Santiago de Chile, 3 oct (EFE).-
Los estudiantes chilenos y la oposición criticaron hoy un proyecto de ley firmado este domingo por el presidente del país, Sebastián Piñera, que endurece las penas frente a los desórdenes públicos e incluye nuevos delitos como el saqueo o las tomas ilegales de centros educativos.
El proyecto, que ahora será enviado al Legislativo, tipifica como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles" y establece penas de hasta tres años de cárcel para los estudiantes que participen en tomas ilegales de colegios o universidades, situación que se ha repetido con frecuencia en el país durante los últimos meses.
La ley también faculta al Gobierno para exigir a los canales de televisión las imágenes de las coberturas de las protestas estudiantiles para poder identificar a las personas que protagonizan enfrentamientos con la Policía.
El dirigente estudiantil Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, consideró que la medida del Gobierno "responde solamente a la lógica de mirar el síntoma y no revisar la enfermedad".
Jackson dijo que él estuvo en varias tomas de colegios de secundaria que fueron "absolutamente pacíficas".
"En ningún caso pensaría que es una actitud criminal", destacó Jackson, quien calificó como un "despropósito" las penas que podrían llegar a recibir los estudiantes si prospera la iniciativa legal.
Por otra parte, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, subrayó que el Gobierno tramitará "con urgencia" el proyecto de ley e insistió en la idoneidad de las medidas que pretende impulsar.
El subsecretario de la cartera de Interior, Rodrigo Ubilla, consideró convenientes las modificaciones legales en el actual contexto del conflicto estudiantil porque "algunos grupos han tomado como costumbre invadir propiedad pública o privada", dijo en declaraciones a la Televisión Nacional (TVN).
La oposición se sumó a las críticas al Gobierno por el proyecto de ley y el senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro consideró "bastante absurdo" ahondar "en la vía represiva en vez de buscar las causas que generan las movilizaciones" de los estudiantes.
"No es más que el reflejo de la visión autoritaria del Gobierno", agregó Pizarro.
El diputado Pepe Auth, jefe de la bancada parlamentaria del Partido por la Democracia (PPD), aseguró que se trata de "una señal más de la incomprensión del Gobierno de lo que ocurre en la sociedad".
Para el diputado, el Ejecutivo demuestra que entiende la movilización estudiantil como "una cuestión eminentemente subversiva", en un momento en que se encuentra en pleno desarrollo el diálogo entre los estudiantes y el Gobierno para buscar una solución al asunto.
"Se busca criminalizar el hecho de que los estudiantes ocupen un liceo o los huelguistas se tomen una empresa", denunció Auth.
El dirigente estudiantil Giorgio Jackson (3d), presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, consideró que la medida del Gobierno "responde solamente a la lógica de mirar el síntoma y no revisar la enfermedad". EFE/Archivo
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