La Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), ante las diversas informaciones que dan cuenta de errores en los listados de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura pinochetista que gobernó nuestro país, señala su rechazo ante los partidos políticos de derecha que enjuician la validez de los espacios de verdad logrados a la fecha.Así también, la CECTreitera su condenaal silenciode los Tribunales de Justicia que, por años, no se han hecho cargo de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en Chile y que le costaron la vida a miles de personas, desde la más humilde hasta Presidentes de la República y troncharon el futuro de otros cientos de miles al someter por la fuerza a todo un país.
Los partidos de derecha fueron la base de apoyo de Pinochet y, por tanto, carecen de autoridad moral para referirse a temas que obviaron cuando tenían todo el poder.
En estas circunstancias, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) afirma lo siguiente:
1. La desaparición forzada de personas, la ejecución sumaria de prisioneros y la práctica sistemática de la tortura fueron crímenes de lesa humanidad que se planificaron y ejecutaron directamente desde el Estado, con equipos especializados, entrenados y formados para su realización.Todas estas violaciones contaron con el silencio cómplice de la derecha política y sus medios de comunicación, así como también de los magistrados que integraban los tribunales de justicia.Estos crímenes dejaron una secuela de horror y muerte que aún pesan sobre la sociedad chilena.
2. Los espacios de verdad logrados hoy, dan cuenta de las operaciones realizadas por los equipos de la policía política, las FFAA yla policía que nos gobernó por más de 17 años. Las operaciones Colombo, Albania, Caravana de la Muerte, Cóndor; las fosas de Pisagua, los Hornos de Lonquén, del Fuerte Arteaga entre otros; los montajes comunicacionales, los falsos enfrentamientos para cubrir ejecuciones de prisioneros, el ocultamiento de los cuerpos, la inhumación ilegal, la tortura sistemática y masiva practicada en nuestro país, los más de 1000 centros de tortura y exterminio que funcionaron a los largo del territorio nacional, son parte del historial represivo que sustentó a una dictaduraque gobernó con la actual derecha política, la apatía del poder judicial y la concomitancia de los medios de comunicación que ellos controlan.
3. La verdad que se ha logrado construir en estos años post dictadura, la debemos a la lucha de los familiares, a los organismos de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales y a los sobrevivientes de tortura; todos ellos que siguen clamando por VERDAD, JUSTICIAyDIGNIDAD.
4. Los Gobiernos de la Concertación han constituido Comisiones de Verdad, como una forma de asumir la responsabilidad política ante el terrorismo de Estado. Por ello, se han constituido la Comisión Rettig, la Mesa de Diálogo y la Comisión Valech.En ese sentido, los errores recientemente habidos, tienen su origen en la llamada "política de los consensos",y de justicia parcial, en la "medida de lo posible" como la llamara el Presidente Aylwin a comienzos de los años 90 y que hoysólo muestra su agotamiento.
6. Llegó el momento de exigir al Poder Judicial que asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile; que asuma su silencio antelos miles de recursos de amparo que no investigó y los más de 500 recursos de protección que negó; que asuma el rol que le cabe ante la comunidad internacional de investigación de los crímenes; de llevar a cabo juicios y procesos a los responsables intelectuales y materiales de los atropellos a los derechos humanos en nuestro país, segúnestipula la legislación nacional e internacional, garantizando para las futuras generaciones, el NUNCA MAS tan anhelado.
7.El principio de oficialidad significa que los tribunales, sin necesidad de requerimiento alguno, cuando toman conocimiento de hechos que puedan revestir caracteres de delito, deben instruir el sumario correspondiente.El Poder Judicial chileno carga, además, con esta irregularidad. Hoy desea hacerse parte ante los "casos falsos", pero le sería más propio que se hiciese parte, de una buena vez, de todos los casos que son ciertos de desaparición forzada de personas, de ejecución sumaria y de torturas, rompiendo con los 50 años de silencio que pesa sobre el nombre de los torturadores.
8.No es posible que las autoridades continúen soslayando la Verdad y la Justicia, porque nada justifica los delitos que el mundo entero conoce y que repugnan a toda conciencia digna.
Los “exonerados” que hundieron la democracia . La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos
La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros....
Puesta online a las 9:37, el 30 de Noviembre del 2008
por Jorge Escalante / La Nación Domingo
La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos Los “exonerados” que hundieron la democracia
La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros.
Cualquiera sea el análisis que se haga del Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, al final se llega a lo mismo: la violencia destruyó el sistema democrático y sus instituciones en septiembre de 1973.
Una de aquellas consecuencias fue la clausura del Congreso Nacional y el cese de las funciones de todos los diputados y senadores. Y aunque algunos lloraron e incluso pagaron con sus vidas, otros lo celebraron.
Inevitablemente, con la reciente aparición del engañoso "detenido desaparecido" Germán Cofré Martínez, reaparecido desde el otro lado de la cordillera, resurgió el espectro de los calificados como exonerados políticos.
Más allá de cuántos pudieron entrar por la ventana la secretaria ejecutiva de este programa, Marta Joignant, sostiene que es "muy difícil" violar el sistema y que hasta ahora nadie aporta pruebas irrefutables surge la controversia de aquellos que, siendo parlamentarios al 11 de septiembre de 1973, calificaron como exonerados por haber cesado en sus funciones cuando la dictadura cerró en Congreso. Todos. Los que padecieron el golpe, pero también quienes ayudaron a gestar el alzamiento militar.
Y otros que, habiendo sido agentes activos en la represión o formado parte de quienes asaltaron La Moneda el día del golpe, también obtuvieron tal calificación cuya idea madre tuvo, sin embargo, directa relación con las víctimas de la opresión militar.
Entre aquellos parlamentarios calificados con ese rango destacan figuras que apoyaron el golpe, como el entonces senador del Partido Nacional (PN), Sergio Onofre Jarpa Reyes; o el hasta hoy defensor de los fundamentos que sustentaron el régimen militar de Augusto Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, quien entonces era un joven diputado del PN.
A la lista se suman otros jóvenes diputados del PN: Mario Arnello Romo, Gustavo Lorca Rojas, Víctor Carmine Zúñiga y Luciano Vásquez Muruaga. O el entonces senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que después se hizo fiel seguidor del dictador integrando el "Consejo de Estado".
Todos aportaron su cuota para apurar el alzamiento castrense. Unos más, otros menos.
Tienen derecho estos hombres a recibir tal calificación y además percibir algunos de ellos [no todos] pensiones del Estado o apoyos provisionales, se preguntan en el mundo de los derechos humanos.
Los "exonerados" participaron activamente en acciones que concluyeron con el naufragio de las libertades individuales, ayudando a gestar un modelo que derivó en el fusil y el corvo que dio paso a la tragedia que marcó a Chile para siempre.
La ley creada y luego ampliada para obtener el grado de exonerado político los favoreció. "Y la ley pareja no es dura", afirman en el programa de exonerados del Ministerio de Interior, porque también hay comunistas, socialistas y miembros de otros partidos que FOTO_02 W:200 H:222 16 kbintegraron la UP, que obtuvieron tal categoría.
Para la "Fundación"
"Por supuesto que tengo derecho, me lo permite la ley y yo decidí calificarme como exonerado porque el beneficio que podría obtener del Estado lo iba a donar a la Fundación Pinochet. Pero la fundación no lo quiso para evitar problemas de impuestos, y yo finalmente tampoco obtuve nada", expresa Hermógenes Pérez de Arce (foto izquierda).
La ecuación para sólo calificar como exonerado político, o a ello agregar una pensión, o percibir sólo dinero como abono para obtener una previsión que son las tres categorías del sistema es compleja. Pérez de Arce sólo calificó para la primera. No obtuvo pensión ni abono de tiempo.
"Pero creo que hay que revisar todo esto porque con toda seguridad se ha prestado para abusos, y pienso que hay muchos casos así", afirma el apasionado columnista de "El Mercurio".
No opina lo mismo el abogado comunista Eduardo Contreras Mella, diputado del PC para el golpe militar y quien por ello también calificó como exonerado político.
"La ley debió dejar afuera de estos beneficios a aquellos parlamentarios que ayudaron a destruir la democracia y que luego celebraron la clausura del Congreso. Esa es una contradicción que debieron advertir aquellos que hicieron esta ley. No es justo que quienes colaboraron activamente con el golpe militar, aunque hayan sido parlamentarios, reciban esta categoría y sus beneficios", afirma Contreras.
El abogado recuerda que "no hay que olvidar que lo que ellos ayudaron a gestar terminó con la vida incluso de algunos parlamentarios como Carlos Lorca y Vicente Atencio, ambos detenidos desaparecidos".
Pero Contreras va más allá. "Tanto el problema del aparecido en Argentina como las irregularidades que puedan existir en el proceso de calificación para los exonerados políticos, pasa principalmente porque el Estado chileno
hablo del Gobierno y el Parlamento no tiene una política pública para abordar los derechos humanos y la reparación de las víctimas. No existe un Ombudsman o un Defensor del Pueblo, ni un Instituto de Derechos Humanos. Y eso ocurre porque no hay voluntad política para hacerlo".
Entre bombas y "disidentes"
La calificación como exonerados políticos de algunos ex agentes del régimen o de militares que de distintas formas tuvieron relación con los crímenes cometidos bajo este período, aportan igualmente otro capítulo conflictivo a esta historia.
A los ya mencionados por La Nación el viernes último Enrique Cruz Laugier, Rafael González Berdugo, y Edwin Dimter Bianchi, el supuesto "Príncipe" del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara se agregan ahora los de Patricio Kellet Oyarzún y Patricio Lapostol Amo.FOTO_03 W:200 H:264 17 kb
El día del golpe, Cruz sacó las piezas de artillería del Regimiento Tacna para bombardear La Moneda desde tierra, mientras Allende resistía. Reflorecida la democracia, se fue a instalar como jefe de seguridad del Senado. Desde allí lo echaron en 2004, cuando LND publicó esta información que él mismo confirmó en sus declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda. Fue admitido como exonerado el 20 de enero de 2000.
González Berdugo (en la foto de la derecha), un eterno agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile con grado de coronel, aunque es un civil, es hasta hoy el único procesado por el asesinato del estadounidense Charles Horman, detenido días después del alzamiento militar. Un frío espía que en 1980 tuvo la cara para ir a tomar el té con el padre de Horman a Estados Unidos, cuando se presentó como "un disidente" de Pinochet y la DINA.
Posando en 2003 junto a los verdaderos oficiales y suboficiales de la FACh que fueron víctimas de la tiranía, este personaje obtuvo de manos de la entonces ministra de Defensa y actual Presidenta Michelle Bachelet, la tifa para reintegrarse a la "familia aérea".
Dimter, a su vez, fue calificado el 20 de enero de 2000, pero en 2006 fue cancelada su condición de exonerado por sus antecedentes: fue uno de los hombres que sacó los tanques a la calle el 29 de julio de 1973 en un frustrado alzamiento contra Allende, y además permaneció como oficial en el Estado Chile cuando el recinto se convirtió en un centro de detención.
Un "inteligente" agricultor
Patricio Kellet era el jefe de la sección de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, que para el golpe militar comandaba el ex miembro de la Junta Militar Santiago Sinclair. Ejerciendo ese cargo participó en el arresto de decenas de personas en esa ciudad, según él mismo lo admite en sus declaraciones judiciales en la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, que el 3 de octubre de 1973 asesinó en Valdivia a 12 prisioneros. Fue desde Cazadores donde, días más tarde, también salieron fuerzas militares para acribillar en la precordillera de Chihuío a 17 campesinos, esconder sus cuerpos, y después desenterrarlos para lanzarlos al mar.
Lo curioso es que Kellet, actualmente mayor de Ejército en retiro, alegó ante la comisión calificadora causales de exoneración por parte de su institución ajenas a su voluntad, mientras en su testimonio judicial del 9 de mayo de 2003 un año después de que ya había sido calificado como exonerado el 6 de marzo de 2002 dijo que "en 1985 me acogí a retiro por razones personales y ahora me dedico a la agricultura" en Linares. Como exonerado, Kellet recibe una pensión del Estado chileno.
Patricio Lapostol Amo fue careado hace unas semanas por el ministro Víctor Montiglio con el general activo Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la causa Caravana de la Muerte, episodio de los 26 crímenes de Calama cometidos el 19 de octubre de 1973.
Lapostol admite judicialmente que "monté guardia en el lugar del fusilamiento junto al teniente Gustavo Mandiola". De acuerdo al expediente, el "fusilamiento" fue una masacre a corvo y bala y luego escondieron los cuerpos en el desierto que después exhumaron y arrojaron al mar. El juez indaga si Fuentealba también montó la misma guardia aquel día.
Los 145 mil 286 calificados como exonerados políticos, del total de 258 mil 767 que han pretendido esta categoría, abren un escenario que vuelve a agitar pasiones y controversias, bajo la llovizna de un período dramático de la historia de Chile que se resiste al olvido.
A la reunión están citados el ministro de Interior, Edmundo Pérez, y las distintas autoridades de las instituciones responsables de los servicios e instancias que tienen relación con ambos asuntos.
En sesión de la Comisión de DDHH de la Cámara también se verá caso del “aparecido”
Marta Joignant, secretaria ejecutiva del Programa de exonerados políticos, defenderá hoy la “infalibilidad” del sistema.
La posibilidad de que el Gobierno cancele la calidad de exonerados políticos a ex agentes del Estado o a militares (R) que tomaron parte en el golpe militar de 1973, será una de las materias a debatirse hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La sesión tratará los casos de Germán Cofré, supuesto detenido desaparecido que regresó desde Argentina, y las denuncias de irregularidades que se han presentado en el proceso de calificación de exonerados políticos por parte del programa del Ministerio de Interior.
A la reunión que se iniciará a las 15 horas están invitados el ministro de Interior, Edmundo Pérez, la secretaria ejecutiva del Programa de Reconocimiento del Exonerado Político de esa cartera, Marta Joignant, la delegada para materias de derechos humanos de la Presidencia de la República, María Luisa Sepúlveda; el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos; el director del Registro Civil, Luis Fuentes; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y Raúl Cerpa, quien denunció supuestas malas calificaciones de exonerados.
Una arista del episodio exonerados la conforman aquellos ex agentes o militares hoy retirados que, amparados en la legislación que norma como obtener esta calidad y manifestando en algunos casos haber sido dados de baja de sus instituciones por discrepar con la dictadura y sus métodos represivos, llegaron a calificar como tal obteniendo beneficios económicos.
Sin embargo, no todos los que tienen la calidad de exonerado reciben apoyo financiero del Estado.
La presidenta de la Comisión de DDHH, Karla Rubilar, dijo a La Nación que "solicitar al Programa de Exonerados que revoque esta calidad a algunas personas que participaron en violaciones de los derechos humanos, es una cuestión que estará presente en la discusión de mañana (hoy), pero si eso se formaliza será por acuerdo de la comisión".
En tanto, el diputado integrante de esa instancia Tucapel Jiménez expresó que "yo plantearé ese punto porque nos parece que estas personas no pueden tener la calidad de exonerados ni menos seguir recibiendo beneficios económicos del Estado".
Respecto de la situación de Cofré, la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Rose Marie Bornard, quien también asiste hoy al encuentro, ya entregó a esa cartera el informe que le fue pedido por la situación de este sujeto, que estuvo 34 años en calidad de detenido desaparecido o ejecutado luego que sus supuestos restos fueran erróneamente identificados en 1995.
Con la misma vara
De acuerdo a lo manifestado a La Nación en el Programa de Exonerados, la atribución para revocar tal calidad a una persona es exclusiva de la Presidencia de la República.
Fue lo que sucedió con Edwin Dimter Bianchi el supuesto “Príncipe” del Estadio Chile donde asesinaron a Víctor Jara.
Habiendo Dimter calificado como exonerado el 20 de enero de 2000 alegando su baja del Ejército por discrepancias con la institución, su reconocimiento fue revocado cuando el Programa de Exonerados se enteró “de sus antecedentes personales”.
Entre éstos se cuenta el haber sacado tanques a la calle en julio de 1973 para derrocar a Allende.
Los otros ex agentes calificados son Rafael González Berdugo, procesado por el crimen de Charles Horman, y Patricio Kellet Oyarzún, ex jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia y autor de decenas de detenciones.
También tienen esa calidad el mayor (R) Enrique Cruz Laugier, que sacó la artillería del Tacna el día del golpe militar para bombardear La Moneda desde tierra y después fue jefe de seguridad del Senado, y el teniente (R) Patricio Lapostol Amo, custodio de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama.
Agrupaciones de derechos humanos sostienen que éstos deben seguir el destino de Dimter.
El regreso de Germán nos hizo pensar como regresarían los nuestros - ¿con sus cabelleras canas? –seguro que si.
Hace siete días atrás Adolfo cumplió 62 años y me gustaría mucho verlo regresar a casa, con vida; también me gustaría ver a Cortazar, a Mancilla, a Atilio, a Dagoberto, o a Larravide, mis amigos. ¡Claro que me gustaría verlos regresar de esta larga noche!, caminando, hablando, y que parados en la puerta nos dijeran ¿sabes quién soy yo?
Lamentablemente no es posible que lo hagan, porque a todos los hallamos sin vida y sepultamos sus restos mal heridos.Respecto a la interrogante que si sabemos quienes son, la respuesta queda en el silencio del profundo trauma sufrido masivamente y del que no hemos salido aún.
Con callado dolor también pienso en Nancy, amiga y compañera de trabajo en la búsqueda de desaparecidos y reparación económica y salud para los familiares de ejecutados y desaparecidos; esa Nancy que golpeó puertas en busca de familiares quequisieran integrarse en la lucha de la búsqueda y llamó puerta a puerta a los que conformarían el primer grupo de beneficiarios del Programa de Reparación en Salud, PRAIS, en Chile.
Nancy fue una joven que un día se las arregló para que su hermano saliera de Chile porque estaba a punto de caer; los agentes de la represión le estaban pisando los talones y él seguía trabajando en la búsqueda de contactos e información de los presos políticos de Pisagua; por esto le compró un pasaje y lo fue a dejar al microbús que salía desde Arica rumbo a Ecuador, un día de 1974; se despidió de él con un adiós de mano y lágrimas, para nunca más volverlo a ver; su hermano no está en el Informe Retiig y ella espera que un día vuelva como Germán, y le diga que no regresó antes porque tenía miedo.
Que los desaparecidos regresen es una fantasía necesaria en la práctica del amor; sobresaltos nocturnos y deseos de que la puerta avise que él o ella llegaron, y si no es así, seguir esperando sin olvidarnos jamás, es un acto de presencia permanente.
María es una mujer que se quedó en Santiago esperando a su marido, y nunca más supo de él, porque un día lo fue a ver a la cárcel y le dijeron que le habían dado la libertad y que lo esperara. Pasaron los días y junto a sus tres pequeños hijos comenzó a buscar noticias entre sus amistades y familiares por si lo habían visto, hasta que alguien le dijo que había pasado por allí antes de irse a Argentina. Con el tiempo María viajó a ese país a buscarlo y como no lo encontró, trabajó y subsistió junto a sus hijos por un tiempo, estableció por allá una nueva relación de pareja, de la quellegaron nuevos hijos y todos se vinieron a vivir a Chile.
De su marido desaparecido nunca supo y cuando un día se me acercó para pedirme apoyo en su angustiosa situación de no haber sabido jamás de él, nos comunicamos con la Administración de esa Cárcel, desde la cual nos enviaron documentos que acreditaban un traslado en el que al parecer había quedado en libertad…María y sus hijos no informaron de esto a la Comisión de Verdad y Reconciliación yesperan que él regrese un día, como lo hizo Germán.
A Claudio yo lo había dejado de ver desde hacía bastante tiempo antes del golpe, un año quizás, y un día que me encontré en Copiapó con la minera, vieja compañera pirquinera, en una de esas misas clandestinas que se hacían en dictadura, ella me dijo que Claudio había dicho que se iba a Argentina y que como “Run Run se fue ´pal norte”, cuando me viera si es que me volvía a ver, me entregara sus saludos.
Claudio cruzó la cordillera en avión, con pasajes que le compró su madre, quien lo fue a dejar al aeropuerto y nunca más lo vio. Dicen que lo han visto en Europa caminando por las calles de ciudades capitales, y yo lo imagino con su melena de cabello claro y delgado al viento, que si hoy día volviera sería blanco. Sus hermanos lo han buscado con especial preocupación porque era un joven de frágil salud y porque su anciana madre prolonga su vida esperando que regrese.Él no está en el Informe Retiig como desaparecido porque su familia espera que esté con vida.
Los detenidos desaparecidos de la dictadura son una cantidad tan superior a la oficial como superior es el dolor que suponemos se causó.
Y con una presencia que permanentemente cuestiona nuestra actitud de sociedad frente a ellos, reiteradamente regresan para decirnos… ¿Sabes quien soy yo?
Angélica Palleras N.
Hermana de Adolfo Palleras Norambuena
Desaparecido por 17 años y hallado en una fosa común en 1990
Abogado querellante Hugo Gutiérrez cumplió con el trámite judicial ante la Corte de Apelaciones, luego que el jefe de la Caravana de la Muerte fuera beneficiado con la suspensión de su condena a prisión. Confirmado: juez suspende condena de Arellano Stark ...
Puesta online a las 20:47, el 19 de Noviembre del 2008
Miércoles 19 de noviembre de 2008 | 11:30 _NOM_SECCION1 / Lanacion.cl DDHH: Apelan por "demencia" de Arellano Stark
Abogado querellante Hugo Gutiérrez cumplió con el trámite judicial ante la Corte de Apelaciones, luego que el jefe de la Caravana de la Muerte fuera beneficiado con la suspensión de su condena a prisión.
Confirmado: juez suspende condena de Arellano Stark
Ante el tribunal de alzada capitalino, el abogado Hugo Gutiérrez presentó esta mañana la apelación por la resolución del ministro Víctor Montiglio de declarar inimputable al general (r) Sergio Arellano Stark.
La decisión de Montiglio implica que el “Lobo” no cumplirá los seis años de cárcel a los que fue condenado en el episodio San Javier del caso Caravana de la Muerte, debido a su deteriorado estado de salud mental.
Tomando en cuenta los informes especializados del SML, que revelaron que el cabecilla de la Caravana padece demencia senil por Alzheimer, junto a otras enfermedades como alcoholismo, daño hepático crónico y diabetes mellitus, el magistrado recurrió al artículo 687 del Código de Procedimiento Penal para suspender la prisión para el condenado y entregarlo al cuidado de su familia
Pero Gutiérrez fustigó estos argumentos: “La resolución del ministro Víctor Montiglio es ilegal, se dicta fuera de todo nuestro ordenamiento jurídico. El ministro sabe muy bien que cuando una persona cae en demencia con posterioridad a la condena, es cuando él puede dar aplicación a la suspensión. Y él mismo dice en su fallo que Arellano Stark estaba demente con antelación a la dictación de la condena. En consecuencia, incurre en un error garrafal”, señaló el abogado.
De todos modos, advirtió que esta resolución de Montiglio no establece precedente para otros procesos por violaciones de Derechos Humanos en los que está involucrado el jubilado general.
“La suspensión de la condena, en principio, no tendría ninguna vinculación con las otras causas que se le siguen a Arellano Stark. Hay que recordar que Pinochet fue declarado loco en el caso Caravana de la Muerte y posteriormente se reconoció que estaba sano mentalmente en la causa Operación Cóndor”, dijo.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Ricardo Claro se murió sin ser juzgado”
"Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales", sostuvo la presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló hoy que lamenta profundamente que el empresario Ricardo Claro Valdés haya fallecido "sin haber sido jamás sometido a proceso por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios trabajadores, así como en la tortura y muerte de chilenos que fueron prisioneros en los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores".
La organización recordó que el empresario Ricardo Claro Valdés formó parte del directorio de Electmetal, "empresa que retuvo ilegalmente y luego entregó un grupo de trabajadores a una patrulla militar que posteriormente los asesinaría y desperdigaría sus cuerpos por distintos lugares de la capital, presumiblemente para producir un efecto aleccionador", precisó la presidenta de la entidad Marta Godoy.
"Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales".
La organización de Derechos Humanos entregó antecedentes judiciales que señalan que el 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal, que después de estar en manos de los trabajadores había sido devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta Militar, entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa y otros del cordón Vicuña Mackenna a un piquete compuesto por efectivos del Ejercito y Carabineros.
Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía propiedad de Ricardo Claro y hermano de dos de las víctimas, él mismo presenció como sus hermanos Miguel y Juan y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de Carabineros. No se les volvió a ver con vida.
"Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias", relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado y sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.
Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores, fueron asesinados y repartidos en diversas calles de Santiago, asegura la entidad, la cual asegura que sus cuerpos con señales brutales torturas, quemaduras con soplete y múltiples impactos de bala, fueron ubicados sólo por casualidad en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.
Según los antecedentes recopilados por la AFEP, la decisión de entregarlos habría sido tomada en una reunión del directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Junta Milita, Patricio Altamirano, quien personalmente habría retenido en su oficina a Juan Fernández Cuevas y entregado a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de Carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.
"Por otra parte, desde el mismo 11 de septiembre la compañía Sudamericana de Vapores, puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua, lugar en el que varios de ellos fueron asesinados", precisa la agrupación.
"El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes, siendo torturados y algunos asesinados", detalla.
El caso asalto a la patrulla alude un simulacro de ataque extremista, el 17 octubre de 1974, y que en realidad fue la ejecución de ocho personas y la posterior desaparición de dos de ellas.
El ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda Lillo dictó condena contra varios implicados en el denominado caso “Asalto a la patrulla militar”, ocurrido en Quilllota el 17 de enero de 1974.
El magistrado determinó sanciones a los autores de los delitos de secuestro con grave daño cometidos en perjuicio de Rubén Guillermo Cabezas Pares, Pablo Gac Espinoza, Levy Segundo Arraño Sancho, Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Hugo Hernán Aranda Bruna, Ángel Mario Díaz Castro, Osvaldo Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado.
Las sanciones son las que se detallan a continuación:
-Angel Custodio Torres Rivera: 6 años, sin beneficios.
-Sergio Carlos Arredondo González: 6 años, sin beneficios
-Francisco Javier Pérez Egert: 5 años. Se concedió el beneficio de libertad vigilada.
-Leonardo Quilodrán Burgos: 5 años Se concedió el beneficio de libertad vigilada.
-Daniel Javier Walker Ramos: 3 años y un día. Se concedió el beneficio de libertad vigilada.
-Pedro Alberto Durcurdoy Montandón: absuelto por falta de participación.
-Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez: absuelto por falta de participación.
-Laureano Enrique Hernández Araya: absuelto por falta de participación.
Asimismo, el ministro Miranda Lillo determinó acoger las demandas civiles deducidas y condenar, en forma solidaria, al Fisco y a los condenados Ángel Custodio Torres Rivera, Sergio Carlos Arredondo González, Francisco Javier Pérez Egert, Daniel Javier Walker Ramos y Leonardo Quilodrán Burgos a pagar a los querellantes que actuaron en representación de las nueve víctimas de esta investigación, la cantidad de novecientos millones de pesos ($900.000.000) correspondiendo, en consecuencia, la cifra de cien millones de pesos ($100.000.000) por cada una de las víctimas
Esta es la segunda condena que dicta el ministro Miranda Lillo en causas por violaciones a los derechos humanos a su cargo.
Caso asalto a patrulla militar
El caso asalto a la patrulla alude un simulacro de ataque extremista, el 17 octubre de 1974, y que en realidad fue la ejecución de ocho personas y la posterior desaparición de dos de ellas.
Un bando oficial de la época informó que seis prisioneros murieron en una refriega, cuando elementos extremistas asaltaron la patrulla que los trasladaba, al mando del entonces capitán Francisco Pérez Egart.
Los otros dos prisioneros, el ex alcalde de Quillota Pablo Gac Espinoza, y el abogado fiscal de la CORA, Rubén Cabezas Parés, fueron llevados a la Escuela de Caballería. El bando de la jefatura militar dio cuenta que ambos se habían fugado.
La historia de la dictadura militar en Chile, impuesta por la derecha política de nuestro país y el Imperialismo Norteamenricano, con su anticomunismo enmarcado dentro de la guerra fría,que el ejército chileno dice haber adherido, es una historia llena de horrores propios y semejantes a los de las más espeluznantes novelas de terror que podamos hallar en la literatura mundial. No hay acto macabro que se escape de figurar en esta historia…cuellos degollados, dedos cortados, ojos sacados con cucharas, huesos y órganos vitales cortados con corvos, rostros quemados con sopletes, estómagos abiertos de cuello a pelvis, y otros tantos horrores que pueden llenar páginas y páginas de un dramático listado.
A la derecha y a sus líderes políticos, que fueron el cerebro de tantos crímenes de lesa humanidad y crímenes económicos que hasta hoy nos afectan, porque fueron perpetuados y consolidados por un modelo y una constitución hecha a la medida, le interesa por sobre todo imponer la amnesia de lo sucedido, como arma de dominación y sometimiento.Nos hablan de olvidar lo que ya sucedió hace tanto tiempo y nos dicen que es importante caminar hacia el futuro, sin mirar atrás, y en cuanto avanzamos un paso, en nuestra búsqueda y hallazgo de la justicia, a sus líderes militares, los que hicieron el trabajo sucio, se les declara la amnesia clínica o patológica.
Es lo que hoy le sucede a “El Lobo”, general de ejército que con orgullo llevaba ese nombre, el que aludía seguramente a sus características personales y su forma de actuar antes y después del golpe de estado; general de ejército que fue al mando de la comitiva de la caravana de la muerte, en ese vuelo del Puma, que realizaron a lo largo de Chile, dejando a su paso tantos inocentes asesinados, en ese juego de guerra que él, junto a Pinochet y al Mamo Contreras elaboraron, con astucia y con inteligencia de lobo, pero, de un lobo asesino.
Sergio Arellano Stark hoy está aquejado de un nivel serio de Alzheimer, lo que le produce desubicación en tiempo y espacio, importante pérdida de memoria, y relaciona situaciones de la vida común con dificultad. Un severo deterioro mental y clínico que arrojan los resultados de los exámenes practicados por peritos del Servicio Médico Legal (SML) en el Hospital Militar al ex jefe de la Caravana de la Muerte.
Que lamentable y extraño es que él sufra de alzheimer, porque incluso se liberará del castigo que nos impone la propia memoria cuando se cometen crímenes, y extraño, porque es uno de esos criminales que fueron premiados por la dictadura y los sectores políticos que están detrás de ellos, con ascensos en sus carreras militares y reconocimientos sociales y políticos por tan excelente cumplimiento de órdenes y misiones. Teniendo por todos estos años pasados unas vidas seguras de bienestares físicos y económicos.
Nosotros, los familiares de las víctimas, también estamos viejos y enfermos. Y empobrecidos, porque jamás recuperamos el rumbo de nuestras vidas después de la pérdida horripilante de nuestros hermanos, padres, hijos, cónyuges, nietos, tíos, primos o sobrinos; pero, no hemos perdido la memoria, ni la entereza para seguir adelante en nuestra lucha de búsqueda de la verdad, justicia y castigo para los culpables, para que nunca más en Chile el ejército sea tomado por una pandilla de criminales que dejaron nuestra tierra bañada en sangre y nuestro Estado saqueado.
Nosotros, los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, exigimos que este y todos los asesinos que conformaron esta macabra comitiva sean condenados a cadena perpetua efectiva, y si dicen haber perdido la memoria, situación personal que no interfiere en la memoria colectiva ni en el deber de un Estado, que es privar de libertad a quienes constituyen un "peligro para la seguridad de la sociedad", que cumplan sus penas en un recinto público destinado a enfermos siquiátricos.
Para que el Nunca Más no sea solo una frase, debemos castigar a los culpables de tanta barbarie, dejando un precedente histórico y judicial que nos permita ser verdaderamente un Estado de Derecho.
Angélica Palleras N. Hermana de Adolfo Palleras N.
Ejecutado en tortura Caravana de la Muerte - Copiapó
El 17 de octubre se conmemora la masacre de Copiapó.Fecha en que todos los años recordamos lo sucedido y nos reunimos para insistir en la petición de verdad, justicia y castigo a los culpables, para que nunca más vuelva ha suceder algo tan horroroso.
La mañana del 18 de octubre de 1973 llegó con una explosión que estremecióal pueblo minero de Copiapó; el aire temblaba y con una sordera angustiosa se leía en la portada del diario local que había llegado la muerte;los nombres de los ejecutados retumbaban en la incredulidad, sin saber que en esa nueva madrugada habían sido asesinados otros tres presos políticos más, traídos desde el Mineral de El Salvador.
Todos sabían que un helicóptero había venido de Santiago, y todos supieron al leer el diario, que la fuga frustrada de reos era un montaje. Y que habíamos perdido a nuestros compañeros, amigos y familiares; masacrados vilmente a manos de quienes se ocultaban en una absurda mentira.
Copiapó conocía a todos los ejecutados, eran parte de sus vidas, sus luchas, anhelosy resistencia por defender lo conquistado.
Fue entonces, cuando este pueblo minero con tradición de lucha, recuperó y conservó la memoria de los hechos, paso a paso y boca en boca se reconstituyó el crimen y se reconstruyó la historia, que perduróen la memoria colectiva hasta hallarlos en la fosa clandestina donde fueron ocultados, comprobando que no fueron fusilados en la Cuesta Cardones, que habían sido mutilados en una horrorosa carnicería y que a los ejecutados de El Salvador los habían escondido en otro lugar..
A 35 años del crimen y a 18 años del hallazgo de la fosa clandestina:
VERDAD Y JUSTICIA
PARA LAS VÍCTIMAS DE LA
CARAVANA DELA MUERTE EN COPIAPÓ
Adolfo Palleras Norambuena
26 años. Comerciante.Presidente de la Junta de Vecinos del Campamento de Pobladores Arnoldo Ríos.Dirigente Regional del Movimiento de Pobladores Revolucionarios, MPR.Militante y Vocero del MIR en Copiapó.Fue llamado por bando militar y detenido en la clandestinidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Agapito Carvajal González
32 años. Funcionario Público. Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio y llevado al regimiento de Copiapó, donde estuvo recluidohasta la llegadade Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestinael 27 de julio de 1990.
Alfonso Gamboa Farías
35 años. Profesor de la Escuela Normal de Copiapó y Director de Radio Atacama. Militante del Partido Socialista.Al presentarse ante carabineros por ser requerido en bando militar, fue detenido y llevado al regimiento, donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local.Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Atilio Ugarte Gutiérrez
25 años. Técnico en Construcciones Metálicas y estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad Técnica del Estadode Copiapó. Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.Fue detenido en su casa y llevado al Regimiento, luego a la cárcel local donde fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en lamadrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Benito Tapia Tapia
32 años. Empleado de COBRESAL, actual División Salvador de CODELCO. Dirigente Nacional de los Trabajadores del Cobrey miembro del Comité Central de las Juventudes Socialistas. Fue secuestrado el 17 de octubre por miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y ejecutadoen la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares, por lo que se encuentrahasta hoydesaparecido, en situación de secuestro permanente.
Edwin Mancilla Hess
21 años.Estudiante de Pedagogía yPresidente del Centro de Alumnos de la Escuela Normal de Copiapó. Secretario Regional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Fue llamado por bando militar y detenido en la clandestinidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Fernando Carvajal González
30 años.Empleado particular.Militante del Partido Socialista. Fue detenido en su domicilio y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Jaime Sierra Castillo
27 años.Locutor y Comunicador Social de la Radio Atacama. Militante del Partido Socialista. Fue detenido el 20 de septiembre en su domicilio y llevado al Cuartel de Investigaciones,luego al Regimiento de Copiapó, donde estuvo recluidohasta la llegadade Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Leonello Vincenti Cartagena
33 años.Profesor de Física en laUTE de Copiapó. Secretario Regional del Partido Socialista. Fue detenido por militares y llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Leopoldo Larravide López
21 años.Estudiante de Ingeniería en Minas y Presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, sede Copiapó. Dirigente del Movimiento de Universitarios Revolucionarios MUI y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR.Fue detenido el 12 de septiembre al interior de la Universidad, llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Maguindo Castillo Andrade
40 años. Empleado de COBRESAL, Campamento Minero El Salvador. Militante del Partido Socialista. Fue secuestrado el 17 de octubre por miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y ejecutadoen la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares ni hallado en la fosa clandestina, por lo que se encuentra hasta hoydesaparecido, en situación de secuestro permanente.
Manuel Cortázar Hernández
20 años.Estudiante secundario y Presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres “José Antonio Carvajal”. Dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER y militante del Movimiento de Izquierda RevolucionariaMIR. Fue llamado por bando y estando en clandestinidad decidió entregarse. Fue llevado al Regimiento donde fue torturado y luego trasladado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Pedro Pérez Flores
29 años. Ingeniero en Minas y Profesor de la Escuela de Minas UTE de Copiapó. Interventor de la Planta Minera Elisa de Bordo. Militante y Dirigente del Partido Socialista. Fue detenido el 25 de septiembre en su domicilio por investigaciones y llevado a la cárcel local. Desde allí fue secuestrado y masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de
1990.
Raúl Guardia Olivares
23 años. Funcionario Público. Militante del Partido Socialista.Fue detenido y llevado al regimiento de Copiapó, donde estuvo recluidohasta la llegadade Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973. Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
Ricardo García Posada
43 años. Ingeniero Civil y Economista. Gerente General del Mineral de El Salvador. Militante del Partido Comunista. Se presentó a las autoridades, siendo trasladado a la cárcel de Copiapó.Desde allí fue secuestrado por miembros de la caravana de la muerte y llevado al Regimiento de Copiapó donde fue torturado y ejecutadoen la madrugada del 18 de octubre de 1973. Su cuerpo no fue entregado a sus familiares, por lo que se encuentra hasta hoydesaparecido, en situación de secuestro permanente.
Winston Cabello Bravo
28 años. Ingeniero Comercial. Jefe de la Oficina Regional de Planificación ODEPLAN. Militante del Partido Socialista. Fue detenido el 12 de septiembre en la Intendencia y llevado al Regimientode Copiapó, donde estuvo recluidohasta la llegadade Arellano Stark y su comitiva. Fue masacrado por la Caravana de la Muerte en la madrugada del 17 de octubre de 1973.Su cuerpo mutilado con corvos y cuchillos fue hallado en una fosa común clandestina el 27 de julio de 1990.
