/ La Nación
Viernes 2 de julio de 2010 | | Política
El gobierno decidió desdramatizar la situación del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, que fue citado a declarar en el caso Operación Cóndor por petición de la abogada Karina Fernández, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
En este escenario, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “no le asigno ninguna importancia distinta de la de cumplir con el deber que tienen todos los chilenos en nuestro país”, restando así validez a versiones sobre la molestia del Ejecutivo por la sorpresiva petición a un segundo funcionario de gobierno en causas relativas con violaciones de los derechos humanos.
Similar situación ocurrió tras el llamado a declarar del subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, en el proceso por la muerte del cantautor Víctor Jara.
Más firme en su postura fue el canciller Alfredo Moreno, quien sostuvo -en entrevista con Radio ADN- que si se comprueban los vínculos de Labbé con el ex agente de la DINA Enrique Arancibia -condenado por el crimen del general Carlos Prats- sería destituido, pues “no corresponde que sea un funcionario público”.
Agregó que Cancillería desconoce cualquier antecedente respecto del caso, por lo que “atengámonos a lo que resuelva la jueza”.
“En materia de los derechos humanos no hay que hacer ninguna transacción de ningún tipo”, agregó.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en tanto, aprovechó el episodio para criticar la lentitud del Programa de Derechos Humanos: “El tema de fondo es cómo estos abogados han llevado estas causas y el juicio que se tiene que tener respecto de ellos en términos de su efectividad. Tenemos procesos que van con gran lentitud y eso nos preocupa”.
Además, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Sergio Aguiló (PS) y Tucapel Jiménez (PPD) pidieron al gobierno que destituya al diplomático.
La petición tuvo inmediata respuesta en Karla Rubilar (RN), quien llamó al presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez (PC), a dejar de “politizar esta comisión”.
“(Gutiérrez) usando su estatus está disparando hacia el gobierno del Presidente Piñera, si quieren hacerlo como parlamentarios o individuos, ningún inconveniente, pero no utilicen la comisión y el Parlamento”.
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En este escenario, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que “no le asigno ninguna importancia distinta de la de cumplir con el deber que tienen todos los chilenos en nuestro país”, restando así validez a versiones sobre la molestia del Ejecutivo por la sorpresiva petición a un segundo funcionario de gobierno en causas relativas con violaciones de los derechos humanos.
Similar situación ocurrió tras el llamado a declarar del subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, en el proceso por la muerte del cantautor Víctor Jara.
Más firme en su postura fue el canciller Alfredo Moreno, quien sostuvo -en entrevista con Radio ADN- que si se comprueban los vínculos de Labbé con el ex agente de la DINA Enrique Arancibia -condenado por el crimen del general Carlos Prats- sería destituido, pues “no corresponde que sea un funcionario público”.
Agregó que Cancillería desconoce cualquier antecedente respecto del caso, por lo que “atengámonos a lo que resuelva la jueza”.
“En materia de los derechos humanos no hay que hacer ninguna transacción de ningún tipo”, agregó.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en tanto, aprovechó el episodio para criticar la lentitud del Programa de Derechos Humanos: “El tema de fondo es cómo estos abogados han llevado estas causas y el juicio que se tiene que tener respecto de ellos en términos de su efectividad. Tenemos procesos que van con gran lentitud y eso nos preocupa”.
MOLESTIA PARLAMENTARIA
Con todo, la citación al embajador Labbé causó molestia en la oposición. La senadora PS Isabel Allende dijo que “más allá de lo que la propia justicia resuelva, es muy lamentable que se sigan nombrando personas que claramente su situación no está del todo resuelta y eso es altamente inconveniente. La justicia chilena tendrá que terminar de desentrañar su participación en este horrible crimen”.Además, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Sergio Aguiló (PS) y Tucapel Jiménez (PPD) pidieron al gobierno que destituya al diplomático.
La petición tuvo inmediata respuesta en Karla Rubilar (RN), quien llamó al presidente de la comisión, Hugo Gutiérrez (PC), a dejar de “politizar esta comisión”.
“(Gutiérrez) usando su estatus está disparando hacia el gobierno del Presidente Piñera, si quieren hacerlo como parlamentarios o individuos, ningún inconveniente, pero no utilicen la comisión y el Parlamento”.
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