Friday, July 03, 2015

Justicia determina que Pinochet le robó más de 6 millones de dólares al Estado

Caso Riggs:
El ministro Manuel Valderrama decidió no perseguir la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni dar relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.

Pinochet-Riggs
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, dictó sentencia de primera instancia en el caso Riggs y condenó a seis oficiales del Ejército en retiro por malversación de caudales públicos y estafa en beneficio directo de la familia del general Augusto Pinochet.
Se trata de Jorge Juan Ballerino SandfordRamón Castro IvanovicGabriel Mario Vergara CifuentesSergio Marcelo Moreno SaraviaJuan Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, quienes gozarán de libertad vigilada.
El magistrado estableció que los involucrados, “en su calidad de funcionarios públicos, substrajeron para beneficio particular de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y su familia, fondos públicos provenientes del erario nacional, concretándose de esa forma la acción material de apoderamiento de los fondos que tenían bajo su cargo en virtud de ser ellos Jefes de la Casa Militar, Edecán y Secretarios Privados”.
La nota de prensa del Poder Judicial señala que los dineros detectados en las cuentas del Banco Riggs, “carentes de justificación de ingreso y egreso, no pueden sino provenir de gastos reservados”. La malversación asciende a US$ 6.466.406.
Dando un cierre definitivo a la causa, el ministro Valderrama ordenó el decomiso de 24 inmuebles distribuidos en Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, San José de Maipo, Vitacura y Lago Ranco, pertenecientes a la familia Pinochet. Lo mismo hizo con tres vehículos y siete documentos bancarios que pasarán a manos del Fisco.
Cabe mencionar que en este caso no se persiguió la responsabilidad penal de familiares de Pinochet ni tampoco se dio relevancia a otra arista que permitiría explicar el origen de la fortuna del dictador: la de tráfico de armas y drogas bajo el régimen militar.
Según escribió el periodista Benedicto Castillo en su libro “Pinochet, el gran comisionista”, el 14 de octubre de 2005, un grupo integrado por el subcomisario Patricio Bascuñán, el inspector René Sagardia y el subinspector Axel Muñoz, pertenecientes a la Fuerza de Tarea de Investigaciones Reservadas (FTIR) de la PDI, entregó una minuta a tribunales que abordó este punto.
El documento informó sobre la producción y comercialización de precursores químicos de cocaína en instalaciones del Ejército, antecedentes relacionados con el empresario de origen sirio Edgardo Bathich, el ex piloto de la CIA Iván Baramdyka, y vínculos entre narcos chilenos y colombianos que se extendieron hasta después de terminada la dictadura, amparados por el Estado.
Matías RojasEl Ciudadano

El Ejército chileno deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI

No más secretos: se estima que el Ejército deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI


02/07/2015 |
Por Equipo Cambio21: El Ejército chileno se verá en la obligación de tener que entregar información considerada confidencial para transparentar las investigaciones de abusos de derechos humanos y de las desapariciones en dictadura.


La vía a la verdadera reconciliación nacional no ha llegado a puerto, ni siquiera con la vuelta a la democracia, pues aún quedan muchos cabos por atar en materia de derechos humanos.

Este mismo razonamiento fue refrendado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia que ordenó al Ejército entregar información sobre integrantes del organismo represor de la dictadura la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se mantengan en activo en la institución armada.

El fallo fue unánime, y los ministros de la Novena Sala, Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado Óscar Torres, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la resolución que ordenó la entrega de una copia del listado de los funcionarios del Ejército, relacionado con el personal activo, y que fueron integrantes de la agencia de la dictadura de Pinochet.

El Ejército sostenía la imposibilidad de entregar dicha información dado que no existirían registros acordes con los solicitados. Además de considerarse tal información de carácter reservado, personal y por un tema de inteligencia del Ejército.

La instancia judicial

"En relación al primer argumento invocado en el recurso de reclamación presentado por el Ejército, esto es, que no tiene registro o archivo con los nombres de los funcionarios del Ejército de Chile, correspondiente al personal activo de la institución, que integraron la Central Nacional de Informaciones (CNI), cabe precisar, que si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida", detalla el fallo.

"Máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado", complementa la resolución.

Más aún, la resolución de la Corte añade que "la causal de secreto o reserva no resulta aplicable al caso en análisis, ya que la excepción a la obligación de entregar información por un órgano del Estado, se basa en la hipótesis de: "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", atendido a que el requerimiento de entrega de información no tiene un carácter genérico, sino que especifico, ni se han aportado antecedentes que puedan justificar que la labor requerida implique procesar un elevado número de actos administrativos, ya que la propia recurrente ha señalado en su reclamo que estima el número de funcionarios que estaría comprendido en la citada entrega de información corresponde a un universo de 7.436 funcionarios, lo que además implica que ya ha cuantificado la información atingente".

La mirada de los involucrados

Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto para saber cuáles eran sus apreciaciones frente a esta situación. El abogado dijo: "me parece que la Corte ha actuado bien pues esa es una información que se necesita en los procesos que se están investigando actualmente".

"Es una información que debe ser pública por lo demás, por lo tanto me parece bien que la Corte obligue al Ejército a masificar esta información. Para el futuro es elemental, además de demostrar que no se trata de información confidencial y secreta del Ejército, luego, abre la posibilidad para que los jueces puedan realizar sus investigaciones con mucha más libertad y rapidez", explica el abogado.

"Las causas se entorpecen sin la información, y el que estos nombres se liberen generará una mayor transparencia, optimismo y destacar los avances de los Tribunales que aportan y apoyan las causas de los Derechos Humanos. No debe haber tantos secretos al interior de la administración pública", finaliza el abogado Caucoto.

La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, en conversación con Cambio21, se refirió también a la situación. "El Ejército tiene la obligación interna y nacional de entregar toda la información que sea requerida por las instituciones de investigación, y sobre todo los que tienen que ver con los listados de funcionarios de la DINE y de la CNI. Aquí no se realizan cosas con una finalidad de riesgo para el país, todo lo contrario", explica.

"Que la Corte de Apelaciones pida esto es a raíz de que el Ejército tiene la obligación de proporcionar toda la información requerida. Hasta el momento ellos siempre evitaron entregar la información, a lo más proporcionaban los alias pero muy raramente los nombres", afirma la abogada.

Finaliza sus comentarios refiriéndose a la responsabilidad del Ejército: "es inadmisible la forma de obrar de ellos. Los nombres reales de quiénes participaron es una obligación y si no la entregan se ponen al margen de la Constitución y de las obligaciones internacionales que obligan al Estado nacional en materia de Derechos Humanos internacionales", concluye.