mayores de edad o enfermos terminales, cumplan presidio domiciliario. Se escuchó la presentación del cura y se intercambiaron opiniones. Se acordó oficiar a los Ministerios del Interior, de Justicia y de Salud, a la Corte Suprema y a Gendarmería, solicitando antecedentes.

No se supo más de esta reunión ni de porqué hubo tanto auditorio, sin que estuviésemos nosotros, los querellantes, o representantes nuestros, lo que si se supo a través del cura Montes en  El Mercurio, el 16 de mayo, siete días después, fue que los senadores habían decidido visitar Punta peuco y otras cárceles, lo que él valoró y ante lo cual indicó en la prensa  que "El país se sana si tiene humanidad".  "A mí me parece muy bueno que la autoridad conozca la situación de nuestros detenidos, no sólo en Punta Peuco, para evitar que haya situaciones en extremo inhumanas", manifestó,  "O sea, el castigo merecido hay que cumplirlo, pero hay situaciones donde la civilización y la humanidad nos pide que tengamos cuidado", todo esto bajo el concepto que básicamente ocupa el sacerdote, "aunque esté preso y haya cometido los crímenes, es un ser humano y tiene que ser tratado como tal". Las cárceles a visitar, según habrían indicado los parlamentarios miembros de la comisión, serían la ex Penitenciaría, la cárcel de Copiapó y la polémica Punta Peuco.

Pero, ni el cura Montes ni El Mercurio, dijeron en esa ocasión que en ese intermedio de días ya se habían presentado en el senado dos proyectos de Leyes de Libertad Condicional, complementados los dos con el fin de lograr el objetivo de liberar a los genocidas. El 11 de mayo los Senadores Francisco Chahuán, Andrés Allamand y José García, todos del derechista partido Renovación Nacional, presentaron el Proyecto 10671-07, sin urgencia, que modifica el artículo 4° del decreto ley N° 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados, a fin de que la Fiscalía Judicial respectiva sea oída en los casos que indica. Y el mismo día, el 11 de mayo los Senadores Pedro Araya- independiente, Alfonso De Urresti-Partido Socialista, Alberto Espina-Renovación Nacional, Felipe Harboe-PPD y el Senador Hernán Larraín-UDI, presentaron el Proyecto de Ley Boletín 10665-07, con suma urgencia, que Modifica la ley N°20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, para incorporar el delito de agresión y extender los crímenes de guerra a conflictos no internacionales.

Tampoco se mencionó en El Mercurio, ni el cura lo dijo, ya que debería haber estado informado, que la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado ese mismo día dieciséis tenía una audiencia concedida por el Excmo. Presidente de la Corte Suprema, Ministro Hugo Dolmetsch, audiencia en la que se trató dos  temas, el Sename y el respeto de los derechos humanos en las cárceles con enfermos terminales que cumplen condenas en recintos penitenciarios. Asistieron los Senadores Alejandro Navarro-Partido Movimiento Amplio Social MAS, Juan Pablo Letelier-Partido Socialista, Senador  Manuel Antonio Matta-Demócrata Cristiano y el Senador Baldo Prokurica-Renovación Nacional. Como invitada estuvo la  Ministra Encargada de la Unidad de Apoyo a los Tribunales de Familia,  Rosa María Maggi.

A estas alturas de las acciones de esta ofensiva de la impunidad en Chile, ya no estaban solos los partidos de derecha y las organizaciones de militares en retiro que luchan por sus llamados “presos políticos” o “héroes que salvaron al país de ser una nueva Cuba”. A estas alturas de la tramitación de una serie de Proyectos de Leyes que saldrían del Senado estaban involucrados algunos senadores de partidos de izquierda, incluyendo entre ellos al hijo de Orlando Letelier, asesinado en un atentado en Estados Unidos, crimen ordenado por Augusto Pinochet.

En medio de esta frenética reacción del Senado a la propuesta del cura, cabe preguntarse qué gesto o acción concreta ha realizado el Congreso en contra de la impunidad en estos años, y nos encontramos con que el 17 de junio de 2014, dos años antes de esta serie de coordinadas acciones para liberar a los genocidas, un Proyecto de Acuerdo de la Cámara de Diputados  fue presentado a la Presidenta de la República, solicitándole que instruyera a su Ministro de Justicia para que procediera a realizar las gestiones para cerrar el centro de Prisión Preventiva y cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco y, por tanto, despojara a éstos reos de su  rango y sueldo, retirando además sus fotografías e imágenes de los cuarteles militares y de todos esos lugares donde puedan encontrarse y en donde el estado incumba dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 19 N°2 de la  Constitución política de la República, esto es, el principio de Igualdad Ante la Ley. Este Proyecto de ley fue presentado por los Diputados Felipe Letelier Norambuena – Partido por la Democracia, Alejandra Sepúlveda  - Independiente, José Pérez –  Radical Social Demócrata, Fernando Meza – Radical Social Demócrata, Manuel Monsalve – Socialista, Claudio Arriagada – Democracia Cristiana, Giorgio Jackson – Revolución Democrática, Marco Antonio Núñez – Partido por la Democracia, Gabriel Boric – Independiente e Iván Fuentes – Independiente. Adhirieron los Diputados Juan Luis Castro – Socialista, Denise Pascal Allende – Socialista y Rodrigo González – Partido por la Democracia.

Este Proyecto fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados y el 5 agosto de 2014 el Diputado Letelier Norambuena, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, quien se reunió con José Antonio Gómez, Ministro de Justicia de entonces,  se manifestó satisfecho con la conversación, y dijo que “ha quedado claro que en este tema tenemos un lenguaje y un ánimo muy parecido con el Ejecutivo”. “Esta decisión es algo que debe tomarse porque miles de chilenos esperan que estos reos cumplan sus condenas como lo hace el resto de los compatriotas, es decir, sin privilegios, aunque salvaguardando siempre sus derechos y seguridad”. Por último, el diputado Letelier adelantó que estaba  elaborando una nueva propuesta que apuntaba a terminar con que se llame a estos reos por el rango que tenían cuando estaban en servicio activo. “No se puede seguir llamando, coronel, general o el grado que sea a un criminal que está detenido por violación a los derechos humanos, ya que ese derecho, a nuestro juicio, lo han perdido”, concluyó.

Todos estos antecedentes están en la Cámara y en la prensa nacional, y nos hace pensar en la posibilidad que esto haya sido un factor que influyó en la determinación de cerrar Punta Peuco esa noche del 21 de diciembre de 2015, y de nuevo caemos en la incógnita de por qué “el pan se quemó en la puerta del horno” o estando absolutamente todo dispuesto para el traslado, no se realizó y se suspendió justo en el momento en que este comenzaba, el 21 de diciembre, fecha en que conmemoramos la gran masacre obrera de la Escuela Santa María de Iquique, lo que también nos recuerda la mala costumbre  que tiene el Estado chileno de masacrar al pueblo trabajador y velar por la impunidad del crimen cometido.

Quizás que fuerzas se ejercieron para anular este atisbo de justicia y cumplimiento de promesas de candidatura del gobierno de turno, que pudo haber significado que siete días más tarde este gobierno emitiera el Decreto  924 del Ministerio de Justicia, con beneficios de salidas para los genocidas de Punta Peuco.

En este recuento cronológico de los hechos que van y vienen en la acción de la impunidad en Chile, habíamos quedado en el 16 de mayo de 2016, en la aparición del cura Montes en El Mercurio,  alegrándose de la respuesta que el Senado estaba haciendo a su llamado,  y enfatizando que "Hay delitos comunes que pueden prescribir, que se pueden amnistiar, pero finalmente el castigo no puede ser fuera de la civilización. No podemos volver a la ley de la selva y la inhumanidad, aunque esté preso en Punta Peuco", y no dijo que ese mismo día se estaban presentando Proyectos de Leyes en favor de la libertad condicional orientada a los criminales de lesa humanidad, siendo ese momento y ese día el comienzo de la ofensiva legislativa que desde el Congreso buscaría el avance sistemático hacia la libertad de los condenados por violaciones a los derechos humanos y el punto final a  la justicia, impidiendo el castigo a los culpables.

Antes que pasara un mes de esto, el 8 de junio fueron presentados tres nuevos proyectos, el 10740-07, que permite la aplicación de la libertad vigilada intensiva por motivos humanitarios a favor de personas condenadas gravemente enfermas, de los  Senadores Lily Pérez-Amplitud, Manuel Ossandón-RN y Eugenio Tuma-Partido por la Democracia PPD. El Proyecto de Acuerdo  1888-12, que solicitan a la Presidenta de la República que adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento al derecho penal humanitario en la aplicación de penas privativas de libertad a condenados aquejados de enfermedades graves e incurables, sin discriminación de ningún de tipo.  De los Senadores Jacqueline Van Rysselberghe-UDI, Ena Von Baer-UDI, Andrés Allamand-RN, Juan Coloma-UDI, Francisco Chahuán-RN, Alberto Espina-RN, José García-RN, Alejandro García Huidobro-UDI, Alejandro Guillier-Independiente, Antonio Horvath-Independiente, Hernán Larraín-UDI, Manuel Matta-PDC, Iván Moreira-UDI, Manuel  Ossandón-RN, Víctor Pérez Varela-UDI, Jorge Pizarro-PDC, Baldo Prokurica-RN, Eugenio Tuma-PDC, y Andrés Zaldívar-PDC. Y el Proyecto 1886-12, con suma urgencia, que solicita  a la Presidenta que,  envíe al Congreso Nacional, para su aprobación y ratificación, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De los Senadores Pedro Araya-Independiente,  Carlos Bianchi-Independiente, Francisco Chahuán-RN, Juan Coloma-UDI, Alberto Espina-RN, José García-RN, Alejandro García Huidobro-UDI, Alejandro Guillier-Independiente, Antonio Horvath-Independiente, Hernán Larraín-UDI, Iván Moreira-UDI, Manuel Ossandón-RN, Víctor Pérez-UDI, Baldo Prokurica-RN, Rabindranath Quinteros-PS, Fulvio Rossi-PS, Jacqueline Van Rysselberghe-UDI, Ena Von Baer-UDI y Patricio Walker-PDC.

En estos tres Proyectos se abordaron aspectos muy sensibles del sentimiento humano hacia los ancianos condenados a prisión que estén gravemente enfermos, luego se apela al derecho penal humanitario a condenados que sin ser ancianos específicamente, estén aquejados de enfermedades graves e incurables, detallando que es sin distinción alguna del tipo de reo, detalle que va dirigido especialmente a los reos de Punta Peuco,  y se concluye con la petición a la Presidencia de la República, del envío con suma urgencia  del Convenio de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para su aprobación y ratificación, todo esto sin considerar, obviamente,  los derechos de los miles de ancianos que sin ser delincuentes ni criminales han trabajado toda su vida y desde hace años están protestando en las calles del país para obtener mejores condiciones de vida, que sólo  conseguirán con una  jubilación justa, dejando de pagar la salud con el descuento que se les hace desde sus pensiones y consiguiendo la gratuidad en el transporte público.

En ese momento ya eran cinco Proyectos de Ley destinados a la protección de ancianos delincuentes y criminales, que si se van a sus casas, los que tienen casas y familias, refiriéndonos a esos reos ancianos que son de extracción popular y de familias de alta vulnerabilidad, lo más probable es que sus cuidadores no tengan recursos ni siquiera para comprarles pañales ya que son de alto costo y como tiene que haber gente destinada al cuidado de estos ancianos moribundos lo coherente desde el punto de vista de la justicia y los derechos humanitarios de estos reos sería habilitar un espacio penitenciario como asilo de ancianos para toda la población penal del país inhabilitada por razones de edad avanzada y enfermedades terminales, algo así podría ser lo más lógico y humano si estuviesen verdaderamente preocupados de los reos ancianos que están muy enfermos y tienen condenas perpetuas o les quedan muchos años por cumplir. Pero nadie pensó en ellos, porque el cura Montes visita sólo a los reos de Punta Peuco y sólo tiene relaciones sociales con los “camaradas” asociados en organizaciones de estos reos criminales de lesa humanidad, no así, conoce ni se relaciona con las organizaciones delictuales que pueden haber detrás de los reos pobres, tampoco estos reos pobres le importan al Presidente de la Corte Suprema cuando proclama la misericordia   como un veredicto que va acompañado de la obligación del perdón de los  familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, por lo antiguo del crimen y la falta de bondad de nuestra parte al habernos encerrado en posiciones que han pasado a ser eslóganes irreales, tales como “ni perdón ni olvido”, “justicia y verdad, no a la impunidad”. Claro está que al Presidente de la Suprema se le olvidó mencionar una de nuestras más antiguas consignas, “Corte Suprema, vergüenza nacional, está comprometida con el criminal”.

 Pasaron seis días y  se presentaron dos nuevos proyectos, el 10.745-07, sin urgencia, que “Modifica el artículo 87 del Código Penal para establecer el cumplimiento alternativo de la condena de los adultos mayores”, de los senadores Chahuán (RN), Moreira (UDI)  y Prokurica (RN). Y el Proyecto Boletín 10746-07, sin urgencia, que “Modifica el artículo 86 del Código Penal, con el objeto de establecer el cumplimiento alternativo de la pena para las personas que padecen de una enfermedad grave, invalidante o terminal”.

Con esto ya se terminó de redondear el concepto y la idea, abarcando la libertad condicional de  reos adultos mayores, condición de edad que tienen todos los criminales de lesa humanidad que hemos logrado llevar a la cárcel después de largos años e interminables procesos judiciales en los que hemos tenido grandes obstáculos para avanzar, que han ido desde la mentira infraganti de los acusados a la falta de convicción de la justicia, pasando por el hecho trascendental de que el estado nunca ha tenido un rol protagónico en la demanda de justicia al no haber sido el querellante oficial en los juicios que debieron haberse entablado en contra de los agentes que cometieron estos graves crímenes en contra de la humanidad. Crímenes que no tan solo nos afectan a nosotros como familiares, sino, son una ofensa para la justicia universal, y si hay algo que pueda remediar de alguna forma esta falta, es el castigo efectivo, aun cuando los ofensores sean ancianos, puesto que, por razones de impunidad y encubrimiento pudieron gozar de premios y  grandes privilegios durante todos los años posteriores al crimen cometido, y si la justicia llega a estas alturas de la vida podemos elegir entre dos reflexiones lógicas que surgen de esta situación: “La justicia tarda, pero llega” o “Cuando la justicia tarda demasiado en llegar, ya no es justicia”.

Si no fuera por las querellas puestas por los familiares de las víctimas Pinochet no hubiese sido detenido y juzgado en Londres y si no fuese por las querellas interpuestas por familiares de las víctimas Pinochet no hubiese sido desaforado de su cargo vitalicio de Senador, momentos en los cuales el estado chileno y el gobierno de turno hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger al dictador genocida, por el solo hecho de tener acuerdos en la transición a la democracia que pasaban por la impunidad, lo que fue denominado como “Justicia en la medida de lo posible”, medida que siempre la ha puesto el Estado y los gobiernos de turno de esta transición que es eterna, ya que no puede haber democracia sobre una base tan sólida de impunidad y encubrimiento, dos ingredientes que han sido el caldo de cultivo de la corrupción que hoy día corroe a la sociedad chilena.

Esta corrupción es la que permite hacer un lobby en el Congreso para que se elaboren tal cantidad de proyectos en tan poco tiempo, con la participación de sectores  políticos antagónicos a tal punto que unos, los precursores de la libertad de los criminales, son el sector político e ideológico de la dictadura, quienes elaboraron los planes económicos, el desmantelamiento de los bienes del Estado y fueron partícipes intelectuales y encubridores de los crímenes masivos. El otro sector antagónico que participa de estos proyectos de liberación de los genocidas son militantes del partido político del Presidente Allende, sector del que sólo podemos esperar una acción  activa en la discusión de estos proyectos, y que velen honestamente por los intereses de los reos ancianos procurando lograr para ellos una atención adecuada según lo exigen los principios elementales de humanidad que se debe existir en los penales, respetando las normas internacionales y las normas mínimas de ética y moral para el trato de  reclusos que están desvalidos, sin posibilidad alguna de valerse por sí mismos y deben cumplir con sus condenas. Y si como opción única se acuerda darles la libertad condicional a todos, por las razones que exponen los proyectos, entonces que se excluya de dicho beneficio  a los genocidas y criminales de lesa humanidad. Es lo que esperamos de quienes fueron elegidos para legislar por la Verdad y la Justicia.

El viernes 24 de Junio, a las 13 horas, los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, junto a sus respectivas agrupaciones se reunieron frente a la Moneda protestar por esta situación y a exigir al gobierno de Michelle Bachelet respuesta a las peticiones hechas por las dos agrupaciones por el cierre de Punta Peuco, peticiones que no tan solo se hicieron durante el año 2015, sino es que vienen desde el mismo momento en que ella asumió en marzo de 2014 como presidenta, ya que fue una promesa de campaña.

Desde ese viernes de junio en adelante, todos los viernes los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, se reúnen a las 13 horas, en Morandé con Alameda, con lienzos y consignas que piden el cierre de Punta Peuco y el término de beneficios para los criminales de lesa humanidad. En septiembre, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, junto a otros familiares de la organización, llegó al Palacio de La Moneda para dejar una carta a la Mandataria Michelle Bachelet para exigirle el cumplimiento de sus promesas en materia de DD.HH. declarando a la prensa que la jefa de Estado “no ha estado a la altura y le ha hecho un irrespeto a la agrupación a nivel nacional, porque aquí a Santiago vinieron las agrupaciones del sur y del norte de Chile y en presencia de ellas se comprometió el 14 de julio de 2014 a entregarle una respuesta a todas las demandas que tenemos”. "Sin embargo, hasta la fecha, nunca nos respondió ni la agenda corta ni la agenda larga”, añadió, mencionando entre sus peticiones el cierre del penal de Punta Peuco, la derogación de la ley de amnistía, la creación de una ley de degradación a los miembros de FF.AA. condenados por delitos de lesa humanidad, entre otras medidas. "Es hora de que su gobierno cumpla con el programa de DD.HH. y asuma las demandas legítimas de los familiares de las víctimas que usted comprometió al país y responda a la sociedad en su conjunto con verdad, justicia y memoria", concluye la misiva que la agrupación dejó en la sede de Gobierno.

Por su parte, Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que "no hay voluntad política para avanzar en la clausura del penal”, enfatizando que "los criminales deben ir a una cárcel común" y que los familiares vemos con preocupación el hecho de que "los tribunales de justicia acogen recursos que buscan entregar la libertad a violadores de derechos humanos". Esto, refiriéndose a que en este periodo de tramitación de los proyectos de libertad condicional que se están viendo en el Congreso, los criminales han presentado solicitudes de libertad a los Tribunales y estos recursos han sido acogidos.

Las dos dirigentes interpretan a todas las agrupaciones y familiares del país, que tenemos muy claro que el Penal Punta Peuco es en sí y en su origen un acto de complicidad y encubrimiento de parte del Estado con los criminales, ya que cuando la Corte Suprema, en el año 1995 condenó a los generales de ejército Manuel Contreras y Pedro Espinoza, como autores del homicidio cometido en  Washington, en contra del ex canciller Orlando Letelier, Ministro de Defensa de Salvador Allende, exiliado en  EE.UU., y de su ayudante estadounidense, Ronni Moffitt, El 21 de septiembre de 1976, estos se negaron a ir a la cárcel, determinación que fue apoyada por el dictador Augusto Pinochet y su ejército, del que aún era Comandante en Jefe y en el que albergaba a gran cantidad de violadores de los derechos humanos, entonces el Presidente de la República de la época, Eduardo Frei, hijo del Presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado por la dictadura, mandó a construir esta cárcel, de la misma forma que en Colombia se le construyó una cárcel especial al narco traficante Pablo Escobar por la debilidad del Estado ante él. Violentando el principio de la igualdad ante la ley, el gobierno de Frei puso de manifiesto su debilidad ante la dictadura que seguía funcionando bajo el mando militar de Pinochet y los acuerdos de impunidad que se habían contraído, disminuyendo de esta forma la pena al transformarla en una simple limitación de libertad con comodidades tales como quinchos de asados, piscina, canchas de tenis, micro ondas, televisores, computadores, refrigeradores, baños particulares en cada habitación y visitas ilimitadas.

Siendo este el origen de este recinto penal especial, y habiéndose construido un segundo recinto de estas mismas características y para los mismos fines, durante el gobierno del PPD, Ricardo Lagos, llamado Centro de Cumplimiento Penitenciario Cordillera, más conocido como Penal Cordillera , resulta incomprensible que sean obra de gobiernos opositores a la dictadura y que durante su periodo presidencial, el militante de Renovación Nacional Sebastián  Piñera, político de derecha que fue parte del círculo cercano y beneficiado económicamente por Pinochet, haya decretado el  cierre de este segundo penal  y haya trasladado a los diez reclusos que allí estaban al Penal Punta Peuco.

Estas acciones de proteccionismo e impunidad hacia los criminales, ejercidas de parte de los gobiernos de la concertación o nueva mayoría,  son agraviantes e inmorales, tanto para los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, como para sus familiares y para toda la comunidad nacional que nos vemos inhabilitados para actuar,  sometidos a esta impunidad instalada institucionalmente. Esta es la realidad que estamos viviendo en Chile respecto al Penal Punta Peuco, la impunidad y el último espaldarazo que el Estado intenta darles a los criminales de lesa humanidad, absolviéndolos del castigo que por la insistencia y perseverancia de los familiares ha llegado. Demasiado tarde, ya han muerto una gran cantidad de madres y padres, ya no están muchas viudas, han muerto hijos y hermanos de las víctimas, todas personas que esperaban la justicia y la recuperación de la honra de sus familiares asesinados en circunstancias tan cobardes.

Pero quedamos nosotros, los familiares que exigimos el cierre de Punta Peuco, el término de la impunidad y el término del apoyo que el Estado y el Ejército le siguen dando a los genocidas y criminales, exigimos como familiares y como ciudadanos, porque resulta vergonzoso vivir y ser parte de un país que protege a sus propios asesinos o a quienes cometieron delitos especialmente graves, como son, “delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, especificación que extensamente indica el Decreto Penitenciario de la Presidenta Bachelet, que muy por el contrario de excluirlos de beneficios, les otorga permisos de salidas a partir de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial del día 22 de febrero de 2016.

Esta es la verdad de los derechos humanos en Chile, esta es la verdad sobre el encubrimiento, la injusticia, la mentira y el olvido del honor y la dignidad de los ejecutados políticos  y detenidos desaparecidos, que finalmente es la dignidad y honra de un pueblo que luchó por un ideal y fue aplastado por un opositor que a falta de la razón ocupó la fuerza y el crimen, y hoy ocupa las vías institucionales para cerrarnos el camino, cerrarnos este último tramo de este camino en busca de la justicia, poniéndonos obstáculos que son barricadas  de leyes, decretos y peticiones religiosas- jurídicas que vienen de verdaderos encapuchados que se tapan tras togas y estolas para detener la justicia y la verdad.

Por esto nos reunimos todos los viernes para exigir el cierre de Punta Peuco y el fin de beneficios para los criminales de lesa humanidad, y digo nos reunimos porque detrás de ese grupo de familiares estamos todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, todos los que hemos presentado querellas judiciales y los que no lo han hecho, y desde un rincón del  dolor vemos que en Chile la Verdad y la Justicia se transan y se negocian, por unos pesos más, por unos puestos o quizás por qué chantaje, y que si no está el dictador, están los otros representantes de toda esta barbarie, con quienes hay negocios de por medio, irregularidades, estafas y cohechos.

Esta es la realidad de los procesos judiciales en contra de los crímenes cometidos en dictadura en Chile, querellas que son de absoluta responsabilidad de nosotros los familiares y no de los gobiernos que nos sentenciaron desde un comienzo de este periodo de democracia continuista de la estructura dictatorial, a soportar  los obstáculos que significan la “justicia en la medida de lo posible”, y que en la práctica a significado, en la medida que no afectemos en nada a los criminales.

Por esta razón, por estos obstáculos y medidas es que hemos llegado tan tarde a cerrar las causas, cuando ellos y nosotros estamos ancianos, cuando ellos y nosotros hemos muerto o cuando ellos y nosotros tenemos enfermedades terminales de vejez. Pero hay diferencias entre ellos y nosotros: Ellos se olvidaron de lo que hicieron, ellos niegan lo que hicieron, ellos fueron premiados por lo que hicieron y luego, cuando proclaman sus actos ante el mundo por intermedio de sus medios de publicación y organizaciones ilícitas de camaradas de armas, dicen que lo hicieron para salvar a Chile del marxismo y para no ser una nueva Cuba, que son héroes por haber matado y que lo volverían a hacer.

Nosotros no nos olvidamos de lo sucedido ni de nuestros muertos, nosotros tenemos evidencias que los inculpan ante la justicia y el mundo. Nosotros hemos vivido largos años de desigualdad ante la ley y sin derecho a la justicia a pesar de haber convicción de que tenemos la razón en nuestras acusaciones, lo que ha significado un castigo permanente de parte de ellos los criminales, y de parte del Estado hacia nosotros, los familiares y querellantes de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile. Nosotros queremos castigo, porque en justicia corresponde y para que nunca más en Chile vuelva a suceder tal atrocidad.

En conclusión, sólo nos queda esperar que el gobierno rompa su silencio, cierre el Penal de Punta Peuco y los criminales sean llevados a la Cárcel de Alta Seguridad Colina 1, donde haya cupo para los condenados que irán ingresando en la medida en que vayamos cerrando los procesos pendientes relacionados con los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar 1973-1990. De lo contrario, tendremos que ir a la Corte Penal Internacional por esta ofensa y agravio que se comete en contra de nosotros en nuestro país, lo que de hecho, ofende y agravia a toda la humanidad al aplicarse una amnistía o indulto vedado al darle beneficios especiales a criminales de lesa humanidad. Sin dejar de considerar que Chile no ha procesado, no ha investigado ni ha condenado estos crímenes, faltando a su obligación y que por el contrario, sólo lo hemos hecho los familiares de las víctimas y hemos tenido obstáculos puestos por el Estado que ha tomado como opción la impunidad.


Angélica Palleras N.
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena.
Ejecutado en tortura por la Caravana de la Muerte – Copiapó.